Capablanca pide información sobre los contratos de trabajo financiados por la Junta

Además quiere conocer el fin dado a los más de 30.000 euros destinados a familias sin recursos 

Cristina Capablanca. 

La secretaria de Igualdad y Política Social del PSOE de Estepona, Cristina Capablana, ha solicitado al equipo de gobierno del PP que facilite “información exhaustiva acerca de la aplicación en el municipio del decreto contra la exclusión social de la Junta de Andalucía”.

La dirigente socialista recuerda que para el municipio la Junta de Andalucía ha destinado un total de 303.958,87 euros para la contratación de personas desempleadas en aplicación del decreto ley de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía.

Con esta iniciativa un centenar de personas de Estepona han podido acceder a un puesto de trabajo, con un contrato que ha podido oscilar entre los quince días y los tres meses. “En una coyuntura tan preocupante como la que vivimos, con cerca de diez mil parados, el empleo se constituye como la principal medida de integración e inserción social, por ese motivo desde el PSOE hemos venido reiterando la necesidad de que el gobierno local del PP pusiese en marcha un plan de empleo de estas características. Ellos lo han impedido y ahora, por fortuna, es la Junta de Andalucía la que hace en Estepona lo que no quiere llevar a cabo el alcalde, José María García Urbano”, aseguró Capablanca.

“A día de hoy desconocemos cuántas personas han accedido a un puesto de trabajo en el Ayuntamiento con este dinero aportado por la Junta de Andalucía, ya que el consistorio no ha aportado ni un solo céntimo de euro. No sabemos en qué ha consistido la jornada laboral, el número de horas, el grado de cumplimientos de los objetivos…. No sabemos absolutamente nada”, asegura Capablanca.

La dirigente socialista, además, solicitó información acerca del uso dado por el Ayuntamiento a los 30.000 euros aportados por la Junta para la financiación de Ayudas Económicas Familiares.   

Capablanca recuerda que “se trata de unas ayudas, contempladas en el Decreto de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía, que vienen a completar el conjunto de acciones dirigidas a la prevención de situaciones de exclusión social o a la atención de las necesidades alimentarias más urgentes”.

 “Gracias a esta preocupación de la Junta por las personas que peor lo están pasando el municipio de Estepona ha recibido un total de 30.560,12 euros” con los que “se prevé proporcionar en el municipio la adecuada atención a las necesidades básicas de alimentación de muchos hogares y menores más de los previstos con la cantidad presupuestada para este año en este concepto”, según Capablanca.

La dirigente socialista aseguró que las administraciones públicas deben dotarse de “prestaciones con el objetivo de prevenir, reducir o suprimir los factores que generan situaciones de dificultad social”.

Las ayudas son temporales, dinerarias o en especie, de carácter preventivo, que se conceden a familias para la atención de las necesidades básicas de menores a su cargo cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello.

El PSOE pide que parte de las 400 contrataciones que hará el ayuntamiento se destinen a rehabilitación de viviendas, reformas en colegios y supresión de barreras

Capablanca: “El alcalde dispone de quince días para decir a la Junta a qué va a destinar estos recursos”

Cristina Capablanca, secretaria de Igualdad del PSOE de Estepona.

El PSOE de Estepona ha solicitado al equipo de gobierno (PP) que destine “parte de las cuatrocientas contrataciones que tendrá que realizar en las próximas semanas a atender algunas de las muchas deficiencias que presenta el municipio tras las privatizaciones llevadas a cabo por el alcalde”.

Así, la secretaria de Igualdad del PSOE esteponero, Cristina Capablanca, ha pedido al alcalde que destine parte de estos efectivos a la mejora de las instalaciones educativas del municipio, a la rehabilitación y mejora de viviendas de personas que no disponen de recursos económicos y a la supresión de barreras arquitectónicas por todo el término municipal.

Los socialistas recuerdan, así, que “el PP es el equipo de gobierno que menos invierte en educación pública de todos los que han pasado por el ayuntamiento en contraposición a los más de 720 mil euros anuales que invertía en anterior gobierno local en mantenimiento y conservación de los centros educativos”.

Además, Capablanca recuerda que el actual equipo de gobierno del PP ha “acabado con la brigada de infraestructuras que se encargaba de la supresión de barreras arquitectónicas que durante años ha estado a disposición del colectivo Asdies”.

Este proyecto de la Junta puede permitir que desde el ayuntamiento se destinen recursos a “mejorar la calidad de vida de muchos mayores, personas con discapacidad y gente sin recursos que necesitan remodelar sus viviendas habituales”.

Capablanca recuerda, del mismo modo, que el alcalde dispone de quince días a contar desde el 2 de mayo, fecha en la que se publicó en el BOJA el decreto ley de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía.

Gracias a esta iniciativa la Junta de Andalucía destinará un total de 303.958,87 euros para la contratación de unas 400 personas desempleadas de Estepona que podrán ser contratadas por un periodo que oscila entre los 15 días y los tres meses.

La dirigente socialista, por último, recuerda que cualquier persona interesada en beneficiarse de estas contrataciones pueden acercarse a la sede del PSOE en la localidad donde desde hoy lunes serán atendidos en la oficina municipal abierta para este fin.

“En una coyuntura tan preocupante como la que vivimos, con 9.371 demandantes de empleo en Estepona fecha 31 de marzo, el empleo se constituye como la principal medida de integración e inserción social, por ese motivo desde el PSOE hemos venido reiterando la necesidad de que el gobierno local del PP pusiese en marcha un plan de empleo de estas características. Ellos lo han impedido y ahora, por fortuna, es la Junta de Andalucía la que hace en Estepona lo que no quiere llevar a cabo el alcalde, José María García Urbano”, aseguró la secretaria de Igualdad de los socialistas esteponeros.

