López pide al alcalde que cumpla con su palabra sobre la regularización de los campitos

En Estepona “nada se ha hecho en esta materia a diferencia de municipios como Manilva o Mijas” 

El concejal socialista de Estepona, Julián López, ha solicitado al equipo de gobierno del PP que “tome buena nota del trabajo que ayuntamientos cercanos al nuestro como Mijas o Manilva están llevando a cabo en cuanto a la regularización de los conocidos como campitos”.

“Pese a que prometieron en campaña electoral que este asunto iban a resolverlo en solo unas semanas lo cierto es que ya han pasado tres años y el Ayuntamiento, a fecha 13 de junio, tan sólo tenía inscritos diez expedientes debidamente situados sobre planimetría y catastro municipal”, lamenta el dirigente socialista.

López recuerda que el responsable de la oficina para la regularización de edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable manifestó por escrito que  “a la vista de la falta de medios de que dispone esta oficina y de la escasa colaboración de los ciudadanos en la identificación de sus viviendas, se ha procedido a revisar la base de datos de disciplina urbanística”.

Para el concejal socialista“es más que evidente que también en este asunto el PP de Estepona, con el alcalde a la cabeza, ha mentido de manera descarada con el único fin de confundir a los ciudadanos y de obtener votos en las pasadas elecciones municipales”.

Así, el dirigente socialista recuerda cómo en la pasada campaña electoral García Urbano aseguró que “estas construcciones pueden legalizarse a través de modificaciones puntuales de elementos en el planeamiento para convertir estas áreas en urbanas”.

Explicó que “se trata de sectorizar y coger pequeñas zonas para convertirlas en pequeñas urbanizaciones, respetuosas con el medio ambiente e integradas en el mismo”. Aseguró, del mismo modo, que esta sería una de sus prioridades de gobierno si ganara las elecciones municipales.

En Estepona, según García Urbano, se beneficiarían de esta medida unas 3.000 viviendas que están “en el limbo jurídico”.

López concluye asegurando que “si el PP no ha hecho nada en este sentido es única y exclusivamente responsabilidad suya porque en esta ocasión confiamos en que no tengan la tentación de responsabilizar a otros de su negligencia ya que otros Ayuntamientos, algunos de ellos gobernados por el PP, sí que han avanzado y mucho. El marco normativo andaluz es el mismo en Mijas, en Manilva y en Estepona”.

García Urbano prometió legalizar 3.000 campitos en Estepona. La realidad es que solo hay diez expedientes en la oficina de regularización

El técnico responsable del departamento lamenta “la falta de medios” para llevar a cabo su trabajo

Los "campitos" han sufrido las mentiras de García Urbano. 

La Oficina municipal de la Regularización de los conocidos como `campitos`, tan sólo tiene inscritos a fecha 3 de junio de 2013, diez expedientes “debidamente situados sobre planimetría y catastro municipal”.

En el informe remitido por el responsable de la oficina para la regularización de edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable se asegura que “se está esperando a que por parte de los servicios técnicos municipales se redacten las ordenanzas municipales donde se definan las condiciones mínimas de habitabilidad”.

Además en el informe se asegura que “a la vista de la falta de medios de que dispone esta oficina y de la escasa colaboración de los ciudadanos en la identificación de sus viviendas, se ha procedido a revisar la base de datos de disciplina urbanística”.

Como solución a este problema, y en contra de lo sostenido por el alcalde, José María García Urbano (PP), se apunta a que “se debería retomar el avance de planeamiento como instrumento para el inicio de la regularización de viviendas en suelo no urbanizable… entendiendo que dicha información será válida en un futuro en los trabajos de continuación de la revisión del PGOU del municipio”.

Para el portavoz del grupo municipal socialista, David Valadez, “es más que evidente que también en este asunto el PP de Estepona, con el alcalde a la cabeza, ha mentido de manera descarada con el único fin de confundir a los ciudadanos y de obtener votos en las pasadas elecciones municipales”.

Así, el dirigente socialista recuerda cómo en la pasada campaña electoral García Urbano aseguró que “estas construcciones pueden legalizarse a través de modificaciones puntuales de elementos en el planeamiento para convertir estas áreas en urbanas”.

Explicó que “se trata de sectorizar y coger pequeñas zonas para convertirlas en pequeñas urbanizaciones, respetuosas con el medio ambiente e integradas en el mismo”. Aseguró, del mismo modo, que esta sería una de sus prioridades de gobierno si ganara las elecciones municipales.

En Estepona, según García Urbano, se beneficiarían de esta medida unas 3.000 viviendas que están “en el limbo jurídico”.

Valadez, del mismo modo, recuerda cómo la concejala responsable del área de Urbanismo, Susana Arahuetes, aseguró en julio del 2011 que el ayuntamiento abriría un registro para “legalizar los campitos con nefastos resultados”.

