El PP vota en contra de crear una comisión de investigación sobre las “presuntas irregularidades” llevadas a cabo en el Plan Municipal de Empleo‏

García Urbano vota en contra en 36 ocasiones de publicar su declaración de bienes, ingresos y patrimonio

El Partido Popular de Estepona, que cuenta con mayoría absoluta en el pleno de la corporación municipal de Estepona, ha aplicado su rodillo para impedir la creación e una comisión de investigación, como había solicitado el PSOE del municipio, para investigar “las presuntas irregularidades que han jalonado el Plan Municipal de Empleo”.

Desde el PSOE se recuerda que en estos momentos se está “recopilando toda la documentación necesaria para poner en disposición de la Fiscalía todo lo que ha ocurrido en la selección del personal para poder acceder a un puesto de trabajo con especial énfasis en la parte relativa a las entrevistas personales”.

Los socialistas recuerdan que estas entrevistas “que han sido determinantes a la hora de acceder a un puesto de trabajo para muchas personas han sido realizadas por dos empleados que perciben complementos de libres designación por decisión del alcalde, y miembros destacados del PP, y coordinados por otro funcionario eventual del Ayuntamiento que además es miembro de la dirección local del PP local.

Con esta comisión de investigación queremos “poder preguntar directamente a los entrevistadores acerca del trabajo llevado a cabo así como a los entrevistados sobre las preguntas que se les han formulado y los motivos por los que han podido acceder a un puesto de trabajo en la administración pública en detrimento de otros ciudadanos”, manifestó el portavoz del grupo municipal socialista de Estepona, David Valadez.

Desde el PSOE se reitera una vez más que “es evidente que ha habido personas a las que les ha venido extraordinariamente bien ser miembros del PP para poder acceder a un puesto de trabajo. Conocemos casos concretos y sabemos que ha habido gente que no tiene ni para comer, con hijos menores a cargo, que no aparecen ni como suplentes en esos listados”.

Publicación bienes

Por otro lado, el PP ha vuelto a votar, y ya van 36 veces, en contra de hacer pública en la página web del Ayuntamiento la declaración de bienes, ingresos y patrimonio de todos los miembros de la corporación municipal.

Valadez se ha comprometido a que el PSOE, cuando esté en el gobierno del municipio, publicará la declaración   de bienes, intereses y rentas de todos los miembros de la corporación municipal.

“Nosotros queremos que haya transparencia total en la vida pública municipal, a diferencia de lo que viene ocurriendo en el actual mandato donde mes tras mes, desde que se constituyó la actual Corporación municipal, el PP viene votando en contra de esta misma propuesta”, manifestó Valadez.

Esta medida es fruto del “compromiso prioritario con la regeneración democrática y con la transparencia en la vida pública”. Así, cualquier ciudadano podrá comprobar desde la página web del Ayuntamiento “el patrimonio que todos los integrantes de la corporación poseen al tomar posesión y el que poseen cuando lo abandonan”.

El PSOE explica que el objetivo de esta medida es garantizar “la transparencia que reclama la sociedad” a la clase política y recuerda que esta medida es habitual en otros cargos electos, como los miembros del Gobierno central o de la propia Junta de Andalucía.

Reforma electoral

Por último, el PP también ha votado en contra de que el pleno de la corporación muestre al gobierno de España, de Mariano Rajoy (PP), su rechazo a la reforma electoral anunciada por los dirigentes nacionales de esa formación política.

Desde el PSOE se entiende que “no pueden cambiarse las reglas del juego meses antes de que finalice el partido por meros intereses electorales. Tras las europeas el PP sabe perfectamente que va a perder muchas alcaldías y, en vez de preocuparse por resolver los problemas que originan el descontento ciudadano, se dedican a imponer nuevas reglas en lo que constituye un auténtico golpe de Estado”.

