Con esta
iniciativa, que ya se puso en marcha en Estepona hace años, se dinamizará la
economía local
La concejala socialista de Estepona, Cristina
Rodríguez, ha solicitado al equipo de gobierno del ayuntamiento de Estepona
(PP), que retome la iniciativa que durante años estuvo funcionando en el
ayuntamiento en estos momentos “tan sumamente complicados para el sector
hostelero del municpio”.
Con esta iniciativa se conseguirá “promocionar
la gastronomía de la zona y ofrecer a los turistas la posibilidad de degustar
excelentes tapas a los mejores precios. Por fortuna, en Estepona hay una enorme
variedad de bares de tapas y esto debe ser una garantía de éxito como lo ha
sido siempre que se ha puesto en marcha”.
Así, Rodríguez recuerda que cuando ella ostentó
la delegación de Comercio esta actividad “contó con la participación de decenas
de establecimientos hosteleros del municipio y de muchos ciudadanos y turistas
que quisieron sumarse a la misma”.
“Esta actividad podría ser perfectamente el
preludio de las celebraciones de Semana Santa”, afirmó la concejala socialista.
“Ahora más que nunca deben propiciarse
iniciativas de estas características en todo el término municipal pero, con
especial incidencia, en aquellas calles donde se encuentran establecimientos
hosteleros que están siendo obligados por el alcalde a tener que realizar un
desembolso económico importante para adquirir nuevas sillas, mesas, toldos y
sombrillas”, manifiesta la edil.
Caber recordar que a partir del 30 de junio
todas las terrazas del casco histórico deberán ser blancos y azules, y sin
elementos publicitarios, de tal forma que se aceptará cualquiera de las
combinaciones posibles siempre que en cada juego de sombrilla, toldo y mesa
aparezcan ambas tonalidades.
El incumplimiento de estos aspectos se considera
como faltas graves y esto supone “multas de setecientos cincuenta y un euros
(751) a mil quinientos euros (1.500)”.
Además de esta sanción económica el “tener
mesas, sillas o sombrillas de otros colores a lo establecido por el gobierno
local del PP supondrá la suspensión temporal de las licencias por un periodo de
hasta dos años, la suspensión temporal de las actividades y clausura temporal
de los establecimientos hasta dos años y la imposibilidad de realizar la misma
actividad en que se cometió la infracción hasta por un año”.
