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miércoles, 1 de octubre de 2014

López (PSOE) anuncia una moción para regularizar las edificaciones ilegales

El concejal socialista de Estepona, Julián López, ha anunciado que el grupo municipal socialista presentará en la próxima sesión plenaria una moción para apoyar la modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre (LOUA) para regularizar las edificaciones ilegales construidas en suelos no urbanizables para las que hayan prescrito las acciones disciplinarias y estén ubicadas en parcelaciones que no constituyan asentamientos urbanísticos
El PSOE pretende instar a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía  para que agilice los trámites oportunos para realizar dicha modificación en el plazo más breve posible. 
Además, el PSOE pretende instar mediante esta moción a los Grupos Parlamentarios del Parlamento de Andalucía para que respalden unánimemente este cambio legislativo que supondría la regularización de miles de edificaciones de Andalucía. 
El concejal socialista recuerda que el pasado 17 de septiembre de 2014, la Presidenta de la Junta de Andalucía anunció durante el Debate del Estado de la Comunidad la modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre(LOUA) para facilitar la regularización de edificaciones en parcelaciones urbanísticas.
La modificación de la LOUA planteada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía tiene por objeto regularizar las edificaciones ilegales construidas en suelos no urbanizables para las que hayan prescrito las acciones disciplinarias y estén ubicadas en parcelaciones que no constituyan asentamientos urbanísticos. Se trata de un paso adelante en el camino iniciado con el Decreto 2/2012. 

El Decreto 2/2012 vino a clarificar las distintas situaciones en las que se encuentran las edificaciones en suelo no urbanizable y, especialmente, a regular la figura del “asimilado al fuera de ordenación” (AFO), aplicable a aquellas edificaciones ilegales que no pueden ser demolidas por haber transcurrido el plazo para el ejercicio de acciones de protección de la legalidad urbanística (seis años), siempre que no se encuentren ubicadas en suelos protegidos o con riesgos. 
Sin embargo, cuando las edificaciones se ubican en una parcelación urbanística en suelo no urbanizable, el problema se complica, ya que, con la normativa actual, los actos de parcelación y la propia edificación construida sobre ella “no prescriben”, al no serles de aplicación a estas últimas el referido plazo de seis años. La suerte de estas edificaciones está íntimamente ligada a la de la parcelación sobre la que se asientan, de forma que la supresión de la parcelación solo puede llevarse a cabo mediante el derribo de las instalaciones y edificaciones realizadas sobre la misma, a pesar que existan edificaciones para las que haya transcurrido el referido plazo. Por ello, a estas edificaciones no es posible concederles el AFO. 
La modificación de la LOUA separa la imprescriptibilidad de los actos parcelarios de la prescripción de los actos de edificación, de forma que, para la restitución de la parcelación, no deban ser demolidas las edificaciones para las que haya transcurrido el plazo de seis años para el ejercicio de acciones disciplinarias. Esta modificación afectaría fundamentalmente al artículo 185 y los relacionados con él en esta materia. 
Aplicando este cambio legislativo, las edificaciones que se quieran regularizar deberán tener más de seis años de antigüedad, no ubicarse en suelos protegidos o con riesgos naturales y no tener abierto ningún proceso judicial o alguna sanción administrativa.
Permitirá que estas construcciones puedan tener la consideración de edificaciones asimiladas al régimen de fuera de ordenación (AFO) y con ello poder contar con los servicios básicos de luz, agua y saneamiento, prioritariamente con carácter autónomo. Esta iniciativa podría afectar a cerca de 20.000 viviendas de Andalucía.

miércoles, 13 de agosto de 2014

Vecinos denuncian la construcción de viviendas a menos de 40 metros de la orilla del mar‏

El PSOE local pide explicaciones al equipo de gobierno por la situación que se está dando en Paraíso Barronal 

Obras junto a la costa en Paraíso Barronal.
Vecinos residentes en el Paraíso Barronal han denunciado al PSOE de Estepona la construcción de viviendas de lujo “a menos de cuarenta metros de la orilla del mar y en plena playa”.
En estos momentos ya está construida la estructura de hormigón de los pilares de los futuros inmuebles en una zona que está literalmente rodeada de arena por encontrarse a escasos metros del mar.
El concejal socialista de Estepona, Julián López, quiere saber “los motivos” por los que el equipo de gobierno del PP de Estepona no actúa en esta construcción cuando la normativa autonómica “es muy clara en este sentido”. Así, recuerda que el ámbito del Plan de Protección del Litoral de Andalucía incluye al menos los primeros 500 metros de la Zona de Influencia del Litoral, y aquellas otras zonas necesarias para alcanzar los objetivos de protección y accesibilidad del sistema costero.
Esta normativa fue puesta en marcha en el año 2012 y, por tanto, es de obligado cumplimiento. El dirigente socialista, por ello, ha solicitado al equipo de gobierno del PP copia de toda la documentación que obra en este expediente con especial énfasis en la inacción de la labor inspectora del departamento municipal de Disciplina Urbanística.
El dirigente socialista añadió, del mismo modo,  que “cada vez que los vecinos requieran nuestra presencia estaremos ahí para ayudarles en la defensa de aquellas cuestiones que sean lógicas y contribuyan a defender el interés general”.

