El PSOE propone una ordenanza para sustituir las multas por una labor social

La propuesta se dirige fundamentalmente a menores no reincidentes y a familias sin recursos económicos

Manuela Benítez. 

El PSOE propone la creación de una ordenanza que consistirá en conmutar las sanciones económicas como consecuencia de infracciones leves de carácter incívico, por trabajos que redundan en beneficio de la comunidad, es decir, sustituir las multas por una labor social 

Son muchos los ayuntamientos que han puesto en marcha con éxito esta ordenanza, fundamentalmente en aras de concienciar a las personas infractoras de las consecuencias que sus actos ocasionan en la convivencia ciudadana y pero también queremos que esta ordenanza, de respuesta a la petición de muchos vecinos, y es que teniendo en cuenta a la situación económica que estamos atravesando, y el gran número de desempleados que hay en el municipio, puedan conmutar también sus infracciones.

Por lo tanto, esta propuesta se dirige fundamentalmente a menores no reincidentes y a familias sin recursos económicos.

Desde el partido socialista estamos convencidos, que no siempre la multa o el pago de dinero es la sanción más apropiada, ya que en muchos casos resultan más útiles otro tipo de actuaciones, sobre todo para intentar sensibilizar a los infractores sobre las consecuencias de sus actos y la conveniencia de una adecuada convivencia.

Son muchos los ciudadanos que lamentan del afán recaudatorio que desde el consistorio se está realizando a través de las multas. 

Por lo tanto, el grupo municipal socialista de Estepona solicita al equipo de gobierno del PP la puesta en marcha de esta ordenanza municipal, que estamos seguros, evitará la reincidencia en conductas incívicas. Se trata de una opción voluntaria (nadie puede ser obligado a ello) y supondría la sustitución de la sanción de multa por la realización de una actividad concreta durante un tiempo determinado. En concreto, la actividad alternativa podrá consistir entre otras: la asistencia a charlas y cursos relacionados con la convivencia ciudadana, actuaciones sociales comunitarias, la realización de trabajos en beneficio de la comunidad. Se buscaría siempre relacionar la naturaleza de dichas actividades con la naturaleza del bien jurídico lesionado por los hechos cometidos, por ejemplo, si la infracción ha consistido en la realización de pintadas, la actividad en cuestión podría ser ayudar a las brigadas municipales en la limpieza pública.

La sustitución de la multa no es automática, sino que está evidentemente condicionada a la realización efectiva de la actividad asignada, por lo que si luego no se cumple de forma satisfactoria (no se acude a su realización, o no se siguen los cursos indicados o se asiste a las charlas señaladas) será exigido el pago de la multa.

En resumen, estas medidas tienen como finalidad última, crear en el ciudadano, la conciencia de responsabilidad, solidaridad y respeto a hacia sus vecinos”. La duración de las actividades está en correlación con la multa y las jornadas de trabajo tendrían una duración máxima de 4 horas cada una. La correspondencia con la sanción sería de dos horas de trabajo o de formación por 50 euros de multa.

Esta labor educadora y socializante se dirige sobre todo a los menores de edad, no obstante, como hemos dicho antes, solicitamos también que en los procedimientos sancionadores que deriven en multa se debe tener en cuenta de algún modo las circunstancias económicas de los infractores mayores de edad, de forma que se de la oportunidad a aquellos sectores sociales desfavorecidos, con escasos recursos económicos, la posibilidad de responder ante la sociedad del daño producido con su conducta.

Su puesta en marcha va dirigida fundamentalmente a los jóvenes cuya edad oscile entre los 14 y los 30 años.

Cuando se trate de personas mayores de edad deberá acreditarse que no posean ingresos, o que estos sean iguales o inferiores al indicador público de rentas múltiples (IPREM).

Cuando los infractores sean menores de edad, entre 14 y 18 años, habrá de existir un claro consentimiento expreso de padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho.

Queremos recordar que “se considera servicio a favor de la comunidad la cooperación personal no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública e interés social.

Estas actividades se realizarían en dependencias o servicios municipales o en entidades sin ánimo de lucro de utilidad social”, como podría ser Cáritas, Cruz Roja, Comedor Social etc.

El infractor podrá solicitar la ejecución alternativa a que se refiere esta Ordenanza desde el momento de la comisión de la infracción y hasta 15 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de la multa.

El PSOE propone incluir acciones para favorecer a los discapacitados auditivos

La secretaria de Política Municipal del PSOE de Estepona, Manuela Benítez, ha solicitado al equipo de gobierno del PP que lleve a cabo actuaciones dirigidas al colectivo de personas con discapacidades auditivas y sordas, ya que en palabras de la propia dirigente socialista “la comunicación nos lleva a la eliminación de las barreras, y estas no son solo arquitectónicas, también las hay de integración, y en este caso con estos colectivos que viven en muchas ocasiones en el ostracismo institucional, algo que debemos cambiar entre todos”. 

Manuela Benítez. 

“Esta es una propuesta para que todos los grupos políticos apuesten, pero no para que se quede en papel, sino para que su puesta en marcha sea una realidad”, asegura Benítez.

