García Urbano acaba con otras 50 plazas más de aparcamientos públicos

Ahora toca el turno a la barriada Solís. Antes fueron Huerta Nueva, casco histórico y calle Cid

El portavoz del grupo municipal socialista de Estepona, David Valadez, ha mostrado su “absoluto rechazo e indignación” ante la nueva medida adoptada por el alcalde de la ciudad, José María García Urbano (PP), de suprimir unas 50 plazas de aparcamientos públicos en la barriada Solís.

“Una vez más han sido los vecinos los que se han puesto en contacto con nosotros para mostrarnos su sorpresa por la decisión del gobierno local del PP de suprimir las plazas de aparcamientos públicos existentes en las calles Ronda, Portada, 2 de Mayo y Jacinto Benavente”, asegura el portavoz socialista.

“Si antes García Urbano justificó la supresión de aparcamientos en la absurda excusa de que había que plantar árboles ahora la respuesta es que se están pintando líneas amarillas para impedir que los vecinos puedan aparcar sus vehículos en su barriada de manera gratuita, como ha ocurrido siempre”, asegura.

Desde el PSOE, además, se recuerda que a esta decisión se tiene que sumar la desaparición de aparcamientos públicos en el casco histórico, la calle el Cid y  Huerta Nueva lo que supone que García Urbano “está obstinado en obligar a los vecinos a que tengan que alquilar o comprar una plaza de aparcamientos en alguno de los parkings privados que hay en la zona y que se están poniendo las botas ahora gracias al PP”.

“Si antes había problemas para aparcar en la barriada Solís el problema se ha agravado como consecuencia de la peatonalización de las calles adyacentes. Antes los vecinos buscaban aparcamientos en esa barriada y ahora, con esta nueva decisión, se las verán y desearán para aparcar”, asegura Valadez.

“Con la instalación de estas señales viales, las líneas amarillas que se están pintando en estos días, los vecinos deben saber que la grúa va a estar un día tras otro vigilando las posibles infracciones que puedan producirse porque el alcalde tiene previsto recaudar, según los presupuestos aprobados en pleno, durante este año un total de 820.000 euros”, asegura el portavoz socialista.

Cabe recordar que a diferencia de la manera en la que está gestionando el ayuntamiento el señor García Urbano durante el anterior mandato municipal el consistorio invirtió en esta misma zona un total de 226.000 euros en la instalación de acometidas de agua, colocación de rejillas de canalizaciones, separación de las conducciones de aguas pluviales y fecales en algunos tramos, reasfaltado y mejora de la seguridad vial en las principales calles y adyacentes, con la construcción de pasos de peatones elevados, señalización y recrecimiento de parte del acerado. Además se crearon unas veinte nuevas plazas de aparcamiento que “ahora son destruidas para satisfacción de los aparcamientos privados de la zona y desgracia de los vecinos que están pasando por difíciles momentos económicos”.

La Inspección de Trabajo pone freno al intento del alcalde de “acabar” con el Equipo de Tratamiento Familiar

Este departamento se dirige a unas cien familias con menores a su cargo en situación de riesgo social 

El grupo municipal socialista de Estepona ha mostrado su satisfacción por las conclusiones de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social que ha advertido al ayuntamiento de Estepona por vulnerar la normativa laboral de los integrantes del Equipo de Tratamiento Familiar.

Según ha hecho público el sindicato CC.OO de Estepona fue el Comité de Empresa el que denunció al ayuntamiento de Estepona “por introducir una cláusula en los contratos de trabajo de las empleadas” de este departamento municipal donde se indicaba “que las trabajadoras percibirán una retribución total mensual según importe de la subvención concedida por la Junta de Andalucía. Lo que produjo un menoscabo en sus derechos económicos de un 30% en sus nóminas mensuales”.

El portavoz del grupo municipal socialista de Estepona, David Valadez, recuerda que la existencia del Equipo de Tratamiento Familiar es el resultado de un convenio de colaboración firmado hace años entre el Consistorio y la Junta de Andalucía por la que ambas instituciones se comprometían a abonar, un 30% y un 70% respectivamente, parte de las retribuciones de las cuatro personas que se dedican a esta finalidad.

“El alcalde de Estepona de manear unilateral decidió que el Ayuntamiento no aportaría nada y que sería la Junta la que se encargase de sufragar la totalidad de los gastos derivados por la magnífica labor de estas profesionales. Sin embargo el Ayuntamiento exigía que la jornada laboral de estas empleadas continuase siendo la misma pero percibiendo un 30% menos de salario”, aseguró Valadez.

Ahora ha sido la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social la que ha asegurado que “tras comprobar la realidad de los hechos denunciados se ha requerido al Ayuntamiento para que abone a las referidas trabajadoras las retribuciones previstas en el convenio colectivo de aplicación, así como para que proceda a la regularización de las diferencias salariales generadas desde el mes de octubre de 2011 y se practique liquidación complementaria a la Seguridad Social por dichas diferencias”.

Para Valadez “es más que evidente que para el alcalde y su equipo de gobierno del PP la política social, como no genera beneficios y no puede ser privatizada, supone un lastre. Mientras los tenientes alcalde cobran 65 mil euros al año y sus 17 cargos de confianza llegan a cobrar hasta 50 mil euros anuales el Ayuntamiento se está cargando un servicio que va dirigido a familias en las que los Servicios Sociales Comunitarios o el Servicio de Protección de Menores hayan detectado la presencia de menores en situación de dificultad o riesgo social”.

El portavoz socialista, por ello, lamenta la “gestión del PP ya que en pocos meses está consiguiendo acabar con los magnífico servicios sociales con los que ha contado el municipio tras años de dura gestión”.

Con el Equipo de Tratamiento Familiar “se pretende preservar la integridad de las familias evitando la separación de los menores mediante una intervención integradora que permita la adquisición y generalización de pautas que compensen la situación de dificultad que pueda afectar  la situación de los menores”.

“La finalidad es la atención a familias con menores a su cargo en situación de riesgo social, en concreto, a familias monoparentales con hijos menores de 18 años que estén en una situación socialmente difícil; a familias en cuyo seno se han detectado situaciones de violencia que afectan directa o indirectamente a los menores a su cargo, y familias con menores con los que se ha adoptado una medida protectora.