El alcalde de
Estepona, José María García Urbano (PP), firmó el pasado 8 de noviembre un
decreto por el que declara “el estado de ruina física inminente, con peligro
para la seguridad pública, de los inmuebles de titularidad municipal sitos en
la calle San Miguel número 30”
Además, ordena el vallado de la zona a una distancia
mínima de dos metros desde la fachada en un plazo máximo de dos días y el
apuntalamiento de los forjados de techo de planta baja, además del inicio
inmediato de la demolición de las edificaciones.
Un arquitecto municipal, por otro lado, añade que para
la demolición se debe disponer de un seguro de responsabilidad civil y de daños
a terceros para la ejecución de los trabajos antes del inicio de estos y tomar
las medidas necesarias en cuanto a las viviendas medianeras y servicios que
afectan a estas (teléfono, electricidad, agua, etc.) y a la impermeabilización
de medianeras mientras se encuentren a la intemperie, así como la protección de
la vía pública.
“Llama poderosamente la atención que estos inmuebles,
con una superficie total de 317 metros cuadrados, y declarados en estado de
ruina el día 8 de noviembre, fueron adquiridas por el ayuntamiento por un
importe de 306.508,95 euros el cinco de septiembre para la construcción de una
futura plaza”, manifiesta el portavoz socialista, David Valadez.
“Las preguntas que caben hacerse son varias. ¿Por qué
no se declaró el estado de ruina de los inmuebles antes de la adquisición de
los mismos por parte del ayuntamiento y sí se hizo días después?, ¿por qué se
han pagado casi 1.000 euros el metro cuadrado cuando basta un paseo por las
inmobiliarias del municipio para descubrir que tras esta expropiación serán
muchos los ciudadanos que enviden esta operación?, ¿ha influido la relación de
amistad existente entre el alcalde y el propietario de los inmuebles para que
se cierre este acuerdo?, ¿va a dispensar el ayuntamiento el mismo trato a los
propietarios de los inmuebles que están en mal estado en el casco histórico”,
se preguntó el dirigente socialista.