El pasado 4 de noviembre entró en vigor el copago en
la cartera de servicios sanitarios suplementarios
El secretario general del PSOE de Estepona, David
Valadez, ha denunciado que las últimas medidas aprobadas por el Gobierno del
Partido Popular obligan a ocho de cada diez esteponeros a pagar por servicios
como los de silla de ruedas, prótesis o ambulancia.
Según ha explicado Valadez, el pasado 4 de noviembre entró en vigores el copago en la cartera de servicios sanitarios suplementarios que incluye los tratamientos dietoterápicos y el material ortoprotésico. Los primeros se aplican a pacientes que padezcan trastornos como la intolerancia a la lactosa. El segundo se refiere a las prótesis externas donde se contemplan, entre otras, los audífonos, las prótesis de mano, prótesis de mama o prótesis del paladar para malformaciones congénitas, traumatismos y procesos oncológicos; un grupo de sillas de ruedas (manuales, recambios y eléctricas); y de ortesis, ortoprótesis especiales y renovación de los componentes externos de implantes quirúrgicos, entre otros.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha fijado que la aportación que tendrá que pagar el usuario para acceder a esta cartera suplementaria será de entre el 10 y el 60 por ciento del precio establecido, dependiendo de su condición de asegurado por su nivel de renta y del producto, tal y como se ha establecido con el copago farmacéutico.
La norma, aprobada mediante un Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece que tendrán que pagar hasta un 60 por del precio de oferta del producto los usuarios y sus beneficiarios con rentas declaradas que superen los 100.000 euros y en este caso no se aplicará el límite máximo de aportación; hasta el 50 por ciento en caso de que sea igual o superior a 18.000 euros e inferior a 100.000 euros; un 40 por ciento en ingresos inferiores a los anteriores; y un 10 por ciento del precio los pensionistas, con ingresos inferiores a 100.000 euros. “Es decir, ocho de cada diez esteponeros pagarán al menos el 40 por ciento por estos servicios”, ha apuntado Valadez.
Quedarán exentos de aportación los afectados de síndrome tóxico; los perceptores de rentas de integración social y de pensiones no contributivas; los parados de larga duración y los discapacitados contemplados en el sistema especial de prestaciones sociales y económicas.
Valadez ha recordado que de los servicios de la cartera suplementaria queda por aprobarse el transporte sanitario no urgente. “Gracias a la presión del Gobierno andaluz el copago del transporte sanitario no urgente no afectará a aquellos pacientes que por prescripción facultativa deban ser trasladados a un centro sanitario para recibir un tratamiento periódico e ilimitado en el tiempo, caso de los enfermos renales que están sometidos a diálisis”, ha explicado Valadez.
Según el dirigente socialista, el Gobierno andaluz “siempre se ha opuesto a la aplicación de copago a dietoterápicos, ortoprótesis y transporte sanitario no urgente”. En este sentido, ha denunciado que se penalice reiteradamente a los mismos colectivos. Así, ha denunciado que una persona que requiera de hemodiálisis para su supervivencia y a la que se le exija copago pagaría entre 1.300 euros y 7.800 euros al año en función de si es pensionista o activo, a lo que tendría que sumar el pago de la medicación –alrededor de diez medicamentos en el caso de la insuficiencia renal-. “Actualmente, en Andalucía hay más de 4.000 personas en diálisis crónica”, ha apuntado.
Asimismo, en el caso de que una persona haya sufrido un accidente vascular cerebral, por ejemplo, y necesite rehabilitación (unos 4.000 pacientes al año en Andalucía y unos 850 en Málaga) y medidas adicionales como silla de ruedas, andador o bastones ortopédicos, podría tener que pagar entre 1.500 y 9.300 euros por un tratamiento de seis meses, incluido el transporte sanitario no urgente.
“La puesta en marcha del copago en estos aspectos no sólo es inequitativa sino que no supone ahorro alguno dado que genera un coste burocrático adicional que no justifica su aplicación, sin tener en cuenta el coste sanitario que supone para las personas no tener acceso a tratamientos fundamentales para su salud”, ha dicho. “El PP está machacando a la población en general y particularmente a los mayores. Uno de cada cuatro enfermos crónicos no pueden seguir medicándose por falta de recursos”, ha advertido.
