La justicia frena la persecución a la que García Urbano (PP) somete a los habilitados nacionales‏

El alcalde firma un decreto quitando todas las competencias al secretario Adjunto

El portavoz del grupo municipal socialista de Estepona, David Valadez, ha solicitado al equipo de gobierno del PP que ofrezca explicaciones públicas de manera inmediata sobre la sentencia judicial por la que “se frena la tremenda campaña de acoso y derribo a la que el alcalde ha sometido al único habilitado nacional de carrera que existe en el Ayuntamiento dispuesto a denunciar las irregularidades que se están llevando a cabo y, además, oponerse abiertamente a ellas”.

De esta manera el también secretario General de los socialistas locales aseguró que según la resolución judicial el alcalde, José María García Urbano (PP), “no es competente para suspender de empleo y sueldo al secretario Adjunto durante seis meses y por lo tanto tendrá que ingresar al habilitado nacional de carrera el salario correspondiente a ese periodo”. Así lo establece el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga en una sentencia en la que viene a dar la razón al denunciante, José Manuel Duarte, que en octubre de 2012 fue cesado por decreto del alcalde, José María García Urbano, que lo retiró de sus funciones y ordenó a la Policía Local que lo desalojara de su despacho en el Ayuntamiento tras lo que se procedió a cambiar la cerradura de la oficina.

“Cuando el alcalde llevó este asunto a pleno ya dijimos lo que iba a ocurrir. Era una decisión claramente ilegal y ahora lo que nos preguntamos es si García Urbano va a pagar este sinsentido de su bolsillo o, como va a ocurrir, vamos a ser todos los esteponeros los que vamos a tener que correr con sus caprichos y sus decisiones viscerales sin ningún tipo de sentido. Sabía que era ilegal y aún así lo hizo porque sólo de esa manera podía quitarse de en medio a un testigo incómodo”, aseguró Valadez.

El portavoz socialista recuerda que “casualmente el equipo de gobierno del PP notificó a Duarte su suspensión de empleo y sueldo un día después de que este acudiese a declarar a la sala de lo social del TSJA en contra del ERE llevado a cabo al considerarlo claramente ilegal”.

Duarte aseguró en su momento que la decisión del alcalde era una venganza y ya por entonces adelantó que, en su calidad de habilitado nacional de carrera, su cese debía ser decretado por el Estado y no por el alcalde. Precisamente este argumento es el que mantiene el juzgado de Málaga que condena al Ayuntamiento a pagarle al funcionario el salario de los seis meses que estuvo suspendido.

Según la sentencia "nos encontramos ante una persona, un funcionario con habilitación nacional, que ejerce un cargo público en cuyo ejercicio ha sido suspendido cautelarmente por decisión de un órgano incompetente" por lo que se estima el recurso interpuesto y se declara "la nulidad de los meritados decretos por infracción del derecho fundamental del recurrente a no ser removido provisionalmente de su puesto sin un procedimiento legalmente establecido".

Ahora, el Ayuntamiento, además de pagar las nóminas del periodo en cuestión también tendrá que afrontar las costas judiciales.

Decreto

Tras la resolución judicial el alcalde, José María García Urbano, firma un decreto por el que quita todas las competencias al secretario Adjunto "descargándolo de asuntos de contenido económico, en concreto, sobre autorización y disposición de gastos, así como reconocimiento de obligaciones y pagos".

El alcalde revoca "al secretario Adjunto todo lo relativo a los asuntos del área económica: decretos de modificaciones de crédito, de transferencias y generales de crédito y aprobación de cuentas justificativas de gastos y reposición de fondos de habilitados".

Por ello el alcalde decide encomendar al secretario adjunto "las funciones que legalmente pudieran corresponderle en los asuntos relativos a las materias de mujer, parejas de hecho, salud, sanidad, animales potencialmente peligrosos, deportes, mayores, banda de música, protocolo y uso de escudo y banderas".

Para Valadez "es más que evidente que al alcalde el secretario Adjunto le resulta un testigo incómodo y sigue, pese a las sentencias judiciales, arrinconándolo quitándole todas las competencias".

García Urbano castiga al secretario adjunto “por no plegarse a sus órdenes y por denunciar las irregularidades”

La concejala socialista de Estepona, Cristina Rodríguez, ha lamentado la “persecución” a la que el alcalde está sometiendo al secretario Adjunto del ayuntamiento de Estepona, José Manuel Duarte, “por no plegarse a sus deseos y por denunciar la existencia de múltiples irregularidades que jalonan su gestión al frente del ayuntamiento”

Al notario alcalde de Estepona no le gusta que
no le den la razón. 

De esta manera la edil lamenta que, una vez más, el alcalde haya firmado dos expedientes disciplinarios, “causalmente el mismo día, 30 de agosto”, con la única finalidad “de suspender de empleo y sueldo a una persona que le puede resultar molesta en su labor al frente del ayuntamiento”.

Rodríguez recuerda cómo Duarte “se ha venido caracterizando por denunciar, incluso ante la administración autonómica, las irregularidades existentes en la gestión de García Urbano. Así, “han sido muchas las ocasiones en las que este habilitado nacional de carrera ha denunciado que el alcalde le niega sistemáticamente el acceso a la información municipal y que nadie firma acuses de recibo de sus escritos, entre otros asuntos.

Cabe recordar que Duarte ya denunció públicamente, hace sólo unos meses, las irregularidades que se produjeron en la Junta de Gobierno Local en la que se acordó la privatización de dos servicios públicos, el alcantarillado y la limpieza de edificios públicos. Así, el secretario Adjunto aseguró que “fui convocado a una Junta de Gobierno Local, extraordinaria y urgente, que debía de celebrarse media hora después, sin que me comunicaran el orden del día”.

