El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha
publicado una Orden de la consejería de Salud y Bienestar Social por la que se
establece la distribución de las cantidades a percibir por el ayuntamiento de
Estepona para la financiación de los Servicios Sociales Comunitarios
correspondientes al ejercicio presupuestario 2012.
Según se establece en el BOJA, para proceder a la
transferencia de fondos el ayuntamiento deberá entregar la ficha de evaluación
del ejercicio anterior por lo que el portavoz del grupo municipal
socialista, David Valadez, ha reclamado al gobierno local del PP “que actúe con
diligencia y no permita, con su dejadez, la pérdida de esta subvención, tal y
como ya pasó el pasado año con las actividades formativas que la localidad
desaprovechó por no haber hecho bien sus deberes”.
Gracias a esta Orden el ayuntamiento va a recibir un
total de 384.036,19 euros, procedentes de la consejería de Salud y Bienestar
Social (343.415,87 euros) y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad (40.620,32 euros).
Valadez, del mismo modo, confía en que estos recursos
permitan “frenar la desaparición de los Servicios Sociales Comunitarios, y de
la política social a la que el PP está sometiendo el área municipal de
Bienestar Social”.
“Mientras que desde la Junta se destinan recursos
económicos para el mantenimiento de la estructura básica de la política social
de Estepona el gobierno local del PP se dedica a destruirlo”, lamentó el
dirigente socialista.
Así, el portavoz socialista recuerda cómo los trabajadores
de los Servicios Sociales Comunitarios son los profesionales básicos que atienden directamente a
los ciudadanos con problemas sociales de todo tipo.
Antes de la aplicación del Expediente de Regulación de
Empleo (ERE), Estepona, con una población cercana a los 70.000 habitantes,
tenía una plantilla de catorce trabajadores sociales, cuatro de ellos acogidos
a distintos programas y subvenciones. Había cinco unidades básicas de trabajo
social y un departamento de geriatría donde se gestionaban las prestaciones
básicas para los mayores de 60 años, un departamento de atención a las personas
con discapacidad y la gestión directa del Programa de Ayuda a Domicilio,
coordinado por una trabajadora social.
“Con la aplicación del ERE han sido siete los
trabajadores sociales afectados y los servicios sociales que tradicionalmente
se han venido prestando se han convertido en inasumibles con el consiguiente
perjuicio para los usuarios”, manifiesta Valadez.
“La delegación de Bienestar Social ha quedado sólo con
tres trabajadores sociales en plantilla ya que las cuatro restantes están
pendiente de la continuidad de subvenciones supramunicipales y asumen tareas
que nada tiene que ver con las que vienen desempeñando el personal afectado por
el ERE”.