Por último, Valadez recordó que “es sorprendente que el PP rechace esta moción porque, aseguran, se pretenden evitar los pactos que se alcanzan en los despachos. Eso lo dice precisamente el PP que llevó a cabo la última moción de censura que se llevó a cabo en el Ayuntamiento, con el pacto PP-GIL y que tiene como máximo responsable a García Urbano en cuyo despacho se llevó a cabo la moción de censura para colocar en la alcaldía a Marisol Yagüe y desbancar a Julián Muñoz”.

Irregularidades en la gestión de las privatizaciones por parte del PP de Estepona

Debate sobre las irregularidades en la gestión de la plaza de toros

   

 Debate sobre los incumplimientos en la gestión del parque de Los Pedregales

 

Más vídeos en los siguientes enlaces:

https://www.youtube.com/watch?v=CPiI-hX6ALo&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Wfz4kZL56nc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=cC0jwVCCqPQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=sbVn-W62QRo&feature=youtu.be

Intervención de David Valadez sobre las irregularidades del plan de empleo del ayuntamiento

Dimite la edil de Urbanismo de Estepona sin aprobar la obra del bulevar

El PSOE cree que “es el resultado de las irregularidades detectadas”

EL PAÍS - 12 de marzo de 2014 

La concejal de Fomento del Ayuntamiento de Estepona, Susana Arahuetes, renunció este martes a su acta de edil alegando “motivos personales”. La marcha de Arahuetes, encargada desde su área de los asuntos de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda, Medio Ambiente y Turismo, se produce en pleno proceso de adjudicación del proyecto estrella del alcalde, José María García Urbano (PP), trámite que está pendiente de recibir luz verde de la junta de gobierno local. Tanto PSOE como IU han denunciado “irregularidades” en la obra del gran bulevar, con avisos incluso de que el expediente será puesto en conocimiento de la fiscalía si sale adelante tal y como está planteado.

La mesa de contratación propuso hace dos semanas, tras un concurso público, que la concesión por 75 años de suelo municipal para construir y explotar un complejo comercial y un establecimiento hotelero, entre otros equipamientos, fuera asignada a la sociedad Bulevar Estepona S. L., decisión que debe pasar por junta de gobierno local. El coordinador de IU, Antonio Murcia, remitió entonces un escrito a los concejales que integran este órgano advirtiéndoles de que si siguen adelante con la adjudicación, podrían incurrir en un supuesto delito contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación. Según Murcia, el proyecto cuadruplica el techo edificable permitido y la empresa inicialmente propuesta para acometer los trabajos no cumple los requisitos técnicos ni económicos. El equipo de gobierno defiende la legalidad del plan y recuerda que es una obra de interés público.

Arahuetes, que ha participado en la mesa de contratación y firma la propuesta, desvinculó su marcha de este asunto e insistió en los “motivos personales”. La hasta ahora concejal, en el gobierno desde 2001, da por cerrada su etapa como responsable política y asegura que han sido tres años “muy intensos y de mucho trabajo”. Para el portavoz municipal del PSOE, David Valadez, la dimisión de Arahuetes “es el resultado de las irregularidades detectadas” en el proyecto del gran bulevar. Mientras que Murcia achacó la renuncia de la edil “a su negativa” a participar en la adjudicación de esta obra. Es la tercera vez que el gobierno local convoca un concurso para adjudicar este proyecto. La primera convocatoria quedó desierta y la segunda fue declarada nula.

El PSOE denuncia irregularidades en la mesa de contratación del gran bulevar

Bien, llegados a este punto, comenzaré diciendo que el gran proyecto del PP en este mandato, el conocido como gran bulevar, no es más que la muestra inequívoca de la absoluta opacidad del actual gobierno local.

El pasado 6 de marzo, con la presidencia del alcalde, tuvo lugar una mesa de contratación para analizar la documentación administrativa del procedimiento para la concesión demanial del uso privativo de una serie de inmuebles de equipamiento comunitario. A esa mesa, según consta en el acta, acudieron todos los tenientes alcalde del ayuntamiento pero, de manera sorprendente, tres de ellos no estampan su firma en el acta. En concreto: Manuel Aguilar, María Dolores Espinosa e Ignacio Mena.