Desde el PSOE se recuerda, además, que el plazo para las resoluciones del reconocimiento de asimilado al régimen de fuera de ordenación finalizó el pasado 1 de marzo del presente año, “debiendo procederse al impulso de la redacción de los avances, así como las ordenanzas municipales sobre normas mínimas de habitabilidad”, según el responsable de esta oficina municipal.

Por último,desde el PSOE se indica que el pasado 5 de febrero el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Málaga, Javier Carnero, remitió una carta al alcalde en la que le recordaba que a partir del 1 de marzo de este mismo año no se podrá conceder nuevas autorizaciones para la contratación provisional de los servicios básicos con compañía suministradora” y, sin embargo, desde el ayuntamiento “nada se ha hecho para anticiparse a esta nueva realidad”.

El Ayuntamiento de Estepona ingresará 612.000 euros en contribuciones especiales

Los vecinos de la Cala, Las Joyas, la Malagueña, Loma de Atanasio, Seghers y urbanización Golf-Atalaya pagarán el 90% del importe total

El equipo de gobierno del PP del ayuntamiento de Estepona contempla en los presupuestos del año 2013 el ingreso de un total de 612.000 euros en contribuciones especiales que suponen el 90% del total de los gastos que originen el adecentamiento de los caminos de La Cala, Urbanización Las Joyas, Camino Cala Alta, la Malagueña, Loma de Atanasio, Seghers y Urbanización Golf-Atalaya.

Así, el ayuntamiento sólo destinará al arreglo de estos caminos un 10% del importe total lo que supone “un auténtica temeridad en estos momentos ya que pocos vecinos pueden en estos durísimos momentos acometer una inversión de este tipo”, según el edil socialista de Estepona, Fernando Centeno.

Para el edil socialista “es más que evidente que el equipo de gobierno del PP está muy alejado de la realidad. Como ellos siguen cobrando 65.000 euros al año se creen que todos los esteponeros nadan en la abundancia”.

Por ello desde el PSOE se propone que “o estos caminos sean arreglados con recursos propios del ayuntamiento o se recurra a las contribuciones especiales, previa solicitud de los vecinos, y con un porcentaje económico inferior al previsto por el PP”.

“Aquí vemos, una vez más, la doble vara de medir del PP. Hay dinero para complementos y gratificaciones de simpatizantes del PP pero no hay ni un solo céntimo para arreglar caminos rurales. Además son incapaces, pese a contar con una oficina municipal de subvenciones, al frente de la cual está un agraciado con un complemento de libre designación, de conseguir implicar a otras instituciones supramunicipales en esta cuestión”, lamentó Centeno.

665.201,04 euros para concejales

Mientras estos se plantea desde el PP en los mismos presupuestos, en el capítulo I, se contempla que el ayuntamiento gastará en los 17 sueldos de los concejales del PP durante el 2013 un total de 665.201,04 euros y en sus 14 cargos de confianza 585.149,60 euros. “Es sencillamente inexplicable lo que está ocurriendo en este ayuntamiento. Todo para unos pocos y nada para el resto de la población”, concluyó Centeno.

“Es decir, sin contar los cinco empleados que van a percibir 800 euros mensuales en concepto de complementos de libre designación, el ayuntamiento se gasta 1.250.350,64 euros en los sueldos de los concejales y cargos de confianza del PP. Justo el doble de lo que va a cobrar el ayuntamiento a estos vecinos por arreglarles sus caminos rurales”, concluyó Centeno.

El PSOE subraya que el Gobierno de Griñán prioriza su acción política “en verdaderas preocupaciones de los ciudadanos” como la vivienda

El portavoz del grupo municipal de Estepona, David Valadez, destaca que el Ejecutivo de José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, “centra sus máximos esfuerzos en resolver las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos”, al priorizar la solución a cuestiones tan elementales como el acceso y el disfrute de una vivienda digna

El presidente de la Junta de Andalucía Jose Antonio Griñán. 

En esta acción política “social” enmarcamos los socialistas esteponeros el decreto para la regularización de edificaciones construidas en suelo no urbanizable y el reglamento de los registros municipales de demandantes de viviendas de protección oficial (VPO) aprobados ayer por el Consejo de Gobierno, que interviene “con sensibilidad, eficacia y firmeza para resolver situaciones legales complejas que afectan a miles de familias en la comunidad autónoma”.

Para Valadez, el decreto de regularización de viviendas representa “otro compromiso cumplido de Griñán” que permitirá normalizar cientos de viviendas en el municipio “de manera racional, con todas las garantías de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)” y con el objetivo de que sus habitantes “puedan acceder a servicios y suministros esenciales, como el suministro eléctrico o el abastecimiento y saneamiento de agua”.

