El interventor municipal advierte de “un incumplimiento generalizado de las medidas de ingresos previstas en el Plan de Ajuste”‏

Las facturas pendientes de reconocimiento alcanza la cuantía de 13.677.506,58 euros 

El interventor del Ayuntamiento de Estepona, habilitado nacional de carrera, José Miguel Gómez del Puerto ha asegurado en un informe elaborado el pasado día 7 de junio que  “el Ayuntamiento no ha cumplido con la obligación de evaluar trimestralmente el Plan de Ajuste 2012-2022, por lo que pudiera darse algún dato erróneo en cuanto a los datos acumulados de ejecución”.

Cabe recordar que el Ayuntamiento aprobó el pasado 30 de marzo de 2012 un Plan de Ajuste para poder acogerse al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.

Entre las medidas que el interventor manifiesta que se están incumpliendo se encuentran las “medidas de refuerzo de la eficacia en recaudación voluntaria y ejecutiva”, “potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados” y la “obtención de ingresos de capital para hacer frente al pago de las cuotas derivadas del préstamo mediante enajenaciones de bienes reales”.

En esta última parte, según recoge el interventor municipal, la relativa a la enajenación de patrimonio municipal “la medida tiene un impacto acumulado de los ejercicios 2012 y 2013 cuantificado en 12.992.640 euros”.

Este hecho supone, a juicio del habilitado nacional de carrera, que “las desviaciones en el resto de medidas de ingresos hacen que los datos del plan de ajuste 2012-2022 en cuanto a los ingresos no se hayan cumplido a fecha actual, suponiendo desviaciones importantes que pueden conllevar el riesgo de afrontar los préstamos suscritos”.

Por otro lado, el interventor municipal indica que “las facturas o documentos pendientes de reconocimiento para las que han transcurrido más de tres meses desde su registro al final del periodo analizado, alcanza la cuantía de 13.677.506,58 euros, que se corresponde con 1043 facturas pendientes de reconocimiento, a pesar de figurar, su contabilización, en la cuenta del Plan General de Contabilidad Pública Local, de la contabilidad municipal”.

Para la secretaria de Política Municipal del PSOE de Estepona, Manuela Benítez, este último dato “viene a evidenciar que pese a que el Ayuntamiento alcanzó una operación de crédito por un importe superior a los 65 millones de euros para saldar la deuda existente con los proveedores municipales la cifra no para de incrementarse”.

“El panorama que dibuja el interventor municipal es altamente preocupante ya que está poniendo negro sobre blando una realidad que el gobierno  del PP de García Urbano está tratando de ocultar o maquillar. Tras las elecciones municipales, caso de que el PP siga gobernando, vendrá acompañado de otro ERE en la plantilla municipal y de una disminución generalizada de los sueldos de los empleados municipales y de los que prestan sus servicios, en la actualidad, en empresas privatizadas”, asegura Benítez.

Además indica que “ello iría acompañado de otra subida generalizada de impuestos. Tal y como ha venido ocurriendo en este mandato con la subida espectacular de las tasas de cementerios municipales, alcantarillado, agua, pistas deportivas, inscripción en escuelas deportivas municipales, etc…”

El PSOE presenta un recurso para solicitar la nulidad del Plan de Ajuste

Conejo insta a Bendodo a que “ponga orden” en Estepona y obligue a cumplir las recomendaciones de la FAMP en cuanto a los sueldos de sus concejales

Momento de la reunión entre socialistas y representantes sindicales. 

El Grupo Municipal Socialista de Estepona ha presentado por registro de entrada del ayuntamiento un recurso de reposición solicitando la nulidad del acuerdo plenario por el que se aprobó, con los únicos votos del PP, el plan de ajuste municipal.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, David Valadez, ha asegurado que “ya anunciamos en la misma sesión plenaria que íbamos a adoptar esta decisión ante la evidente y flagrante vulneración de los derechos fundamentales de los miembros de la Corporación municipal. No se celebró la preceptiva comisión informativa, no se nos entregó la documentación del expediente hasta minutos antes de la celebración del pleno y eso pese a la comparecencia que nos vimos forzados a realizar ante el propio Secretario General de la Corporación”.

“Si el Ayuntamiento no anula este acuerdo en los próximos veinte días iremos a los tribunales para presentar un contencioso administrativo”, aseguró el también secretario General de los socialistas locales.

Estas declaraciones fueron realizadas por el dirigente socialista tras mantener una reunión con delegados sindicales y el secretario de Organización del PSOE de Málaga y portavoz socialista en la Diputación provincial de Málaga y la diputada provincial Patricia Alba.

Conejo, por su parte, apuntó al "esfuerzo" ya realizado por los trabajadores del Consistorio cuando en agosto pasado renunciaron a a distintos derechos contemplados en su convenio colectivo lo que supuso un ahorro para las arcas municipales superior a los 3,5 millones de euros.