Posiblemente ese sea el resultado de su negativa a validar un procedimiento que la propia secretaria de la mesa de contratación, Marta Outón, pone en tela de juicio tal y como evidencia, de su propio puño y letra, de la siguiente manera:

“Diligencia: para hacer constar que las dos ofertas presentan la documentación técnica abierta (sin incluirla en sobre alguno)”.

Esto supone una auténtica barbaridad y debería ser, por sí mismo, un motivo de anulación de todo el procedimiento. Sin embargo nada dicen ustedes de esto.

Por si no fuese suficiente en ese mismo acta se hace constar que, y leo textualmente, “se invita a pasar a los representantes de las empresas licitadoras y entra D. Andrés Martín que se identifica como mandatario verbal de Mazabi Gran Bulevar. Al que se le comunica verbalmente la documentación que deberá subsanar la empresa en un plazo de 7 días naturales computados a partir del siguiente acto”.

Por si alguien no lo sabe aún diré que Andrés Martín, y no voy a entrar en otro tipo de consideraciones, es la pareja sentimental de la secretaria General del PP y concejala de Playas de nuestro ayuntamiento, Susana Aragón.

Pregunto, ¿por qué no se le pide al señor Martín un poder notarial que acredite que legalmente es el representante de esta empresa?, ¿conocían ya ustedes, de antemano, esa información?.

Como iba diciendo en esa misma mesa de contratación se le insta, en calidad de supuesto representante de la única mercantil supuestamente interesada en la licitación del bulevar, a presentar en siete días la documentación que debe subsanar.

Al día siguiente, la señora Outón remite un correo electrónico al señor Martín, en el que le indica que, entre otras cuestiones, debe subsanar la deficiencia referida a la garantía provisional. En concreto dice, y vuelvo a leer textualmente, que deberá acreditarse la constitución de la misma en forma y cuantía prevista en el artículo 8 del pliego de condiciones.

Pues bien, ¿qué dice el artículo 8 del pliego de condiciones?. Leo:

“Según el artículo 60 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, la garantía provisional será del dos por ciento del valor del dominio público objeto de ocupación y explotación por el concesionario. De acuerdo con la valoración de dicho dominio público contenida en el informe de los servicios técnicos municipales de 26 de noviembre de 2012, la garantía provisional asciende a la suma de 343.455,62 euros”.

Pues el día 12 de marzo la empresa dice, y es textual, que “en relación a la constitución de la garantía provisional a la que hace referencia el apartado tres del requerimiento se indica que el aval es parte de la financiación solicitada a las entidades bancarias actualmente en estudio por éstas”.

Es decir, la empresa reconoce que no dispone ni tan siquiera del importe mínimo exigido para depositar el aval provisional y todo ello pese a que usted, señor García, aseguró el pasado mes de enero que “la empresa seleccionada deberá demostrar su solvencia financiera y técnica, ya que nos encontramos ante el proyecto estrella de este gobierno y queremos contar los mejores profesionales para esta obra de envergadura”.

Señor García, si la empresa no es capaz siquiera de depositar ese aval provisional, ¿cómo pretende usted garantizar una versión que, según usted mismo, asciende a 30 millones de euros?.

¿Está usted dispuesto a iniciar unas obras que supondrían la demolición de un colegio público con más de 300 alumnos matriculados para que una empresa de este tipo inicie unas obras de futuro totalmente incierto?.

¿A qué conclusión llega cualquier persona medianamente inteligente al observar todo este cúmulo de circunstancias?, ¿ha existido trato de favor o información privilegiada?, ¿hasta dónde está dispuesto a usted a llegar con este asunto?.

Señor García, ¿sabe usted que la sociedad Mazabi Gran Bulevar, SL, según el Boletín Oficial del Estado, se inscribió en el registro mercantil de Vizcaya el 1 de febrero de este mismo año?, ¿sabe usted que el objeto social de la misma es el de la compra, suscripción, tenencia permuta y venta de participaciones sociales y valores mobiliarios?, ¿conoce usted que el capital social de esta empresa es de tan sólo 3.006 euros?.

