El PP vuelve a
impedir que se haga público el patrimonio de los miembros de la corporación
El
equipo de gobierno del PP de Estepona ha dado vía libre esta mañana, con los
votos en contra de toda la oposición, a la construcción de una gasolinera en la
parcela anexa a la Residencia de Ancianos Virgen del Carmen y justo enfrente
del pabellón deportivo de El Carmen.
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| Lugar donde se planea construir una gasolinera. |
De esta manera el PP ha anulado el convenio alcanzado
el 4 de marzo del 2005 entre el ayuntamiento y la mercantil por el que se
cambiaba el uso de la parcela que contaba con uso industrial a uso residencial
(500 metros) y mantiene el uso comercial de otra parcela de 2000 metros
cuadrados.
En el acuerdo se estipulaba que “las numerosas
personas que allí han fijado su residencia, justifica la necesidad de ubicar un
centro comercial y, por el contrario, fundamentan la improcedencia
de establecer una estación de servicios que, además de comprometer la armonía
urbanística conseguida, crea una sensación de inseguridad, cuando no
un peligro potencial, que minora la calidad de vida de los ciudadanos de la
zona”.
Sin embargo, el pasado 21 de febrero la empresa
presentó un escrito por registro de entrada por el que solicitaba una
indemnización cercana a los seis millones de euros.
Informe Jurídico
Ante esta solicitud, y con fecha de 17 de abril, el
técnico de administración especial y asesor jurídico de urbanismo, asegura que
“la reclamante atribuye al ayuntamiento el incumplimiento consistente en la
falta de aprobación definitiva de la revisión del PGOU, alegando la
inexistencia actual del expediente alguno para promoverla en un plazo de tiempo
relativamente cercano.
Tampoco puede compartirse que el ayuntamiento tenga
intención de paralizar la revisión del PGOU, muestra de ello es el acuerdo del
pleno municipal de fecha 21 de noviembre de 2008, donde, tras disponer la
formulación y tramitación de la adaptación del PGOU a la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía determinó que dicha adaptación fuera simultánea con
los trabajos de revisión del PGOU que se vienen realizando.
No obstante, tras la firma del convenio, se produjeron
dos acontecimientos ajenos a este ayuntamiento, a saber: la aprobación del Plan
de Ordenación Territorial de la Costa del Sol Occidental y la aprobación del
Plan de Ordenación Territorial de Andalucía.
Por otro lado, el convenio no establece un plazo
concreto para la aprobación de la revisión y tampoco podría hacerlo, por cuanto
que la aprobación definitiva no corresponde al municipio, por lo que puede no
haberse cumplido aún la obligación de tramitación de la revisión en los
términos acordados, pero ello no es lo mismo que incumplir, por lo que no
cabría estimar la resolución interesada”.
En relación a la indemnización solicitada por la
mercantil al ayuntamiento el técnico municipal asegura que “si bien en la
solicitud la mercantil cuantifica la indemnización que habría de corresponderle
–en la nada despreciable cantidad de 5.617.375,03 euros-, la solicitante se
limita acompañar una relación de gastos que se remontan al año 1998 y de
ingresos estimados –incluidos un lucro cesante- sin adjuntar documento alguno
que acredite tales extremos ni se proponga medio de prueba alguno para la
necesaria acreditación.
En consecuencia, procedería la desestimación de la
solicitud relativa a la resolución del convenio y la declaración de vigencia de
la licencia, así como la inadmisión de la reclamación relativa a la
indemnización”.
Informe medioambiental
Por otro lado, y obrando también en el mismo
expediente, una técnica municipal, licenciada en Ciencias Ambientales, asegura
que “no se ha tenido en cuenta para los cálculos acústicos ni para las medidas
correctoras a los receptores de los residentes en el edifico de viviendas
colindante, que queda a escasos metros de la ubicación pretendida para el tren
de lavado y en el interior de cuyas viviendas no se pueden recibir niveles de
emisión que superen los objetivos de calidad acústicas definidos. Una vez
finalizada la obra, el tren de lavado se situaría entre la estructura metálica
actualmente existente y el edificio más cercano; quedaría a escasos metros de
las ventanas del mismo”.
Además, indica que “se detecta la carencia de Plan de
Gestión de Residuos”.
Valadez
“Como al PP no le interesaba el informe jurídico suscrito por el funcionario
que hace las funciones de secretario accidental, firmado el 17 de abril de
2012, encargó a otro técnico otro informe, con fecha 10 de enero de 2013, para
conseguir respaldar las pretensiones de la mercantil”, lamentó el portavoz del
grupo municipal socialista, David Valadez, que volvió a insistir en que “el
equipo de gobierno parece más actuar como representantes de la empresa que como
defensores del interés general de los vecinos”.
Patrimonio
Por último, y en el capítulo de asuntos urgentes,
Valadez volvió a solicitar que “toda la corporación publique en la página web
del ayuntamiento el patrimonio que poseen los cargos electos, así como una
declaración de sus ingresos. De esta manera, y con la que está cayendo a nivel
nacional, dotamos de transparencia la gestión municipal, y todo el mundo sabrá
qué poseemos cuando entramos al ayuntamiento y que tenemos cuando dejamos de
ser miembros de la corporación”.
Una vez más, y ya van diez, el PP volvió a
impedir que prosperarse la urgencia de este asunto y que, por tanto,
ni tan siquiera pueda ser debatida por los grupos políticos de la corporación.
