Valadez llevará al Pleno una moción de rechazo a la Ley de Administración Local‏

García Urbano votó en contra de que el secretario emitiese un informe sobre la incidencia de esta ley en el municipio

El secretario General del PSOE de Estepona, David Valadez, ha explicado que los socialistas esteponeros “vamos a defender al ayuntamiento y a los ciudadanos luchando para que la Ley de Reforma de la Administración Local que ha aprobado en solitario el PP, sin consenso, utilizando el rodillo de la mayoría absoluta, se retire”.

Valadez lamentó que más allá de lo que vienen reivindicando todos los municipios españoles solicitando una mayor financiación para prestar los servicios que demandan los ciudadanos, “la nueva ley lo que hace es quitar competencias”.

Así, entre otras cosas, la Ley de Reforma de la Administración Local afecta a los servicios que prestan los ayuntamientos en las áreas de asuntos sociales, juventud, igualdad y educación. “Qué le vamos a decir a los ciudadanos cuándo no podamos prestar servicios sociales, ¿qué vayan a Málaga?; y a todos los colegios públicos a los que les damos limpieza y que ahora tendrán que ir, suponemos que a Málaga, o a todas las personas que han ido a la delegación de la Mujer?, ¿Qué les decimos?, ¿qué no tenemos competencias?”, dijo David Valadez, quien también se refirió al futuro incierto de los trabajadores que prestan todos estos servicios en los ayuntamientos, “porque tampoco lo aclara” la ley del PP.

A juicio del responsable socialista, “lo que pretenden es privatizar. Primero prohibirá a los alcaldes que presten estos servicios y luego el Gobierno reducirá la Participación de los Ingresos del Estado para que nos veamos asfixiados y no tengamos más remedio que privatizar. Algo en lo que el PP de García Urbano es todo un experto”.

“Respecto al principio de estabilidad presupuestaria la nueva ley no sólo no contempla que es la Administración central quien impone a los ayuntamientos la obligación de cumplirlo, sino que también puede determinar las medidas que deben aplicarse para conseguirlo”, aseguró Valadez.

Además, manifestó que “la ley del PP establece que cuando el pleno de la corporación municipal no alcance en una primera votación la mayoría necesaria para la adopción de acuerdos como la aprobación de los presupuestos, planes económicos-financieros, de saneamiento o entrada en mecanismos extraordinarios de financiación, la Junta de Gobierno Local tendrá competencia para aprobarlos. Se quiere hurtar así a la oposición el conocimiento, control y votación sobre temas de vital importancia para la ciudad”.

Frente a esta situación, el PSOE va a presentar una moción en el Pleno de apoyo al recurso al Tribunal Constitucional que van a elevar todos los grupos políticos, excepto el PP.

Al menos 448 municipios andaluces promoverán en sus plenos el apoyo al recurso de inconstitucionalidad contra la reforma local del gobierno de Rajoy que presentarán todos los partidos y que la propia Junta de Andalucía ha anunciado hará efectiva también este mismo mes.

“El recurso que ahora nos ocupa es el relativo al Conflicto en Defensa de la Autonomía Local regulado e la Ley del Tribunal Constitucional. Para ello necesitamos aunar un séptimo de los municipios españoles que a su vez representen como mínimo un sexto de la población oficial”, aseguró Valadez.

La fecha límite para que se adopte el acuerdo plenario en Estepona es el 28 de febrero, ya que el plazo que establece la ley para formalizar el acuerdo son tres meses desde la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado.

La Ley de Reforma de la Administración Local supone una marcha atrás en la prestación de servicios públicos por parte de los ayuntamientos, la administración más cercana al ciudadano, retirándoles numerosas competencias y poniendo en entredicho la autonomía local, convirtiendo en foco de negocio dicha prestación.

“Por ello han sido hasta dos las ocasiones en las que el grupo municipal socialista ha solicitado al alcalde que faculte al secretario General de la corporación a que emita un informe específico sobre la incidencia que la puesta en marcha de esta ley supondrá para el municipio. El PP lo ha impedido porque no quieren reconocer que tras su entrada en vigor vendrá el despido de más empleados municipales y la desaparición de servicios básicos”.

