A día de hoy los locales que no han cambiado su estética pueden ser objeto de denuncias y cierre
El grupo municipal socialista de Estepona ha exigido la revocación inmediata de la ordenanza municipal aprobada en pleno con los únicos votos del PP que pretendía homogeneizar la estética de las terrazas de los bares del casco histórico del municipio al entender que a día de hoy deja a los propietarios de estos locales expuestos a una ilegalidad.
Según esta ordenanza a día de hoy todos los locales de la plaza de Las Flores, Dr. Arce y Sánchez Dragó, Carmen Sevilla, Gloria Fuertes, Luis Rosales, Damas, Raphael, Carlos Herrera, Adolfo Suárez de Figueroa, Correo Viejo y Caridad deben tener sus mesas y sillas sin ningún tipo de publicidad y con colores blanco y azul, al igual que las sombrillas y parasoles.
Esta ordenanza, aprobada por el PP, contempla que el incumplimiento de estos aspectos se considera como falta grave y esto supone “multas de setecientos cincuenta y un euros (751 euros) a mil quinientos euros (1.500 euros)”.
Además de esta sanción económica el “tener mesas, sillas o sombrillas de otros colores a lo establecido por el gobierno local del PP”, según Rodríguez, supone “la suspensión temporal de las licencias por un periodo de hasta dos años, la suspensión temporal de las actividades y clausura temporal de los establecimientos por hasta dos años y la imposibilidad de realizar la misma actividad en que se cometió la infracción hasta por un año”.
En definitiva la concejala socialista, Cristina Rodríguez, asegura que “es imposible tener tan poca sensibilidad como la demostrada por el gobierno del alcalde, José María García Urbano, que en un periodo de crisis como el actual impone a los comerciantes del casco histórico un gasto económico tremendo y, además, la suspensión de la actividad hasta por dos años”.
“Es evidente que muchos de estos empresarios no han podido acometer el desembolso exigido por García Urbano y esa situación, en estos momentos, podría suponer el cierre de su establecimiento y la imposición de una multa de hasta 1.500 euros, en aplicación de la ordenanza existente”, asegura la edil.
Por todo ello desde el PSOE se solicita la suspensión definitiva de esta ordenanza y, en el mejor de los casos, su aplicación en momentos de bonanza económica y con carácter voluntario.