Por último, López manifiesta que “el progresivo proceso de ocupación del suelo por la urbanización, las infraestructuras y las actividades económicas ha conllevado, en algunos casos, la pérdida de ecosistemas valiosos, el deterioro del paisaje y el incremento de la carga contaminante vertida al litoral, entre otros efectos”.

miércoles, 12 de marzo de 2014

Dimite la edil de Urbanismo de Estepona sin aprobar la obra del bulevar

El PSOE cree que “es el resultado de las irregularidades detectadas”

EL PAÍS - 12 de marzo de 2014 

La concejal de Fomento del Ayuntamiento de Estepona, Susana Arahuetes, renunció este martes a su acta de edil alegando “motivos personales”. La marcha de Arahuetes, encargada desde su área de los asuntos de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda, Medio Ambiente y Turismo, se produce en pleno proceso de adjudicación del proyecto estrella del alcalde, José María García Urbano (PP), trámite que está pendiente de recibir luz verde de la junta de gobierno local. Tanto PSOE como IU han denunciado “irregularidades” en la obra del gran bulevar, con avisos incluso de que el expediente será puesto en conocimiento de la fiscalía si sale adelante tal y como está planteado.
La mesa de contratación propuso hace dos semanas, tras un concurso público, que la concesión por 75 años de suelo municipal para construir y explotar un complejo comercial y un establecimiento hotelero, entre otros equipamientos, fuera asignada a la sociedad Bulevar Estepona S. L., decisión que debe pasar por junta de gobierno local. El coordinador de IU, Antonio Murcia, remitió entonces un escrito a los concejales que integran este órgano advirtiéndoles de que si siguen adelante con la adjudicación, podrían incurrir en un supuesto delito contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación. Según Murcia, el proyecto cuadruplica el techo edificable permitido y la empresa inicialmente propuesta para acometer los trabajos no cumple los requisitos técnicos ni económicos. El equipo de gobierno defiende la legalidad del plan y recuerda que es una obra de interés público.
Arahuetes, que ha participado en la mesa de contratación y firma la propuesta, desvinculó su marcha de este asunto e insistió en los “motivos personales”. La hasta ahora concejal, en el gobierno desde 2001, da por cerrada su etapa como responsable política y asegura que han sido tres años “muy intensos y de mucho trabajo”. Para el portavoz municipal del PSOE, David Valadez, la dimisión de Arahuetes “es el resultado de las irregularidades detectadas” en el proyecto del gran bulevar. Mientras que Murcia achacó la renuncia de la edil “a su negativa” a participar en la adjudicación de esta obra. Es la tercera vez que el gobierno local convoca un concurso para adjudicar este proyecto. La primera convocatoria quedó desierta y la segunda fue declarada nula.

viernes, 7 de marzo de 2014

García Urbano autoriza la construcción de una gasolinera en contra de los informes técnicos

“El alcalde se convierte en representante de la empresa y no en defensor de los intereses generales”, aseguran desde el PSOE 
El equipo de gobierno del PP de Estepona autorizó el pasado 21 de febrero “autorizar a la sociedad Patrimonial Adonara S.L, el proyecto técnico reformado para la construcción e instalación de una Estación de Servicio (suministro de combustible a vehículos, lavado de vehículos en régimen de autoservicio y tienda de conveniencia de venta de productos en el edificio de control)”.
De esta manera el alcalde, José María García Urbano (PP), estima la solicitud de la empresa Patrimonial Adonara S.L, para permitir la construcción de una gasolinera en la parcela que posee justo al lado del antiguo parque de bomberos.
Para la secretaria de Política Municipal del PSOE de Estepona, Manuela Benítez, “el alcalde ha firmado por la puerta de atrás, sin ofrecer explicaciones a los vecinos, lo que era una verdad a voces”. “El PP de Estepona defiende los intereses de una empresa privada y deja en la estacada a cientos de vecinos que no han encontrado ningún apoyo en el equipo de gobierno”, lamenta.
Benítez recuerda que el PP hace meses ya anuló el convenio alcanzado en el 2005 entre el ayuntamiento y la mercantil por el que se cambiaba el uso de la parcela que contaba con uso industrial a uso residencial (500 metros) y mantiene el uso comercial de otra parcela de 2000 metros cuadrados.
Desde el PSOE se asegura no entender cómo el equipo de gobierno del PP actúa en contra del informe suscrito por el técnico de administración especial y asesor jurídico de urbanismo, que solicitaba desestimar todas las pretensiones de la mercantil por entenderlas no ajustadas a derecho y de la propia técnica de Medio Ambiente.
En definitiva, según la dirigente socialista esta licencia es “extraordinariamente perjudicial para los vecinos y muy beneficioso para la mercantil pese a contar con informes técnicos y jurídicos contrarios”.
“García Urbano parece haberse convertido en el representante de la mercantil en Estepona y no en el principal defensor de los intereses generales de la ciudad”, aseguran desde el PSOE.

viernes, 21 de febrero de 2014

García Urbano prometió acabar en un año con los pozos ciegos existentes

A tan sólo un año de las elecciones ni tan siquiera han estudiado el asunto 
Manuela Benítez. 
La secretaria de Política Municipal del PSOE de Estepona, Manuela Benítez, ha lamentado que “cuando ya han transcurrido tres años desde la llegada a la alcaldía del PP de García Urbano nada se ha hecho en uno de sus muchos compromisos electorales: la existencia de vertidos fecales”. 
La dirigente socialista recuerda que en su programa electoral el PP aseguraba textualmente que “es intolerable que a estas alturas del siglo XXI aún haya vertidos a nuestros arroyos y nuestros campos estén colmados de pozos ciegos. El compromiso es en un año, eliminación del cien por cien de vertidos a cauces públicos y elaboración de un catálogo de pozos ciegos”. 
Benítez asegura que desde el PSOE “hemos sido flexibles y comprensivos ya que aunque el hoy alcalde se comprometió a resolver este problema en tan solo un año han pasado ya tres y nada se ha hecho”. 
Además recuerda que en el mismo programa se aseguraba que “de común acuerdo con los propietarios, fijaremos un método y un calendario para lograr igualmente la eliminación absoluta de los pozos ciegos”.
“Si leemos con detenimiento el programa electoral del PP en las pasadas elecciones municipales podemos llegar a una conclusión clara: a tan sólo un año de las próximas elecciones nada se ha hecho en la enorme mayoría de compromisos adquiridos. No sólo se incumple el programa sino que ni tan siquiera se han puesto a intentarlo. El programa sólo sirvió para prometer la luna y llegar a la alcaldía para después guardarlo en un cajón”, concluyó la dirigente socialista.

