El habilitado nacional acusa al gobierno del PP de impedirle realizar su labor
José Manuel Duarte, el secretario adjunto de Estepona (Málaga) ya no puede
más. Este habilitado nacional de carrera ha comunicado a la Junta de
Andalucía toda una batería de irregularidades supuestamente cometidas por el
gobierno de José María García Urbano (PP), que le impiden desempeñar sus
funciones en este consistorio.
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José María García Urbano en un acto electoral.
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JULIÁN ROJAS
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En un escrito de cuatro folios, Duarte habla de los problemas que ha tenido
para que se incluyan sus objeciones en el acta de una Junta de Gobierno Local en
la que se aprobó la privatización de servicios municipales el pasado 4 de enero.
También asegura que el alcalde ha delegado las tareas de contratación, propias
de un habilitado nacional, en una abogada; que se le niega sistemáticamente el
acceso “toda información municipal”; y que nadie firma “acuses de recibo” de sus
escritos, entre otros asuntos.
El funcionario ha informado a la Junta porque la administración andaluza
tiene competencias disciplinarias sobre el trabajo de los habilitados
nacionales, además de la función de supervisar las actas de plenos y juntas de
gobierno de los ayuntamientos. “Estaría cubriéndose las espaldas por si actúan
contra él”, consideran fuentes jurídicas.
El secretario adjunto expuso su situación al departamento jurídico de la
Junta y le solicitaron un informe. El documento se registró en la delegación del
Gobierno de la Junta de Málaga el 27 de enero. “El siguiente paso sería reclamar información al Ayuntamiento”,
explican fuentes del Gobierno andaluz. Una portavoz del Consistorio esteponero
aseguró ayer que no tienen constancia de la existencia de este escrito, por lo
que rehusó valorar su contenido.
El funcionario dice que le niegan información pública y
que nadie firma los "acuses de recibo" de sus escritos
El primer episodio que relata Duarte es su participación en una Junta de
Gobierno Local el 4 de enero, cuando el Secretario General, José Gustavo Rubio,
estaba de vacaciones. “Fui convocado a una Junta de Gobierno Local,
extraordinaria y urgente, que debía de celebrarse media hora después, sin que me
comunicaran el orden del día”, detalla. El secretario asegura que, cuando llegó,
comprobó que faltaban “tres de los siete” miembros de la junta, y que, según la
documentación del expediente, no habían sido convocados. “Expuse mis dudas
acerca de la convocatoria y de la validez de lo que allí se aprobara”, comenta.
Sin embargo, siempre según su relato, el alcalde le “ordenó” seguir la sesión y
así lo hizo.
Aquel día se iba a aprobar la privatización de dos servicios públicos, el alcantarillado
y la limpieza de edificios, por lo que el funcionario les adelantó que haría
constar en el acta que no había tenido tiempo de examinar los expedientes y que
“declinaba cualquier responsabilidad de sobre los mismos”.
A partir de ese momento comenzó un tira y afloja por ver quién redactaba el
certificado de esa reunión. Según el secretario, dos empleadas municipales
trataron sin éxito que firmara un acta en la que no figuraban sus objeciones. Él
tampoco logró que el alcalde rubricara el acta que, como secretario, había
elaborado. “Ignoro si el acta ha sido remitido a los órganos supramunicipales,
como es preceptivo”, comenta Duarte. El habilitado nacional mantiene que contó
lo ocurrido al Secretario General cuando regresó de su descanso, pero que
Gustavo Rubio “se negó a recibir los documentos alegando que ya conocía la
situación”.
