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jueves, 21 de febrero de 2013

El PP vota en contra de destinar las viviendas municipales vacías a familias desahuciadas

Vota en contra, además, de restablecer el servicio gratuito al Hospital Costa del Sol y, una vez más, de publicar la declaración de bienes de los miembros de la corporación 

El alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), y su equipo de gobierno, ha votado en contra de la propuesta realizada por el portavoz del grupo municipal socialista, David Valadez, de destinar las viviendas municipales, de titularidad pública, que se encuentren vacías a familias que están siendo desahuciadas. 

Valadez ha indicado que “García Urbano y su equipo de gobierno vuelven a demostrar su absoluta insensibilidad con la terrible situación que están padeciendo en estos momentos de crisis muchísimas familias de Estepona. Siguen muy alejados de la realidad y ni tan siquiera se han dignado a debatir en profundidad una propuesta que es más necesaria que nunca”. 

“No podemos entender que el ayuntamiento tenga viviendas vacías mientras familias de Estepona están siendo desalojadas de sus inmuebles y se están viendo literalmente en la calle. El señor alcalde prefiere vender estas viviendas para conseguir dinero para sus saraos y los sueldazos de sus concejales, hasta 65.000 euros al año, y sus catorce cargos de confianza, hasta 50 mil euros”, aseguró Valadez. 

Además, el alcalde votó en contra de que el ayuntamiento restablezca el servicio gratuito al Hospital Costa del Sol “que ha venido funcionando extraordinariamente bien durante diez años y que tal como ha evidenciado el representante esteponero en el consejo provincial de Mayores, Juan Muñoz, es muy necesario y no puede equipararse a la chapuza que ha negociado el ayuntamiento con la empresa Portillo”. 

“No le preocupa lo más mínimo que haya, sobre todo, muchos mayores que no puedan acudir al Hospital Costa del Sol pese a que el ayuntamiento cuenta con un microbús adaptado que fue adquirido gracias a una subvención extraordinaria concedida al anterior equipo de gobierno por la Diputación sin el voto a favor del PP”, aseguró Valadez que agradeció a Muñoz su intervención y aplaudió su defensa de “los servicios esenciales públicos. No puede ser rentable todo y no se puede mercadear con la salud de los mayores”. 

Además, el PP volvió a votar en contra de que toda la corporación haga pública su declaración de bienes. “Ya van catorce las ocasiones en las que el alcalde impide que los esteponeros conozcamos qué tenía cuando se convirtió en alcalde y que tiene ahora que es la máxima autoridad. No entendemos esta negativa cuando todas las instituciones públicas del país están actuando con transparencia y en sentido contrario al sentir de García Urbano”. 

Además, en el pleno de la corporación el PP ha votado a favor de “permitir la construcción en la playa del Cristo en contra de los intereses generales de la ciudad de Estepona. Han sido incapaces de contestar a todas las observaciones que hemos realizado desde la oposición y, como viene siendo habitual, se han limitado a las descalificaciones personales y a dar muestra de cómo se puede ser arrogante y prepotente”.

jueves, 20 de diciembre de 2012

El PP vota en contra de la creación de una oficina municipal de desahucios


Además impiden que el ayuntamiento adelante la paga extraordinaria a los empleados municipales

La mayoría absoluta con la que cuenta el PP en el pleno de la corporación ha impedido que prosperasen las cuatro mociones presentadas por el portavoz del grupo municipal socialista, David Valadez. Estas mociones, que ni tan siquiera han podido ser debatidas ya que el PP ha votado en contra de su urgencia, se referían a la creación de una oficina municipal de orientación y asesoramiento legal a los ciudadanos con problemas para hacer frente al pago de sus viviendas habituales,  al adelanto de la paga extraordinaria de verano del año próximo a estas Navidades, en contra de la imposición de las tasas judiciales y otra relativa a las prospecciones de gas previstas en la Costa del Sol para los próximos meses.

De esta manera el alcalde, José María García Urbano (PP) y su equipo de gobierno han impedido que en el ayuntamiento se cree una oficina que desarrollaría labores de intermediación y gestión con las entidades financieras y pondría en marcha programas de mediación deuda hipotecaria con el fin de facilitar la reestructuración, quita, control de intereses, dación en pago con alquiler social y denuncias sobre el incumplimiento del Código de Buenas Prácticas

Otro de los objetivos fundamentales que perseguía el grupo municipal socialista con esta propuesta pasaba por apoyar a la formación y búsqueda de empleo. Así, se debe exigir a las entidades financieras, a todas ellas, la paralización de los desahucios de vivienda habitual por insolvencia sobrevenida hasta que entre en vigor un nuevo marco legal. Las entidades bancarias deben propiciar que las promociones de viviendas vacías de su propiedad puedan formar parte de la oferta municipal de viviendas de alquiler social.

Desde el PSOE, además, se insta a la creación y apoyo de protocolos de actuación de servicios sociales en casos de desahucio, y colaboración con el objeto de solicitar al juez la suspensión del desahucio cuando éste sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda única y habitual.

Se debe, del mismo modo, poner en marcha iniciativas frente a las entidades financieras que mantengan los desahucios, entre ellas la retirada de sus depósitos.