lunes, 18 de noviembre de 2013

Teboul acusa a García Urbano “totalmente” en relación a la cooperativa agrícola‏

El PSOE sigue defendiendo la construcción de un hotel en esa parcela que permita crear empleo y dinamizar la economía del municipio
La dirigente socialista de Estepona, Leticia Teboul, ha asegurado que el alcalde, José María García Urbano (PP), ha vuelto a mentir “otra vez más y de manera descarada y total en relación a la parcela de la cooperativa agrícola”.
“Nada ha dicho García Urbano sobre la realidad que oculta el convenio urbanístico aprobado con los únicos votos del PP para esa parcela: la construcción de un colegio privado y un expediente plagado de ilegalidades que ha obligado por primera vez en muchísimos años a que otra administración supramunicipal haya llevado al Ayuntamiento a los juzgados para defender la legalidad”, aseguró la también dirigente provincial.
Además añadió que “lo que las declaraciones de García Urbano esconden es que a su equipo de gobierno le urge demoler las instalaciones de la cooperativa para garantizar dos cuestiones: que la gente pueda aparcar en esa parcela de manera provisional y gratuita y, por otro lado, dar la sensación de que se está construyendo un parque antes de las elecciones del próximo año”.
“Lo cierto es que ellos saben que no van a hacer nada antes del 2015, salvo crear una parcela de aparcamiento provisional y gratuito. Si continuasen en el Ayuntamiento después de las elecciones después se impondría la realidad: parking privado subterráneo y un colegio privado”, concluyó Teboul.
La dirigente socialista volvió a reiterar la conveniencia de que ese solar, “el único de esas dimensiones que se encuentra en pleno casco urbano, se destine a la construcción de un complejo hotelero que permita la creación de puestos de trabajos y la dinamización de la economía local”.
Teboul, además, volvió a denunciar que esta operación urbanística se lleve a cabo con el dinero procedente de la Herencia Nadal. Por este motivo aseguró que “si el PSOE ostenta responsabilidades de gobierno en la siguientes elecciones emprenderemos todas las acciones necesarias para exigir responsabilidades al Obispo de Málaga por su gestión de este legado testamentario”.
Por último, indicó que “es más que evidente que la justicia va a anular este convenio por ser claramente ilegal, como ya anunció el PSOE en el pleno cuando el equipo de gobierno del PP desestimó la práctica totalidad de las alegaciones presentadas al convenio urbanístico. Entre otras se exigía una mayor transparencia acerca del papel desempeñado por el presidente de la cooperativa agrícola de Estepona y concejal de Economía del ayuntamiento, Manuel Aguilar y las condiciones de la permuta que pasan porque la Fundación Santa María de la Victoria pasa a ser propietaria de los terrenos de Arroyo En medio en los que en la actualidad se está construyendo un colegio concertado y a cambio compra los terrenos de la cooperativa para ponerlos a disposición del ayuntamiento.
“Estamos hablando de un convenio lesivo y perjudicial para los intereses municipales en el que ha primado el ocultismo y las mentiras”, aseguró Teboul. Quién recordó que en esta operación urbanística intervienen hasta seis parcelas y aprovechamientos urbanísticos diferentes: instalaciones actuales de la cooperativa agrícola, Arroyo Enmedio Este, Bujeo del Almirez, Arroyo Vaquero Este, Arroyo Enmedio Sur y el Taraje.
Indicó, además, que “del expediente se desprende un alto grado de incertidumbre en las valoraciones realizadas, ya que no existe certeza en las mediciones de las superficies y, además, no se ha tenido en cuenta el tiempo que transcurrirá hasta que la transformación de los desarrollos urbanísticos pueda ser utilizada por su destinatario, es decir la cooperativa”.

martes, 27 de agosto de 2013

El alcalde del PP de Estepona nombra jefe de Urbanismo a un imputado en una trama de corrupción urbanística

El técnico percibirá anualmente más de 68.000 euros
El secretario de Organización del PSOE de Málaga, Cristóbal Fernández, ha denunciado públicamente el nombramiento del técnico imputado en la presunta trama de corrupción destapada en el ayuntamiento de Estepona, conocida como Astapa, como Jefe de los Servicios Jurídicos de Urbanismo.
Fernández ha asegurado que el Boletín Oficial de la Provincia publicó esta semana un decreto del alcalde del municipio, José María García Urbano (PP), nombrando a este técnico, Andrés Flores, máximo responsable de los servicios jurídicos del área de Urbanismo.
Flores continúa imputado por los delitos de cohecho y blanqueo de capitales ya que, según se recoge en el sumario de esta causa, los agentes intervinieron en su domicilio 16.100 euros en metálico "en 28 billetes de 500 euros", además de "6 esmeraldas y una sortija de oro blanco con esmeralda y brillantes".
Para el PSOE de Málaga esta decisión “es un auténtico disparate ya que resulta que el ayuntamiento pone al frente del área de Urbanismo a una persona sobre la que recaen muchísimas sospechas precisamente por su labor llevada a cabo en ese mismo área como técnico”.
Fernández, del mismo modo, ha asegurado no entender cómo el mismo ayuntamiento que ha llevado a cabo un Expediente de Regulación de Empleo en su plantilla municipal va a pagarle anualmente a este empleado un total de 68.410 euros. “El mismo PP que todos los meses vota en el pleno de Estepona en contra de la puesta en marcha de un plan municipal de empleo es el que lleva a cabo este tipo de medidas disparatadas”, ha criticado el dirigente socialista.
“Este hombre va a cobrar más que el presidente de la Junta de Andalucía o que un ministro del gobierno de España. Nadie puede entender este doble rasero de García Urbano al frente del ayuntamiento de Estepona”, ha lamentado.
Por otro lado, Fernández ha recordado que “no es el único caso en el que García Urbano muestra su hipocresía política”. “Hay que recordar que Ricardo Galeote, ex concejal del PP de Estepona imputado en el caso ‘Gürtel’ por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y asociación ilícita, entre otros, sigue cobrando de las arcas municipales”, ha apuntado.
El regidor contrató, vía decreto, a Galeote como asesor de Alcaldía en Enero de 2012, con un sueldo bruto anual de 47.700 euros al año y a día de hoy se mantiene en su puesto pese a que se le atribuye en el sumario judicial haber percibido de la red Gürtel 42.469 euros en efectivo por sobornos, a cambio de adjudicaciones que consiguieron empresas de Correa cuando era gerente del Palacio de Congresos de Estepona.

