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lunes, 3 de junio de 2013

El equipo de gobierno del PP obligado a realizar una modificación presupuestaria para concluir el soterramiento de las torretas de alta tensión

Esta medida muestra "la falta de absoluto interés y desprecio a los vecinos y al proyecto que inició David Valadez", según el concejal socialista Fernando Centeno
Imagen del Decreto de modificación. 
El alcalde de Estepona José María García Urbano se ha visto obligado a realizar una modificación presupuestaria para incluir en el presupuesto del ejercicio 2013 la cuantía económica necesaria para concluir las obras de soterramiento de las líneas de alta tensión. El concejal socialista Fernando Centeno ha denunciado que el primer edil ha incumplido incluso la ley ya que ha incluido, para contar con partida económica, "los remanentes de tesorería del presupuesto anterior a pesar de que no se ha liquidado aún".
El edil socialista ha resaltado que a pesar de que se aseguró desde el gobierno local el pasado 4 de abril que las obras habían finalizado, un día después el alcalde reconoce mediante decreto que "no figurando en el presupuesto municipal partidas para atender estas obras (...) se aprueba "el expediente de incorporación de remanentes en el vigente presupuesto general de gastos de la Corporación", incumpliendo, ha insistido la legislación vigente que impide la incorporación de remanentes de ejercicios presupuestarios sin que éstos hayan sido debidamente liquidados.
Centeno ha acusado al alcalde de "mentir" y de mostrar su "falta de interés y desprecio a los vecinos y al proyecto" que se inició durante el mandato del anterior alcalde David Valadez y ha criticado que el mismo lleve casi dos años "metido en un cajón", a pesar de que las obras son sufragadas íntegramente por el Plan E, que puso en marcha el gobierno de Rodríguez Zapatero.
El concejal socialista ha asegurado que el proyecto fue "planificado, presupuestado, licitado e iniciado por el gobierno de Valadez gracias a que él sí pagaba a la Seguridad Social lo que mensualmente le correspondía al Ayuntamiento".
"De no haber sido, Estepona no se hubiese podido beneficiar ni de un solo céntimo de euro del Plan E". Esta obra no le cuesta al Ayuntamiento de Estepona ni un euro y, sin embargo, García Urbano ha sido incapaz de terminar lo que otros iniciaron con mucho esfuerzo y sacrificio, según Centeno.
Aún permanecen en pie, pese a lo dicho desde el equipo de gobierno, las cuatro torretas de alta tensión comprendidas entre la zona de avenida Martín Méndez y la carretera Genalguacil.
El proyecto ha supuesto una inversión cercana al millón de euros y las obras han consistido en la eliminación del cableado aéreo, sustituyéndolo por otro equivalente subterráneo. Para ello, previamente ha sdio necesaria la ejecución de una canalización específica que discurrirá por la zona norte del municipio, ocupando un ámbito que irá de forma simultánea, en un primer tramo, desde la zona próxima a la carretera de Genalguacil hasta el CEIP Santo Tomás, y, en un segundo tramo, desde el centro escolar hasta las proximidades de la Avda. José Martín Méndez que da acceso al Polígono Industrial.

miércoles, 17 de abril de 2013

El PP modificará el PGOU en una parcela de Pedro Román embargada por el Tribunal de Cuentas, cajas de ahorro y ayuntamientos de Estepona y Marbella

El equipo de gobierno del ayuntamiento de Estepona (PP), someterá a aprobación en la sesión plenaria prevista para mañana jueves una modificación puntual de elementos del PGOU relativa a la unidad de ejecución UEN-R2 Hotel Seghers.
 

La parcela, propiedad de Pedro Román, se encuentra situada en primera línea de playa, justo al lado de la playa de El Cristo.

Esta parcela, propiedad del ex primer teniente alcalde del ayuntamiento de Marbella, Pedro Román, cuenta con una superficie de 17.200 metros cuadrados y se encuentra situada en primera línea de playa, justo al lado de la playa de El Cristo.

El PGOU de Estepona, de 1994 y adaptado a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en el 2010, califica ese sector como hotelero y establece la ubicación de las zonas verdes (un parque de treinta metros de anchura) y de viario (una vía de servicio de ocho metros de anchura paralela a la avenida de El Carmen).

“Lo que el PP plantea es, bajo el pretexto de resolver una hipotética incongruencia entre lo que establece el PGOU y la ficha del área de reparto (que establecía el uso de poblado mediterráneo), modificar los parámetros urbanísticos del sector”, según indica el portavoz del grupo municipal socialista de Estepona, David Valadez.

Así, se pasaría con esta modificación urbanística de un coeficiente de edificabilidad de 0,4 y una edificabilidad de 6.880 metros cuadrados a un coeficiente de 0,75 y una edificabilidad de 9.030 metros cuadrados.