El PSOE muestra su “absoluto rechazo” a la reforma de la administración local‏

La secretaria de Política Municipal del PSOE de Estepona, Manuela Benítez, ha mostrado “la posición radicalmente  contraria al Proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la  Administración Local” 

“El Gobierno presenta este texto con el único objetivo de dar cumplimiento a  la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Y pretende basarse en el  argumento de la carga financiera y económica que las corporaciones locales significan para la economía del país. Se trata de una afirmación sin  fundamento, puesto que el endeudamiento público de las entidades locales  está en torno al 4% del PIB, mientras que su déficit conjunto público total alcanzó en 2012 el 0,3% y será del 0% para el periodo 2013-2015”, aseguró.

El ciudadano, que es a quien nos debemos, acude a quien le presta mejor los  servicios y si a este fin acude a los municipios, en lugar de a otros entes  de mayor ámbito territorial, es porque percibe que de la cercanía en la prestación se proporcionan servicios donde sus necesidades particulares tienen mejor acomodo, manifestó Benítez.

La dirigente socialista aseguró que “la consecuencia ineludible de la nueva ley: servicios de mucha peor calidad con un coste más elevado que tendrán que costear los ciudadanos”.

El texto del proyecto del gobierno no es sino una apuesta por la “decadencia de las referidas comunidades ciudadanas, que no resuelve en absoluto los problemas reales de estas entidades, que no son los de los alcaldes y alcaldesas sino los de los vecinos. Es un texto que en lugar de profundizar en los derechos democráticos de participación ciudadana, atenta decididamente contra ellos”.

El texto presentado, y que se pretende entre en vigor el 1 de enero de 2014, erosiona la autonomía local no respetando las competencias municipales, no tiene en cuenta los principios de proximidad y de equidad en la prestación de los servicios públicos, no respeta las competencias de las Comunidades Autónomas ni las distintas peculiaridades y realidades históricas reconocidas en los respectivos Estatutos de Autonomía y pone en peligro la prestación de los servicios sociales básicos que tanto necesitan los ciudadanos en estos momentos de dura crisis económica.

El modelo propuesto por el gobierno significará una gran ineficiencia en la prestación de servicios básicos (recogida y tratamiento residuos sólidos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario agua potable, acceso a los núcleos de población y  pavimentación de las vías) pero también en las prestaciones sociales fundamentales para millones de ciudadanos. Servicios de atención domiciliaria, teleasistencia, menores, discapacidad, inclusión de inmigrantes, infancia, dependencia, mayores... dejarán de ser prestados desde el conocimiento que proporciona la cercanía, perderán su calidad y eventualmente podrían dejar de dar cobertura a muchos ciudadanos.

Ante la propuesta gubernamental no somos solo los responsables del PSOE los que vemos con preocupación esta reforma, sino que ha habido una reacción social unánime frente a la misma. Es necesario atender las razones que una inmensa mayoría de alcaldes y concejales, asociaciones y federaciones de entidades locales, empleados públicos, organizaciones sociales, sindicales o empresariales han pronunciado con toda claridad y contundencia.

Hoy queremos recoger todas estas voces, poniendo de manifiesto que no se trata tanto de una cuestión de mayorías parlamentarias para la aprobación de la Ley, sino de la necesaria búsqueda del consenso para alcanzar mayorías sociales.

El PSOE muestra su “total rechazo” a la construcción de la gasolinera

Anuncia que “agotará todas las vías para tratar de paralizar este expediente” 

El Secretario de Movimientos Asociativos del PSOE de Estepona, Francisco José Rodríguez, ha anunciado que su formación política va “a llevar a cabo todas las gestiones necesarias para tratar de paralizar la construcción de la gasolinera” en la barriada de Huerta Nueva al entender que “se trata de una auténtica barbaridad”.

Además indicó que “el equipo de gobierno del PP ha aprobado con sus únicos votos continuar con la tramitación de este expediente y los vecinos de una manera totalmente lógica están indignados”.

“Existen otras muchas opciones para cambiar esta ubicación. Desde el PSOE queremos que el alcalde continúe con el convenio que se firmó en el año 2005  y que permitía cambiar el uso industrial a uso residencial”, aseguró.