viernes, 28 de junio de 2013

El PP impide la celebración de un pleno monográfico sobre el bulevar

El PSOE pide al alcalde explicaciones sobre las “irregularidades” del expediente
El equipo de gobierno del PP de Estepona ha votado en contra de la moción presentada por el portavoz del grupo municipal socialista, David Valadez, para que “se convoque un pleno monográfico y urgente” sobre el bulevar.
Valadez ha solicitado que el alcalde “ofrezca explicaciones sobre las muchas anomalías detectadas en el expediente. No se puede hurtar el debate al pleno de la corporación sobre un asunto, que fue el proyecto estrella de García Urbano en las anteriores elecciones, y que está repleto de incertidumbres e irregularidades”.
El portavoz socialista lamenta que “esta actitud oscurantista y esa negativa contumaz a ofrecer explicaciones han sido las que han obligado al PSOE a tener que acudir a los tribunales”.
"Durante mucho tiempo venimos pidiendo explicaciones y la respuesta que hemos obtenido es la del silencio. No podemos permanecer impasibles ante esta situación, ya que nos tememos que no se están defendiendo los intereses generales de la ciudad", ha señalado Valadez.
El secretario General de los socialistas esteponeros ha manifestado que "el alcalde debe explicar si está defendiendo los interés particulares de unos pocos o los generales de todo el pueblo de Estepona".
"La opacidad en este expediente es absoluta; el alcalde debería resolver todas los indicios de irregularidades que hemos detectado y aclarar el futuro de un proyecto que gira en torno a la puesta a disposición de una empresa privada de terrenos por importe de 18 millones de euros", ha lamentado.
A su juicio, "el Ayuntamiento sigue sin aclarar qué es lo que hay detrás de este proyecto estrella del PP; estamos convencidos de que todo es humo y que no hay nada". "Como también son humo todos los puestos de trabajo en dicho proyecto que había prometido García Urbano hasta hace unos pocos días", ha advertido Valadez.
Valadez ha recordado que el pasado 6 de marzo tuvo lugar una mesa de contratación para analizar la documentación administrativa del procedimiento para la concesión demanial del uso privativo de una serie de inmuebles de equipamiento comunitario.
A esa mesa, según consta en el acta, acudieron todos los tenientes de alcalde del Ayuntamiento, pero, "de manera sorprendente, tres de ellos no pusieron su firma en el acta; en concreto, Manuel Aguilar, María Dolores Espinosa e Ignacio Mena".
"Posiblemente, ese sea el resultado de su negativa a validar un procedimiento que la propia secretaria de la mesa de contratación, Marta Outón, pone en tela de juicio tal y como evidencia, de su propio puño y letra, de la siguiente manera: "diligencia: para hacer constar que las dos ofertas presentan la documentación técnica abierta --sin incluirla en sobre alguno--", ha expuesto Valadez.
Asimismo, ha continuado explicando que, "por si no fuese suficiente, en ese mismo acta se hace constar que se invita a pasar a los representantes de las empresas licitadoras y entra Andrés Martín, que se identifica como mandatario verbal de Mazabi Gran Bulevar, al que se le comunica verbalmente la documentación que deberá subsanar la empresa en un plazo de siete días naturales computados a partir del siguiente acto".
"Por si alguien no lo sabe aún --ha precisado--, Andrés Martín, y no voy a entrar en otro tipo de consideraciones, es la pareja sentimental de la secretaria general del PP y concejala de Playas del Ayuntamiento de Estepona, Susana Aragón".
Al día siguiente, ha agregado, "la señora Outón remite un correo electrónico a Martín, en el que le indica que, entre otras cuestiones, debe subsanar la deficiencia referida a la garantía provisional". "En concreto dice que deberá acreditarse la constitución de la misma en forma y cuantía prevista en el artículo 8 del pliego de condiciones", ha aseverado.
Además, ha recordado que, "según el artículo 60 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, la garantía provisional será del dos por ciento del valor del dominio público objeto de ocupación y explotación por el concesionario". "De acuerdo con la valoración de dicho dominio público contenida en el informe de los servicios técnicos municipales de 26 de noviembre de 2012 --ha indicado--, la garantía provisional asciende a la suma de 343.455 euros".
"Pues el 12 de marzo la empresa dice, y es textual, que en relación con la constitución de la garantía provisional a la que hace referencia el apartado tres del requerimiento se indica que el aval es parte de la financiación solicitada a las entidades bancarias actualmente en estudio por éstas", ha señalado Valadez.
El edil socialista, además, ha informado de que la sociedad Mazabi Gran Bulevar, según el Boletín Oficial del Estado (BOE), se inscribió en el registro mercantil de Vizcaya el 1 de febrero de este mismo año, con un objeto social que es la compra, suscripción, tenencia permuta y venta de participaciones sociales y valores mobiliarios y cuenta con un capital social de tan sólo 3.006 euros.
Parque canino
Por otro lado en el transcurso del pleno el portavoz socialista solicitó la creación de un espacio en el que puedan estar paseando los animales “sin necesidad de ser apercibidos por los agentes de la policía local”.
Esta propuesta, estimada parcialmente por el alcalde, permitirá que la próxima semana se mantenga un encuentro entre gobierno y oposición para buscar un lugar idóneo en el que poder ejecutar este proyecto”.
Publicación Bienes
“Por último, y como viene ocurriendo mes tras mes desde el inicio del actual mandato, el PP ha vuelto a votar en contra de que todos los miembros de la corporación hagan pública su declaración de bienes e ingresos en la página web del ayuntamiento”, lamentó Valadez.