 "Es lamentable que en pleno siglo XXI un grupo político tenga que recurrir a los tribunales para reivindicar unos derechos recogidos constitucionalmente. Lo que demuestra es que se apuesta por una gestión oscurantista y están impidiendo que la oposición lleve a cabo su labor y pueda informar verazmente a la población”, aseguró Conejo.

“Nos preocupa que el PP de Málaga deje libremente que en Estepona no se cumpla el acuerdo político  aprobado por todos los partidos en la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, al situar como tope de retribución máxima para concejales 56.000 euros, cuando en Estepona los tenientes de alcalde cobran cerca de 65.000 euros", aseguró el secretario de Organización socialista malagueño.

Además anunció que esta misma semana remitirá una carta al presidente provincial del PP en Málaga, Elías Bendodo, para que “ponga orden y reconduzca lo que está ocurriendo en el ayuntamiento de Estepona”. En caso de que “desde la dirección provincial del PP no se haga nada llevaremos este asunto a la propia Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)  para que tenga en cuenta el claro incumplimiento de ese acuerdo”, manifestó.

Por último, el dirigente socialista lamentó que “el alcalde esté dispuesto a dilapidar todo el patrimonio municipal acumulado durante décadas para malvenderlo a terceros e hipotecar el futuro de generaciones de esteponeros”.

Por su parte, la diputada provincial Patricia Alba anunció que “esperamos que el ayuntamiento responda a este recurso de reposición y proceda a la anulación de este acuerdo plenario ya que, en caso contrario, este mismo mes presentaremos un contencioso administrativo”.

Los socialistas exigen al PP que apliquen el Plan de Ajuste al millón y medio de euros que gastan en concejales y cargos de confianza

La concejala socialista de Estepona, Cristina Rodríguez, manifiesta la posición de los socialistas respecto al Plan de Ajuste aprobado por el equipo de gobierno del PP, “los socialistas estamos totalmente a favor de que se salden las cuentas pendientes con proveedores, tal y como ya demostramos hace meses llevando a pleno una propuesta que fue abortada por el PP, porque esas empresas son quienes generan empleo en Estepona”

La edil socialista asegura que “no estamos de acuerdo en varios aspectos del Plan de Ajuste, ya que por ejemplo, resta autonomía a las corporaciones locales, impone un pago único perjudicando así la situación económica de algunas entidades locales, que lo están pasando mal y por último convierte el pago a proveedores en un negocio para los bancos, que reciben el dinero a 1% de interés del estado y lo prestan a los ayuntamientos al 5%”.

Rodríguez propone al equipo de gobierno y a José María García Urbano, que “se priorice el pago a proveedores por orden de antigüedad en las facturas, y no como pretendía hacer el alcalde mediante un Plan de Tesorería propio, además de que se atiendan primero las deudas con las empresas más pequeñas, donde una deuda en el tiempo por parte del ayuntamiento puede llevarla a la quiebra”. La concejala socialista además lamenta que “un plan tan importante para el municipio, y que marcará el futuro de Estepona en los próximos 10 años, se haya entregado a la oposición unos minutos antes del pleno y por la vía de urgencia, con actuaciones como estas, no se está facilitando en absoluto la labor de la oposición”.

La edil lamenta, además, que el plan de ajuste municipal tenga como principal punto de apoyo el bolsillo de los esteponeros, “se ha subido a todos los ciudadanos de Estepona la tasa de alcantarillado, el precio por el alquiler de las instalaciones deportivas, por la inscripción en las Escuelas Deportivas municipales que se unen a la subida de la luz y el gas que nos ha impuesto el gobierno de Mariano Rajoy”.

Denuncia Rodríguez en relación al personal del ayuntamiento, que “se pretende que los trabajadores y los ciudadanos se aprieten el cinturón, pero no predican con el ejemplo, hacen oídos sordos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que recomienda a los municipios que adecuen el número de cargos de confianza. García Urbano a esta recomendación hace oídos sordos, ya que actualmente son 17 cargos que nos cuestan, junto a los sueldos de los miembros del gobierno local, un millón y medio de euros de las arcas municipales. En concreto, el equipo de gobierno del PP le supone a las arcas municipales 665.200 euros brutos anuales, sin contar a los ediles que tienen responsabilidades supramunicipales. El gasto en cargos de confianza asciende a 705.050 euros brutos anuales”.

Los socialistas exigen al PP que apliquen el Plan de Ajuste al millón y medio de euros que gastan en concejales y cargos de confianza

La concejala socialista de Estepona, Cristina Rodríguez, manifiesta la posición de los socialistas respecto al Plan de Ajuste aprobado por el equipo de gobierno del PP, “los socialistas estamos totalmente a favor de que se salden las cuentas pendientes con proveedores, tal y como ya demostramos hace meses llevando a pleno una propuesta que fue abortada por el PP, porque esas empresas son quienes generan empleo en Estepona”.