Además, insistió en que “si no se quiere respetar ese convenio lo que tendría que hacer es alcanzar otro nuevo y buscar una nueva ubicación para esta gasolinera pero, de ninguna de las maneras, permitir su construcción”.

El dirigente socialista aseguró no entender cómo “el Ayuntamiento respalda este proyecto cuando la normativa medioambiental es claramente contraria y la tendencia en todos los municipios es que las gasolineras se construyan en las afueras de las ciudades, en los extrarradios, y no en los cascos urbanos”.

“Entendemos y compartimos las preocupaciones de los vecinos y ponemos todos nuestros recursos a su disposición para ayudarles a conseguir su propósito. El PSOE también se opone claramente a esta construcción”, aseguró.

Rodríguez, del mismo modo, recordó que en el expediente en cuestión existe un informe jurídico suscrito por el actual Jefe de los servicios jurídicos de Urbanismo en el que se asegura textualmente que “procedería la desestimación de la solicitud relativa a la resolución del convenio y la declaración de vigencia de la licencia, así como la inadmisión de la reclamación relativa a la indemnización”.

El PSOE vuelve a mostrar su rechazo a que los empresarios hosteleros tengan que cambiar el mobiliario de sus terrazas para evitar multas de hasta 1.500 euros

Valadez muestra su respaldo a la bonificación del 95% del IBI a los colectivos sociales

El portavoz del grupo municipal socialista de Estepona, David Valadez, ha vuelto a reiterar el rechazo de su grupo político a la ordenanza reguladora de la ocupación de la vía pública que “establece la obligatoriedad de que todos los propietarios de establecimientos hoteleros del casco histórico tengan que homogeneizar su estética con el consiguiente desembolso económico que les va a ocasionar”.

En el pleno de hoy, y tras las alegaciones presentadas por el empresariado local, el ayuntamiento ha sometido a aprobación “una reducción del 50% del coste de las tasas de ocupación de vía pública de mesas y sillas, así como toldos, durante tres años (2013, 1024 y 2015), a los establecimientos afectados por las condiciones especiales establecidas para el centro histórico de la ciudad y que cumplan voluntariamente dicha normativa”.

Según ha manifestado Valadez “nosotros estábamos en contra, estamos en contra y continuaremos estando en contra de que se obligue, además en estos momentos de crisis, a los empresarios a realizar este desembolso por más que ahora ustedes traten de amortiguar el impacto tras las críticas surgidas por los empresarios afectados”.

A partir del 30 de junio todas las terrazas del casco histórico deberán ser blancos y azules, y sin elementos publicitarios, de tal forma que se aceptará cualquiera de las combinaciones posibles siempre que en cada juego de sombrilla, toldo y mesa aparezcan ambas tonalidades.

Así, en el artículo 37 de esta ordenanza, se establecen “condiciones especiales para las terrazas de la plaza de Las Flores, Dr. Arce y Sánchez Dragó, Carmen Sevilla, Gloria Fuertes, Luís Rosales, Damas, Raphael, Carlos Herrera, Adolfo Suárez de Figueroa, Correo y Viejo y Caridad”.

El incumplimiento de estos aspectos se considera como faltas graves y esto supone “multas de setecientos cincuenta y un euros (751) a mil quinientos euros (1.500)”.

Además de esta sanción económica el “tener mesas, sillas o sombrillas de otros colores a lo establecido por el gobierno local del PP supondrá la suspensión temporal de las licencias por un periodo de hasta dos años, la suspensión temporal de las actividades y clausura temporal de los establecimientos hasta dos años y la imposibilidad de realizar la misma actividad en que se cometió la infracción hasta por un año”.

Por otro lado, el grupo municipal socialista ha mostrado su conformidad y respaldo a la aplicación de una bonificación del 95% de la cuota íntegra del impuesto a favor de los inmuebles en los que se desarrolle actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico o artísticas o de fomento del empleo que justifique tal declaración.

“En Estepona, no obstante, son pocos los colectivos que se beneficiarán de este acuerdo, que viene propuesto por el gobierno central, ya que la enorme mayoría tiene su sede en locales cedidos por el ayuntamiento”, aseguró Valadez.

Como estos dos asuntos han sido abordados en un único asunto el grupo municipal socialista ha optado por la abstención en su voto.           