El también secretario General de los socialistas locales recalca que esta medida, que distingue edificaciones aisladas, asentamientos urbanísticos y ámbitos de hábitat rural diseminado, “no es una amnistía a las construcciones irregulares, sino la solución dentro de la más estricta legalidad a los problemas que padecen muchas familias esteponeras”. De hecho, resalta que la iniciativa aprobada no admite en caso alguno la regularización de edificaciones ubicadas en espacios naturales y terrenos inundables o con otros riesgos ambientales, inmersas en procesos judiciales o “levantadas fuera de la ley y con margen de actuación para las administraciones”.

Además, celebra que este decreto autonómico “refuerza el papel de los ayuntamientos en la normalización de estas viviendas y la colaboración de la Junta con los municipios” en todo este proceso.

El dirigente socialista considera “igual de importante” la aprobación del reglamento de los registros municipales de demandantes de VPO, porque “acaba con un problema que se ha agravado mucho en estos tiempos de crisis económica, al eliminar las penalizaciones a los adjudicatarios que se ven obligados a renunciar a sus viviendas protegidas”.

Valadez muestra el respaldo del PSOE de Estepona a esta nueva normativa, porque admite la renuncia voluntaria a una VPO “a los andaluces que no consiguen crédito en el banco o no pueden pagar sus hipotecas, a los que pierden su trabajo y a quienes cambian sus circunstancias familiares, por hijos o personas dependientes a su cargo, de manera que mantienen la posibilidad de optar a otra VPO adecuada a sus necesidades o en un momento más oportuno”.                                                                                    

El PSOE acusa al alcalde de “memoria selectiva”

El PSOE de Estepona acusa al alcalde de la ciudad, el popular José María García Urbano, de memoria selectiva al tratar de engañar, una vez más a los ciudadanos de Estepona con respecto a la situación de los diseminados o campitos

Desde el PSOE de Estepona se recuerda que fue el actual alcalde el que “garantizó que en cuestión de horas el tema de los campitos iba a estar resuelto”. Ahora, ante su explícito reconocimiento de haber mentido, lo que hace es montar una supuesta oficina, compuesto por un solo técnico, para tratar de rentabilizar políticamente lo que el anterior gobierno, presidido por David Valadez, llevó a cabo y la labor que en este momento se está llevando a cabo en este ámbito por parte de la Junta de Andalucía, administración con competencias en el asunto.

Nos referimos al convenio de colaboración que el anterior alcalde, David Valadez suscribió hace meses con la Dirección General de Urbanismo de la Junta de Andalucía y al decreto para la regularización de las edificaciones y asentamientos en suelo no urbanizable que está prácticamente ultimado y que anunció el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad ha iniciado.

Para el portavoz socialista, David Valadez, el decreto tendrá un amplio alcance puesto que nace con la voluntad de solucionar problemas generados en el pasado, siempre dentro del marco urbanístico vigente y sin que se trate de una amnistía general. Las construcciones en suelo no urbanizable es un fenómeno complejo, con situaciones jurídicas y físicas muy diferentes, y la Junta de Andalucía se mantendrá vigilante para que no se repita en el futuro.

El documento tipifica las distintas situaciones en las que se encuentran las edificaciones en suelo no urbanizable en función de su ubicación (aisladas, en asentamientos o conformando hábitat rural diseminado), su adecuación al ordenamiento urbanístico territorial y su situación jurídica (con o sin autorización administrativa). Su objetivo es clarificar la situación jurídica de cada edificación, mejorar las condiciones de habitabilidad de las construcciones y establecer el régimen urbanístico y el tratamiento de las edificaciones aisladas. Además, facilita la incorporación de los asentamientos urbanísticos a los planes generales y establece con mayor precisión el régimen urbanístico del hábitat rural diseminado, con el fin de favorecer su utilización como instrumento para la regularización.

Según Valadez, el decreto distinguirá tres supuestos: las edificaciones aisladas (no llegan a constituir un asentamiento urbanístico y no requieren servicios y dotaciones colectivas), los asentamientos urbanísticos consolidados (las parcelaciones urbanísticas con entidad como para necesitar dotaciones y servicios colectivos) y los ámbitos de Hábitat Rural Diseminados (formados por edificaciones con usos y actividades vinculadas al medio rural, que requieren de estos servicios públicos).

Para las edificaciones aisladas, se diferencian en el decreto las que son legales o legalizables, de las ilegales, y dentro de éstas, las edificaciones en las que ya ha prescrito la posibilidad de ejercer acciones disciplinarias, de las que no ha prescrito o no prescribe nunca esta posibilidad, por ubicarse en suelos protegidos o inundables. Se trata de dar una respuesta diferenciada a cada situación, de manera que, según los casos, las viviendas puedan obtener licencia de ocupación o un reconocimiento que les permita mantener su estado actual, y acceder ciertos servicios (luz y agua) al menos en régimen de autoabastecimiento.