García Urbano gasta 1.500.000 € al año en sueldo
de concejales y cargos de confianza del PP. 

La edil socialista asegura que “no estamos de acuerdo en varios aspectos del Plan de Ajuste, ya que por ejemplo, resta autonomía a las corporaciones locales, impone un pago único perjudicando así la situación económica de algunas entidades locales, que lo están pasando mal y por último convierte el pago a proveedores en un negocio para los bancos, que reciben el dinero a 1% de interés del estado y lo prestan a los ayuntamientos al 5%”.

Rodríguez propone al equipo de gobierno y a José María García Urbano, que “se priorice el pago a proveedores por orden de antigüedad en las facturas, y no como pretendía hacer el alcalde mediante un Plan de Tesorería propio, además de que se atiendan primero las deudas con las empresas más pequeñas, donde una deuda en el tiempo por parte del ayuntamiento puede llevarla a la quiebra”. La concejala socialista además lamenta que “un plan tan importante para el municipio, y que marcará el futuro de Estepona en los próximos 10 años, se haya entregado a la oposición unos minutos antes del pleno y por la vía de urgencia, con actuaciones como estas, no se está facilitando en absoluto la labor de la oposición”.

La edil lamenta, además, que el plan de ajuste municipal tenga como principal punto de apoyo el bolsillo de los esteponeros, “se ha subido a todos los ciudadanos de Estepona la tasa de alcantarillado, el precio por el alquiler de las instalaciones deportivas, por la inscripción en las Escuelas Deportivas municipales que se unen a la subida de la luz y el gas que nos ha impuesto el gobierno de Mariano Rajoy”.

Denuncia Rodríguez en relación al personal del ayuntamiento, que “se pretende que los trabajadores y los ciudadanos se aprieten el cinturón, pero no predican con el ejemplo, hacen oídos sordos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que recomienda a los municipios que adecuen el número de cargos de confianza. García Urbano a esta recomendación hace oídos sordos, ya que actualmente son 17 cargos que nos cuestan, junto a los sueldos de los miembros del gobierno local, un millón y medio de euros de las arcas municipales. En concreto, el equipo de gobierno del PP le supone a las arcas municipales 665.200 euros brutos anuales, sin contar a los ediles que tienen responsabilidades supramunicipales. El gasto en cargos de confianza asciende a 705.050 euros brutos anuales”.

Duro ajuste para la plantilla municipal mientras aumentan los cargos de confianza

Los tres nuevos cargos de confianza que aparecen hoy en el BOP suponen un desembolso para las arcas municipales de 131.500 euros al año

Doble vara de medir del alcalde del PP. 

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado en el día de hoy el nombramiento de tres nuevos cargos de confianza del alcalde, José María García Urbano, y ya van 17, lo que supone que los cargos de confianza del gobierno local del PP suponen a las arcas municipales un gasto de 705.050 euros brutos anuales.

En total, el equipo de gobierno actual, compuesto por 17 concejales, supone a las arcas municipales 665.200 euros brutos anuales, sin contar a los ediles que tienen responsabilidades supramunicipales, frente a los 383.000 euros brutos anuales del gobierno anterior, integrado por nueve ediles.

Los tres nuevos cargos de confianza publicados hoy en el BOP suponen un desembolso para las arcas municipales de 131.500 euros, al ser dos de ellos (Sixto Antonio López Jodar y Ricardo Galeote Quevedo del grupo I -47.700 euros cada uno de ellos-) y uno del grupo IV, con unas retribuciones de 36.100 euros (Adolfo Valenzuela Moyano).

Para la concejala socialista, Cristina Rodríguez, la publicación en el día de hoy de estos nuevos nombramientos “suponen la constatación de la doble vara de medir que aplica el alcalde en relación a la plantilla municipal ya que para los empleados pide grandes sacrificios y, en cambio, para sus cargos de confianza y concejales estableces unas retribuciones desorbitadas”. 

De esta manera Rodríguez recuerda cómo “lo primero que hizo el actual gobierno local al llegar al poder fue incrementar sus sueldos fijando unos 65.000 euros anuales para los tenientes de alcalde”. 

Cristina Rodríguez asegura que, en aplicación del plan de ajuste aprobado el pasado viernes con los únicos votos del PP, se establece que el capítulo I tendrá que reducirse en seis millones de euros por lo que si se divide esta cifra entre los doce meses que compone el año “todos los meses se tendrá que reducir este capítulo en unos 500.000 euros”.

