Seis trabajadores de jardines y playas han sido
considerados no aptos por la empresa
Un
total de seis trabajadores adscritos a la empresa que se encarga de la gestión de
los jardines y de las playas del municipio han sido considerados “no aptos”
para la realización de las funciones que le son propias.
Esto
supone que el ayuntamiento, por la vía de los hechos consumados, está aplicando
un ERE encubierto en los servicios que han pasado a ser gestionados por
empresas privadas incumpliendo el compromiso del alcalde de que “las
concesionarias asumirán a los empleados, a quienes garantizará las condiciones
laborales que tiene el personal laboral del consistorio”.
“Se
da el caso de que entre estos trabajadores se encuentran personas con distintas
discapacidades que nunca han tenido ningún tipo de problema para desempeñar las
funciones que le eran encomendadas en el consistorio. Ahora resulta que el
propio ayuntamiento, lejos de intentar cumplir el cupo de personas con
discapacidad a las que está obligado por ley, las persigue para despedirlas”,
asegura la concejala socialista Cristina Rodríguez.
Ante
esta situación, y con independencia de las decisiones judiciales que adopten
los trabajadores afectados y las propias centrales sindicales, desde el grupo
municipal socialista solicitan al alcalde, José María García Urbano, que
“impida que esta decisión siga adelante y en el peor de los casos concedan en
el ayuntamiento una segunda actividad a estos empleados”.
Rodríguez
recuerda que estas decisiones ya fueron anunciadas por el PSOE hace meses.
“Estas empresas vienen a Estepona a ganar dinero y van a suprimir puestos de
trabajo y a empeorar las condiciones laborales de los empleados”, asegura la
edil.
Rodríguez,
del mismo modo, recuerda que el presupuesto base de licitación de la
adjudicación de los jardines y de las playas tenía un importe anual de
6.959.928 euros de los que 790.108,93 euros corresponde al IVA cuando el coste
salarial de los trabajadores adscritos a estos servicios es de 4.071.360,04
euros.
Por
último, desde el PSOE indican que el ayuntamiento “lejos de perseguir a las
personas con discapacidad haciéndole la vida más imposible tiene la obligación
moral, y también legal, debe apoyar a un colectivo que sufre doblemente
la crisis. Esto supone una oportunidad para la propia empresa que puede
beneficiarse de bonificaciones por un lado y de la capacidad de superación que
estas personas demuestran cada día, por otro".
"Todos estamos implicados en la generación de puestos de trabajo como
única forma de salir de esta crisis, por eso las instituciones, además de
fomentar la contratación debemos desarrollar un escenario propicio para que los
empresarios puedan generar empleo", manifestó Rodríguez.
