El copago de medicamentos castigará a más de 4.000 esteponeros

Teboul: "El PP quiere que pensionistas y trabajadores de clases medias vayan al médico con la tarjeta de crédito y no con la tarjeta sanitaria, apostando claramente por la sanidad privada"

La secretaria de Organización del PSOE de Estepona, Leticia Teboul denuncia que más de 4.000 ciudadanos de Estepona se verán “seriamente perjudicados” por las medidas que en materia de Sanidad ha adoptado el gobierno de España, del PP.

"El PP quiere que más de 4.000 esteponeros entre pensionistas y trabajadores de clases medias vayan al médico con la tarjeta de crédito y no con la tarjeta sanitaria, apostando claramente por la sanidad privada. Por eso la primera medida ha sido en que nuestros mayores, que ya han visto como se reduce su poder adquisitivo, tendrán que pagar los medicamentos un 10%, afectando a más de 2.100 personas en Estepona", dice.

"Para el portavoz popular en Sanidad 'son cuatro cafés', pero este copago, que debería llamarse repago o impuesto a la enfermedad, construye una sanidad más injusta que afectará al gasto en alimentación o a la compra de ropa de nuestros mayores. Divide a la sociedad entre enfermos y sanos, entre ricos y pobres", manifiesta la dirigente socialista.

"El PP está apostando por una sociedad más insolidaria, insegura y se carga el sistema público de sanidad, creando incertidumbre y desesperanza entre las familias de clase media y los pensionistas", ha añadido; "ahora, el que tenga dinero estará bien atendido, mientras que el que no lo tenga, no lo estará", sentencia.

"También se perjudica a los trabajadores en activo, que hasta ahora costeaban el 40% del precio de los productos farmacéuticos. Sólo en Estepona, unos cien trabajadores tendrán que abonar ahora el 50% de los medicamentos, que son los que tienen ingresos anuales desde 18.000 euros hasta 100.000 euros, y luego pagarán el 60% de las recetas otras 90 personas, que tienen rentas superiores a los 100.000 euros", anuncia.

"Los socialistas no estamos de acuerdo con que los pensionistas paguen porque habrá mayores que dejarán sus tratamientos por falta de recursos económicos. Además, esta medida abre la puerta al copago en sanidad por acto médico, por ir al médico, a urgencias o a operarse".

"La Asociación en Defensa de la Sanidad Pública ha dicho que todas estas trabas van a suponer un coste de 900 millones de euros, todo ello para ahorrar solamente 160 millones, ¿por qué el PP no financia la sanidad subiendo los impuestos a las rentas más altas? ¿Por qué Rajoy no escucha y se decide a aplicar las medidas que ya funcionan en Comunidades Autónomas como Andalucía?", se pregunta.

"La Junta de Andalucía lleva años aplicando medidas para racionalizar el gasto farmacéutico como la receta electrónica, las mono dosis o la subasta de medicamentos. Sólo esta medida, perseguida por el PP, iba a ahorrar 200 millones de euros solo en Andalucía. Las medidas adoptadas por el Gobierno de Rajoy en materia de sanidad son ineficientes, injustas, insolidarias, improvisadas e impuestas a todos los agentes relacionados sin previa consulta", concluye.

Archivada definitivamente la denuncia interpuesta contra Cristina Rodríguez por la Plataforma Vecinal

El citado colectivo amplió su denuncia contra el ex alcalde, David Valadez, que con ésta ya lleva nueve denuncias archivadas

La concejala socialista Cristina Rodríguez. 

La sección primera de la Audiencia Provincial de Málaga ha desestimado definitivamente el recurso de apelación presentado por la Plataforma Vecinal de Estepona contra la decisión del Juzgado Mixto de la localidad que acordó el sobreseimiento de la causa abierta contra la concejala socialista, Cristina Rodríguez, al considerar que no está justificado “la perpetración del delito de prevaricación” por no proceder a la amortización de la plaza de un cargo de confianza, tras acordarlo el pleno en el anterior mandato cuando ésta era concejala de Personal.

