Disminuirá en breve las aportaciones económicas a los
servicios sociales comunitarios
El PSOE
de Estepona presentará en el próximo pleno de la corporación una moción en
contra del anuncio del gobierno central de reducir a la mitad su aportación a
los programas de la red de servicios sociales municipales, lo que supondrá que
unos mil ciudadanos esteponeros perderán sus prestaciones.
La
reducción de la participación del Estado en el denominado Plan Concertado
afectará de manera directa a los servicios sociales comunitarios de la
delegación municipal de Bienestar Social, y que van destinados, principalmente,
a los sectores más desfavorecidos como personas sin hogar, programas de
exclusión social,… Para colmo, en un momento en que el paro es el principal
problemas de Estepona, el PP ignora que, sólo en Estepona, pueden perder su
trabajo una veintena de personas.
Para el
portavoz del grupo municipal socialista, David Valadez, “este nuevo varapalo a
la Ley de Dependencia, “cuarto” pilar del Estado del Bienestar, se
suma a la desastrosa gestión que también en política social está llevando a
cabo el gobierno local”.
Así, Valadez recuerda que el Expediente de Regulación
de Empleo (ERE) planteado por José María García Urbano en el ayuntamiento de
Estepona ha supuesto “la destrucción de la política social del ayuntamiento”.
El dirigente socialista recuerda que, en contra de los
compromisos electorales adquiridos por el PP, en la campaña electoral, en el
ERE ha supuesto la desaparición del departamento de atención a las personas con
discapacidad ya que las dos personas que lo integran, discapacitadas ambas,
están integradas en el expediente”.
En campaña electoral, en cambio, aseguraba el PP que
“se prestará especial atención a los colectivos de discapacitados y personas
dependiente”.
También recogía en su programa electoral, el PP, que
“se realizará una política activa de colaboración con el Servicio Andaluz de
Salud para mejorar la asistencia sanitaria, ayudando el ayuntamiento a
vehiculizar las demandas y quejas de los usuarios”.
“No sólo no lo han hecho sino que en el ERE han
incluido a la persona que se dedicaba, desde el consultorio médico de
Cancelada, a prestar un servicio de calidad a los muchos residentes con los que
cuenta esa zona del municipio”, asegura Valadez.
En el ERE también han incluido al conserje y al
conductor que el ayuntamiento tiene cedidos a APRONA. Además ha incluido a
siete trabajadores sociales, lo que supone el 50% de los técnicos, de la
delegación municipal de Bienestar Social.
Estos empleados municipales son los profesionales
básicos de los servicios sociales. Estepona, con una población cercana a los
70.000 habitantes, tiene una plantilla de catorce trabajadores sociales, cuatro
de ellos acogidos a distintos programas y subvenciones. Hay cinco unidades
básicas de trabajo social y un departamento de geriatría donde se gestionan las
prestaciones básicas para los mayores de 60 años, un departamento de atención a
las personas con discapacidad y la gestión directa del Programa de Ayuda a
Domicilio, coordinado por una trabajadora social.
“La
delegación de Bienestar Social ha quedado sólo con tres trabajadores sociales
en plantilla ya que las cuatro restantes están pendiente de la continuidad de
subvenciones supramunicipales y asumen tareas que nada tiene que ver con las
que vienen desempeñando el personal afectado por el ERE”.
Para
Valadez “el PP nunca ha creído en la política social, y sí en al beneficencia,
y aprovecha la crisis para su desmantelamiento, sin pensar en el aumento de
calidad de vida de las personas dependientes, de su entorno, de sus familias,
así como la generación de riqueza y empleo para profesionales y empresas, que
ha supuesto su puesta en marcha”.
El
portavoz socialista también lamentó que “entre las medidas anunciadas por el
Gobierno de Rajoy se incluye la reducción en un 15% obligatorio (las
comunidades pueden reducirla aún más) de la paga que reciben los dependientes
para que les cuide un familiar en casa”.
Asimismo,
las cuidadoras familiares, en su mayoría mujeres, pierden las cotizaciones a la
Seguridad Social que pagaba por ellas el Gobierno, y que les servía para
completar periodos cotizados y acceder a una pensión de jubilación.
Por
otro lado, el PP tampoco tiene la sensibilidad de entender que, en estos
tiempos de crisis, eran muchas las familias que subsistían gracias a estas
ayudas. En definitiva, unas medidas que castigan, una vez más, a los colectivos
más desfavorecidos que son los que realmente están pagando la crisis.
Además,
se incrementa el copago sobre los ciudadanos y ciudadanas en la prestación de
servicios, en ocasiones, hasta cinco veces más. También, se reduce la
intensidad de algunas prestaciones, como la ayuda a domicilio, la cual pasa de
las 90 horas máximas mensuales a 70 horas. Esto repercutirá de manera directa
en los empleos creados por este servicio.