Según ha explicado Valadez, el pasado 4 de noviembre entró en vigores el copago en la cartera de servicios sanitarios suplementarios que incluye los tratamientos dietoterápicos y el material ortoprotésico. Los primeros se aplican a pacientes que padezcan trastornos como la intolerancia a la lactosa. El segundo se refiere a las prótesis externas donde se contemplan, entre otras, los audífonos, las prótesis de mano, prótesis de mama o prótesis del paladar para malformaciones congénitas, traumatismos y procesos oncológicos; un grupo de sillas de ruedas (manuales, recambios y eléctricas); y de ortesis, ortoprótesis especiales y renovación de los componentes externos de implantes quirúrgicos, entre otros.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha fijado que la aportación que tendrá que pagar el usuario para acceder a esta cartera suplementaria será de entre el 10 y el 60 por ciento del precio establecido, dependiendo de su condición de asegurado por su nivel de renta y del producto, tal y como se ha establecido con el copago farmacéutico.
La norma, aprobada mediante un Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece que tendrán que pagar hasta un 60 por del precio de oferta del producto los usuarios y sus beneficiarios con rentas declaradas que superen los 100.000 euros y en este caso no se aplicará el límite máximo de aportación; hasta el 50 por ciento en caso de que sea igual o superior a 18.000 euros e inferior a 100.000 euros; un 40 por ciento en ingresos inferiores a los anteriores; y un 10 por ciento del precio los pensionistas, con ingresos inferiores a 100.000 euros. “Es decir, ocho de cada diez esteponeros pagarán al menos el 40 por ciento por estos servicios”, ha apuntado Valadez.
Quedarán exentos de aportación los afectados de síndrome tóxico; los perceptores de rentas de integración social y de pensiones no contributivas; los parados de larga duración y los discapacitados contemplados en el sistema especial de prestaciones sociales y económicas.
Valadez ha recordado que de los servicios de la cartera suplementaria queda por aprobarse el transporte sanitario no urgente. “Gracias a la presión del Gobierno andaluz el copago del transporte sanitario no urgente no afectará a aquellos pacientes que por prescripción facultativa deban ser trasladados a un centro sanitario para recibir un tratamiento periódico e ilimitado en el tiempo, caso de los enfermos renales que están sometidos a diálisis”, ha explicado Valadez.
Según el dirigente socialista, el Gobierno andaluz “siempre se ha opuesto a la aplicación de copago a dietoterápicos, ortoprótesis y transporte sanitario no urgente”. En este sentido, ha denunciado que se penalice reiteradamente a los mismos colectivos. Así, ha denunciado que una persona que requiera de hemodiálisis para su supervivencia y a la que se le exija copago pagaría entre 1.300 euros y 7.800 euros al año en función de si es pensionista o activo, a lo que tendría que sumar el pago de la medicación –alrededor de diez medicamentos en el caso de la insuficiencia renal-. “Actualmente, en Andalucía hay más de 4.000 personas en diálisis crónica”, ha apuntado.
Asimismo, en el caso de que una persona haya sufrido un accidente vascular cerebral, por ejemplo, y necesite rehabilitación (unos 4.000 pacientes al año en Andalucía y unos 850 en Málaga) y medidas adicionales como silla de ruedas, andador o bastones ortopédicos, podría tener que pagar entre 1.500 y 9.300 euros por un tratamiento de seis meses, incluido el transporte sanitario no urgente.
“La puesta en marcha del copago en estos aspectos no sólo es inequitativa sino que no supone ahorro alguno dado que genera un coste burocrático adicional que no justifica su aplicación, sin tener en cuenta el coste sanitario que supone para las personas no tener acceso a tratamientos fundamentales para su salud”, ha dicho. “El PP está machacando a la población en general y particularmente a los mayores. Uno de cada cuatro enfermos crónicos no pueden seguir medicándose por falta de recursos”, ha advertido.
