El
portavoz del grupo municipal de Estepona, David Valadez, destaca que el
Ejecutivo de José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, “centra
sus máximos esfuerzos en resolver las verdaderas preocupaciones de los
ciudadanos”, al priorizar la solución a cuestiones tan elementales como el
acceso y el disfrute de una vivienda digna
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| El presidente de la Junta de Andalucía Jose Antonio Griñán. |
En esta acción política “social” enmarcamos los
socialistas esteponeros el decreto para la regularización de edificaciones
construidas en suelo no urbanizable y el reglamento de los registros
municipales de demandantes de viviendas de protección oficial (VPO) aprobados
ayer por el Consejo de Gobierno, que interviene “con sensibilidad, eficacia y
firmeza para resolver situaciones legales complejas que afectan a miles de
familias en la comunidad autónoma”.
Para Valadez, el decreto de regularización de
viviendas representa “otro compromiso cumplido de Griñán” que permitirá
normalizar cientos de viviendas en el municipio “de manera racional, con todas
las garantías de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)” y con el
objetivo de que sus habitantes “puedan acceder a servicios y suministros
esenciales, como el suministro eléctrico o el abastecimiento y saneamiento de
agua”.
El también secretario General de los
socialistas locales recalca que esta medida, que distingue edificaciones
aisladas, asentamientos urbanísticos y ámbitos de hábitat rural diseminado, “no
es una amnistía a las construcciones irregulares, sino la solución dentro de la
más estricta legalidad a los problemas que padecen muchas familias
esteponeras”. De hecho, resalta que la iniciativa aprobada no admite en caso
alguno la regularización de edificaciones ubicadas en espacios naturales y
terrenos inundables o con otros riesgos ambientales, inmersas en procesos
judiciales o “levantadas fuera de la ley y con margen de actuación para las
administraciones”.
Además, celebra que este decreto autonómico
“refuerza el papel de los ayuntamientos en la normalización de estas viviendas
y la colaboración de la Junta con los municipios” en todo este proceso.
El
dirigente socialista considera “igual de importante” la aprobación del
reglamento de los registros municipales de demandantes de VPO, porque “acaba
con un problema que se ha agravado mucho en estos tiempos de crisis económica,
al eliminar las penalizaciones a los adjudicatarios que se ven obligados a
renunciar a sus viviendas protegidas”.
Valadez muestra el respaldo del PSOE de Estepona a esta nueva normativa,
porque admite la renuncia voluntaria a una VPO “a los andaluces que no
consiguen crédito en el banco o no pueden pagar sus hipotecas, a los que
pierden su trabajo y a quienes cambian sus circunstancias familiares, por hijos
o personas dependientes a su cargo, de manera que mantienen la posibilidad de
optar a otra VPO adecuada a sus necesidades o en un momento más oportuno”.