Duarte aseguró que, cuando llegó, comprobó que faltaban “tres de los siete” miembros de la Junta de Gobierno Local, y que, según la documentación del expediente, no habían sido convocados. “Expuse mis dudas acerca de la convocatoria y de la validez de lo que allí se aprobara”, comentó. Sin embargo, siempre según su relato, el alcalde le “ordenó” seguir la sesión y así lo hizo.

Ante esta situación el funcionario l adelantó que haría constar en el acta que no había tenido tiempo de examinar los expedientes y que “declinaba cualquier responsabilidad de sobre los mismos”.

Para la concejala socialista lo que el alcalde pretende con este tipo de expedientes disciplinarios o de información reservada es “trasladar a la plantilla municipal que si no se hace lo que él ordena deben atenerse a las consecuencias. Está claro que la vía judicial está expedienta pero mientras se resuelven estas cuestiones en los tribunales el empleado está en la calle y el alcalde haciendo lo que le da la gana”.

De esta manera Rodríguez se refiere, también, al expediente de información reservada abierto, también, el pasado 30 de agosto “para depurar responsabilidades que han conllevado que no fuese posible la firma del contrato de adjudicación de los servicios de conservación y mantenimiento de edificios, instalaciones e infraestructuras municipales junto con la gestión energética y la implementación del Plan de Optimización Energética del municipio en la fecha inicialmente prevista”.

El PSOE de Estepona pide a la Junta que revise el plan municipal de tesorería aprobado en pleno por los populares

Los socialistas llaman la atención sobre la forma de gobernar del popular García Urbano, que ha hecho que en los últimos días dos habilitados nacionales de carrera se muestren en contra alegando contra sus acuerdos o recurriendo a organismos supramunicipales

David Valadez durante la rueda de prensa. 

El portavoz del grupo municipal socialista del ayuntamiento de Estepona, David Valadez, ha informado que su grupo ha solicitado a la Junta de Andalucía que el plan de tesorería aprobado en pleno con los únicos votos a favor del PP, sea revisado. “Entendemos que este plan es ilegal y por tanto debe revocarse”, ha indicado Valadez, sobre el acuerdo alcanzado en el pleno ordinario del mes de diciembre. “Dicho plan no fue dictaminado por la comisión informativa correspondiente y no aportaba ningún tipo de informe jurídico-técnico, y fue sometido en el punto de asuntos urgentes con la única propuesta del concejal Manuel Aguilar”.

Para Valadez “el documento es manifiestamente mejorable y en nuestra opinión impugnable y anulable. De ahí que el pasado viernes el propio tesorero municipal presentara una alegación a dicho plan municipal de tesorería”. El habilitado nacional de carrera recurrió al registro general de entrada para indicar lo que ya había señalado el grupo municipal socialista ante la Junta de Andalucía. “Por parte del PP se está alterando la prelación de pagos que viene descrito en la Ley de Bases de Régimen Local, de obligado cumplimiento para el consistorio”.

Para el portavoz socialista “el PP pretende que las deudas anteriores a 31 de diciembre de 2011 no sean abonadas y ellos abonar sólo deudas desde el 1 de enero de 2012. Eso no sólo no es eficaz, ya que se incrementa la deuda por los intereses generados, sino que es claramente ilegal. Por lo que los socialistas confiamos en que la Junta revoque el acuerdo y se dirija al ayuntamiento para que le remita el expediente completo”.   

Secretario adjunto

David Valadez también valoró como “muy grave” el documento presentado por el secretario adjunto ante la Junta de Andalucía el pasado 27 de enero. Documento que el mismo secretario ha facilitado a todos los grupos con representación en la corporación municipal: PP, PSOE y CIE, por lo que no se entiende que desde la alcaldía se diga “que no tienen conocimiento del mismo. Es falso”. En el escrito el habilitado de carrera “solicitaba a la Junta la mediación ante las irregularidades e ilegalidades, que en su opinión se están perpetrando por el alcalde de Estepona, el señor García Urbano, al dictar acuerdos a sabiendas de su ilegalidad –prevaricación- y de falsear documentos públicos al no recoger las advertencias del secretario adjunto”.  

En opinión de Valadez “esto puede suponer una parálisis en la gestión municipal, ya que se trata de acuerdos como el proceso de privatización de determinados servicios municipales. Si este acuerdo se adoptó de manera ilegal, será anulable. Mientras el ayuntamiento adquiere acuerdos con empresas poniendo en riesgo los servicios y a los trabajadores”. El secretario se ve forzado a acudir a la administración supramunicipal “ante el desprecio del alcalde” a su función pública, en unos hechos “muy graves”, según indicó el edil. Lo que derivará en consecuencias contencioso-administrativas y con total seguridad, en otros aspectos más graves.

El portavoz socialista indicó que “García Urbano sigue entendiendo que el municipio de Estepona es su cortijo, se cree que todo es suyo y que puede hacer y deshacer a su libre albedrío. En los últimos días dos habilitados nacionales de carrera se ven forzados a intervenir ante sus acciones”.  Y finalizó con otra muestra de la forma de gobernar del PP en Estepona, mezclando lo público y lo privado, que hace pocos días “convocaba a sus militantes y simpatizantes a una reunión en un edificio público, el centro cultural Padre Manuel, días después de vetar un acto al conocer que el ponente era un ex cargo socialista”. 

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