Apoyo a la Universidad de Málaga de los socialistas esteponeros

Valadez firmó con De la Calle dos convenios universitarios el pasado año

El Grupo Municipal Socialista de Estepona presentará en la próxima sesión plenaria una moción ante "la campaña de ataque y desprestigio del PP hacia la Universidad de Málaga y su rectora", según ha señalado la concejala socialista de Estepona, Yolanda Aranda.

“El municipio de Estepona debe defender alto y claro el prestigio de una institución que con la que estamos fuertemente comprometidos y, del mismo modo, ensalzar la gestión de su máxima responsable, Adelaida de la Calle, que ha dado muestras claras en estos últimos años porque Estepona sea ciudad universitaria”, apostilló la edil.

De esta manera desde el PSOE se pretenden que el pleno rechace las declaraciones públicas efectuadas por la diputada malagueña, Celia Villalobos, en las que llegó a asegurar textualmente que la rectora “se había cargado el prestigio” de la Universidad malagueña.

Estas declaraciones se suman, del mismo modo, a las realizadas días atrás por el senador malagueño y alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, a favor de la universidad privada y en contra de la gestión pública lo que, en opinión de Aranda, “viene a demostrar que la concepción que tienen los dirigentes populares es exactamente la misma de la que presumen sus compañeros en Estepona”.

"Con esta moción queremos saber si el alcalde, José María García Urano, comparte estas críticas", ha afirmado, al tiempo que ha sentenciado que la apuesta por la educación privada por parte del Gobierno de Rajoy "provocará que haya cientos de alumnos  menos con becas en Estepona".

"Desde hace 40 años la Universidad de Málaga ha demostrado su labor de excelencia y calidad en la provincia y no vamos a permitir que los dirigentes del PP la desprestigien", ha afirmado. Aranda ha pedido a los representantes de la formación popular  que dejen de favorecer a los centros educativos privados en detrimento de los públicos.

Por último, la edil socialista quiso recordar que gracias a la “apuesta personal de la rectora de la Universidad de Málaga y a las gestiones llevadas por el anterior alcalde con esta institución” el municipio pudo acoger el pasado año cursos de verano que “no se han celebrado en el 2012 por la absoluta desidia del alcalde, José María García Urbano”.

Aranda recuerda que el 17 de enero del pasado año David Valadez firmó dos convenios con la Rectora de la Universidad de Málaga por los que la institución académica pasaría a impartir cursos de verano y abriría un aula para mayores. Los cursos de verano estarían relacionados con actividades deportivas, materias cuyo grado se impartiría en el futuro campus universitario de Estepona.

Los convenios, que tenían un tiempo de vigencia de un año, prorrogables, tenían como objetivo determinar las obligaciones de ambas partes. Al consistorio le correspondía la puesta a disposición de la UMA y de la Fundación General de la Universidad de Málaga de las instalaciones necesarias para el desarrollo de las actividades académicas y culturales, lo que no suponía coste alguno para las arcas municipales.

La firma de estos convenios era la antesala del futuro campus de Estepona que se ubicaría en la zona de Guadalobón, donde la UMA tenía previsto impartir el Grado de Educación Física para el que ya tenía elaborado el plan de estudios, tal y como confirmó la rectora, Adelaida de la Calle, que aseguró que la parte académica estaba hecha y sólo faltaba la construcción del edificio para impartir las clases.

“Desgraciadamente, hasta por dos ocasiones, el PP impidió que este proyecto saliese adelante, con lo que ello hubiese supuesto de revulsivo económico para la ciudad y ahora vemos, con suma tristeza, cómo también acaban con los cursos de verano que sí se impartieron, en las dependencias del Padre Manuel, con gran éxito el pasado bajo la denominación de “El deporte como herramienta educativa”, y la dirección de la nadadora española, María Peláez.

El PSOE anima al resto de concejales del PP a que sigan la estela de Trujillo

El concejal de Juventud firma en contra del ERE propuesto por el alcalde 

El concejal popular Adrián Trujillo. 

La secretaria de Organización del PSOE de Estepona, Leticia Teboul, ha mostrado su satisfacción por la decisión tomada por el concejal de Juventud, Adrián Trujillo, de plasmar su firma en contra del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que promueve el equipo de gobierno del que él forma parte y que supondrá el despido de un total de 176 trabajadores municipales.

