El alcalde de
Estepona, José María García Urbano, ha firmado siete decretos en lo que “deja
sin efecto la adjudicación de la vivienda de maestros del Grupo Escolar Santo
Tomás de Aquino” y “concederles “hasta el próximo día 15 de enero de 2013 para
que desaloje sus enseres y pertenencias, dejando libre y vacía la vivienda y
procedan a entregar las llaves en la Secretaría General del ayuntamiento”.
En la mayoría de los casos, según aclara el concejal
socialista Fernando Centeno, el motivo esgrimido por el alcalde para “proceder
de esta manera estriba en no haber procedido al pago del precio de la compra-venta”
que, de media, se estipulaba en unos 40.000 euros.
Cabe recordar que el equipo de gobierno del PP decidió
hace escasos días sacar a subasta un total de 15 viviendas de titularidad
municipal situadas en el colegio Santo Tomás de Aquino y que venían siendo
ocupadas desde hacía años por personal docente del citado centro educativo.
Ante esta situación el edil socialista, Fernando
Centeno, ha exigido que el alcalde “revoque el decreto cuando, al menos, afecte
a familias que no posean otro inmueble y no poseen recursos económicos para
proceder a su adquisición”.
“García Urbano está demostrando su nula sensibilidad.
Todo se justifica en hacer caja a costa de lo que sea. Mientras en toda España
se está pidiendo a voces que sean los bancos los que paralicen los desahucios
en Estepona tenemos un equipo de gobierno que supera, con creces, a las
entidades bancarias en su afán recaudatorio”.
Desde el PSOE, además, se solicita al equipo de
gobierno del PP que “utilice estas viviendas para realojar a familias
esteponeras que hayan sido desahuciadas y carezcan de recursos propios para
acceder a una vivienda en el mercado de renta libre”.
Centeno ha recordado que “diez familias son
desahuciadas cada mes en Estepona por no poder pagar su hipoteca", y ha
advertido de que esta cifra "irá en aumento porque crece el paro y
disminuye la cobertura por desempleo".
Del mismo modo, recordó que el grupo municipal
socialista de Estepona presentará en la próxima sesión plenaria una moción para
que en el ayuntamiento se cree una oficina municipal que se encargue de
orientar y asesorar legalmente a los ciudadanos que tengan problemas para hacer
frente al pago de los compromisos adquiridos para la compra de su vivienda y no
hayan alcanzado un acuerdo con la entidad bancaria correspondiente.
Según Centeno, la oficina se encargaría también de la
recogida de información, reclamaciones y demandas de los ciudadanos afectados a
través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor.
Del mismo modo, en estas dependencias se
desarrollarían labores de intermediación y gestión con las entidades
financieras para resolver estas problemáticas. Centeno mantuvo que desde esta
oficina municipal se deben dar pasos que ayuden a la búsqueda de viviendas en
alquiler y a establecer un Plan Personalizado de Impuestos, así como a un Plan
Especial de Ayudas Sociales.
Subrayó que otro de los objetivos fundamentales que
persigue el partido es apoyar la formación y la búsqueda de empleo. “Se debe
exigir a las entidades financieras, a todas ellas, la paralización de los
desahucios de vivienda habitual por insolvencia sobrevenida hasta que entre en
vigor un nuevo marco legal”, declaró. Asimismo, opinó que el Gobierno local del
PP debe negar “la petición de colaboración de la Policía Local en los procesos
de desahucios” y que es necesario elaborar un registro de familias desahuciadas
y en riesgo de serlo.
