La empresa, además, continúa con dos de sus
pleitos contra el ayuntamiento
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| Cementerio de Estepona |
El
pleno de la corporación someterá a aprobación el próximo viernes una propuesta
del alcalde, José María García Urbano, por la que pretende “aprobar el acuerdo
alcanzado entre el ayuntamiento y Funespaña, y con ello aprobar la liquidación
del citado contrato por un importe de dos millones seiscientos treinta y ocho
mil seiscientos setenta y cuatro euros con cincuenta y un céntimos”.
Además
pretende “declarar la culminación del trámite de negociaciones tendentes a la
resolución del expediente de liquidación del contrato que fue adjudicado en su
día a la entidad Funespaña y cuya resolución fue acordada por el pleno de la
corporación el 11 de marzo de 2003”.
Para
Valadez es “inexplicable que el ayuntamiento tenga que realizar un desembolso
de este tipo a una empresa a la que el propio PP le quitó el servicio por
incumplimiento del pliego de condiciones sin que, además, se garantice la
renuncia de la empresa a los pleitos planteados con el ayuntamiento”.
Así,
la propia propuesta del alcalde especifica que Funespaña continuará con los
pleitos “relativos al secuestro de la concesión (recurso 309/2005 que se sigue
ante el Juzgado de lo contencioso 3 de Málaga, y el recurso 365%2005 del
Juzgado 4)”.
“Se
trata de un pésimo acuerdo entre el ayuntamiento y la empresa Funespaña ya que
no sólo supone una gestión incoherente con respecto a la postura mantenida
desde el consistorio hasta ahora por distintos gobiernos locales sino que el
ayuntamiento va a tener que pagar por poner en manos privadas unos servicios
que son públicos”.
El
portavoz del grupo municipal socialista, David Valadez, ha recordado que hasta
ahora era el propio ayuntamiento el que venía gestionando estas instalaciones
desde que en marzo de 2003 el consistorio, gobernado por el PP, secuestrara
este servicio por diferencias con la empresa.
El
consistorio secuestró el servicio de cementerios a Funespaña en marzo de 2003
cuando el PP gobernaba en la localidad. Algunos de los motivos esgrimidos para
rescatar la prestación de este servicio por parte del equipo de gobierno fueron
el incumplimiento de la normativa sanitaria en las construcciones, la
indisposición de un número de nichos mínimo y la incorrecta aplicación de las
tarifas.
El
Consejo Consultivo de la Junta se pronunció a favor del ayuntamiento en este
asunto, al igual que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que en 2002
dio razonamientos jurídicos para rescatar los servicios funerarios que estaban
en manos de Funespaña desde 1996. Según el Tribunal, la concesionaria del
servicio tenía tan sólo interés económico, algo que perjudicaba no sólo al
ayuntamiento sino a los vecinos de Estepona.
Para
Valadez es más que evidente que el PP quiere desmantelar lo que tantísimo
tiempo ha venido siendo público en un clarísimo empeño por poner en manos de
intereses privados lo que es de todos los esteponeros. A nadie se le escapa que
si una empresa viene a gestionar algo que es de todos es porque va a obtener
beneficios. Unos beneficios que pagaremos todos con unas mayores tasas o a
través de los presupuestos municipales.
Valadez
concluyó que “no es de recibo que el mismo PP que en el 2003 rescató la
concesión por el mal servicio que se venía ofreciendo le entregue ahora a la
misma empresa este servicio para que obtengan beneficios que pagaremos todos”.
Por
último preguntó acerca “de los intereses que algunos destacados miembros del PP
tienen en este asunto y cuáles son las contrapartidas que vamos a pagar todos”.
Reforma Laboral
Por
otro lado, Valadez ha asegurado que su grupo político presentará al próximo
pleno, en el capítulo de asuntos urgentes, una moción para que el ayuntamiento
“se comprometa a establecer cauces de diálogo y participación con los
representantes de los trabajadores y, al mismo tiempo, se comprometa a no
aplicar el Real Decreto de Reforma Laboral al personal municipal, así como al
personal de las empresas vinculadas al consistorio”.
Además,
el PSOE quiere que el ayuntamiento “muestre y defienda la necesidad de
fortalecer los servicios públicos como garantes de derechos y cohesión social
en unos momentos en que casi el 30% de la población parada ya no recibe ningún
tipo de prestación ni subsidio por desempleo”.
