“El alcalde se
convierte en representante de la empresa y no en defensor de los intereses
generales”, aseguran desde el PSOE
El equipo de gobierno del PP aprobará en el pleno del
próximo jueves estimar la solicitud de la empresa Patrimonial Adonara S.L, para
permitir la construcción de una gasolinera en la parcela que posee justo al
lado del antiguo parque de bomberos.
De esta manera anula el convenio alcanzado el 4 de
marzo del 2005 entre el ayuntamiento y la mercantil por el que se cambiaba el
uso de la parcela que contaba con uso industrial a uso residencial (500 metros)
y mantiene el uso comercial de otra parcela de 2000 metros cuadrados.
En el acuerdo se estipulaba que “las numerosas
personas que allí han fijado su residencia, justifica la necesidad de ubicar un
centro comercial y, por el contrario, fundamentan la improcedencia
de establecer una estación de servicios que, además de comprometer la armonía
urbanística conseguida, crea una sensación de inseguridad, cuando no
un peligro potencial, que minora la calidad de vida de los ciudadanos de la
zona”.
Esta modificación, de uso industrial a residencial,
que ahora el gobierno del PP pretende modificar, “además de ser viable y
beneficiar la interés general, genera un aumento de valor de aquellos terrenos
por lo que se habrá de conseguir la adecuada participación de la comunidad en
las plusvalías que se generen por la ordenación urbanística”.
Sin embargo, el pasado 21 de febrero la empresa
presentó un escrito por registro de entrada por el que solicitaba la suma de
3.775.557,64 euros correspondientes a “los gastos, daños y perjuicios sufridos
con anterioridad y que sirvieron de base para el convenio por el que
renunciábamos a la gasolinera a cambio de la edificabilidad, a lo que hay que
añadir 792.827,39 euros como actualización de los mismos desde esa fecha”.
Además, “habría que sumar las partidas
correspondientes al lucro cesante por los perjuicios causados en la no
explotación de la gasolinera a razón de 150 mil euros año, por lo que
resultaría la cantidad de 1.050.000 euros”.
Informe Jurídico
Ante esta solicitud, y con fecha de 7 de abril, el
técnico de administración especial y asesor jurídico de urbanismo, asegura que
“la reclamante atribuye al ayuntamiento el incumplimiento consistente en la
falta de aprobación definitiva de la revisión del PGOU, alegando la
inexistencia actual del expediente alguno para promoverla en un plazo de tiempo
relativamente cercano.
No puede entenderse que el ayuntamiento no haya
efectuado actuación alguna de cara ad otra los terrenos de la ordenación
reflejada en el convenio que nos ocupa.
Tampoco puede compartirse que el ayuntamiento tenga
intención de paralizar la revisión del PGOU, muestra de ello es el acuerdo del
pleno municipal de fecha 21 de noviembre de 2008, donde, tras disponer la
formulación y tramitación de la adaptación del PGOU a la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía determinó que dicha adaptación fuera simultánea con
los trabajos de revisión del PGOU que se vienen realizando.
No obstante, tras la firma del convenio, se produjeron
dos acontecimientos ajenos a este ayuntamiento, a saber: la aprobación del Plan
de Ordenación Territorial de la Costa del Sol Occidental y la aprobación del
Plan de Ordenación Territorial de Andalucía.
Por otro lado, el convenio no establece un plazo
concreto para la aprobación de la revisión y tampoco podrí a hacerlo, por
cuanto que la aprobación definitiva no corresponde al municipio, por lo que
puede no haberse cumplido aún la obligación de tramitación de la revisión en
los términos acordados, pero ello no es lo mismo que incumplir, por lo que no
cabría estimar la resolución interesada”.
En relación a la indemnización solicitada por la
mercantil al ayuntamiento el técnico municipal asegura que “si bien en la
solicitud la mercantil cuantifica la indemnización que habría de corresponderle
–en la nada despreciable cantidad de 5.617.375,03 euros-, la solicitante se
limita acompañar una relación de gastos que se remontan al año 1998 y de
ingresos estimados –incluidos un lucro cesante- sin adjuntar documento alguno
que acredite tales extremos ni se proponga medio de prueba alguno para la
necesaria acreditación.
En consecuencia, procedería la desestimación de la
solicitud relativa a la resolución del convenio y la declaración de vigencia de
la licencia, así como la inadmisión de la reclamación relativa a la
indemnización”.
Informe medioambiental
Por otro lado, y obrando también en el mismo
expediente, una técnica municipal, licenciada en Ciencias Ambientales, asegura
que “no se ha tenido en cuenta para los cálculos acústicos ni para las medidas
correctoras a los receptores de los residentes en el edifico de viviendas
colindante, que queda a escasos metros de la ubicación pretendida para el tren
de lavado y en el interior de cuyas viviendas no se pueden recibir niveles de
emisión que superen los objetivos de calidad acústicas definidos. Una vez
finalizada la obra, el tren de lavado se situaría entre la estructura metálica
actualmente existente y el edificio más cercano; quedaría a escasos metros de
las ventanas del mismo”.
Además, indica que “se detecta la carencia de Plan de
Gestión de Residuos”.
Valadez
En definitiva, según el portavoz del grupo municipal
socialista de Estepona, David Valadez, el alcalde, José María García Urbano
(PP), está dispuesto a llevar a pleno un expediente “extraordinariamente
perjudicial para los vecinos y muy beneficioso para la mercantil pese a contar
con informes técnicos y jurídicos contrarios”.
“García Urbano parece haberse convertido en el
representante de la mercantil en Estepona y no en el principal defensor de los
intereses generales de la ciudad”, asegura Valadez.
Por último, anunció que el PSOE solicitará que este
asunto se quede sobre la mesa en la próxima sesión plenaria y, en caso de que
no sea estimada su solicitud, votará en contra. Además anunció una ronda de
reuniones con los vecinos y la adopción de todas aquellas medidas que suponga
velar por la calidad de vida de los vecinos que residen en las inmediaciones de
la futura gasolinera.