Antecedentes
Cabe recordar que ya en julio de 2002 la oposición municipal denunció que el PP, en aquel momento al frente del ayuntamiento de la ciudad, tardó sólo cuatro días en conceder la licencia de obras a la empresa Development Projetc, cuyo administrador único era Pedro Román, ex primer teniente alcalde de Marbella.

Román solicitó el 20 de mayo de 2002 la licencia, que había sido revocada en marzo de 2001 por el gobierno procedente (PSOE, PP, IU y PA). Al día siguiente, el arquitecto municipal y el responsable de los servicios jurídicos de Urbanismo se pronunciaron a favor de la petición. El 24 de mayo, la comisión de gobierno del ayuntamiento, en sesión extraordinaria, daba luz verde a la licencia.

Los mismos concejales del PP que se pronunciaron a favor (entre ellos el hoy diputado provincial, Ignacio Mena) vetaron un año antes la licencia atendiendo a un informe del arquitecto municipal.

En noviembre de 2007 el juez del caso Malaya ordenaba el embargo de esta finca a Pedro Román en Estepona.

Además de esta finca, donde se encontraba un hotel ya derribado, el juez ordenaba embargar al ex teniente de alcalde de Marbella dos fincas en Salamanca y un inmueble en Madrid. El juez había fijado una fianza de un millón de euros para que Román pudiera eludir la cárcel.

En el sumario de la operación Astapa aparece reflejado, en febrero de 2010, que el ex jefe del gabinete de alcaldía habría recibido el ofrecimiento de 100.000 euros para que mediara y solucionara los problemas que pesan sobre esta misma parcela.

Según un informe policial contenido en la parte del sumario del caso Astapa que investiga la presunta trama de corrupción en el ayuntamiento el entonces jefe de gabinete recibió el ofrecimiento “con el fin último de su recalificación y poder construir un hotel”.

La policía señalaba que los problemas para cerrar la operación eran dos: “uno, que recae sobre él una prohibición de enajenar del juzgado número 5 de Marbella”, que instruye el caso Malaya, y otro es que el ayuntamiento de Estepona “ha incluido una cláusula para que este terreno pase a ser un aparcamiento público e incluya una zona verde”.

Por ello, el empresario, que está imputado por cohecho, estaba dispuesto a pagar hasta 500.000 euros, a cinco personas distintas, para conseguir resolver este expediente urbanístico.

Por último, en enero de este mismo año el ayuntamiento de Marbella logró el embargo preventivo de un avión, un helicóptero y 41 fincas y participaciones en una sociedad mercantil de Román en un proceso del Tribunal de Cuentas por un valor de 108,3 millones de euros.

El embargo es sobre bienes de diez sociedades que “a través de personas interpuestas o directamente, son propiedad de Pedro Román”, según indicaba el ayuntamiento, afectaba a esta parcela de Estepona.

Según indicaba el ayuntamiento de Marbella “hasta que se resuelva el procedimiento, Román tiene prohibido disponer de estas fincas y bienes”.

Embargos
Además de este último de embargo anunciado por el ayuntamiento de Marbella, cabe resaltar que, según la información registral de los registradores de España, la totalidad de esta finca se encuentra gravada con una anotación preventiva de embargo, a favor del juzgado de instrucción número cinco de Marbella en reclamación de veinte millones novecientos sesenta y nueve mil euros como responsabilidades pecuniarias.

Por otro lado, la totalidad de esta finca también se encuentra gravada con otra anotación preventiva de embargo a favor del ayuntamiento de Estepona en reclamación de 24.322,64 euros.

Además, esta finca también se encuentra gravada con otra anotación preventiva de embargo a favor del ayuntamiento de Marbella en reclamación de un millón trescientos cincuenta y nueve mil doscientos sesenta y siete euros con cincuenta y siete céntimos.

Por si fuese poco, la totalidad de esta finca se encuentra nuevamente gravada con una anotación preventiva de embargo a favor del Estado en reclamación de 301.791, 03 euros.

Además, la totalidad de la finca se encuentra nuevamente gravada con otra anotación preventiva de embargo a favor del juzgado central de instrucción número dos en reclamación de un total de ciento noventa y tres millones ochocientos setenta mil euros con setenta y seis céntimos.

Por otro lado, la totalidad de esta finca se encuentra gravada con otra anotación de embargo, a favor del Estado-Tribunal de Cuentas, en reclamación de trescientos setenta mil treinta y cuatro euros con setenta y cinco céntimos en concepto de principal, y ciento ocho mil doscientos noventa y tres euros con noventa y un céntimos en concepto e intereses devengados.

Además, la totalidad de la finca se encuentra gravada con una anotación preventiva de embargo a favor de la cantidad Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad en reclamación de 108.394,23 euros.

Para terminar pesan sobre la totalidad de la finca otras dos anotaciones preventivas de embargo. La primera de ellas a favor del ayuntamiento de Marbella en reclamación de 22.549 euros y la segunda también a favor del mismo consistorio por importe de 16.977,60 céntimos.