El alcalde de Estepona, José María
García Urbano (PP), ha firmado un decreto, el pasado 22 de octubre, por el que
ordena el pago a favor de la Hacienda Pública, por un importe resultante de
57.256,67 euros correspondiente al tercer trimestre de la liquidación del Impuesto
del Valor Añadido (IVA)
«Esta
es la consecuencia directa de la política de privatizaciones llevadas a cabo
por el alcalde y su equipo de gobierno que, tal y como ellos mismos han
reconocido en varias ocasiones, no supone ningún abaratamiento para las arcas
municipales sino todo lo contrario», asegura la concejala socialista de
Estepona, Cristina Rodríguez.
Por
este motivo, recuerda la edil, el PSOE planteó hace semanas que el gobierno
central estableciera un mecanismo de devolución trimestral del IVA que
retornase al ayuntamiento de Estepona el incremento de tipos soportados y
abonados para, de esta manera, aliviar la situación provocada por “la
imposición estatal de imponer un objetivo de déficit y una serie de condiciones
de ajuste en pro de la estabilidad, al mismo tiempo que toma una medida como la
subida del IVA que dificulta su cumplimiento”.
Además
del incremento de tipos, este desembolso será́ aun mayor por la modificación de
los tipos de gravamen aplicados a algunos productos.
Excluyendo
el capítulo de personal, la carga financiera y las subvenciones, prácticamente
de todas las partidas que componen el presupuesto municipal están sujetas a
esta figura impositiva, por lo que el impacto en términos presupuestarios puede
llegar a provocar la imposibilidad de prestar los servicios que el ayuntamiento
tiene encomendado.
“Si
bien la repercusión de la subida del IVA en el ayuntamiento supone un
empeoramiento generalizado de la situación financiera que padecemos, todavía es
mucho peor por las numerosas privatizaciones impulsadas por García Urbano en
todos los servicios públicos municipales. Estas empresas, todos los meses
repercuten un IVA que pagamos los esteponeros y que desde el 1 de septiembre se
ha visto incrementado”, asegura la edil.
Rodríguez,
del mismo modo, asegura que “las condiciones del mecanismo de financiación
habilitado por el Real Decreto Ley 7/2012 por el que se aprobó un plan de
viabilidad a diez años también se ven perjudicadas por esta decisión política.
En este documento se fijaron una serie de medidas de reducción de gasto e
incremento de ingresos que posibilitaran el reequilibrio de las cuentas, así́
como la amortización de las operaciones de crédito concertadas para hacer
frente a la deuda con proveedores”.
Esta
subida del IVA “desdibuja y altera los límites de gasto comprometidos por el
ayuntamiento en dicha planificación, quiebra la senda de estabilidad marcada e
imposibilita el cumplimiento de los objetivos de déficit comprometidos”.
