El alcalde firma un decreto para permitir la instalación base de telefonía en el hotel Doña Matilde
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| Una antena de telefonía móvil como la que podría instalarse en Cancelada. |
El secretario de Acción Electoral del PSOE de Estepona, Julián López, ha denunciado públicamente que el pasado 31 de mayo el alcalde la ciudad, José María García Urbano (PP), firmó un decreto por el que inicia el procedimiento para la instalación de una estación base de telefonía móvil, en la barriada de Cancelada, Hotel Doña Matilde.
López lamenta que en el mismo documento García Urbano ordena someter el expediente a información pública mediante publicación en el tablón de edictos del ayuntamiento “motivo por el que nadie ha podido tener acceso a este documento ya que como todo el mundo sabe entre las aficiones de la enorme mayoría de ciudadanos no se encuentra el pasear por las dependencias municipales de Puertosol para ver los decretos que firma el alcalde”.
En ese documento, del mismo modo, el alcalde concede veinte días para presentar alegaciones motivo por el que “a día de hoy ya ha finalizado ese plazo y nadie más podrá hacer constar su malestar sobre este expediente”.
Para el dirigente socialista “no es lógico que el ayuntamiento actúe desde la opacidad para ir en contra de las demandas y peticiones vecinales y a favor de los intereses de las grandes empresas de telecomunicaciones”.
“A diferencia de lo que hace el PP el PSOE defiende la necesidad de elaborar una ordenanza para ordenar a estas mercantiles que procedan a la retirada de estas bases de telefonía móvil y se instalen en las afueras del municipio donde no haya población residiendo”, asegura López.
Por todo ello desde el PSOE instaron al primer edil a que revoque ese decreto y tal como están haciendo muchos ayuntamientos andaluces no autorice la instalación de esta base de telefonía móvil en una zona del municipio densamente poblada con instalaciones deportivas y educativas situadas en sus inmediaciones.
López ha destacado la importancia del desarrollo tecnológico, "pero deber haber determinadas restricciones a las que el Ayuntamiento ha decidido prescindir, con lo que beneficia a las grandes compañías de telecomunicaciones en perjuicio de los ciudadanos. El Ayuntamiento es competente para establecer cuáles son sus prioridades y decidir dónde se deben colocar”.