En el escrito firmado por el concejal se asegura que “el alcalde de Estepona con su equipo de gobierno no pueden jugar con el empleo de familias de Estepona que trabajan en el Ayuntamiento de este municipio el servicio público, nuestras guarderías, nuestros servicios sociales, las actividades deportivas de nuestros hijos, nuestra seguridad, etc. Existen alternativas que no supongan ni pérdida de empleo ni recortes en los servicios públicos”.

Por ello Teboul mostró su convencimiento de que ese ejemplo sea seguido por más concejales del PP y no sólo se limiten a rubricar el manifiesto propuesto por las centrales sindicales sino que, además, deben ser coherentes con lo que dicen en privado. Así, “tendrán una magnífica oportunidad este próximo jueves ya que el grupo municipal socialista planteará en el capítulo de asuntos urgentes una moción para que el pleno rechace los despidos de empleados públicos y las privatizaciones y apueste por la prestación de servicios públicos de calidad”.

La dirigente socialista, del mismo modo, lamentó que “haya concejales que se dedican en privado a mostrar su rechazo al Expediente de Regulación de Empleo responsabilizando en exclusiva al alcalde cuando son ellos los que tienen la capacidad de dar marcha atrás a este asunto. Si el ERE no cuenta con el respaldo de 13 concejales es imposible que salga adelante”, concluyó Teboul.

Los socialistas exigen al PP que apliquen el Plan de Ajuste al millón y medio de euros que gastan en concejales y cargos de confianza

La concejala socialista de Estepona, Cristina Rodríguez, manifiesta la posición de los socialistas respecto al Plan de Ajuste aprobado por el equipo de gobierno del PP, “los socialistas estamos totalmente a favor de que se salden las cuentas pendientes con proveedores, tal y como ya demostramos hace meses llevando a pleno una propuesta que fue abortada por el PP, porque esas empresas son quienes generan empleo en Estepona”.

García Urbano gasta 1.500.000 € al año en sueldo
de concejales y cargos de confianza del PP. 

La edil socialista asegura que “no estamos de acuerdo en varios aspectos del Plan de Ajuste, ya que por ejemplo, resta autonomía a las corporaciones locales, impone un pago único perjudicando así la situación económica de algunas entidades locales, que lo están pasando mal y por último convierte el pago a proveedores en un negocio para los bancos, que reciben el dinero a 1% de interés del estado y lo prestan a los ayuntamientos al 5%”.

Rodríguez propone al equipo de gobierno y a José María García Urbano, que “se priorice el pago a proveedores por orden de antigüedad en las facturas, y no como pretendía hacer el alcalde mediante un Plan de Tesorería propio, además de que se atiendan primero las deudas con las empresas más pequeñas, donde una deuda en el tiempo por parte del ayuntamiento puede llevarla a la quiebra”. La concejala socialista además lamenta que “un plan tan importante para el municipio, y que marcará el futuro de Estepona en los próximos 10 años, se haya entregado a la oposición unos minutos antes del pleno y por la vía de urgencia, con actuaciones como estas, no se está facilitando en absoluto la labor de la oposición”.

La edil lamenta, además, que el plan de ajuste municipal tenga como principal punto de apoyo el bolsillo de los esteponeros, “se ha subido a todos los ciudadanos de Estepona la tasa de alcantarillado, el precio por el alquiler de las instalaciones deportivas, por la inscripción en las Escuelas Deportivas municipales que se unen a la subida de la luz y el gas que nos ha impuesto el gobierno de Mariano Rajoy”.

Denuncia Rodríguez en relación al personal del ayuntamiento, que “se pretende que los trabajadores y los ciudadanos se aprieten el cinturón, pero no predican con el ejemplo, hacen oídos sordos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que recomienda a los municipios que adecuen el número de cargos de confianza. García Urbano a esta recomendación hace oídos sordos, ya que actualmente son 17 cargos que nos cuestan, junto a los sueldos de los miembros del gobierno local, un millón y medio de euros de las arcas municipales. En concreto, el equipo de gobierno del PP le supone a las arcas municipales 665.200 euros brutos anuales, sin contar a los ediles que tienen responsabilidades supramunicipales. El gasto en cargos de confianza asciende a 705.050 euros brutos anuales”.