A todo ello, y por si no fuese suficiente, hay que recordar que ustedes han desestimado todas y cada una de las alegaciones presentadas por el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga que entendían que la licitación conjunta del proyecto de ejecución y de la ejecución de obras solo puede efectuarse cuando concurren circunstancias de carácter excepcional, que no ha sido acreditadas ni justificadas por el ayuntamiento.

También entendían que se había quebrantado el ordenamiento jurídico en relación al plazo estipulado para la presentación de proposiciones al considerar que es insuficiente, atendiendo a la complejidad y magnitud de la licitación y, por último, que se estaba vulnerando el principio de libre competencia.

Por todo ello, y teniendo en cuenta todo lo expuesto, es por lo que desde el Grupo Municipal Socialista le exigimos la anulación de este procedimiento que está, desde un principio, totalmente viciado.

Para más inri, hay que recordar que ustedes están empecinados en adjudicarle a la empresa supuestamente representada por la pareja de su secretaria General, esta concesión por, nada más y nada menos, que 75 años.

Una concesión que, según los informes técnicos obrantes en el expediente, se asienta en unas parcelas de titularidad municipal valoradas en 17.172.781,17 euros, casi tres mil millones de las antiguas pesetas.

Una concesión a la que ustedes están dispuestos a permitir, así se refleja en el expediente, “que se superen los límites máximos de edificabilidad y volumen en razón, aseguran, a una mejor implantación del equipamiento”.

Y por si las consideraciones de esta adjudicación no fuesen suficientemente generosas para la empresa supuestamente interesada ustedes contemplan una subvención al concesionario por un importe de 3 millones de euros.

Por todo ello, señor alcalde, es por lo que desde el PSOE consideramos que este es uno de los mayores escándalos que se han producido en los últimos años en este ayuntamiento. Además, y como en ustedes es habitual, actúan con total descaro merced a su innata prepotencia y soberbia.

Nosotros queremos que se desarrollo lo previsto, no en su programa electoral, sino en el PGOU vigente, del año 94, pero haciendo prevalecer el interés general.

Este, señor García, fue definido por usted como el proyecto estrella del PP. Lo cierto es que, guste o no, simboliza a la perfección su gestión: opacidad (le recordaré que los miembros de la oposición hemos tenido acceso a todo el expediente porque hemos forzado la convocatoria de esta sesión plenaria), intento de manipular a la opinión pública (llevando a cabo ficticios movimientos de tierra, trasladando las dependencias municipales que se encuentran en la avenida San Lorenzo y tratando de implicar a los grupos de la oposición), despreciando el interés general (menos mal que la Junta garantizó que no se iba a demoler el colegio Valeriano López hasta que, como mínimo, no finalizaran las obras de Los Altos de Estepona) y con muchísimas sombras, sospechas y cuestiones poco claras.

En resumen, todo hace indicar que esta obra, si se llegase a adjudicar, recaerá en la mercantil representada, de manera verbal, por la pareja de la secretaria General del PP de Estepona, en un proceso en el que las plicas estaban abiertas, habiendo transcurrido tres meses sin que se haya depositado el aval mínimo necesario y desestimando todas las alegaciones presentadas por el colegio de Arquitectos de Málaga.

García Urbano castiga al secretario adjunto “por no plegarse a sus órdenes y por denunciar las irregularidades”

La concejala socialista de Estepona, Cristina Rodríguez, ha lamentado la “persecución” a la que el alcalde está sometiendo al secretario Adjunto del ayuntamiento de Estepona, José Manuel Duarte, “por no plegarse a sus deseos y por denunciar la existencia de múltiples irregularidades que jalonan su gestión al frente del ayuntamiento”

Al notario alcalde de Estepona no le gusta que
no le den la razón. 

