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jueves, 17 de julio de 2014

La empresa de socorrismo obliga a los empleados a renunciar a sus derechos‏

El PP vuelve a votar en contra de rescatar el servicio municipal de Vigilancia y Socorrismo
La empresa Servicios y Socorrismo Mundial S.L, adjudicataria del servicio de vigilancia y socorrismo de las playas de Estepona, está “obligando” a los trabajadores que prestan sus servicios en la ciudad a firmar un documento por el que se asegurarían que la empresa “no me adeuda cantidad alguna por ningún concepto salarial ni extrasalarial (salario, parte proporcional de pagas extraordinarias, vacaciones, todo tipo de pluses”.
Todo ello pese a que desde que la empresa viene prestando su servicio en el municipio no ha pagado ni un solo céntimo de euro a los socorristas. En el escrito que la empresa está “obligando a firmar” a estos trabajadores se recoge, además, que renuncian a “horas extraordinarias, indemnizaciones de ningún tipo derivados de la relación laboral, quedando así indemnizado y liquidado por todos los conceptos que pudieran derivarse de la relación laboral que unía a las partes y queda extinguida, manifestando expresamente que nada más tengo que reclamar”.
El portavoz del grupo municipal socialista de Estepona, David Valadez, ante esta “auténtica aberración” ha exigido al equipo de gobierno del PP de García Urbano que “de manera inmediata inicie el procedimiento para rescatar el servicio”. Además recordó que hace semanas que  el PSOE de Estepona solicitó el rescate del servicio de socorrismo adjudicado a la empresa Servicios y Socorrismo Mundial y que supone un desembolso para las arcas municipales de 209.896 euros, alegando una serie de deficiencias manifiestas en dicho servicio.
Hoy, cuando el servicio lleva más de un mes en marcha, “nuestras sospechas no han hecho más que constatarse después de acceder a un documento por el que la mencionada mercantil pretende que los trabajadores renuncien a una serie de derechos contractuales que cuanto menos debería sonrojar al Gobierno de García Urbano, que una vez más demuestra que escatima en este tipo de servicios que están directamente relacionados con la vida de las personas y con la imagen de un municipio que se vende como destino turístico de primer orden”.
El PSOE de Estepona, por lo tanto ya no sólo se limita a denunciar una serie de deficiencias que pasan por incumplimientos de compromisos establecidos en el contrato de concesión o por las carencias puestas de manifiesto en varios informes técnicos municipales, sino que muestra su” indignación por el consentimiento que se está teniendo por parte del alcalde de Estepona, José María García Urbano, ante una violación flagrante de los derechos de los trabajadores”.
Valadez ya no se limita a exigir el rescate del servicio de socorrismo «por la existencia de distintos informes jurídicos y técnicos» que desaconsejan su contratación, sino que exige de inmediato una intervención municipal al respecto así como una explicación pública ante los hechos que están aconteciendo.
Una explicación, según el portavoz socialista, obligatoria para quienes son los responsables solidarios de que en este momento haya personal trabajando para esta mercantil sin la titulación pertinente así como sin haber firmado siquiera sus contratos. “Una explicación ante unos hechos que no se pueden concebir desde nuestras filas cuando a estas horas nos consta que muchos de los empleados de Servicios y Socorrismo Mundial se han visto obligados a firmar el documento al que hemos tenido acceso por las circunstancias económicas y personales de muchos de ellos”, manifestó.
“Si desde el PP se consienten estas violaciones de los derechos de trabajadores que trabajan más horas de las estipuladas en sus contratos sin las garantías obligatorias, entre otras muchas deficiencias,  demostrando así una vez más que su política consiste en mirar hacia otro lado en lugar de ser los garantes de los servicios que dependen de la administración municipal, desde el PSOE desde luego exigimos una solución urgente y la toma de las decisiones que sean oportunas para depurar las responsabilidades que se derivan de estos hechos de suma gravedad”, asegura Valadez. 
Los Maniseros
Por otro lado el portavoz socialista, David Valadez, ha solicitado al pleno de la corporación que el grupo `Los Maniseros´ pase a tener el nombre de una calle en el municipio “para atender la petición popular que hace justamente esta reivindicación”.
“Sorprendentemente el PP de García Urbano ha votado en contra y ha dicho que para que esto ocurra los vecinos tienen que seguir recogiendo firmas cuando para el Obispo, la plaza ABC o Manuel Alcántara no ha hecho ninguna falta”, lamentó Valadez.

viernes, 16 de noviembre de 2012

El Gobierno del PP obliga a ocho de cada diez esteponeros a pagar por servicios como los de silla de ruedas o prótesis


El pasado 4 de noviembre entró en vigor el copago en la cartera de servicios sanitarios suplementarios
El secretario general del PSOE de Estepona, David Valadez, ha denunciado que las últimas medidas aprobadas por el Gobierno del Partido Popular obligan a ocho de cada diez esteponeros a pagar por servicios como los de silla de ruedas, prótesis o ambulancia.