La reforma laboral de Rajoy “despedirá a los padres para contratar en precario a los hijos”

Los socialistas esteponeros muestran su respaldo a los trabajadores

Leticia Teboul en la manifestación de Málaga. 

La secretaria de Organización del PSOE de Estepona, Leticia Teboul manifiesta su rechazo a la reforma laboral que el gobierno de Mariano Rajoy ha puesto en marcha, al mismo tiempo que reiteró el compromiso de los socialistas esteponeros con los trabajadores, acudiendo y apoyando la manifestación que se celebró este pasado fin de semana, en las calles de Málaga.

Para Leticia Teboul, “estamos ante una reforma agresiva, un decretazo laboral cuyo único fin es abaratar el despido y destruir empleo, así como fomentar la precariedad laboral, la desigualdad y en ningún caso disminuir la tasa de paro de nuestro país”. El gobierno de Rajoy, ha dejado muy clara su postura ante la actual situación laboral, “donde hace falta empleo y más empleo, el PP propone despido y más despido, mintiendo así descaradamente a los españoles, cuando durante la campaña electoral aseguraban que su prioridad era la creación de puestos de trabajo”.

La dirigente socialista, recordó también como el PP no ha hecho más que mentir desde que ha llegado al gobierno de la nación, “nos dijeron que no iban a subir los impuestos, y su primera medida ha sido subir el IBI, subir el IRP, la congelación del salario mínimo y la paralización del desarrollo de la ley de dependencia, provocando, no sólo una negación de un derecho reconocido, sino además la destrucción de un sector laboral que estaba en alza y que estaba creando empleo”.

Para Teboul, “la única libertad que potencia esta reforma electoral es la de despedir, ya que el PP está abaratando el despido a más de nueve millones de trabajadores en España que hoy tienen un contrato indefinido, al bajar de 45 días a 33 la indemnización por año trabajado”. Una reforma que declara además procedente, “cualquier despido para las empresas que aun teniendo beneficios, acumulen durante nueves meses una caída de ingresos, dejando así la puerta abierta el despido de 20 días por año trabajado”.

Según la secretaria de Organización socialista “el nuevo contrato de emprendedores tiene trampa, ya que establece un periodo de prueba de un año, por lo que el despido para estos contratos, al año y al estar en pruebas, es libre y sin beneficio para el trabajador, dejando vía libre así a la creación de una bolsa de empleo precario”. Con esta reforma “lo único que pretende el PP es despedir barato a los padres para contratar en precario a los hijos, una reforma donde los derechos laborales conquistados hasta ahora se perderán, y donde se deterioraran las condiciones de trabajo, ya que los empresarios podrán reducir a su antojo, salarios, así como modificar las jornadas eludiendo simplemente, en época de crisis, una reducción de sus beneficios”.  

El PP rechaza las seis mociones presentadas por el grupo municipal socialista

Una vez más la mayoría absoluta con la que cuenta el PP en el pleno de la corporación ha sido utilizada para impedir que pudiesen prosperar las mociones presentadas por el grupo municipal socialista y que, de prosperar, “hubiesen supuesto un respaldo claro a políticas que benefician al conjunto de la ciudadanía pero especialmente a aquellos que menos tienen”

Así, el PP ha votado en contra de que el pleno se pronunciase en contra de la subida del impuesto del IRPF y el IBI decretada por el Gobierno de España, de los recortes en el programa de concertación de la Diputación Provincial de Málaga, de la suspensión de la aplicación de la Ley de Dependencia, de la congelación del salario mínimo interprofesional o de la puesta en marcha de nuevos proyectos de cogeneración y de fuentes renovables de energía.

En el capítulo de ruegos y preguntas los socialistas han vuelto a solicitar al alcalde que les entregue una copia íntegra de la documentación remitida al Tribunal de Cuentas sobre la liquidación del presupuesto del 2009, el expediente completo del procedimiento administrativo llevado a cabo para unir las urbanizaciones de la Ciudad del Sol y El Presidente y, tal y como ya hiciera en el pasado pleno ordinario correspondiente al mes de enero, una copia íntegra de la sesión plenaria del pasado día 15 de diciembre en la que el alcalde rompió la disciplina de su grupo político en un asunto urbanístico y se abstuvo.