De esta manera la edil lamenta que, una vez más, el alcalde haya firmado dos expedientes disciplinarios, “causalmente el mismo día, 30 de agosto”, con la única finalidad “de suspender de empleo y sueldo a una persona que le puede resultar molesta en su labor al frente del ayuntamiento”.

Rodríguez recuerda cómo Duarte “se ha venido caracterizando por denunciar, incluso ante la administración autonómica, las irregularidades existentes en la gestión de García Urbano. Así, “han sido muchas las ocasiones en las que este habilitado nacional de carrera ha denunciado que el alcalde le niega sistemáticamente el acceso a la información municipal y que nadie firma acuses de recibo de sus escritos, entre otros asuntos.

Cabe recordar que Duarte ya denunció públicamente, hace sólo unos meses, las irregularidades que se produjeron en la Junta de Gobierno Local en la que se acordó la privatización de dos servicios públicos, el alcantarillado y la limpieza de edificios públicos. Así, el secretario Adjunto aseguró que “fui convocado a una Junta de Gobierno Local, extraordinaria y urgente, que debía de celebrarse media hora después, sin que me comunicaran el orden del día”.

Duarte aseguró que, cuando llegó, comprobó que faltaban “tres de los siete” miembros de la Junta de Gobierno Local, y que, según la documentación del expediente, no habían sido convocados. “Expuse mis dudas acerca de la convocatoria y de la validez de lo que allí se aprobara”, comentó. Sin embargo, siempre según su relato, el alcalde le “ordenó” seguir la sesión y así lo hizo.

Ante esta situación el funcionario l adelantó que haría constar en el acta que no había tenido tiempo de examinar los expedientes y que “declinaba cualquier responsabilidad de sobre los mismos”.

Para la concejala socialista lo que el alcalde pretende con este tipo de expedientes disciplinarios o de información reservada es “trasladar a la plantilla municipal que si no se hace lo que él ordena deben atenerse a las consecuencias. Está claro que la vía judicial está expedienta pero mientras se resuelven estas cuestiones en los tribunales el empleado está en la calle y el alcalde haciendo lo que le da la gana”.

De esta manera Rodríguez se refiere, también, al expediente de información reservada abierto, también, el pasado 30 de agosto “para depurar responsabilidades que han conllevado que no fuese posible la firma del contrato de adjudicación de los servicios de conservación y mantenimiento de edificios, instalaciones e infraestructuras municipales junto con la gestión energética y la implementación del Plan de Optimización Energética del municipio en la fecha inicialmente prevista”.

Vecinos denuncian ante la Junta la existencia de “múltiples irregularidades” en las obras de la calle Villa

Varios vecinos de Estepona han solicitado a la Junta de Andalucía, que “se proceda a la incoación y medidas cautelares previstas en el Artículos 118 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía: la inmediata suspensión de la actividad, y ordenar las medidas provisionales que estime necesarias para evitar daños en los bienes constitutivos del Patrimonio Histórico Andaluz, así como para incoar el oportuno expediente sancionador”.

Los vecinos afectados, del mismo modo, han puesto en conocimiento del grupo municipal socialista toda la documentación remitida a la administración autonómico “ante la existencia de múltiples irregularidades”, según la concejala socialista, Nekane Garín.

En el escrito, puesto a disposición del PSOE, se asegura que las calles Villa y Santa Ana  “se sitúan en la zona más antigua de la población en donde se ubicaba la fortaleza musulmana y la cristiana, de las cuales solo queda, a la vista, del primero un aljibe en el patio del Ayuntamiento y del segundo un lienzo del muro Sur del siglo XVI, con una batería de finales del siglo XVIII”.

Los vecinos indican, además, que el núcleo más antiguo de la población, está amparado por el Plan Especial de Mejora y Protección del Casco Urbano, que se aprobó definitivamente y contó con el informe favorable de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

En este Plan se prevé que esta Calle junto con la Plaza del Reloj constituya una Unidad de Ejecución, en donde se tiene que desarrollar un ambicioso plan de mejora, que incluye diversas obras, todas como un conjunto con el fin de conseguir revitalizarlo y poner en valor los restos arqueológicos.