Para los asentamientos urbanísticos consolidados, la legalización ha de hacerse siempre a través del planeamiento, en coherencia con el modelo urbanístico del municipio. Esa incorporación se hará bien como suelo urbano no consolidado o como suelo urbanizable y el PGOU que incluya estos asentamientos deberá incorporar un diagnóstico de los asentamientos que hayan de integrarse. En este supuesto no se podrán legalizar las que estén ubicadas en suelos protegidos, o con riesgos, salvo que sean compatibles con el régimen establecido para este tipo de suelo. De igual modo, en estos casos se modularán los parámetros de crecimiento poblacional y de suelo establecidos en el artículo 45 del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).

En cuanto al hábitat rural diseminado, los asentamientos serán igualmente identificados desde el Plan General y pueden estar ubicados en suelos protegidos. Igualmente, se establecerán las medidas de conservación, protección o mejora, así como la posibilidad de incluir nuevas viviendas en el ámbito. En todos los casos, los propietarios deberán asumir los costes de la urbanización y de las infraestructuras básicas.

El PSOE califica de hipócrita la actitud del PP en relación al reglamento de disciplina urbanística de Andalucía

El PSOE de Estepona lamenta la enorme hipocresía del PP de Estepona por tratar deliberadamente de confundir a los ciudadanos en relación al Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

Desde el PSOE local queremos recordarle que su todavía portavoz y presidente local, Ignacio Mena, tuvo en sus manos como concejal de Urbanismo de este ayuntamiento, la oportunidad de plantear medidas que permitiesen iniciar diferentes líneas de trabajo con la Junta de Andalucía sobre la nueva normativa y ordenación a nivel urbanístico.

Los campitos de Estepona. 

A diferencia del absoluto pasotismo que Mena demostró cuando pudo haber contribuido a resolver esta situación, el actual gobierno municipal sí se ha preocupado y, por ello, ha firmado un acuerdo de colaboración con la Junta de Andalucía con el fin de, fundamentalmente, conocer a fondo cual es la problemática de las viviendas en suelo no urbanizable.

Para los socialistas esteponeros los conocidos popularmente como 'campitos', responden a una tradición fuertemente arraigada a la idiosincrasia propia de Estepona, que necesita su encauzamiento y su atención preferente y que en nada es equiparable a las motivaciones especulativas que puede haber ocasionado 'el boom inmobiliario' de estos años atrás.

Desde el PSOE local estamos convencidos de que el nuevo Reglamento de Disciplina Urbanística se configura como una recopilación de respuestas a casos prácticos para facilitar el ejercicio de las competencias municipales. En este sentido, se detallan de manera precisa tanto los procedimientos de licencias como las distintas tipologías de las mismas, además de introducir nuevas medidas de agilización como las autorizaciones por fases y parciales o los procedimientos abreviados para obras menores.

El refuerzo de las acciones destinadas a prevenir infracciones urbanísticas es otra de las claves del reglamento. Se incorporan así nuevas medidas de coordinación con el Registro de la Propiedad, que deberá comunicar a las administraciones competentes la solicitud de inscripción de parcelaciones, cuando existan dudas fundadas sobre su licitud. Asimismo, se amplía el listado de hechos inscribibles con nuevos supuestos de trascendencia para la disciplina urbanística, como obras fuera de ordenación, situaciones a la espera de respuesta por el planeamiento urbano y sentencias firmes que acuerdan la nulidad de licencia.

Otra novedad en esta línea es la introducción de nuevos supuestos de presunción de parcelación ilegal en suelo no urbanizable, según criterios objetivos y antes de que se materialice sobre el terreno.

Igualmente novedosa es la introducción del principio de 'cumplimiento por equivalencia' para aquellas situaciones excepcionales en las que es imposible la ejecución material o legal de las resoluciones dictadas, previos informes técnico y jurídico que así lo acrediten. En estos casos (entre los que no se incluye el 'derribo exprés') se exigirá una indemnización sustitutoria en metálico o mediante la cesión de terreno, con independencia de la multa que se imponga.

El régimen sancionador incluye también por primera vez el reconocimiento de la buena disposición del infractor a acatar las resoluciones y restaurar la legalidad, de tal modo que podrá beneficiarse de una reducción del 50% si asume la reparación antes de los dos meses estipulados. Esta medida también será aplicable si el interesado abona la multa en el plazo de un mes o presenta aval por el total del coste de la reposición física.

Por último, queremos recordar que en su proceso de tramitación, el texto ha contado con el respaldo del Consejo Andaluz de la Concertación Local, donde están representados todos los ayuntamientos andaluces. Asimismo, se han incorporado la mayoría de las alegaciones presentadas por colectivos profesionales y numerosas entidades y asociaciones públicas y privadas.