El PSOE pide aclaraciones sobre un cargo de confianza de García Urbano

14 cargos de confianza, 4 empleados con complementos mensuales y 17 concejales es el equipo del alcalde

Leticia Teboul. 

La secretaria de Organización del PSOE de Estepona, Leticia Teboul, ha solicitado al alcalde de la ciudad, José María García Urbano (PP), que informe acerca de la situación laboral en la que se encuentra, en la actualidad, uno de sus 14 cargos de confianza.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP), publicó el pasado  10 de julio un decreto del alcalde por el que se ordenaba el cese del nombramiento como funcionario eventual de Sixto López Jódar, como Asesor Grupo IV, adscrito al Área Económica pese a que ya el dos de abril el alcalde había nombrado a este mismo cargo de confianza como asesor del grupo I, con unas retribuciones anuales de 47.700 euros brutos.

Teboul recuerda que al inicio del mandato este mismo cargo de confianza fue nombrado por el alcalde para posteriormente ser cesado, vuelto a nombrar y ahora nos encontramos con decretos que se superponen en fechas y que “deben ser aclarados por el alcalde a la mayor brevedad posible”.

Desde el PSOE se recuerda que García Urbano tiene “a día de hoy, un total de 14 cargos de confianza, cobrando hasta 47.700 euros,  cuatro personas más cobrando complementos de libre designación por un importe de 787, 47 euros y 17 concejales cobrando hasta 65.000 euros al año”.

“Estas mismas decisiones las adopta un alcalde que ha llevado a cabo el despido de 176 empleados públicos, que mes tras mes vota en contra de la puesta en marcha de un plan de empleo destinado a las personas desempleadas del municipio o que aumenta la presión fiscal sobre el conjunto de los ciudadanos”, manifiesta Teboul.

Por todo ello desde el PSOE se solicita “un cambio radical en las prioridades del PP de Estepona. Lo importante deben ser las personas y, por desgracia, a medida que transcurre el tiempo vemos cómo el gobierno del PP castiga a las clases medidas para beneficiar a tan sólo unos pocos”.

Leticia Teboul pide al alcalde copia de la documentación remitida al juez Ruz sobre Ricardo Galeote

El juez de la Audiencia Nacional solicitó al ayuntamiento documentación sobre el cargo de confianza del alcalde 

Leticia Tebuol, secretaria de Organización socialista. 

La secretaria de Organización del PSOE de Estepona, Leticia Teboul, ha pedido al alcalde de la ciudad, José María García Urbano (PP), que explique públicamente si ha remitido al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, la documentación que éste ha requerido al ayuntamiento sobre su cargo de confianza, Ricardo Galeote.

Además ha pedido que se facilite al grupo municipal socialista “copia íntegra de toda la documentación aportada, así como fecha y conceptos”. Teboul volvió a instar a García Urbano, una vez más, el “cese fulminantemente” de su asesor y cargo de confianza, Ricardo Galeote (PP), de las funciones que viene desempeñando en el ayuntamiento de Estepona desde enero del pasado año.

Teboul ha asegurado que “estamos en tiempos convulsos donde amanecemos cada mañana con un escándalo, se hace necesario ser extremadamente escrupulosos con todo lo que tiene que ver con lo público”.

“Nos preguntamos los motivos por los que García Urbano sigue manteniendo como cargo de confianza a Ricardo Galeote, imputado nada más y nada menos que por el famoso caso Gürtel que, como todos estamos viendo por la sucesión de los acontecimientos, está haciendo tambalear los cimientos del PP”, asegura la dirigente socialista.

Además, aseguró que “el hecho de que el PP esté gestionando de manera deficiente sus casos de corrupción, con contradicciones y opacidad, no significa que en Estepona le vayamos a consentir al alcalde que mantenga a un cargo de confianza que además está siendo remunerado con el dinero de todos los ciudadanos”.

Así, recordó que Galeote percibe anualmente un total de 47.700 euros y que los delitos que se le imputan son, entre otros, los de cohecho, blanqueo de capitales y asociación ilícita. Según el sumario judicial, además, se le atribuye el haber percibido de la red Gürtel un total de 42.469 euros en efectivo por sobornos, a cambio de adjudicaciones que consiguieron empresas de Correa cuando era gerente del Palacio de Exposiciones y Congresos.

Según la instrucción judicial esos importes se definen hasta tal concreción que Galeote habría percibido 4.507 euros por comisiones derivadas de facturas por conceptos tales como “moqueta” o “carpa”.

Teniendo en cuenta este contexto, desde el PSOE “no podemos más que manifestar nuestra más firme oposición a que el alcalde siga manteniendo a este señor como cargo de confianza que asesora directamente al alcalde. Entiendo que le asesorá en un marco estrictamente legal, porque con estos antecedentes…”

“No creemos que Estepona se merezca que este señor acompañe al alcalde de nuestro municipio y que represente ninguno de nuestros intereses como ciudadanos en las gestiones diarias que tenga encomendadas”, aseguró.