La concejala socialista, del mismo modo, recuerda que la calle Villa se encuentra dentro del ámbito de Protección de los monumentos catalogados como BIC y además en la cata abierta en la zona central, ha aparecido lo que parece ser el arranque de los muros de la fortaleza árabe y en concreto una jamba de una de sus puertas de acceso.

La Ley de Patrimonio de Andalucía, en sus Art. 28 y 33 establece que las actuaciones que se realicen en el entorno de los BIC están sometidas a la autorización previa de la Consejería de Cultura.

Así mismo la disposición Adicional Cuarta de la misma Ley, establece que el ámbito de influencia de estos es de 50 mts. 

Pues bien el Plan Especial mencionado, cataloga tres edificios como BIC: La Iglesia de los Remedios, La Torre del Reloj y el Castillo de San Luis; aunque a ello se le podría añadir la traza del castillo musulmán como Patrimonio Arqueológico.

“Por todo ello, tanto por la Torre del Reloj, como del Castillo de San Luís o la propia traza del Castillo musulmán, la Calle Villa y parte de Santa Ana, se encuentran en su afección y por ello es obligatorio, independientemente del Permiso para la excavación arqueológica, la previa autorización de esa Consejería, que no debe ser única para esta Calle, sino para el conjunto de la Unidad de Ejecución que, reitero, establece el Plan Especial aprobado por todos los Organismos competentes”, manifiestan los vecinos.

Por último, los vecinos denuncian que el ayuntamiento ha comenzado estas obras sin haber solicitado siquiera las correspondientes autorizaciones a la Junta de Andalucía.

Por todo ello, indica Garín, el grupo municipal socialista ha realizado una comparecencia ante el secretario General del ayuntamiento para conocer en profundidad éste expediente así como para “conocer de primera mano la visita que agentes de la Guardia Civil han realizado a  estas obras tras la existencia de distintas denuncias vecinales”.

El alcalde impide la creación de una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades detectadas en la Tesorería municipal y en la Secretaría Adjunta

El equipo de gobierno del ayuntamiento de Estepona, Partido Popular, ha impedido que prosperase una moción presentada en el capítulo de asuntos surgentes por el portavoz del grupo municipal socialista, David Valadez, bajo la denominación de `Creación de una comisión de estudio e investigación de las presuntas irregularidades detectadas en la Tesorería municipal y por el secretario Adjunto de la Corporación`.

Imagen de un pleno municipal. 

La propuesta socialista consistía en seis puntos entre los que se establecía que la composición de la comisión guardaría la proporcionalidad del pleno de la Corporación y estaría compuesta por el secretario General del ayuntamiento, en calidad de asesor, y por siete representantes políticos: cuatro del PP, dos del PSOE y uno del CIE.

Además, se aseguraba que “el inicio de los trabajos de la citada comisión se realizará en un plazo máximo de 15 días a contar desde la aprobación de su creación”.

Los socialistas pretendían, además, que “se pusiesen todos los medios posibles a disposición de los miembros de la comisión para la consulta de documentos y solicitudes de información y comparecencias relativas a los temas a tratar por la misma”.

También se aseguraba que “los trabajos de la comisión se desarrollarán por un periodo máximo de tres meses a contar a partir de la constitución de la misma”.

Por último, en la moción se contemplaba que “se elevará el resultado y las conclusiones de la comisión a un Pleno Extraordinario, convocado a tal efecto y con ese único punto del Orden del día”.

En la moción presentada por el PSOE se aseguraba que “tras haber tenido conocimiento de la existencia de graves irregularidades en el departamento de Tesorería municipal por parte de los medios de comunicación este grupo político considera imprescindible que, más allá de las líneas de investigación que puedan establecerse en el orden policial y judicial, el pleno de la Corporación acuerde crear una Comisión de Estudio e Investigación que contribuya a esclarecer los hechos”.