Según ha explicado Valadez, el pasado 4 de noviembre entró en vigores el copago en la cartera de servicios sanitarios suplementarios que incluye los tratamientos dietoterápicos y el material ortoprotésico. Los primeros se aplican a pacientes que padezcan trastornos como la intolerancia a la lactosa. El segundo se refiere a las prótesis externas donde se contemplan, entre otras, los audífonos, las prótesis de mano, prótesis de mama o prótesis del paladar para malformaciones congénitas, traumatismos y procesos oncológicos; un grupo de sillas de ruedas (manuales, recambios y eléctricas); y de ortesis, ortoprótesis especiales y renovación de los componentes externos de implantes quirúrgicos, entre otros.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha fijado que la aportación que tendrá que pagar el usuario para acceder a esta cartera suplementaria será de entre el 10 y el 60 por ciento del precio establecido, dependiendo de su condición de asegurado por su nivel de renta y del producto, tal y como se ha establecido con el copago farmacéutico.

La norma, aprobada mediante un Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece que tendrán que pagar hasta un 60 por del precio de oferta del producto los usuarios y sus beneficiarios con rentas declaradas que superen los 100.000 euros y en este caso no se aplicará el límite máximo de aportación; hasta el 50 por ciento en caso de que sea igual o superior a 18.000 euros e inferior a 100.000 euros; un 40 por ciento en ingresos inferiores a los anteriores; y un 10 por ciento del precio los pensionistas, con ingresos inferiores a 100.000 euros. “Es decir, ocho de cada diez esteponeros pagarán al menos el 40 por ciento por estos servicios”, ha apuntado Valadez.

Quedarán exentos de aportación los afectados de síndrome tóxico; los perceptores de rentas de integración social y de pensiones no contributivas; los parados de larga duración y los discapacitados contemplados en el sistema especial de prestaciones sociales y económicas.

Valadez ha recordado que de los servicios de la cartera suplementaria queda por aprobarse el transporte sanitario no urgente. “Gracias a la presión del Gobierno andaluz el copago del transporte sanitario no urgente no afectará a aquellos pacientes que por prescripción facultativa deban ser trasladados a un centro sanitario para recibir un tratamiento periódico e ilimitado en el tiempo, caso de los enfermos renales que están sometidos a diálisis”, ha explicado Valadez.

Según el dirigente socialista, el Gobierno andaluz “siempre se ha opuesto a la aplicación de copago a dietoterápicos, ortoprótesis y transporte sanitario no urgente”. En este sentido, ha denunciado que se penalice reiteradamente a los mismos colectivos. Así, ha denunciado que una persona que requiera de hemodiálisis para su supervivencia y a la que se le exija copago pagaría entre 1.300 euros y 7.800 euros al año en función de si es pensionista o activo, a lo que tendría que sumar el pago de la medicación –alrededor de diez medicamentos en el caso de la insuficiencia renal-. “Actualmente, en Andalucía hay más de 4.000 personas en diálisis crónica”, ha apuntado.

Asimismo, en el caso de que una persona haya sufrido un accidente vascular cerebral, por ejemplo, y necesite rehabilitación (unos 4.000 pacientes al año en Andalucía y unos 850 en Málaga) y medidas adicionales como silla de ruedas, andador o bastones ortopédicos, podría tener que pagar entre 1.500 y 9.300 euros por un tratamiento de seis meses, incluido el transporte sanitario no urgente.

“La puesta en marcha del copago en estos aspectos no sólo es inequitativa sino que no supone ahorro alguno dado que genera un coste burocrático adicional que no justifica su aplicación, sin tener en cuenta el coste sanitario que supone para las personas no tener acceso a tratamientos fundamentales para su salud”, ha dicho. “El PP está machacando a la población en general y particularmente a los mayores. Uno de cada cuatro enfermos crónicos no pueden seguir medicándose por falta de recursos”, ha advertido.