El citado colectivo amplió su denuncia contra
el ex alcalde, David Valadez, que con ésta ya lleva nueve denuncias archivadas
La concejala socialista Cristina Rodríguez. |
La
sección primera de la Audiencia Provincial de Málaga ha desestimado
definitivamente el recurso de apelación presentado por la Plataforma Vecinal de
Estepona contra la decisión del Juzgado Mixto de la localidad que acordó el
sobreseimiento de la causa abierta contra la concejala socialista, Cristina
Rodríguez, al considerar que no está justificado “la perpetración del delito de
prevaricación” por no proceder a la amortización de la plaza de un cargo de
confianza, tras acordarlo el pleno en el anterior mandato cuando ésta era
concejala de Personal.
En
el auto se manifiesta que “tal y como tiene declarado el Tribunal Supremo en
numerosas sentencias, el derecho a la prueba no es un derecho ilimitado, ni
absoluto o incondicionado…” en referencia a que “el recurrente basa sus
alegaciones en que no se han practicado las diligencias solicitadas por la
parte denunciante, existiendo indicios de la comisión de un delito de
prevaricación”.
“La
instructora ha considerado que no era necesaria ya la práctica de ninguna
diligencia de investigación, además de las practicadas, para llegar a la
convicción de que no aparece suficientemente justificada la perpetración del
delito de prevaricación que dio lugar a la incoación de la causa”, recoge el
auto.
En
la misma sentencia se asegura que “contamos en este caso con un acuerdo del
pleno del ayuntamiento para la amortización del puesto de trabajo de D. José
Pedro Fernández Gago, introducido en el pleno de 18 de septiembre de 2009, como
asuntos urgentes, anunciándose dicho acuerdo por edicto publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia el día15 de octubre de 2009 no habiendo quedado
acreditado ni indiciariamente que por aquellos se hayan llevado a cabo
comportamientos que pudieran encuadrarse dentro del concepto de prevaricación
constado unidos en autos informe del técnico asesor jurídico del ayuntamiento
donde concluye que no se ha seguido el procedimiento para la amortización del
puesto de trabajo referido, indicando que el pleno no puede cesar ni al
personal de confianza ni modificar la plantilla, siendo necesario para ello
bien la aprobación de los presupuestos o su modificación, cosa que no consta se
haya llevado a cabo, correspondiendo en última instancia el cese al alcalde”.
Prosigue
asegurando que “respecto del decreto del alcalde por el que se acuerda la
supresión del cargo de confianza de coordinador de alcaldía, consta en autos
certificado del secretario del ayuntamiento de Estepona indicando que no existe
ninguna resolución con esa numeración ni ninguna otra relacionada con el asunto
a que se refiere con esa fecha, constando el edicto publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia ya referido, por lo que no puede hablarse de que el
alcalde primero cesó y luego le concedió una cantidad económica como
productividad tal y como alega la parte recurrente”.
Valoraciones
Para
el PSOE de Estepona con esta nueva resolución judicial, vuelve a demostrarse la
“brutal campaña de acoso y derribo que se ha llevado a cabo por el PP de
Estepona, y sus satélites políticos, para tratar de socavar el buen nombre de
los miembros del grupo municipal socialista”.
“El
PP presentó en el capítulo de asuntos urgentes una propuesta para que se
amortizaran todas las plazas relativas a funcionarios eventuales, amparándose
en la debilidad política del anterior gobierno local (compuesto por nueve
miembros de un total de 25) y ahora en el gobierno no sólo aumenta su número
sino que les llega a fijar unas retribuciones cercanas a los 50.000 euros”.
“El
pleno aprobó la propuesta del PP y el alcalde cumplió con su obligación y
remitió el acuerdo al BOP para su publicación. En ese intervalo de tiempo los
servicios jurídicos municipales indicaron, tal y como se ha demostrado, que ese
acuerdo no se ajustaba a derecho y que el pleno no tenía competencias para
adoptar algunas decisiones”, aseguramos desde el PSOE.
“Ésta
es una más de las denuncias que se presentaron contra el anterior gobierno
local y que, como todas, y con ésta van ya nueve, se han terminado archivando”,
aseguramos desde el PSOE.