Entre las propuestas socialistas se encuentran la promoción de cursos de lenguaje de signos para el personal del Ayuntamiento, sobre todo el dirigido a la atención ciudadana, creando un municipio integrador e inclusivo. Otro de los acuerdos ahonda en la necesidad de lograr acuerdos con los colectivos sociales que se encargan de esta labor en el municipio, propiciando la participación en actividades culturales, recreativas, deportivas y de cualquier otro índole. Por último, se pide que se incluya estos acuerdos dentro del ‘Plan Integral de Accesibilidad’ para que se puedan desarrollar las acciones pertinentes a tenor del mismo.

Benítez recuerda que anteriores gobiernos locales subvencionaron a la Asociación de Discapacitados de Estepona, Asdies, con casi tres mil euros, a través de la delegación municipal de Participación Ciudadana, que tiene censadas en el municipio a más de una veintena de personas con discapacidad auditiva.

La dirigente socialista asegura que “a través de un conocimiento básico de la Lengua de Signos se contribuye, en gran medida, a la eliminación de las barreras que incomunican a las personas sordas y oyentes entre sí, favoreciendo además, intercambios e interrelaciones entre ambos”.

El PSOE propone que no entre en vigor la obligatoriedad del casco para bicicletas cuando circulen por vías urbanas‏

López solicita que se pongan en marcha campañas de concienciación

El Grupo Municipal Socialista  presentará en la próxima sesión plenaria una moción para que la Dirección General de Tráfico rectifique en la implantación de la obligatoriedad del uso del casco entre los usuarios de la bicicleta en vías urbanas tal y como aparece redactado en el nuevo Reglamento General de Circulación. La medida cuenta con el aval de la mayor parte de las asociaciones ciclistas en nuestro país, que ven la medida como un retraso con respecto a otros países de Europa.

El uso de la bicicleta ha ido aumentando en los últimos años pasando a ser un importante método de transporte en la sociedad occidental. Sin embargo, una nueva medida buscar interferir negativamente en el uso de este medio de transporte, en este caso tras la norma que busca aprobar la DGT para declarar la obligatoriedad del uso del casco en zona urbana.

El responsable de Acción Electoral del PSOE de Estepona, Julián López, ha indicado que “esta propuesta de la DGT no tiene sentido, máxime cuando ningún país de los que tienen tradición ciclista en su uso cotidiano, como Holanda, Bélgica o Francia, dictan la obligatoriedad del casco”.

Sin embargo, los diferentes colectivos de usuarios de la bicicleta, como la Coordinadora Con Bici -entidad que representa a 58 asociaciones en toda España desde hace 25 años-, y la Mesa de la Bicicleta reclaman más medidas de seguridad activas para prevenir accidentes. La medida también ha sido criticada por la fundación MAPFRE o la mundialmente famosa SWOV.

“La lucha para proteger a los ciclistas debe estar en políticas activas orientadas a la mejora de la prevención de accidentes, y campañas de concienciación para el respeto en el uso compartido de la calzada en nuestras ciudades", ha criticado el responsable socialista.

La obligatoriedad del casco afectará negativamente tanto al uso del servicio público de alquiler, como el de la bicicleta particular, y todo ello podría conllevar una reducción de usuarios, y por tanto una disminución de la seguridad de los ciclistas, así como verse afectados negocios y puestos de trabajo directamente relacionados con el sector de la bicicleta a raíz de una más que probable caída de la demanda.

“Es evidente que si queremos potenciar un estilo de vida saludable, reducir emisiones y mejorar el tráfico en las ciudades, la bicicleta se antoja un eje fundamental. Sin embargo, con medidas como estas lo que conseguimos es el efecto contrario”, especifica el dirigente socialista.

Rodríguez propone al gobierno local la celebración del Día de la Tapa‏

Con esta iniciativa, que ya se puso en marcha en Estepona hace años, se dinamizará la economía local

La concejala socialista de Estepona, Cristina Rodríguez, ha solicitado al equipo de gobierno del ayuntamiento de Estepona (PP), que retome la iniciativa que durante años estuvo funcionando en el ayuntamiento en estos momentos “tan sumamente complicados para el sector hostelero del municpio”.

Con esta iniciativa se conseguirá “promocionar la gastronomía de la zona y ofrecer a los turistas la posibilidad de degustar excelentes tapas a los mejores precios. Por fortuna, en Estepona hay una enorme variedad de bares de tapas y esto debe ser una garantía de éxito como lo ha sido siempre que se ha puesto en marcha”.

Así, Rodríguez recuerda que cuando ella ostentó la delegación de Comercio esta actividad “contó con la participación de decenas de establecimientos hosteleros del municipio y de muchos ciudadanos y turistas que quisieron sumarse a la misma”.

“Esta actividad podría ser perfectamente el preludio de las celebraciones de Semana Santa”, afirmó la concejala socialista.