Además, se indica en la moción socialista que “no es la primera vez que, en las últimas semanas, un habilitado nacional de carrera sale al paso de las manifestaciones realizadas por el alcalde. Así, hay que recordar que hace semanas fue el secretario Adjunto de la corporación el que se dirigió a la Junta de Andalucía para pedir su mediación ante las presuntas irregularidades que se estaban llevando a cabo en el ayuntamiento”.

El secretario de Estepona denuncia a la Junta una batería de irregularidades

EL PAÍS

El habilitado nacional acusa al gobierno del PP de impedirle realizar su labor

José Manuel Duarte, el secretario adjunto de Estepona (Málaga) ya no puede más. Este habilitado nacional de carrera ha comunicado a la Junta de Andalucía toda una batería de irregularidades supuestamente cometidas por el gobierno de José María García Urbano (PP), que le impiden desempeñar sus funciones en este consistorio.

José María García Urbano en un acto electoral.

 / JULIÁN ROJAS

En un escrito de cuatro folios, Duarte habla de los problemas que ha tenido para que se incluyan sus objeciones en el acta de una Junta de Gobierno Local en la que se aprobó la privatización de servicios municipales el pasado 4 de enero. También asegura que el alcalde ha delegado las tareas de contratación, propias de un habilitado nacional, en una abogada; que se le niega sistemáticamente el acceso “toda información municipal”; y que nadie firma “acuses de recibo” de sus escritos, entre otros asuntos.

El funcionario ha informado a la Junta porque la administración andaluza tiene competencias disciplinarias sobre el trabajo de los habilitados nacionales, además de la función de supervisar las actas de plenos y juntas de gobierno de los ayuntamientos. “Estaría cubriéndose las espaldas por si actúan contra él”, consideran fuentes jurídicas.

El secretario adjunto expuso su situación al departamento jurídico de la Junta y le solicitaron un informe. El documento se registró en la delegación del Gobierno de la Junta de Málaga el 27 de enero. “El siguiente paso sería reclamar información al Ayuntamiento”, explican fuentes del Gobierno andaluz. Una portavoz del Consistorio esteponero aseguró ayer que no tienen constancia de la existencia de este escrito, por lo que rehusó valorar su contenido.

El funcionario dice que le niegan información pública y que nadie firma los "acuses de recibo" de sus escritos

El primer episodio que relata Duarte es su participación en una Junta de Gobierno Local el 4 de enero, cuando el Secretario General, José Gustavo Rubio, estaba de vacaciones. “Fui convocado a una Junta de Gobierno Local, extraordinaria y urgente, que debía de celebrarse media hora después, sin que me comunicaran el orden del día”, detalla. El secretario asegura que, cuando llegó, comprobó que faltaban “tres de los siete” miembros de la junta, y que, según la documentación del expediente, no habían sido convocados. “Expuse mis dudas acerca de la convocatoria y de la validez de lo que allí se aprobara”, comenta. Sin embargo, siempre según su relato, el alcalde le “ordenó” seguir la sesión y así lo hizo.

Aquel día se iba a aprobar la privatización de dos servicios públicos, el alcantarillado y la limpieza de edificios, por lo que el funcionario les adelantó que haría constar en el acta que no había tenido tiempo de examinar los expedientes y que “declinaba cualquier responsabilidad de sobre los mismos”.

A partir de ese momento comenzó un tira y afloja por ver quién redactaba el certificado de esa reunión. Según el secretario, dos empleadas municipales trataron sin éxito que firmara un acta en la que no figuraban sus objeciones. Él tampoco logró que el alcalde rubricara el acta que, como secretario, había elaborado. “Ignoro si el acta ha sido remitido a los órganos supramunicipales, como es preceptivo”, comenta Duarte. El habilitado nacional mantiene que contó lo ocurrido al Secretario General cuando regresó de su descanso, pero que Gustavo Rubio “se negó a recibir los documentos alegando que ya conocía la situación”.