En el auto se manifiesta que “tal y como tiene declarado el Tribunal Supremo en numerosas sentencias, el derecho a la prueba no es un derecho ilimitado, ni absoluto o incondicionado…” en referencia a que “el recurrente basa sus alegaciones en que no se han practicado las diligencias solicitadas por la parte denunciante, existiendo indicios de la comisión de un delito de prevaricación”.

“La instructora ha considerado que no era necesaria ya la práctica de ninguna diligencia de investigación, además de las practicadas, para llegar a la convicción de que no aparece suficientemente justificada la perpetración del delito de prevaricación que dio lugar a la incoación de la causa”, recoge el auto.

En la misma sentencia se asegura que “contamos en este caso con un acuerdo del pleno del ayuntamiento para la amortización del puesto de trabajo de D. José Pedro Fernández Gago, introducido en el pleno de 18 de septiembre de 2009, como asuntos urgentes, anunciándose dicho acuerdo por edicto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día15 de octubre de 2009 no habiendo quedado acreditado ni indiciariamente que por aquellos se hayan llevado a cabo comportamientos que pudieran encuadrarse dentro del concepto de prevaricación constado unidos en autos informe del técnico asesor jurídico del ayuntamiento donde concluye que no se ha seguido el procedimiento para la amortización del puesto de trabajo referido, indicando que el pleno no puede cesar ni al personal de confianza ni modificar la plantilla, siendo necesario para ello bien la aprobación de los presupuestos o su modificación, cosa que no consta se haya llevado a cabo, correspondiendo en última instancia el cese al alcalde”.

Prosigue asegurando que “respecto del decreto del alcalde por el que se acuerda la supresión del cargo de confianza de coordinador de alcaldía, consta en autos certificado del secretario del ayuntamiento de Estepona indicando que no existe ninguna resolución con esa numeración ni ninguna otra relacionada con el asunto a que se refiere con esa fecha, constando el edicto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia ya referido, por lo que no puede hablarse de que el alcalde primero cesó y luego le concedió una cantidad económica como productividad tal y como alega la parte recurrente”.

Valoraciones

Para el PSOE de Estepona con esta nueva resolución judicial, vuelve a demostrarse la “brutal campaña de acoso y derribo que se ha llevado a cabo por el PP de Estepona, y sus satélites políticos, para tratar de socavar el buen nombre de los miembros del grupo municipal socialista”.

“El PP presentó en el capítulo de asuntos urgentes una propuesta para que se amortizaran todas las plazas relativas a funcionarios eventuales, amparándose en la debilidad política del anterior gobierno local (compuesto por nueve miembros de un total de 25) y ahora en el gobierno no sólo aumenta su número sino que les llega a fijar unas retribuciones cercanas a los 50.000 euros”.

“El pleno aprobó la propuesta del PP y el alcalde cumplió con su obligación y remitió el acuerdo al BOP para su publicación. En ese intervalo de tiempo los servicios jurídicos municipales indicaron, tal y como se ha demostrado, que ese acuerdo no se ajustaba a derecho y que el pleno no tenía competencias para adoptar algunas decisiones”, aseguramos desde el PSOE.

“Ésta es una más de las denuncias que se presentaron contra el anterior gobierno local y que, como todas, y con ésta van ya nueve, se han terminado archivando”, aseguramos desde el PSOE.

La justicia archiva la octava denuncia contra David Valadez

La denuncia fue interpuesta por el Partido Popular tras haber pagado el ayuntamiento las nóminas a los empleados públicos con dinero del Patrimonio Municipal del Suelo

David Valadez López. 

El juzgado de primera instancia e instrucción número cinco de Estepona ha acordado el sobreseimiento de las diligencias abiertas contra David Valadez tras la denuncia efectuada el 16 de septiembre de 2010 por los concejales del PP y por la central sindical CSI-CSIF.

En los razonamientos jurídicos empleados por el juzgado se asegura que “de las diligencias practicadas resulta que no se extrae ningún indicio de criminalidad, por lo que no aparece suficientemente justificada la perpetración del presunto delito de prevaricación”.