Añadió, además, que “el discurso tiene que ser coherente con la realidad. Y la realidad es que al alcalde no le tiembla el pulso haciendo un ERE en el ayuntamiento pero tampoco le tiembla el pulso manteniendo a imputado del caso Gürtel en su equipo de confianza”.

“El alcalde tiene una gran oportunidad para rectificar, subirse al carro de la transparencia y obrar con el ejemplo. Para ello debe cesar de inmediato a Ricardo Galeote y, de paso, publicar al fin su declaración de bienes, la de su equipo de gobierno y la de todos sus cargos de confianza. Algo a lo que se ha opuesto hasta en veinticuatro ocasiones en el pleno de la corporación”.

Archivada definitivamente la denuncia interpuesta contra Cristina Rodríguez por la Plataforma Vecinal

El citado colectivo amplió su denuncia contra el ex alcalde, David Valadez, que con ésta ya lleva nueve denuncias archivadas

La concejala socialista Cristina Rodríguez. 

La sección primera de la Audiencia Provincial de Málaga ha desestimado definitivamente el recurso de apelación presentado por la Plataforma Vecinal de Estepona contra la decisión del Juzgado Mixto de la localidad que acordó el sobreseimiento de la causa abierta contra la concejala socialista, Cristina Rodríguez, al considerar que no está justificado “la perpetración del delito de prevaricación” por no proceder a la amortización de la plaza de un cargo de confianza, tras acordarlo el pleno en el anterior mandato cuando ésta era concejala de Personal.

En el auto se manifiesta que “tal y como tiene declarado el Tribunal Supremo en numerosas sentencias, el derecho a la prueba no es un derecho ilimitado, ni absoluto o incondicionado…” en referencia a que “el recurrente basa sus alegaciones en que no se han practicado las diligencias solicitadas por la parte denunciante, existiendo indicios de la comisión de un delito de prevaricación”.

“La instructora ha considerado que no era necesaria ya la práctica de ninguna diligencia de investigación, además de las practicadas, para llegar a la convicción de que no aparece suficientemente justificada la perpetración del delito de prevaricación que dio lugar a la incoación de la causa”, recoge el auto.

En la misma sentencia se asegura que “contamos en este caso con un acuerdo del pleno del ayuntamiento para la amortización del puesto de trabajo de D. José Pedro Fernández Gago, introducido en el pleno de 18 de septiembre de 2009, como asuntos urgentes, anunciándose dicho acuerdo por edicto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día15 de octubre de 2009 no habiendo quedado acreditado ni indiciariamente que por aquellos se hayan llevado a cabo comportamientos que pudieran encuadrarse dentro del concepto de prevaricación constado unidos en autos informe del técnico asesor jurídico del ayuntamiento donde concluye que no se ha seguido el procedimiento para la amortización del puesto de trabajo referido, indicando que el pleno no puede cesar ni al personal de confianza ni modificar la plantilla, siendo necesario para ello bien la aprobación de los presupuestos o su modificación, cosa que no consta se haya llevado a cabo, correspondiendo en última instancia el cese al alcalde”.

Prosigue asegurando que “respecto del decreto del alcalde por el que se acuerda la supresión del cargo de confianza de coordinador de alcaldía, consta en autos certificado del secretario del ayuntamiento de Estepona indicando que no existe ninguna resolución con esa numeración ni ninguna otra relacionada con el asunto a que se refiere con esa fecha, constando el edicto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia ya referido, por lo que no puede hablarse de que el alcalde primero cesó y luego le concedió una cantidad económica como productividad tal y como alega la parte recurrente”.

Valoraciones

Para el PSOE de Estepona con esta nueva resolución judicial, vuelve a demostrarse la “brutal campaña de acoso y derribo que se ha llevado a cabo por el PP de Estepona, y sus satélites políticos, para tratar de socavar el buen nombre de los miembros del grupo municipal socialista”.

“El PP presentó en el capítulo de asuntos urgentes una propuesta para que se amortizaran todas las plazas relativas a funcionarios eventuales, amparándose en la debilidad política del anterior gobierno local (compuesto por nueve miembros de un total de 25) y ahora en el gobierno no sólo aumenta su número sino que les llega a fijar unas retribuciones cercanas a los 50.000 euros”.

“El pleno aprobó la propuesta del PP y el alcalde cumplió con su obligación y remitió el acuerdo al BOP para su publicación. En ese intervalo de tiempo los servicios jurídicos municipales indicaron, tal y como se ha demostrado, que ese acuerdo no se ajustaba a derecho y que el pleno no tenía competencias para adoptar algunas decisiones”, aseguramos desde el PSOE.

“Ésta es una más de las denuncias que se presentaron contra el anterior gobierno local y que, como todas, y con ésta van ya nueve, se han terminado archivando”, aseguramos desde el PSOE.