viernes, 7 de junio de 2013

García Urbano prometió legalizar 3.000 campitos en Estepona. La realidad es que solo hay diez expedientes en la oficina de regularización

El técnico responsable del departamento lamenta “la falta de medios” para llevar a cabo su trabajo
Los "campitos" han sufrido las mentiras de García Urbano. 
La Oficina municipal de la Regularización de los conocidos como `campitos`, tan sólo tiene inscritos a fecha 3 de junio de 2013, diez expedientes “debidamente situados sobre planimetría y catastro municipal”.
En el informe remitido por el responsable de la oficina para la regularización de edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable se asegura que “se está esperando a que por parte de los servicios técnicos municipales se redacten las ordenanzas municipales donde se definan las condiciones mínimas de habitabilidad”.
Además en el informe se asegura que “a la vista de la falta de medios de que dispone esta oficina y de la escasa colaboración de los ciudadanos en la identificación de sus viviendas, se ha procedido a revisar la base de datos de disciplina urbanística”.
Como solución a este problema, y en contra de lo sostenido por el alcalde, José María García Urbano (PP), se apunta a que “se debería retomar el avance de planeamiento como instrumento para el inicio de la regularización de viviendas en suelo no urbanizable… entendiendo que dicha información será válida en un futuro en los trabajos de continuación de la revisión del PGOU del municipio”.
Para el portavoz del grupo municipal socialista, David Valadez, “es más que evidente que también en este asunto el PP de Estepona, con el alcalde a la cabeza, ha mentido de manera descarada con el único fin de confundir a los ciudadanos y de obtener votos en las pasadas elecciones municipales”.
Así, el dirigente socialista recuerda cómo en la pasada campaña electoral García Urbano aseguró que “estas construcciones pueden legalizarse a través de modificaciones puntuales de elementos en el planeamiento para convertir estas áreas en urbanas”.
Explicó que “se trata de sectorizar y coger pequeñas zonas para convertirlas en pequeñas urbanizaciones, respetuosas con el medio ambiente e integradas en el mismo”. Aseguró, del mismo modo, que esta sería una de sus prioridades de gobierno si ganara las elecciones municipales.
En Estepona, según García Urbano, se beneficiarían de esta medida unas 3.000 viviendas que están “en el limbo jurídico”.
Valadez, del mismo modo, recuerda cómo la concejala responsable del área de Urbanismo, Susana Arahuetes, aseguró en julio del 2011 que el ayuntamiento abriría un registro para “legalizar los campitos con nefastos resultados”.
Desde el PSOE se recuerda, además, que el plazo para las resoluciones del reconocimiento de asimilado al régimen de fuera de ordenación finalizó el pasado 1 de marzo del presente año, “debiendo procederse al impulso de la redacción de los avances, así como las ordenanzas municipales sobre normas mínimas de habitabilidad”, según el responsable de esta oficina municipal.
Por último,desde el PSOE se indica que el pasado 5 de febrero el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Málaga, Javier Carnero, remitió una carta al alcalde en la que le recordaba que a partir del 1 de marzo de este mismo año no se podrá conceder nuevas autorizaciones para la contratación provisional de los servicios básicos con compañía suministradora” y, sin embargo, desde el ayuntamiento “nada se ha hecho para anticiparse a esta nueva realidad”.

miércoles, 17 de abril de 2013

El PP modificará el PGOU en una parcela de Pedro Román embargada por el Tribunal de Cuentas, cajas de ahorro y ayuntamientos de Estepona y Marbella

El equipo de gobierno del ayuntamiento de Estepona (PP), someterá a aprobación en la sesión plenaria prevista para mañana jueves una modificación puntual de elementos del PGOU relativa a la unidad de ejecución UEN-R2 Hotel Seghers.
 

La parcela, propiedad de Pedro Román, se encuentra situada en primera línea de playa, justo al lado de la playa de El Cristo.

Esta parcela, propiedad del ex primer teniente alcalde del ayuntamiento de Marbella, Pedro Román, cuenta con una superficie de 17.200 metros cuadrados y se encuentra situada en primera línea de playa, justo al lado de la playa de El Cristo.

El PGOU de Estepona, de 1994 y adaptado a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en el 2010, califica ese sector como hotelero y establece la ubicación de las zonas verdes (un parque de treinta metros de anchura) y de viario (una vía de servicio de ocho metros de anchura paralela a la avenida de El Carmen).

“Lo que el PP plantea es, bajo el pretexto de resolver una hipotética incongruencia entre lo que establece el PGOU y la ficha del área de reparto (que establecía el uso de poblado mediterráneo), modificar los parámetros urbanísticos del sector”, según indica el portavoz del grupo municipal socialista de Estepona, David Valadez.

Así, se pasaría con esta modificación urbanística de un coeficiente de edificabilidad de 0,4 y una edificabilidad de 6.880 metros cuadrados a un coeficiente de 0,75 y una edificabilidad de 9.030 metros cuadrados.

Antecedentes
Cabe recordar que ya en julio de 2002 la oposición municipal denunció que el PP, en aquel momento al frente del ayuntamiento de la ciudad, tardó sólo cuatro días en conceder la licencia de obras a la empresa Development Projetc, cuyo administrador único era Pedro Román, ex primer teniente alcalde de Marbella.

