El “afán intervencionista” del PP puede
acarrear serios problemas al proyecto del centro comercial
Las
sociedades Costasol de Hipermercados y Gestora Comercial, Hipersol, han
presentado varias alegaciones al expediente de modificación puntual de
elementos del PGOU de Estepona, sobre usos globales y pormenorizados que aprobó
en solitario el gobierno local del PP en el municipio hace semanas y que el
próximo pleno aprobará de manera provisional.
La
concejala socialista Cristina Rodríguez, asegura que su grupo político respalda
“en su absoluta totalidad el tenor de las alegaciones presentadas” en las que
se afirma que “una vez analizado el texto del artículo que se incorpora a la
normativa vigente entendemos que dicha regulación resulta extraordinariamente
restrictiva, imponiendo condiciones para la implantación de una gran superficie
comercial que no está prevista en la legislación vigente reguladora de la
implantación de dichos establecimientos”.
Además,
en las alegaciones presentada se especifica “que la implantación del
establecimiento deberá seguir el procedimiento legalmente previsto, asumiendo
el ayuntamiento las competencias que le corresponden sobre su implantación a
través de los instrumentos de planeamiento, que correspondan, pero resultan
innecesarias medidas adicionales, por falta de justificación”.
En
las mismas alegaciones se especifica que “no entendemos justificado que
necesariamente deba tramitarse un Plan Especial para la implantación de una
gran superficie comercial, en este sentido, para la implantación de grandes
superficies comerciales en los ámbitos de suelo urbanizable sectorizado y
urbano no consolidado sin ordenación pormenorizada establecida, su implantación
deberá ser habilitada expresamente por el planeamiento de desarrollo que
corresponda, en el supuesto de no estar contemplada su implantación de forma
directa por el planeamiento general”.
“La
implantación de la gran superficie comercial deberá contar con los informes y
autorizaciones que procedan de conformidad con la Ley de Ordenación del
Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la legislación de protección
ambiental y la Ley de Comercio Interior de Andalucía”, recogen las alegaciones.
Por
otro lado, Rodríguez asegura que, entre otras alegaciones presentadas, algunos
particulares aseguran, criterio que comparte el grupo municipal socialista, que
“el uso pormenorizado de comercial es muy rígido y no cubre todas las
posibilidades de comerciales que se pueden dar, incluso las que la propia
modificación enumera. Por ejemplo, con esta ordenanza no se puede encajar el
uso de oficinas, ni el uso de centros de ocio, ni de centros relacionados con el
automóvil, etc. Es decir, si el propósito de esta modificación era resolver los
problemas de indefinición de usos y resolver los conflictos que se han ido
planteando a lo largo de la vigencia del PGOU, esta modificación no sólo no los
resuelve sino que crea nuevos conflictos o nuevas lagunas”.
Además,
se asegura en otras alegaciones “pormenorizar el uso comercial en cinco
categorías (autoservicios, superservicios, supermercados, centro comercial y
gran superficie), que deben de ser elegidas a la hora de desarrollar un área de
planeamiento, encorseta el planeamiento, ya que hay que decantarse por una de
ellas e imposibilita una flexibilidad que demanda el mercado”.
En
definitiva, la concejala socialista, Cristina Rodríguez asegura que “el afán
reglamentista de esta modificación urbanística no sólo no contribuye a resolver
problemas sino que, tal y como han evidenciado distintos ciudadanos con la
presentación de sus alegaciones, va a empeorar el escenario del comercio en el
municipio”.
El
grupo municipal socialista ya “aseguró en la aprobación inicial de este
expediente que no estaba de acuerdo con estos criterios y ahora estamos viendo
las consecuencias. Un proyecto estrella como el del centro comercial puede
verse afectado, y ralentizado aún más, por la mala gestión del gobierno local
del PP en materia urbanística y comercial”.