Tras citar distinta jurisprudencia prosigue que “se entiende pues a la vista de lo anteriormente expuesto, así como en virtud del principio de intervención mínima que rige en el ámbito del derecho penal, que los hechos denunciados no resultan encuadrables en la órbita penal, ya que el convencimiento es el de que los hechos resultan indiciariamente irrelevantes en cuanto a las consecuencias que pueden extraerse de los mismos, ya que no aparecen como reprehensibles en vía penal”.

Este auto se suma a la petición que realizó el pasado 3 de agosto de 2011  el Ministerio Fiscal. En su escrito, dirigido al juzgado de instrucción número cinco, y que el ex alcalde David Valadez no hizo público en estos meses hasta el día de hoy, se asegura que de acuerdo con criterios de interpretación de las normas jurídicas y al amparo de principios fundamentales, tanto constitucionales como penales, que rigen la actividad de la Administración en general y, particularmente, en el ámbito penal, hay que afirmar que “con la cautela de evitar que, por el carácter político de la autoridad o funcionario público implicados, no se caiga en el error de dar una respuesta penal a lo que no sea más que un caso meramente político, en cuyo ámbito debe solventarse la cuestión, pues a toda costa ha de huirse de lo que se ha dado en llamar la judicialización de la vida política de efectos distorsionadores en el esquema de la separación de los poderes constitucionales”.

Valadez ha recordado en su comparecencia pública que de esta manera la justicia “vuelve, por octava vez, a poner freno a la campaña de descrédito y linchamiento de la que he sido objetivo en estos tres años por aquellos que tenían como único objetivo el de desacreditar mi imagen ante la opinión pública”.

“Quiero recordar que a mí se me denunció ante la justicia por pagar la nómina de los empleados municipales, contando con los informes favorables de la secretaría y de la tesorería municipal, tras garantizar en todo momento la reposición de los fondos que estaban siendo utilizados para este fin”, aseguró Valadez.

Así recordó que “hasta el mismo mes que yo dejé la alcaldía el ayuntamiento ha estado reponiendo, mes a mes, el dinero utilizado para el pago de las nóminas bajo el principio de caja única. Desde que José María García Urbano es alcalde de Estepona no se ha repuesto un solo céntimo y ahora él tendrá que dar las explicaciones oportunas”.

El hoy portavoz socialista de Estepona recuerda que el Ministerio Fiscal concluye en su petición de sobreseimiento que “la conducta que ha dado lugar a la formación de la causa no sea constitutiva de delito” ya que, entre otras cuestiones, “el principio de caja única es defendido por la doctrina y admitido por la Jurisprudencia de la Sala III del Tribunal Supremo, debido a las aportaciones positivas que comporta, ya que una gestión múltiple y autónoma de los órganos de la Administración operando cada uno de ellos por cuenta propia con cajas propias, dificultaría, cuando no impediría, una claridad suficiente en la administración de los fondos públicos”.

El ex alcalde indicó también, respecto a las declaraciones del concejal popular Ignacio Mena, que el PP no puede recurrir el archivo. “Es imposible que el PP pueda recurrir este archivo al no estar personado –al igual que el sindicato CSI-CSIF-“, pero si así lo estuviera, “tampoco podría hacerlo dado que el plazo para hacerlo ya expiró”.

Valadez ha recordado, por otro lado, que a este octavo archivo se suman otros siete producidos en estos últimos meses. Así, aseguró que “la última denuncia que se me archivó procedió del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos y se debía a las transferencias realizadas en dos meses del ayuntamiento a las empresas municipales para el pago de la nómina de los empleados”.

Además hay que sumar otras seis más. Entre ellas “en la que se me imputaba el delito de prevaricación urbanística y omisión del deber de perseguir delito en relación a la construcción de una vivienda construida en el año 2004 cuando ni era alcalde ni concejal de Urbanismo”.

Además se archivó la denuncia interpuesta por el pago de las obras de las calles Caridad y Málaga con dinero del Patrimonio Municipal del Suelo y la denuncia presentada por el PP por un presunto delito penal por “retrasar” –según los populares-, “conscientemente la aplicación del acuerdo de pleno que acordó la eliminación de las tasas de basura, alcantarillado y licencia de apertura de establecimiento con el fin de que no se llevara a cabo”.