El PSOE pide consenso en la creación del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales

El presidente será nombrado por el alcalde con un mandato de cuatro años

El equipo de gobierno del PP del ayuntamiento de Estepona aprobará en la sesión plenaria prevista para este jueves un Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales «como órgano especializado en materia de revisión de sus procedimientos de contratación, que actuará con plena independencia funcional en el ejercicio de sus funciones».

En la propuesta que se someterá a pleno se indica, del mismo modo, que «corresponderá al alcalde la designación del presidente y vocales del tribunal, en base a su especialización, y garantizando en todo caso, su independencia funcional respecto de los asuntos que conozcan».

Además, la duración del mandato «será por cuatro años renovables por una vez, no obstante expirado el plazo del mandato, continuará en el ejercicio de sus funciones hasta la designación del nuevo titular».

Entre las funciones que se le encomendarán se encuentran la de resolver los recursos especiales en materia de contratación y las cuestiones de nulidad previstas, decisión sobre las medidas cautelares o provisionales que se hayan solicitado por las personas legitimadas con anterioridad a la interposición de los recursos, reclamaciones y cuestiones de nulidad, cualquier otra competencia que en el futuro sea atribuida por la normativa europea o estatal básica y, además, sin perjuicio de su independencia funcional, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del ayuntamiento de Estepona queda adscrito orgánicamente a la alcaldía.

Ante esta propuesta desde el PSOE se indica que el sentido de su voto dependerá de «la voluntad del alcalde de consensuar el nombre de la persona que se encargará de presidir este Tribunal ya que, hay que recordar, que su mandato será de cuatro años y, por tanto, ejercerá sus competencias durante el siguiente mandato municipal».

La concejala socialista, Cristina Rodríguez, indica que este Tribunal «debe partir del equilibrio y el consenso como norma fundamental para garantizar su correcto funcionamiento».

«Esperamos que ésta no sea una muestra más de la exclusión y del sectarismo de este equipo de gobierno; de no entender nada del diálogo y del funcionamiento institucional en estos momentos y en esta ciudad».

Significó Rodríguez que la propuesta «más allá del respeto a las personas que lo configuren, debe servir para que el gobierno local realice un intento de diálogo o de acuerdo con el resto de fuerzas políticas con representación municipal».  

García Urbano castiga al secretario adjunto “por no plegarse a sus órdenes y por denunciar las irregularidades”

La concejala socialista de Estepona, Cristina Rodríguez, ha lamentado la “persecución” a la que el alcalde está sometiendo al secretario Adjunto del ayuntamiento de Estepona, José Manuel Duarte, “por no plegarse a sus deseos y por denunciar la existencia de múltiples irregularidades que jalonan su gestión al frente del ayuntamiento”

Al notario alcalde de Estepona no le gusta que
no le den la razón. 

De esta manera la edil lamenta que, una vez más, el alcalde haya firmado dos expedientes disciplinarios, “causalmente el mismo día, 30 de agosto”, con la única finalidad “de suspender de empleo y sueldo a una persona que le puede resultar molesta en su labor al frente del ayuntamiento”.

Rodríguez recuerda cómo Duarte “se ha venido caracterizando por denunciar, incluso ante la administración autonómica, las irregularidades existentes en la gestión de García Urbano. Así, “han sido muchas las ocasiones en las que este habilitado nacional de carrera ha denunciado que el alcalde le niega sistemáticamente el acceso a la información municipal y que nadie firma acuses de recibo de sus escritos, entre otros asuntos.

Cabe recordar que Duarte ya denunció públicamente, hace sólo unos meses, las irregularidades que se produjeron en la Junta de Gobierno Local en la que se acordó la privatización de dos servicios públicos, el alcantarillado y la limpieza de edificios públicos. Así, el secretario Adjunto aseguró que “fui convocado a una Junta de Gobierno Local, extraordinaria y urgente, que debía de celebrarse media hora después, sin que me comunicaran el orden del día”.

Duarte aseguró que, cuando llegó, comprobó que faltaban “tres de los siete” miembros de la Junta de Gobierno Local, y que, según la documentación del expediente, no habían sido convocados. “Expuse mis dudas acerca de la convocatoria y de la validez de lo que allí se aprobara”, comentó. Sin embargo, siempre según su relato, el alcalde le “ordenó” seguir la sesión y así lo hizo.

Ante esta situación el funcionario l adelantó que haría constar en el acta que no había tenido tiempo de examinar los expedientes y que “declinaba cualquier responsabilidad de sobre los mismos”.

Para la concejala socialista lo que el alcalde pretende con este tipo de expedientes disciplinarios o de información reservada es “trasladar a la plantilla municipal que si no se hace lo que él ordena deben atenerse a las consecuencias. Está claro que la vía judicial está expedienta pero mientras se resuelven estas cuestiones en los tribunales el empleado está en la calle y el alcalde haciendo lo que le da la gana”.

De esta manera Rodríguez se refiere, también, al expediente de información reservada abierto, también, el pasado 30 de agosto “para depurar responsabilidades que han conllevado que no fuese posible la firma del contrato de adjudicación de los servicios de conservación y mantenimiento de edificios, instalaciones e infraestructuras municipales junto con la gestión energética y la implementación del Plan de Optimización Energética del municipio en la fecha inicialmente prevista”.