El alcalde firma un decreto quitando todas las competencias al secretario Adjunto
El portavoz del grupo municipal socialista de Estepona, David Valadez, ha solicitado al equipo de gobierno del PP que ofrezca explicaciones públicas de manera inmediata sobre la sentencia judicial por la que “se frena la tremenda campaña de acoso y derribo a la que el alcalde ha sometido al único habilitado nacional de carrera que existe en el Ayuntamiento dispuesto a denunciar las irregularidades que se están llevando a cabo y, además, oponerse abiertamente a ellas”.
De esta manera el también secretario General de los socialistas locales aseguró que según la resolución judicial el alcalde, José María García Urbano (PP), “no es competente para suspender de empleo y sueldo al secretario Adjunto durante seis meses y por lo tanto tendrá que ingresar al habilitado nacional de carrera el salario correspondiente a ese periodo”. Así lo establece el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga en una sentencia en la que viene a dar la razón al denunciante, José Manuel Duarte, que en octubre de 2012 fue cesado por decreto del alcalde, José María García Urbano, que lo retiró de sus funciones y ordenó a la Policía Local que lo desalojara de su despacho en el Ayuntamiento tras lo que se procedió a cambiar la cerradura de la oficina.
“Cuando el alcalde llevó este asunto a pleno ya dijimos lo que iba a ocurrir. Era una decisión claramente ilegal y ahora lo que nos preguntamos es si García Urbano va a pagar este sinsentido de su bolsillo o, como va a ocurrir, vamos a ser todos los esteponeros los que vamos a tener que correr con sus caprichos y sus decisiones viscerales sin ningún tipo de sentido. Sabía que era ilegal y aún así lo hizo porque sólo de esa manera podía quitarse de en medio a un testigo incómodo”, aseguró Valadez.
El portavoz socialista recuerda que “casualmente el equipo de gobierno del PP notificó a Duarte su suspensión de empleo y sueldo un día después de que este acudiese a declarar a la sala de lo social del TSJA en contra del ERE llevado a cabo al considerarlo claramente ilegal”.
Duarte aseguró en su momento que la decisión del alcalde era una venganza y ya por entonces adelantó que, en su calidad de habilitado nacional de carrera, su cese debía ser decretado por el Estado y no por el alcalde. Precisamente este argumento es el que mantiene el juzgado de Málaga que condena al Ayuntamiento a pagarle al funcionario el salario de los seis meses que estuvo suspendido.
Según la sentencia "nos encontramos ante una persona, un funcionario con habilitación nacional, que ejerce un cargo público en cuyo ejercicio ha sido suspendido cautelarmente por decisión de un órgano incompetente" por lo que se estima el recurso interpuesto y se declara "la nulidad de los meritados decretos por infracción del derecho fundamental del recurrente a no ser removido provisionalmente de su puesto sin un procedimiento legalmente establecido".
Ahora, el Ayuntamiento, además de pagar las nóminas del periodo en cuestión también tendrá que afrontar las costas judiciales.
Decreto
Tras la resolución judicial el alcalde, José María García Urbano, firma un decreto por el que quita todas las competencias al secretario Adjunto "descargándolo de asuntos de contenido económico, en concreto, sobre autorización y disposición de gastos, así como reconocimiento de obligaciones y pagos".
El alcalde revoca "al secretario Adjunto todo lo relativo a los asuntos del área económica: decretos de modificaciones de crédito, de transferencias y generales de crédito y aprobación de cuentas justificativas de gastos y reposición de fondos de habilitados".
Por ello el alcalde decide encomendar al secretario adjunto "las funciones que legalmente pudieran corresponderle en los asuntos relativos a las materias de mujer, parejas de hecho, salud, sanidad, animales potencialmente peligrosos, deportes, mayores, banda de música, protocolo y uso de escudo y banderas".
Para Valadez "es más que evidente que al alcalde el secretario Adjunto le resulta un testigo incómodo y sigue, pese a las sentencias judiciales, arrinconándolo quitándole todas las competencias".