En este último caso, la justicia ha archivado la denuncia hasta en dos ocasiones.

También se archivó la denuncia presentada contra el ayuntamiento por los delitos de prevaricación por omisión debido a la emisión de ruidos contaminantes, realizados por algunos establecimientos de hostelería ubicados en el Puerto de Estepona, al entender que el ayuntamiento no realizaba intervenciones para paliar la situación.

Sin embargo, la denuncia también fue archivada debido a que la Fiscalía entendía que no podía decirse que el ayuntamiento haya estado inactivo tras el examen de la abundante documentación remitida por el consistorio.

Por último, la justicia archivó una denuncia interpuesta contra el ex alcalde socialista por el vertido de aguas fecales junto al club de tenis de Estepona.

La Justicia archiva por tercera vez una denuncia del PP contra David Valadez

Como ya pasara hace unas semanas, Centeno informa nuevamente sobre el archivo de una denuncia contra el máximo responsable de los socialistas locales y alcalde, David Valadez. La denuncia fue presentada por los concejales populares al entender que podría haber cometido algún presunto delito penal por haber retrasado la aplicación de un acuerdo de pleno

David Valadez López. 

El portavoz socialista Fernando Centeno informa que la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga ha archivado por tercera vez la denuncia interpuesta por el Partido Popular (PP) contra David Valadez al que acusaba de “retrasar conscientemente la aplicación del acuerdo de pleno que acordó la eliminación de las tasas de basura, alcantarillado y licencia de apertura de establecimiento con el fin de que no se llevara a cabo”.

Según auto de 10 de enero de 2011, la Sala observa que no se produce infracción “ya que no existe negativa ‘abierta’ a dar cumplimiento a lo acordado, sino una dilación en la publicación en el BOP, y ello no sobrepasa el mínimo ético, que regula el principio general de derecho penal”, según Centeno.

La denuncia fue interpuesta por los concejales Ignacio Mena, Carmen López Capote y José Lozano, además del ahora ex edil Miguel Ángel López al entender que Valadez podría haber cometido algún presunto delito penal por -según ellos-, haber retrasado en el BOP la publicación del acuerdo plenario adoptado el 18 de septiembre de 2009 que acordó la eliminación de las tasas de basura, alcantarillado y licencia de apertura.

El portavoz socialista recuerda que la jueza sustituta del Juzgado número 2 de Estepona en su auto de septiembre pasado, señalaba que no se acuerda practicar diligencia alguna por considerar que en los hechos “no se evidencia, ni siquiera indiciariamente la existencia de elementos configuradores de ilícito penal alguno porque los propios denunciantes hablan de un mero retraso en la publicación en el BOP y ese retraso no puede considerarse sin más como un ilícito penal, tal y como pretenden los denunciantes y se puso de manifiesto en el auto de 17 de septiembre de 2010, en virtud del cual se acordó el sobreseimiento provisional de las presentes diligencias y el archivo de la misma por no ser los hechos denunciados constitutivos de infracción penal”.

Fernando Centeno reitera su afirmación de que las denuncias interpuestas en los juzgados contra Valadez no tienen otro fin que el desgaste personal y de la imagen del alcalde y candidato socialista. Buscan como único fin la repercusión de “una nueva imputación”, pero la verdad es que hasta el momento, la Justicia archiva dichas causas nada más tener en su posesión todas las pruebas. “La política del PP se basa en tratar de ganar en los juzgados, con denuncias falsas, lo que no pueden en la calle”.

Por último el portavoz socialista vuelve a solicitar al PP la colaboración necesaria para sacar adelante, durante estos meses previos a las elecciones, los asuntos municipales que puedan hacer mejorar la situación de la localidad, como es el proyecto universitario. Por lo que solicita al candidato popular que arrime el hombro y no paralice la gestión durante unos meses con el único fin de obtener réditos políticos en las urnas en contra de los intereses de los ciudadanos de Estepona.

