viernes, 13 de abril de 2012

Archivada definitivamente la denuncia interpuesta contra Cristina Rodríguez por la Plataforma Vecinal

El citado colectivo amplió su denuncia contra el ex alcalde, David Valadez, que con ésta ya lleva nueve denuncias archivadas


La concejala socialista Cristina Rodríguez. 
La sección primera de la Audiencia Provincial de Málaga ha desestimado definitivamente el recurso de apelación presentado por la Plataforma Vecinal de Estepona contra la decisión del Juzgado Mixto de la localidad que acordó el sobreseimiento de la causa abierta contra la concejala socialista, Cristina Rodríguez, al considerar que no está justificado “la perpetración del delito de prevaricación” por no proceder a la amortización de la plaza de un cargo de confianza, tras acordarlo el pleno en el anterior mandato cuando ésta era concejala de Personal.

En el auto se manifiesta que “tal y como tiene declarado el Tribunal Supremo en numerosas sentencias, el derecho a la prueba no es un derecho ilimitado, ni absoluto o incondicionado…” en referencia a que “el recurrente basa sus alegaciones en que no se han practicado las diligencias solicitadas por la parte denunciante, existiendo indicios de la comisión de un delito de prevaricación”.

“La instructora ha considerado que no era necesaria ya la práctica de ninguna diligencia de investigación, además de las practicadas, para llegar a la convicción de que no aparece suficientemente justificada la perpetración del delito de prevaricación que dio lugar a la incoación de la causa”, recoge el auto.

En la misma sentencia se asegura que “contamos en este caso con un acuerdo del pleno del ayuntamiento para la amortización del puesto de trabajo de D. José Pedro Fernández Gago, introducido en el pleno de 18 de septiembre de 2009, como asuntos urgentes, anunciándose dicho acuerdo por edicto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día15 de octubre de 2009 no habiendo quedado acreditado ni indiciariamente que por aquellos se hayan llevado a cabo comportamientos que pudieran encuadrarse dentro del concepto de prevaricación constado unidos en autos informe del técnico asesor jurídico del ayuntamiento donde concluye que no se ha seguido el procedimiento para la amortización del puesto de trabajo referido, indicando que el pleno no puede cesar ni al personal de confianza ni modificar la plantilla, siendo necesario para ello bien la aprobación de los presupuestos o su modificación, cosa que no consta se haya llevado a cabo, correspondiendo en última instancia el cese al alcalde”.

Prosigue asegurando que “respecto del decreto del alcalde por el que se acuerda la supresión del cargo de confianza de coordinador de alcaldía, consta en autos certificado del secretario del ayuntamiento de Estepona indicando que no existe ninguna resolución con esa numeración ni ninguna otra relacionada con el asunto a que se refiere con esa fecha, constando el edicto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia ya referido, por lo que no puede hablarse de que el alcalde primero cesó y luego le concedió una cantidad económica como productividad tal y como alega la parte recurrente”.

Valoraciones
Para el PSOE de Estepona con esta nueva resolución judicial, vuelve a demostrarse la “brutal campaña de acoso y derribo que se ha llevado a cabo por el PP de Estepona, y sus satélites políticos, para tratar de socavar el buen nombre de los miembros del grupo municipal socialista”.

“El PP presentó en el capítulo de asuntos urgentes una propuesta para que se amortizaran todas las plazas relativas a funcionarios eventuales, amparándose en la debilidad política del anterior gobierno local (compuesto por nueve miembros de un total de 25) y ahora en el gobierno no sólo aumenta su número sino que les llega a fijar unas retribuciones cercanas a los 50.000 euros”.

“El pleno aprobó la propuesta del PP y el alcalde cumplió con su obligación y remitió el acuerdo al BOP para su publicación. En ese intervalo de tiempo los servicios jurídicos municipales indicaron, tal y como se ha demostrado, que ese acuerdo no se ajustaba a derecho y que el pleno no tenía competencias para adoptar algunas decisiones”, aseguramos desde el PSOE.

“Ésta es una más de las denuncias que se presentaron contra el anterior gobierno local y que, como todas, y con ésta van ya nueve, se han terminado archivando”, aseguramos desde el PSOE.