Román solicitó el 20 de mayo de 2002 la licencia, que había sido revocada en marzo de 2001 por el gobierno procedente (PSOE, PP, IU y PA). Al día siguiente, el arquitecto municipal y el responsable de los servicios jurídicos de Urbanismo se pronunciaron a favor de la petición. El 24 de mayo, la comisión de gobierno del ayuntamiento, en sesión extraordinaria, daba luz verde a la licencia.

Los mismos concejales del PP que se pronunciaron a favor (entre ellos el hoy diputado provincial, Ignacio Mena) vetaron un año antes la licencia atendiendo a un informe del arquitecto municipal.

En noviembre de 2007 el juez del caso Malaya ordenaba el embargo de esta finca a Pedro Román en Estepona.

Además de esta finca, donde se encontraba un hotel ya derribado, el juez ordenaba embargar al ex teniente de alcalde de Marbella dos fincas en Salamanca y un inmueble en Madrid. El juez había fijado una fianza de un millón de euros para que Román pudiera eludir la cárcel.

En el sumario de la operación Astapa aparece reflejado, en febrero de 2010, que el ex jefe del gabinete de alcaldía habría recibido el ofrecimiento de 100.000 euros para que mediara y solucionara los problemas que pesan sobre esta misma parcela.

Según un informe policial contenido en la parte del sumario del caso Astapa que investiga la presunta trama de corrupción en el ayuntamiento el entonces jefe de gabinete recibió el ofrecimiento “con el fin último de su recalificación y poder construir un hotel”.

La policía señalaba que los problemas para cerrar la operación eran dos: “uno, que recae sobre él una prohibición de enajenar del juzgado número 5 de Marbella”, que instruye el caso Malaya, y otro es que el ayuntamiento de Estepona “ha incluido una cláusula para que este terreno pase a ser un aparcamiento público e incluya una zona verde”.

Por ello, el empresario, que está imputado por cohecho, estaba dispuesto a pagar hasta 500.000 euros, a cinco personas distintas, para conseguir resolver este expediente urbanístico.

Por último, en enero de este mismo año el ayuntamiento de Marbella logró el embargo preventivo de un avión, un helicóptero y 41 fincas y participaciones en una sociedad mercantil de Román en un proceso del Tribunal de Cuentas por un valor de 108,3 millones de euros.

El embargo es sobre bienes de diez sociedades que “a través de personas interpuestas o directamente, son propiedad de Pedro Román”, según indicaba el ayuntamiento, afectaba a esta parcela de Estepona.

Según indicaba el ayuntamiento de Marbella “hasta que se resuelva el procedimiento, Román tiene prohibido disponer de estas fincas y bienes”.

Embargos
Además de este último de embargo anunciado por el ayuntamiento de Marbella, cabe resaltar que, según la información registral de los registradores de España, la totalidad de esta finca se encuentra gravada con una anotación preventiva de embargo, a favor del juzgado de instrucción número cinco de Marbella en reclamación de veinte millones novecientos sesenta y nueve mil euros como responsabilidades pecuniarias.

Por otro lado, la totalidad de esta finca también se encuentra gravada con otra anotación preventiva de embargo a favor del ayuntamiento de Estepona en reclamación de 24.322,64 euros.

Además, esta finca también se encuentra gravada con otra anotación preventiva de embargo a favor del ayuntamiento de Marbella en reclamación de un millón trescientos cincuenta y nueve mil doscientos sesenta y siete euros con cincuenta y siete céntimos.

Por si fuese poco, la totalidad de esta finca se encuentra nuevamente gravada con una anotación preventiva de embargo a favor del Estado en reclamación de 301.791, 03 euros.

Además, la totalidad de la finca se encuentra nuevamente gravada con otra anotación preventiva de embargo a favor del juzgado central de instrucción número dos en reclamación de un total de ciento noventa y tres millones ochocientos setenta mil euros con setenta y seis céntimos.

Por otro lado, la totalidad de esta finca se encuentra gravada con otra anotación de embargo, a favor del Estado-Tribunal de Cuentas, en reclamación de trescientos setenta mil treinta y cuatro euros con setenta y cinco céntimos en concepto de principal, y ciento ocho mil doscientos noventa y tres euros con noventa y un céntimos en concepto e intereses devengados.

Además, la totalidad de la finca se encuentra gravada con una anotación preventiva de embargo a favor de la cantidad Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad en reclamación de 108.394,23 euros.

Para terminar pesan sobre la totalidad de la finca otras dos anotaciones preventivas de embargo. La primera de ellas a favor del ayuntamiento de Marbella en reclamación de 22.549 euros y la segunda también a favor del mismo consistorio por importe de 16.977,60 céntimos.


