El ayuntamiento de Estepona continúa pagando al grupo GQ Quator‏

Hace semanas el alcalde ordenó el pago a favor del mismo grupo de 15.000 euros

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, firmó el pasado 15 de abril un nuevo decreto por el que ordena un nuevo pago a favor del grupo GQ Quator en concepto de Jornadas Remodelación del casco histórico.

En esta ocasión el importe asciende a 739,73 euros y viene a sumarse a los 14.785,47 euros pagados hace semanas en la misma empresa  por la organización de una conferencia impartida por Javier Algarra con motivo de las ‘Jornadas Remodelación del casco histórico’ celebradas los pasados días 15, 16 y 17 de marzo.

Cabe recordar que el pasado 16 de marzo el director de Informativos del Grupo Intereconomía, Javier Algarra, impartió una conferencia sobre ‘Recuperación de los Cascos Históricos: un motor para la ciudad’. Además de los gastos derivados por la conferencia en el mismo decreto del alcalde se recogían gastos por importe de 600 euros en concepto de alojamiento en un hotel de la localidad.

Para la concejala socialista de Estepona, Cristina Rodríguez, “esto es como la gota malaya. Hablamos de un goteo constante de decretos vinculados a jornadas cuyo contenido desconocemos y que tampoco llegamos a entender su justificación ya que en el propio decreto de alcaldía no se especifica”.

“No podemos entender de ninguna de las maneras que el mismo PP que vota en contra de poner en marcha un plan de empleo dirigido a los 9.000 demandantes de empleo que hay en la localidad destine dinero público a la organización de jornadas cuyo contenido se desconoce”, asegura la concejala socialista, Cristina Rodríguez.

Rodríguez se pregunta: “¿Qué ha supuesto para Estepona que el Ayuntamiento malgaste mes a mes dinero público en este tipo de cuestiones?, ¿no hay otras necesidades más acuciantes cuando hay tantísima gente en estos momentos que lo están pasando mal?”.Por todo ello, la dirigente socialista asegura que “el PP, como ocurre a nivel nacional con Mariano Rajoy, está totalmente alejado de los problemas reales de los vecinos a los que tiene la obligación de dar solución a sus problemas más acuciantes. El autobombo, el tratar de aparentar que todo vivimos en Jauja es una mentira que causa un gran daño a la inteligencia”.

Por último, desde el PSOE vuelve a solicitar que el alcalde “cumpla con su promesa electoral y empiece a tomarse en serio el terrible drama del desempleo. Prometió, una vez tras otra, que con el PP el paro iba a desaparecer. Que destine ese dinero a la puesta en marcha de un plan que permita a la gente tener garantizadas y cubiertas sus necesidades más básicas”.

El pleno ordinario de Estepona no incluye en el orden del día el Plan de Ajuste que debe aprobarse antes del 31 de marzo

El pleno ordinario que correspondía al mes de marzo, debió haberse celebrado el pasado día 15, pero el alcalde firmó un decreto posponiéndolo hasta el próximo día 30 para, según aseguró en rueda de prensa el portavoz del grupo municipal socialista, David Valadez. El fin es “tener tiempo suficiente para aprobar el plan de ajuste que exige el gobierno de España que garantice la devolución del crédito de 63.507.242,08  euros para pagar facturas pendientes a proveedores”

Pese a ello, en la comisión informativa prevista para el próximo lunes no incluye este plan de ajuste y sí, en cambio, se da cuenta de que la interventora accidental ha expedido un certificado que no se ha facilitado a la oposición municipal.

Aunque el portavoz socialista ha solicitado una información detallada de la relación de empresas que se beneficiarán de la aplicación de esta medida y del procedimiento y criterio llevado a cabo en el expediente no consta ninguna información y, por tanto, se “oculta a la oposición la gestión llevada a cabo en este asunto”.

No obstante, para Valadez “lo más preocupante de todo es el hecho de que el plazo para aprobar en pleno el plan de ajuste finaliza el próximo día 31 de este mes, sábado, y el ayuntamiento no tiene intención de incluirlo en el pleno ordinario previsto para el próximo día 30. Es más que evidente que el gobierno local de García Urbano no quiere que se sepa nada de este asunto antes de las elecciones autonómicas y, casi con toda seguridad, convocará un pleno extraordinario y urgente la semana que viene una vez que ya han pasado las elecciones autonómicas”.

El portavoz socialista recuerda, del mismo modo, que el real decreto por el que el Ejecutivo estatal ofrecía estos préstamos obliga a los gobiernos locales a elevar al pleno, antes de que finalice este mes, un programa que contemple las medidas que llevará a cabo para abonar las cuotas. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas propone la subida de impuestos o la reducción del coste en personal.

El documento deberá justificar que los ingresos del ayuntamiento de Estepona son "suficientes" para amortizar la operación en los próximos diez años y recoger el coste y el método de financiación de los servicios públicos, así como las "reformas estructurales" que se decidan para sanear las cuentas públicas. El Gobierno central propone una veintena de medidas para incrementar la entrada de dinero y para reducir los gastos. Entre el primer tipo de actuaciones, destaca la subida de impuestos y la supresión de exenciones y bonificaciones, y el refuerzo de la inspección tributaria y la recaudación. 

De las decisiones relacionadas con los desembolsos de la administración local, el Ministerio de Hacienda sugiere la reducción de costes de personal a través de, añade, "reducción de sueldos o efectivos" o la no ejecución de inversiones previstas.

 

Para Valadez el alcalde, José María García Urbano, pretende ocultar hasta las elecciones autonómicas su “brutal plan de ajuste” que “va a poner en riesgo el futuro laboral de muchas personas y la prestación de servicios básicos para la ciudadanía”.

El portavoz socialista, del mismo modo, recuerda que “el PP pudo haber apoyado en el anterior mandato el pago a los proveedores locales en unas condiciones mucho más beneficiosas para la ciudad pero sus intereses electorales le impidieron, como está haciendo ahora, cumplir con su deber político”.

“Una vez más el PP antepone sus intereses de partido a los de la ciudad”, concluyó Valadez.

Arco seguridad

Por otro lado, el también portavoz socialista ha denunciado públicamente que “el alcalde, José María García Urbano, no tiene dinero para pagar a los colectivos sociales y asociaciones vecinales o entidades deportivas de la ciudad pero sí para instalar un detector manual de metales y un arco detector en la entrada del ayuntamiento con un coste de 9.362,71 euros.

De esta manera cualquier ciudadano que quiera entrar en el ayuntamiento para tramitar cualquier asunto “no sólo deberá aportar su DNI sino que también deberá pasar por un arco de seguridad como si fuesen a entrar en un aeropuerto”.

“Jamás en la historia de este ayuntamiento ha ocurrido algo parecido. ¿De qué tiene miedo el alcalde?”, concluyó Valadez.