Centeno anuncia el archivo de dos denuncias contra Valadez y asegura que las demás tendrán el mismo fin

Las diferentes denuncias que se han presentado contra el alcalde, David Valadez, van resolviéndose de forma favorable para el socialista y son la muestra de que se han interpuesto por personas o grupos políticos que buscaban más el desgaste de la imagen de Valadez que cualquier otro fin. La justicia ha ordenado el archivo de una denuncia del PP contra Valadez hasta en dos ocasiones

El portavoz socialista Fernando Centeno 

El portavoz socialista Fernando Centeno ha anunciado en el día de hoy a través de una rueda de prensa, que dos de las denuncias presentadas contra el alcalde socialista, David Valadez, han sido archivadas por los juzgados. En concreto se tratan de la denuncia interpuesta por el ex tesorero municipal, Félix Domínguez, por el pago de las obras de las calles Caridad y Málaga con dinero de un convenio urbanístico y la denuncia interpuesta por el PP por un presunto delito penal por “retrasar” –según los populares-, “conscientemente la aplicación del acuerdo de pleno que acordó la eliminación de las tasas de basura, alcantarillado y licencia de apertura de establecimiento con el fin de que no se llevara a cabo”. En este último caso, la justicia ha archivado la denuncia hasta en dos ocasiones.

Centeno recordó que el ex tesorero interpuso una denuncia contra David Valadez en 2009 por haber ordenado por decreto el pago de las obras de urbanización de las calles Caridad y Málaga con dinero ingresado por la empresa Asturion Foundation al entender que incumplía la LOUA.

Félix Domínguez interpuso la denuncia, cuatro días después de haber ordenado el alcalde el pago, ante el juzgado de instrucción número 1 de Estepona a fin de que formara parte del procedimiento del caso Astapa y, por tanto, la opinión pública confundiese esta denuncia con la instrucción de este caso de presunta corrupción. Sin embargo, el juez, en un auto, señaló que al no ser “hechos que tengan conexión con las diligencias previas 1030/2007, es procedente (…) incoar diligencias previas, más de conformidad con las normas de reparto, (…) siendo competente el juzgado decano”, a quien se remitió las actuaciones, según Fernando Centeno.

El portavoz socialista, recordó que en agosto del mismo año, Domínguez fue a más, e interpuso la denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada. Los argumentos que empleaba el ex tesorero era que el alcalde había utilizado fondos procedentes del urbanismo para el pago de obras.

Para Centeno, el alcalde ordenó el pago, ya que el informe jurídico municipal indicaba que nada se oponía “a la posibilidad de que pueda aceptarse la financiación de las obras de las citadas calles con cargo a los fondos del convenio urbanístico citado” argumentando dicha conclusión en el hecho de que “las citadas obras se ajustan y vienen previstas entre los objetivos postulados por el PGOU y, en su consecuencia, ajustadas al Plan Especial de Protección y Mejorar del Casco Urbano”.

El entonces tesorero, habilitado nacional de carrera, en ningún momento advirtió al alcalde de que podría estar incurriendo en algún presunto delito por ordenar el pago, tan sólo remitió un fax a alcaldía en el que señalaba que “como no necesito autorización para disponer de las cuentas bancarias, el procedimiento es la firma de un decreto del alcalde en el que se me ordene el pago”. Domínguez no sólo no advierte al alcalde, que no tiene por qué saber de si es legal o no el uso de los fondos, sino que cuatro días después de ordenar el pago, interpone una denuncia en el juzgado número 1, que al comprobar que no tener conexión con los hechos investigados en Astapa, remitió la causa al juzgado decano que es número 4 de Estepona.

Ese juzgado citó a David Valadez a declarar en calidad de imputado por un presunto delito de prevaricación el pasado 10 de diciembre, citación que finalmente se suspendió ya que, como comentó el alcalde hace unos meses, se vio obligado a contratar un procurador y un abogado, -que paga de su bolsillo-, recordó Fernando Centeno, para que se recorrieran los juzgados ante el conocimiento de la cantidad de querellas que se están interponiendo contra él. Como consecuencia de esa acción, los abogados tuvieron conocimiento de esa querella y aportaron toda la documentación al juzgado antes de que llegara el día de la citación. Una vez analizada la documentación presentada por la defensa de Valadez, el Ministerio Fiscal acordó “el sobreseimiento de la causa por no haber quedado acreditada la perpetración del delito que ha dado lugar a la incoación de la causa”.