martes, 19 de febrero de 2013

García Urbano permite construir en la Playa del Cristo

El pleno de la corporación someterá a aprobación el próximo jueves un convenio urbanístico suscrito entre el ayuntamiento y Antonio Bazán, en nombre y representación de la mercantil denominada Estesur, Sociedad Limitada, propietaria de las fincas incluidas dentro de la Unidad de Ejecución UEN-R3 “Bermeja Beach”, sitas en la playa de El Cristo.
Playa de El Cristo de Estepona
Con este convenio, según se recoge en el convenio, “se posibilita la construcción de un equipamiento de playa” y “se adjudica a la propietaria los aprovechamientos que corresponden a unos excedentes en Costa Natura (3.213,07 m2) y a unos excesos de aprovechamiento en “La Boladilla” (10.050,55 m2)”.
Cabe recordar que en la sesión plenaria correspondiente al mes de febrero del 2004 se aprobó, por unanimidad, la renegociación de un convenio urbanístico con el empresario Antonio Bazán, propietario de la empresa Agrojardín, a la que el consistorio entregó 5.000 metros cuadrados de edificabilidad en primera línea de playa para compensar una deuda del gobierno de Jesús Gil Marín.
El consistorio, por ello, llegó a un acuerdo de permuta con Bazán, que suponía su renuncia a construir "ni un solo ladrillo" en la zona, conocida como Playa del Cristo. Bazán obtenía a cambio los mismos derechos en otras parcelas ubicadas en distintos puntos del municipio. De esta manera el ayuntamiento consiguió evitar la edificación de las 200 viviendas proyectadas, y que la parcela de la Playa del Cristo se mantuviese como parque litoral.
“Ahora, y con García Urbano al frente del ayuntamiento, ese acuerdo que trataba de preservar la playa de El Cristo se va al garete y el PP continúa con la tramitación para que se desarrolle urbanísticamente uno de los pocos enclaves vírgenes que permanecen inalterables en toda la Costa con el pretexto de ordenar el sector y de construir un restaurante mirador y un club de playas”, lamentó el portavoz socialista, David Valadez.
Además, Valadez asegura no entender cómo el mismo PP que votó a favor, con la presencia de algunos concejales que aún permanecen en la corporación como Ignacio Mena, ahora actúa en sentido contrario.
“Si el ayuntamiento alcanzó ese acuerdo con el promotor no se entiende, de ningún modo, que para reordenar los aprovechamientos de las otras parcelas que se le permutó se valoren los metros cuadrados de las parcelas de la playa de El Cristo como si fuese urbano residencial, con tipología de poblado mediterráneo”, aseguró Valadez.
Así, según recoge el informe del técnico municipal, la situación en la que quedan los diferentes ámbitos afectados por el nuevo convenio es la siguiente:
- Bermeja Beach: Se autoriza la construcción de un equipamiento de playa con un techo edificable de 1.250 metros cuadrados.
- Costa Natura: Queda cedido a la mercantil Estesur el derecho sobre la totalidad del aprovechamiento municipal correspondiente a exceso de aprovechamiento, que el estudio de detalle aprobado concreta y que asciende a 3.271,07 m2.
- La Boladilla: Queda cedido a la mercantil Estesur el derecho sobre parte del exceso de aprovechamiento municipal que el último plan parcial presentado concreta. De los 5.695,65 m2 ya cedidos a dicha mercantil por convenios anteriores, de los que 3.212,65 m2 correspondían a exceso de aprovechamiento y 2.483 m2 al 10% de cesión obligatoria, se recuperan estos últimos y se suman otros 6.837,90 m2 con cargo al exceso de aprovechamiento”.
Valadez, además, lamentó que el convenio que se someterá a aprobación el próximo jueves ni tan siquiera está firmado por el alcalde, el representante de Estesur y el secretario General de la corporación.
“El grupo municipal socialista no sólo votará en contra de este convenio sino que va a mover Roma con Santiago para garantizar que en la playa de El Cristo no se coloque ni un solo ladrillo”, afirmó Valadez.

lunes, 11 de febrero de 2013

García Urbano enajena parcelas municipales destinadas a la construcción de viviendas sociales

El alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), ha firmado un decreto por el que ordena “en base a una mejor gestión de dicho patrimonio, declarar enajenables” dos fincas de titularidad municipal, integrantes del patrimonio municipal de suelo, sitas en el parque central.
En concreto, en el decreto firmado por el primer edil, se asegura que “el ayuntamiento es dueño en pleno dominio de parte indivisa de finca”, que en la primera parcela es de 417,17 metros cuadrados, y en la segunda de 34,42 metros cuadrados.
En el mismo documento se afirma que “los terrenos y construcciones que integran los patrimonios públicos de suelo, en suelo  residencial, deben ser destinados, de acuerdo con su calificación urbanística, a la construcción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública. No obstante, excepcionalmente y previa declaración motivada de la administración titular, se podría enajenar estos bienes para la construcción de otros tipos de viviendas siempre que su destino se encuentre justificado por las determinaciones urbanísticas y reducen en una mejor gestión del patrimonio público del suelo”.
Cabe recordar que en meses pasados el alcalde también enajenó las viviendas de titularidad municipal sitas en el  colegio público Santo Tomás de Aquino y diversas plazas de aparcamientos que se encuentran bajo el Paseo Marítimo.
El portavoz socialista de Estepona, David Valadez, ha lamentado “que una vez más el alcalde ponga a la venta al patrimonio de todos los esteponeros bajo el pretexto de que así se gestionará mejor lo que es de todos y que el ayuntamiento necesita hacer caja para pagar a los proveedores”.
“Resulta llamativo que antes, cuando el PP se encontraba en la oposición, le importase bien poco las deudas municipales con los proveedores ya que, como todo el mundo sabe, sus votos impidieron durante el anterior mandato que el ayuntamiento saldase parte de estas deudas y provocó que Estepona fuese el único municipio de Andalucía que no pudo sacar adelante esta operación porque la oposición, mayoritaria en el pleno, lo impidió con sus votos en contra”, recuerda el dirigente socialista.
Además, Valadez opina que “poner a la venta en estos momentos el patrimonio de todos los esteponeros supone que se va a malvender y que algunos, con mucho dinero, van a hacer el negocio del siglo”.
El también secretario General de los socialistas esteponeros instó al alcalde a que “de una vez por todas empiece a preocuparse por las necesidades sociales del municipio. En vez de malvender el terreno previsto para la construcción de viviendas sociales lo que debe hacer es desarrollar promociones como sí hicieron los anteriores gobiernos locales en Cancelada, Las Mesas, La Lobilla o Huerta Nueva. Así se conseguirá crear puestos de trabajo en el sector de la construcción y atender la demanda de muchos ciudadanos que no disponen de recursos para acceder a una vivienda en el mercado de renta libre”.
Programa rehabilitación autonómica
Por otro lado, Valadez mostró su satisfacción por el hecho de que el alcalde haya firmado, “al fin”, el decreto por el que aprueba el pago a los 30 beneficiarios del programa de rehabilitación autonómica de viviendas de la Junta de Andalucía una vez que la consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio ha transferido un total de 77.354,50 euros correspondiente al segundo pago, 50% restante, del total de la cantidad.
“Mientras que desde la Junta se apuesta por la remodelación de los inmuebles como generador de puestos de trabajo desde el ayuntamiento, con el PP al frente, se ponen todos los esfuerzos a disposición de la iniciativa privada. Lo importante deben ser las personas y no el negocio”, concluyó Valadez.