También se debe negar desde el gobierno local la petición de colaboración de la policía local en los procesos de desahucios de las familias del municipio y elaborar un registro de familias desahuciadas y de aquellas que están en riesgo de padecerlo.

Más rechazos

Además, el PP ha impedido que el ayuntamiento “adopte las medidas oportunas para que las pagas extraordinarias de los empleados municipales, a solicitud de éstos, se abonen antes de su devengo, adelantando el pago de la extra de junio a enero y de la diciembre a julio.

“Esto hubiese permitido que la economía local hubiese podido respirar un poco durante las fechas navideñas ya que, en caso contrario, serán las peores navidades para el comercio local de los últimos año”, según Valadez.

Por otro lado, el PP ha votado en contra de una moción relativa a la Ley de Tasas Judiciales, que consideran que es “inconstitucional” y suponen “un menoscabo en los derechos fundamentales de los ciudadanos para acudir a la justicia”.

El portavoz del grupo municipal socialista de Estepona, David Valadez, ha manifestado que esta Ley “es un ataque más a los ciudadanos” y su aplicación supondrá que “sólo tendrá tutela judicial quien tenga recursos económicos, es decir, estaremos hablando en nuestro país de justicia para ricos y justicia para pobres”.

Por último, el PP también ha votado en contra de una moción en la que se instaba al gobierno de la nación a paralizar las inminentes prospecciones de gas previstas en el litoral costasoleños en los próximos meses y que supondrán la instalación de una  plataforma móvil de prospección de 5.300 metros cuadrados a siete kilómetros de nuestra costa. Las prospecciones para la búsqueda de gas alcanzarán los 1.600 metros de profundidad, las detonaciones submarinas sobrepasarán los 250 decibelios y, según el propio informe de Repsol, no se descarta derrames de fuel de la plataforma ni posibles fugas en las extracciones, aseguró Valadez.

miércoles, 21 de noviembre de 2012

El PSOE llevará a pleno una moción para que se retiren los fondos de las entidades que lleven a cabo desahucios


El portavoz del grupo municipal socialista, David Valadez, presentará al próximo pleno de la corporación una moción para solicitar al equipo de gobierno la creación de una oficina en el ayuntamiento que se encargue de orientar y asesorar legalmente a los ciudadanos del municipio que tengan problemas para hacer frente al pago de los compromisos adquiridos para la compra de sus viviendas habituales y no hubieran alcanzado un acuerdo previo con la entidad bancaria correspondiente
El portavoz del grupo municipal socialista. 

Según el edil socialista de esta manera la oficina se encargaría, además, de la recogida de información, reclamaciones y demandas de los ciudadanos afectados a través de la OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor).

Desarrollaría, además, labores de intermediación y gestión con las entidades financieras y pondría en marcha programas de mediación deuda hipotecaria con el fin de facilitar la reestructuración, quita, control de intereses, dación en pago con alquiler social y denuncias sobre el incumplimiento del Código de Buenas Prácticas

Valadez entiende que desde esta oficina municipal se deben dar pasos que ayuden a la búsqueda de viviendas en alquiler y a establecer un Plan Personalizado de Impuestos, así como a un Plan especial de ayudas sociales: alimentación, ayudas alquiler, becas de comedor, libros y material escolar, entre otras ayudas de urgencia.

Otro de los objetivos fundamentales que persigue el grupo municipal socialista con esta propuesta pasa por apoyar a la formación y búsqueda de empleo. Así, se debe exigir a las entidades financieras, a todas ellas, la paralización de los desahucios de vivienda habitual por insolvencia sobrevenida hasta que entre en vigor un nuevo marco legal. Las entidades bancarias deben propiciar que las promociones de viviendas vacías de su propiedad puedan formar parte de la oferta municipal de viviendas de alquiler social.

Además, se debe favorecer la creación de parques públicos de alquiler social con viviendas de titularidad pública que no hayan sido adjudicadas También se debe apoyar la creación de grupos de trabajo en el ayuntamiento con las presencia de los grupos políticos municipales y agentes sociales del municipio para buscar alternativas a las familias afectadas por desahucios y estudiar iniciativas que puedan, dentro del marco competencial municipal, aliviar el sufrimiento de los afectados por desahucios.

Desde el PSOE, además, se insta a la creación y apoyo de protocolos de actuación de servicios sociales en casos de desahucio, y colaboración con el objeto de solicitar al juez la suspensión del desahucio cuando éste sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda única y habitual.

Se debe, del mismo modo, poner en marcha iniciativas frente a las entidades financieras que mantengan los desahucios, entre ellas la retirada de sus depósitos.

También se debe negar desde el gobierno local la petición de colaboración de la policía local en los procesos de desahucios de las familias del municipio y elaborar un registro de familias desahuciadas y de aquellas que están en riesgo de padecerlo.

Por último, se solicita desde el grupo municipal socialista, la publicación en la web municipal de todos los datos de las entidades bancarias socialmente comprometidas que hayan paralizado los desahucios de viviendas radicadas en el término municipal y su número, así como los nombres de las que hayan cooperado a la hora de facilitar alquileres sociales sustitutivos.