El pleno ordinario que
correspondía al mes de marzo, debió haberse celebrado el pasado día 15, pero el
alcalde firmó un decreto posponiéndolo hasta el próximo día 30 para, según
aseguró en rueda de prensa el portavoz del grupo municipal socialista, David
Valadez. El fin es “tener tiempo suficiente para aprobar el plan de ajuste que
exige el gobierno de España que garantice la devolución del crédito de
63.507.242,08 euros para pagar facturas
pendientes a proveedores”
Pese a ello, en la comisión informativa prevista para el
próximo lunes no incluye este plan de ajuste y sí, en cambio, se da cuenta de
que la interventora accidental ha expedido un certificado que no se ha
facilitado a la oposición municipal.
Aunque el portavoz socialista ha solicitado una información
detallada de la relación de empresas que se beneficiarán de la aplicación de
esta medida y del procedimiento y criterio llevado a cabo en el expediente no
consta ninguna información y, por tanto, se “oculta a la oposición la gestión
llevada a cabo en este asunto”.
No obstante, para Valadez “lo más preocupante de todo es el
hecho de que el plazo para aprobar en pleno el plan de ajuste finaliza el
próximo día 31 de este mes, sábado, y el ayuntamiento no tiene intención de
incluirlo en el pleno ordinario previsto para el próximo día 30. Es más que
evidente que el gobierno local de García Urbano no quiere que se sepa nada de
este asunto antes de las elecciones autonómicas y, casi con toda seguridad,
convocará un pleno extraordinario y urgente la semana que viene una vez que ya
han pasado las elecciones autonómicas”.
El portavoz socialista recuerda, del mismo modo, que el real
decreto por el que el Ejecutivo estatal ofrecía estos préstamos obliga a los
gobiernos locales a elevar al pleno, antes de que finalice este mes, un
programa que contemple las medidas que llevará a cabo para abonar las cuotas.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas propone la subida de
impuestos o la reducción del coste en personal.
El documento deberá justificar que los ingresos del
ayuntamiento de Estepona son "suficientes" para amortizar la
operación en los próximos diez años y recoger el coste y el método de
financiación de los servicios públicos, así como las "reformas
estructurales" que se decidan para sanear las cuentas públicas. El
Gobierno central propone una veintena de medidas para incrementar la entrada de
dinero y para reducir los gastos. Entre el primer tipo de actuaciones, destaca
la subida de impuestos y la supresión de exenciones y bonificaciones, y el
refuerzo de la inspección tributaria y la recaudación.
De las decisiones relacionadas con los
desembolsos de la administración local, el Ministerio de Hacienda sugiere la
reducción de costes de personal a través de, añade, "reducción de sueldos
o efectivos" o la no ejecución de inversiones previstas.
Para Valadez el alcalde, José María García Urbano, pretende
ocultar hasta las elecciones autonómicas su “brutal plan de ajuste” que “va a
poner en riesgo el futuro laboral de muchas personas y la prestación de
servicios básicos para la ciudadanía”.
El portavoz socialista, del mismo modo, recuerda que “el PP
pudo haber apoyado en el anterior mandato el pago a los proveedores locales en
unas condiciones mucho más beneficiosas para la ciudad pero sus intereses
electorales le impidieron, como está haciendo ahora, cumplir con su deber
político”.
“Una vez más el PP antepone sus intereses de partido a los de
la ciudad”, concluyó Valadez.
Arco seguridad
Por otro lado, el también portavoz socialista ha denunciado
públicamente que “el alcalde, José María García Urbano, no tiene dinero para
pagar a los colectivos sociales y asociaciones vecinales o entidades deportivas
de la ciudad pero sí para instalar un detector manual de metales y un arco
detector en la entrada del ayuntamiento con un coste de 9.362,71 euros.
De esta manera cualquier
ciudadano que quiera entrar en el ayuntamiento para tramitar cualquier asunto
“no sólo deberá aportar su DNI sino que también deberá pasar por un arco de
seguridad como si fuesen a entrar en un aeropuerto”.
“Jamás en la historia de este
ayuntamiento ha ocurrido algo parecido. ¿De qué tiene miedo el alcalde?”, concluyó
Valadez.