“Ahora más que nunca deben propiciarse iniciativas de estas características en todo el término municipal pero, con especial incidencia, en aquellas calles donde se encuentran establecimientos hosteleros que están siendo obligados por el alcalde a tener que realizar un desembolso económico importante para adquirir nuevas sillas, mesas, toldos y sombrillas”, manifiesta la edil.

Caber recordar que a partir del 30 de junio todas las terrazas del casco histórico deberán ser blancos y azules, y sin elementos publicitarios, de tal forma que se aceptará cualquiera de las combinaciones posibles siempre que en cada juego de sombrilla, toldo y mesa aparezcan ambas tonalidades.

El incumplimiento de estos aspectos se considera como faltas graves y esto supone “multas de setecientos cincuenta y un euros (751) a mil quinientos euros (1.500)”.

Además de esta sanción económica el “tener mesas, sillas o sombrillas de otros colores a lo establecido por el gobierno local del PP supondrá la suspensión temporal de las licencias por un periodo de hasta dos años, la suspensión temporal de las actividades y clausura temporal de los establecimientos hasta dos años y la imposibilidad de realizar la misma actividad en que se cometió la infracción hasta por un año”.

El PP vota en contra de la creación de una oficina municipal de desahucios

Además impiden que el ayuntamiento adelante la paga extraordinaria a los empleados municipales

La mayoría absoluta con la que cuenta el PP en el pleno de la corporación ha impedido que prosperasen las cuatro mociones presentadas por el portavoz del grupo municipal socialista, David Valadez. Estas mociones, que ni tan siquiera han podido ser debatidas ya que el PP ha votado en contra de su urgencia, se referían a la creación de una oficina municipal de orientación y asesoramiento legal a los ciudadanos con problemas para hacer frente al pago de sus viviendas habituales,  al adelanto de la paga extraordinaria de verano del año próximo a estas Navidades, en contra de la imposición de las tasas judiciales y otra relativa a las prospecciones de gas previstas en la Costa del Sol para los próximos meses.

De esta manera el alcalde, José María García Urbano (PP) y su equipo de gobierno han impedido que en el ayuntamiento se cree una oficina que desarrollaría labores de intermediación y gestión con las entidades financieras y pondría en marcha programas de mediación deuda hipotecaria con el fin de facilitar la reestructuración, quita, control de intereses, dación en pago con alquiler social y denuncias sobre el incumplimiento del Código de Buenas Prácticas

Otro de los objetivos fundamentales que perseguía el grupo municipal socialista con esta propuesta pasaba por apoyar a la formación y búsqueda de empleo. Así, se debe exigir a las entidades financieras, a todas ellas, la paralización de los desahucios de vivienda habitual por insolvencia sobrevenida hasta que entre en vigor un nuevo marco legal. Las entidades bancarias deben propiciar que las promociones de viviendas vacías de su propiedad puedan formar parte de la oferta municipal de viviendas de alquiler social.

Desde el PSOE, además, se insta a la creación y apoyo de protocolos de actuación de servicios sociales en casos de desahucio, y colaboración con el objeto de solicitar al juez la suspensión del desahucio cuando éste sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda única y habitual.

Se debe, del mismo modo, poner en marcha iniciativas frente a las entidades financieras que mantengan los desahucios, entre ellas la retirada de sus depósitos.

También se debe negar desde el gobierno local la petición de colaboración de la policía local en los procesos de desahucios de las familias del municipio y elaborar un registro de familias desahuciadas y de aquellas que están en riesgo de padecerlo.

Más rechazos

Además, el PP ha impedido que el ayuntamiento “adopte las medidas oportunas para que las pagas extraordinarias de los empleados municipales, a solicitud de éstos, se abonen antes de su devengo, adelantando el pago de la extra de junio a enero y de la diciembre a julio.

“Esto hubiese permitido que la economía local hubiese podido respirar un poco durante las fechas navideñas ya que, en caso contrario, serán las peores navidades para el comercio local de los últimos año”, según Valadez.

Por otro lado, el PP ha votado en contra de una moción relativa a la Ley de Tasas Judiciales, que consideran que es “inconstitucional” y suponen “un menoscabo en los derechos fundamentales de los ciudadanos para acudir a la justicia”.

El portavoz del grupo municipal socialista de Estepona, David Valadez, ha manifestado que esta Ley “es un ataque más a los ciudadanos” y su aplicación supondrá que “sólo tendrá tutela judicial quien tenga recursos económicos, es decir, estaremos hablando en nuestro país de justicia para ricos y justicia para pobres”.

Por último, el PP también ha votado en contra de una moción en la que se instaba al gobierno de la nación a paralizar las inminentes prospecciones de gas previstas en el litoral costasoleños en los próximos meses y que supondrán la instalación de una  plataforma móvil de prospección de 5.300 metros cuadrados a siete kilómetros de nuestra costa. Las prospecciones para la búsqueda de gas alcanzarán los 1.600 metros de profundidad, las detonaciones submarinas sobrepasarán los 250 decibelios y, según el propio informe de Repsol, no se descarta derrames de fuel de la plataforma ni posibles fugas en las extracciones, aseguró Valadez.