García Urbano votó en contra de que el secretario emitiese un informe sobre la incidencia de esta ley en el municipio
El secretario General del PSOE de Estepona, David Valadez, ha explicado que los socialistas esteponeros “vamos a defender al ayuntamiento y a los ciudadanos luchando para que la Ley de Reforma de la Administración Local que ha aprobado en solitario el PP, sin consenso, utilizando el rodillo de la mayoría absoluta, se retire”.
Valadez lamentó que más allá de lo que vienen reivindicando todos los municipios españoles solicitando una mayor financiación para prestar los servicios que demandan los ciudadanos, “la nueva ley lo que hace es quitar competencias”.
Así, entre otras cosas, la Ley de Reforma de la Administración Local afecta a los servicios que prestan los ayuntamientos en las áreas de asuntos sociales, juventud, igualdad y educación. “Qué le vamos a decir a los ciudadanos cuándo no podamos prestar servicios sociales, ¿qué vayan a Málaga?; y a todos los colegios públicos a los que les damos limpieza y que ahora tendrán que ir, suponemos que a Málaga, o a todas las personas que han ido a la delegación de la Mujer?, ¿Qué les decimos?, ¿qué no tenemos competencias?”, dijo David Valadez, quien también se refirió al futuro incierto de los trabajadores que prestan todos estos servicios en los ayuntamientos, “porque tampoco lo aclara” la ley del PP.
A juicio del responsable socialista, “lo que pretenden es privatizar. Primero prohibirá a los alcaldes que presten estos servicios y luego el Gobierno reducirá la Participación de los Ingresos del Estado para que nos veamos asfixiados y no tengamos más remedio que privatizar. Algo en lo que el PP de García Urbano es todo un experto”.
“Respecto al principio de estabilidad presupuestaria la nueva ley no sólo no contempla que es la Administración central quien impone a los ayuntamientos la obligación de cumplirlo, sino que también puede determinar las medidas que deben aplicarse para conseguirlo”, aseguró Valadez.
Además, manifestó que “la ley del PP establece que cuando el pleno de la corporación municipal no alcance en una primera votación la mayoría necesaria para la adopción de acuerdos como la aprobación de los presupuestos, planes económicos-financieros, de saneamiento o entrada en mecanismos extraordinarios de financiación, la Junta de Gobierno Local tendrá competencia para aprobarlos. Se quiere hurtar así a la oposición el conocimiento, control y votación sobre temas de vital importancia para la ciudad”.
Frente a esta situación, el PSOE va a presentar una moción en el Pleno de apoyo al recurso al Tribunal Constitucional que van a elevar todos los grupos políticos, excepto el PP.
Al menos 448 municipios andaluces promoverán en sus plenos el apoyo al recurso de inconstitucionalidad contra la reforma local del gobierno de Rajoy que presentarán todos los partidos y que la propia Junta de Andalucía ha anunciado hará efectiva también este mismo mes.
“El recurso que ahora nos ocupa es el relativo al Conflicto en Defensa de la Autonomía Local regulado e la Ley del Tribunal Constitucional. Para ello necesitamos aunar un séptimo de los municipios españoles que a su vez representen como mínimo un sexto de la población oficial”, aseguró Valadez.
La fecha límite para que se adopte el acuerdo plenario en Estepona es el 28 de febrero, ya que el plazo que establece la ley para formalizar el acuerdo son tres meses desde la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado.
La Ley de Reforma de la Administración Local supone una marcha atrás en la prestación de servicios públicos por parte de los ayuntamientos, la administración más cercana al ciudadano, retirándoles numerosas competencias y poniendo en entredicho la autonomía local, convirtiendo en foco de negocio dicha prestación.
“Por ello han sido hasta dos las ocasiones en las que el grupo municipal socialista ha solicitado al alcalde que faculte al secretario General de la corporación a que emita un informe específico sobre la incidencia que la puesta en marcha de esta ley supondrá para el municipio. El PP lo ha impedido porque no quieren reconocer que tras su entrada en vigor vendrá el despido de más empleados municipales y la desaparición de servicios básicos”.