“Si estos ajustes no se aplican a los empleados traspasados a las empresas privadas hay que dividir esta cantidad entre los mil empleados que integran la plantilla de personal funcionario y laboral para deducir que el ajuste supondrá unos 500 euros al mes para cada empleado local”, concluye Rodríguez.

El portavoz del grupo municipal del PSOE de Estepona sobre el Plan de ajuste en pleno

Intervención del portavoz del grupo municipal socialista, David Valadez, en el Pleno municipal del ayuntamiento de Estepona celebrado el 30 de marzo de 2012, sobre el polémico punto del Plan de Ajuste que el alcalde popular quiere llevar a cabo. Los principales afectados de dicho plan serán los empleados municipales y la economía local.

El pleno ordinario de Estepona no incluye en el orden del día el Plan de Ajuste que debe aprobarse antes del 31 de marzo

El pleno ordinario que correspondía al mes de marzo, debió haberse celebrado el pasado día 15, pero el alcalde firmó un decreto posponiéndolo hasta el próximo día 30 para, según aseguró en rueda de prensa el portavoz del grupo municipal socialista, David Valadez. El fin es “tener tiempo suficiente para aprobar el plan de ajuste que exige el gobierno de España que garantice la devolución del crédito de 63.507.242,08  euros para pagar facturas pendientes a proveedores”

Pese a ello, en la comisión informativa prevista para el próximo lunes no incluye este plan de ajuste y sí, en cambio, se da cuenta de que la interventora accidental ha expedido un certificado que no se ha facilitado a la oposición municipal.

Aunque el portavoz socialista ha solicitado una información detallada de la relación de empresas que se beneficiarán de la aplicación de esta medida y del procedimiento y criterio llevado a cabo en el expediente no consta ninguna información y, por tanto, se “oculta a la oposición la gestión llevada a cabo en este asunto”.

No obstante, para Valadez “lo más preocupante de todo es el hecho de que el plazo para aprobar en pleno el plan de ajuste finaliza el próximo día 31 de este mes, sábado, y el ayuntamiento no tiene intención de incluirlo en el pleno ordinario previsto para el próximo día 30. Es más que evidente que el gobierno local de García Urbano no quiere que se sepa nada de este asunto antes de las elecciones autonómicas y, casi con toda seguridad, convocará un pleno extraordinario y urgente la semana que viene una vez que ya han pasado las elecciones autonómicas”.

El portavoz socialista recuerda, del mismo modo, que el real decreto por el que el Ejecutivo estatal ofrecía estos préstamos obliga a los gobiernos locales a elevar al pleno, antes de que finalice este mes, un programa que contemple las medidas que llevará a cabo para abonar las cuotas. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas propone la subida de impuestos o la reducción del coste en personal.

El documento deberá justificar que los ingresos del ayuntamiento de Estepona son "suficientes" para amortizar la operación en los próximos diez años y recoger el coste y el método de financiación de los servicios públicos, así como las "reformas estructurales" que se decidan para sanear las cuentas públicas. El Gobierno central propone una veintena de medidas para incrementar la entrada de dinero y para reducir los gastos. Entre el primer tipo de actuaciones, destaca la subida de impuestos y la supresión de exenciones y bonificaciones, y el refuerzo de la inspección tributaria y la recaudación. 

De las decisiones relacionadas con los desembolsos de la administración local, el Ministerio de Hacienda sugiere la reducción de costes de personal a través de, añade, "reducción de sueldos o efectivos" o la no ejecución de inversiones previstas.

 

Para Valadez el alcalde, José María García Urbano, pretende ocultar hasta las elecciones autonómicas su “brutal plan de ajuste” que “va a poner en riesgo el futuro laboral de muchas personas y la prestación de servicios básicos para la ciudadanía”.

El portavoz socialista, del mismo modo, recuerda que “el PP pudo haber apoyado en el anterior mandato el pago a los proveedores locales en unas condiciones mucho más beneficiosas para la ciudad pero sus intereses electorales le impidieron, como está haciendo ahora, cumplir con su deber político”.

“Una vez más el PP antepone sus intereses de partido a los de la ciudad”, concluyó Valadez.

Arco seguridad

Por otro lado, el también portavoz socialista ha denunciado públicamente que “el alcalde, José María García Urbano, no tiene dinero para pagar a los colectivos sociales y asociaciones vecinales o entidades deportivas de la ciudad pero sí para instalar un detector manual de metales y un arco detector en la entrada del ayuntamiento con un coste de 9.362,71 euros.

De esta manera cualquier ciudadano que quiera entrar en el ayuntamiento para tramitar cualquier asunto “no sólo deberá aportar su DNI sino que también deberá pasar por un arco de seguridad como si fuesen a entrar en un aeropuerto”.

“Jamás en la historia de este ayuntamiento ha ocurrido algo parecido. ¿De qué tiene miedo el alcalde?”, concluyó Valadez.