Duro ajuste para la plantilla municipal mientras aumentan los cargos de confianza

Los tres nuevos cargos de confianza que aparecen hoy en el BOP suponen un desembolso para las arcas municipales de 131.500 euros al año

Doble vara de medir del alcalde del PP. 

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado en el día de hoy el nombramiento de tres nuevos cargos de confianza del alcalde, José María García Urbano, y ya van 17, lo que supone que los cargos de confianza del gobierno local del PP suponen a las arcas municipales un gasto de 705.050 euros brutos anuales.

En total, el equipo de gobierno actual, compuesto por 17 concejales, supone a las arcas municipales 665.200 euros brutos anuales, sin contar a los ediles que tienen responsabilidades supramunicipales, frente a los 383.000 euros brutos anuales del gobierno anterior, integrado por nueve ediles.

Los tres nuevos cargos de confianza publicados hoy en el BOP suponen un desembolso para las arcas municipales de 131.500 euros, al ser dos de ellos (Sixto Antonio López Jodar y Ricardo Galeote Quevedo del grupo I -47.700 euros cada uno de ellos-) y uno del grupo IV, con unas retribuciones de 36.100 euros (Adolfo Valenzuela Moyano).

Para la concejala socialista, Cristina Rodríguez, la publicación en el día de hoy de estos nuevos nombramientos “suponen la constatación de la doble vara de medir que aplica el alcalde en relación a la plantilla municipal ya que para los empleados pide grandes sacrificios y, en cambio, para sus cargos de confianza y concejales estableces unas retribuciones desorbitadas”. 

De esta manera Rodríguez recuerda cómo “lo primero que hizo el actual gobierno local al llegar al poder fue incrementar sus sueldos fijando unos 65.000 euros anuales para los tenientes de alcalde”. 

Cristina Rodríguez asegura que, en aplicación del plan de ajuste aprobado el pasado viernes con los únicos votos del PP, se establece que el capítulo I tendrá que reducirse en seis millones de euros por lo que si se divide esta cifra entre los doce meses que compone el año “todos los meses se tendrá que reducir este capítulo en unos 500.000 euros”.

“Si estos ajustes no se aplican a los empleados traspasados a las empresas privadas hay que dividir esta cantidad entre los mil empleados que integran la plantilla de personal funcionario y laboral para deducir que el ajuste supondrá unos 500 euros al mes para cada empleado local”, concluye Rodríguez.

Sigue el derroche del gobierno local con nuevos cargos de confianza

El  gobierno local del PP “sigue con su política de incoherencias y mientras por un lado se lamenta constantemente de la muy difícil situación de la economía local sigue incrementando el número de cargos de confianza con unas altísimas retribuciones”

Ricardo Galeote junto a Ignacio Mena.

En este caso el ex concejal popular, Ricardo Galeote, pasará a convertirse en asesor del área de alcaldía tras haberlo dispuesto el alcalde, José María García Urbano, mediante decreto. De esta manera “mientras el ayuntamiento dice que no tiene posibilidad de dotar de transporte público al municipio, de gas al cementerio o de luz a la autovía” sigue incrementando el número de cargos de confianza hasta en un total de 17, ocho más que en el equipo de gobierno anterior.

A este “despropósito” hay que sumar el hecho de que  los concejales del gobierno cobran más que los de la corporación precedente. De esta forma, un concejal raso del equipo de gobierno actual percibe 43.900 euros brutos anuales, lo que supone 2.180 euros brutos anuales más al año que un edil con responsabilidad de gobierno en la anterior corporación.

La diferencia se incrementa en 21.080 euros si se compara el salario anterior con el que perciben los concejales que dirigen cada una de las cinco áreas principales en las que se ha estructurado el ayuntamiento bajo la dirección del PP. Estos concejales cobran 62.800 euros brutos anuales más las indemnizaciones correspondientes a las comisiones informativas y a las Juntas de Gobierno local.

En total, el equipo de gobierno actual, compuesto por 17 concejales, supone a las arcas municipales 665.200 euros brutos anuales, sin contar a los ediles que tienen responsabilidades supramunicipales, frente a los 383.000 euros brutos anuales del gobierno anterior, integrado por nueve ediles.

Además  el equipo de gobierno pasa a contar con 17 cargos de confianza, frente a los nueve del anterior; de los que siete se destinan al área uno y tendrán en nómina 47.700 euros brutos anuales. Por tanto, cobrarán 3.800 euros brutos anuales más que un concejal del equipo que no dirija alguna de las cuatro concejalías principales.

Por su parte el cargo de confianza designado para el área dos cobrará 42.500 euros brutos anuales, mientras que el del área tres cobrará 39.850 euros brutos anuales. Donde más cargos de confianza habrá será en el área cuatro, en la que se han designado ocho cargos que cobrarán 36.100 euros brutos anuales.

En total, los cargos de confianza del nuevo gobierno supondrán a las arcas municipales 705.050 euros brutos anuales; mientras que en la anterior corporación había nueve cargos de confianza, que suponían un total de 288.918 euros brutos anuales.