jueves, 24 de enero de 2013

García Urbano permitirá la construcción de una gasolinera al lado de una residencia de ancianos y de un pabellón deportivo


El PP vuelve a impedir que se haga público el patrimonio de los miembros de la corporación
El equipo de gobierno del PP de Estepona ha dado vía libre esta mañana, con los votos en contra de toda la oposición, a la construcción de una gasolinera en la parcela anexa a la Residencia de Ancianos Virgen del Carmen y justo enfrente del pabellón deportivo de El Carmen.
Lugar donde se planea construir una gasolinera.
De esta manera el PP ha anulado el convenio alcanzado el 4 de marzo del 2005 entre el ayuntamiento y la mercantil por el que se cambiaba el uso de la parcela que contaba con uso industrial a uso residencial (500 metros) y mantiene el uso comercial de otra parcela de 2000 metros cuadrados.
En el acuerdo se estipulaba que “las numerosas personas que allí han fijado su residencia, justifica la necesidad de ubicar un centro comercial y, por el contrario,  fundamentan la improcedencia de establecer una estación de servicios que, además de comprometer la armonía urbanística  conseguida, crea una sensación de inseguridad, cuando no un peligro potencial, que minora la calidad de vida de los ciudadanos de la zona”.
Sin embargo, el pasado 21 de febrero la empresa presentó un escrito por registro de entrada por el que solicitaba una indemnización cercana a los seis millones de euros.
Informe Jurídico
Ante esta solicitud, y con fecha de 17 de abril, el técnico de administración especial y asesor jurídico de urbanismo, asegura que “la reclamante atribuye al ayuntamiento el incumplimiento consistente en la falta de aprobación definitiva de la revisión del PGOU, alegando la inexistencia actual del expediente alguno para promoverla en un plazo de tiempo relativamente cercano.
Tampoco puede compartirse que el ayuntamiento tenga intención de paralizar la revisión del PGOU, muestra de ello es el acuerdo del pleno municipal de fecha 21 de noviembre de 2008, donde, tras disponer la formulación y tramitación de la adaptación del PGOU a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía determinó que dicha adaptación fuera simultánea con los trabajos de revisión del PGOU que se vienen realizando.
No obstante, tras la firma del convenio, se produjeron dos acontecimientos ajenos a este ayuntamiento, a saber: la aprobación del Plan de Ordenación Territorial de la Costa del Sol Occidental y la aprobación del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía.
Por otro lado, el convenio no establece un plazo concreto para la aprobación de la revisión y tampoco podría hacerlo, por cuanto que la aprobación definitiva no corresponde al municipio, por lo que puede no haberse cumplido aún la obligación de tramitación de la revisión en los términos acordados, pero ello no es lo mismo que incumplir, por lo que no cabría estimar la resolución interesada”.
En relación a la indemnización solicitada por la mercantil al ayuntamiento el técnico municipal asegura que “si bien en la solicitud la mercantil cuantifica la indemnización que habría de corresponderle –en la nada despreciable cantidad de 5.617.375,03 euros-, la solicitante se limita acompañar una relación de gastos que se remontan al año 1998 y de ingresos estimados –incluidos un lucro cesante- sin adjuntar documento alguno que acredite tales extremos ni se proponga medio de prueba alguno para la necesaria acreditación.
En consecuencia, procedería la desestimación de la solicitud relativa a la resolución del convenio y la declaración de vigencia de la licencia, así como la inadmisión de la reclamación relativa a la indemnización”.
Informe medioambiental
Por otro lado, y obrando también en el mismo expediente, una técnica municipal, licenciada en Ciencias Ambientales, asegura que “no se ha tenido en cuenta para los cálculos acústicos ni para las medidas correctoras a los receptores de los residentes en el edifico de viviendas colindante, que queda a escasos metros de la ubicación pretendida para el tren de lavado y en el interior de cuyas viviendas no se pueden recibir niveles de emisión que superen los objetivos de calidad acústicas definidos. Una vez finalizada la obra, el tren de lavado se situaría entre la estructura metálica actualmente existente y el edificio más cercano; quedaría a escasos metros de las ventanas del mismo”.
Además, indica que “se detecta la carencia de Plan de Gestión de Residuos”.
Valadez
Como al PP no le interesaba el informe jurídico suscrito por el funcionario que hace las funciones de secretario accidental, firmado el 17 de abril de 2012, encargó a otro técnico otro informe, con fecha 10 de enero de 2013, para conseguir respaldar las pretensiones de la mercantil”, lamentó el portavoz del grupo municipal socialista, David Valadez, que volvió a insistir en que “el equipo de gobierno parece más actuar como representantes de la empresa que como defensores del interés general de los vecinos”.
Patrimonio
Por último, y en el capítulo de asuntos urgentes, Valadez volvió a solicitar que “toda la corporación publique en la página web del ayuntamiento el patrimonio que poseen los cargos electos, así como una declaración de sus ingresos. De esta manera, y con la que está cayendo a nivel nacional, dotamos de transparencia la gestión municipal, y todo el mundo sabrá qué poseemos cuando entramos al ayuntamiento y que tenemos cuando dejamos de ser miembros de la corporación”.
Una vez más, y ya van diez, el PP volvió  a impedir que prosperarse  la urgencia de este asunto y que, por tanto, ni tan siquiera pueda ser debatida por los grupos políticos de la corporación.