Además el PSOE solicitó al alcalde una explicación acerca de las graves manifestaciones vertidas por el secretario Adjunto de la corporación en un informe remitido a la Junta de Andalucía y sobre las alegaciones presentadas por el tesorero de la corporación al Plan municipal de Tesorería aprobado por el pleno de la corporación sin que se hubiese celebrado la comisión informativa previa y sin contar con ningún tipo de informe, ni jurídico ni técnico.

El PSOE, del mismo modo, solicitó al alcalde que les entregue una copia del acta de la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado 4 de enero en la que, según el secretario Adjunto, se realizaron distintas irregularidades.

Puntos ordinarios

En cuanto al resto de cuestiones abordadas en la sesión plenaria el grupo municipal socialista votó a favor de los dos asuntos urbanísticos que se sometieron a deliberación ya que su aprobación inicial correspondió al anterior gobierno local y, por pura coherencia, “nuestro sentido del voto, a diferencia de lo que ustedes hacen, será el mismo”, aseguró el portavoz socialista, David Valadez.

“Lo que es bueno para la ciudad lo hemos apoyado antes, desde el gobierno, y lo seguiremos apoyando ahora desde la oposición”, aseguró Valadez.

Del mismo modo, el PSOE votó a favor de la prórroga del convenio de colaboración suscrito entre la delegación provincial de Salud y el ayuntamiento de Estepona para el desarrollo del programa de atención infantil temprana para niños y niñas de 0 a 4 años con trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlo.

Este expediente supone prorrogar el convenio que firmó el 1 de mayo de 2009 la delegada provincial de Salud, María Antigua Escalera, con el entonces alcalde y hoy portavoz socialista, David Valadez.

García Urbano se niega una vez más a hacer público su patrimonio y el del resto de sus concejales

El PP impide, del mismo modo, que los empresarios del municipio puedan cobrar lo que el ayuntamiento les adeuda a través del ICO

El portavoz del grupo municipal socialista de Estepona, David Valadez, ha lamentado que el gobierno local del Partido Popular (PP) haya impedido la aprobación de las tres mociones que el PSOE ha presentado en la sesión plenaria celebrada esta mañana en el capítulo de asuntos urgentes. Así, el PP se ha puesto a que el ayuntamiento se acoja a la nueva línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y que se cree una comisión para "dar transparencia a las ayudas y que se paguen a las pequeñas y medianas empresas sus facturas por orden de antigüedad y no por amistad".

Valadez recordó que sólo existe de plazo hasta el 30 de noviembre de 2011 para solicitar esta línea de crédito, por lo que urge, ir realizando los preparativos, de un trámite que según ha indicado es muy sencillo, al no necesitarse la autorización del Ministerio de Economía y Hacienda, tal y como ha demostrado, entre otros, el ayuntamiento de la vecina localidad de Manilva.

Del mismo modo, el gobierno local del PP ha impedido que el pleno aprobase la obligación de que todos los cargos electos miembros de la Corporación hagan público en la página web del ayuntamiento sus declaraciones de bienes y la posible existencia de incompatibilidades que pudiesen reportar algún beneficio económico. El PSOE trató, sin éxito, de que Estepona cumpliese con la resolución del Parlamento Andaluz aprobada a tal efecto.

Valadez asegura que "no tiene sentido que en municipios vecinos como el de Marbella llevan a gala la aplicación de la transparencia en la gestión pública, o en la propia Diputación Provincial de Málaga, de la que forman parte dos miembros del PP de Estepona", al dar a conocer las declaraciones de bienes, mientras "Estepona hace justo lo contrario".

Por último, el PP también ha impedido que el pleno de la Corporación se oponga al despido de trabajadores públicos: trabajadores de empresas públicas municipales y de los servicios básicos que garantizan el funcionamiento de la ciudad.

Además el PSOE solicitaba que el pleno reconociera el trabajo desempeñado por estos trabajadores, apoye el carácter público en la prestación de servicios y se oponga a cualquier intento de privatización de éstos.