La titular del juzgado de instrucción número 4 en el auto señala, en sus razonamientos jurídicos, que “efectivamente y como dice el Ministerio Público, de los documentos aportados por el denunciado (…) es procedente la estimación del recurso y decretar el archivo de las actuaciones, dejándose sin efecto las diligencias acordadas”.

Para el portavoz socialista, no cabe duda de que el ex tesorero actuó por animadversión y lamentó que “el celo que ha tenido con el señor Valadez no lo hubiese tenido con anteriores Corporaciones y hubiese denunciado el ingreso de dinero en el Ayuntamiento procedente de las Islas Caimán o hubiese velado, como es su función, por los fondos municipales durante el gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL). De esta forma, no hubiesen quedado pendientes de justificación 24 millones de euros del Ayuntamiento, que no se sabe dónde están”.

Denuncia del PP
La segunda de las denuncias archivada ha sido la presentado por los concejales del PP Ignacio Mena, Carmen López, José Lozano y el entonces también edil Miguel Ángel López contra Valadez, al entender que podría haber cometido algún presunto delito penal por -según ellos-, haber retrasado en el BOP la publicación del acuerdo plenario adoptado el 18 de septiembre de 2009 que acordó la eliminación de las tasas de basura, alcantarillado y licencia de apertura.

La jueza sustituta del Juzgado número 2 de Estepona en su auto señala que no se acuerda practicar diligencia alguna por considerar que en los hechos “no se evidencia, ni siquiera indiciariamente la existencia de elementos configuradores de ilícito penal alguno (…) porque los propios denunciantes hablan de un mero retraso en la publicación en el BOP (…) y ese retraso no puede considerarse sin más como un ilícito penal, tal y como pretenden los denunciantes y se puso de manifiesto en el auto de 17 de septiembre de 2010, en virtud del cual se acordó el sobreseimiento provisional de las presentes diligencias y el archivo de la misma por no ser los hechos denunciados constitutivos de infracción penal”.

“Los denunciantes no aportan ningún dato de interés distintos a los que ya obran en autos y que fueron debidamente valorados por el juez instructor al dictar la resolución recurrida, limitándose los recurrentes en su escrito de recurso a mostrar su disconformidad con el razonamiento llevado a cabo por el instructor y que determinó el auto de sobreseimiento provisional”, aclara la magistrado. Por ello, asegura Fernando Centeno, no procedía estimar el recurso interpuesto. Y hasta por dos veces, la justicia ordena el archivo de la denuncia interpuesta por el PP.

Llamamiento al sentido común
El portavoz socialista ha afirmado que la política del PP se basa “en tratar de ganar en los juzgados, con denuncias falsas y sobreseídas en dos días, lo que no pueden en la calle”. “Tenemos constancia de unas siete u ocho denuncias interpuestas en el juzgado del PP hacia el alcalde, David Valadez, pero cuando pasó lo que pasó anteriormente con Astapa no presentaron ninguna”, ha aclarado Centeno.

Asimismo, el portavoz ha aprovechado para mandar un mensaje apelando al sentido común: “¿Es de sentido común que, tras la situación de ruina en que ha quedado el Ayuntamiento de Estepona tras Astapa, el PP, en vez de arrimar el hombro y colaborar en la gobernabilidad con los partidos y concejales inocentes para sacar a esta ciudad de esta situación y lavar su imagen, se alíe para el desgobierno con los presuntos inocentes?”.

Finalmente, Centeno ha indicado que lo que hacen el PP y su candidato a la alcaldía, José María García Urbano, “no es de sentido común”. “No lo es llevar la política a los juzgados, sino arrimar el hombro para ayudar a los esteponeros y esteponeras, así como a los habitantes de la ciudad, a salir de la crisis colaborando o ayudando a la gobernabilidad”.