La justicia frena la persecución a la que García Urbano (PP) somete a los habilitados nacionales‏

El alcalde firma un decreto quitando todas las competencias al secretario Adjunto

El portavoz del grupo municipal socialista de Estepona, David Valadez, ha solicitado al equipo de gobierno del PP que ofrezca explicaciones públicas de manera inmediata sobre la sentencia judicial por la que “se frena la tremenda campaña de acoso y derribo a la que el alcalde ha sometido al único habilitado nacional de carrera que existe en el Ayuntamiento dispuesto a denunciar las irregularidades que se están llevando a cabo y, además, oponerse abiertamente a ellas”.

De esta manera el también secretario General de los socialistas locales aseguró que según la resolución judicial el alcalde, José María García Urbano (PP), “no es competente para suspender de empleo y sueldo al secretario Adjunto durante seis meses y por lo tanto tendrá que ingresar al habilitado nacional de carrera el salario correspondiente a ese periodo”. Así lo establece el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga en una sentencia en la que viene a dar la razón al denunciante, José Manuel Duarte, que en octubre de 2012 fue cesado por decreto del alcalde, José María García Urbano, que lo retiró de sus funciones y ordenó a la Policía Local que lo desalojara de su despacho en el Ayuntamiento tras lo que se procedió a cambiar la cerradura de la oficina.

“Cuando el alcalde llevó este asunto a pleno ya dijimos lo que iba a ocurrir. Era una decisión claramente ilegal y ahora lo que nos preguntamos es si García Urbano va a pagar este sinsentido de su bolsillo o, como va a ocurrir, vamos a ser todos los esteponeros los que vamos a tener que correr con sus caprichos y sus decisiones viscerales sin ningún tipo de sentido. Sabía que era ilegal y aún así lo hizo porque sólo de esa manera podía quitarse de en medio a un testigo incómodo”, aseguró Valadez.

El portavoz socialista recuerda que “casualmente el equipo de gobierno del PP notificó a Duarte su suspensión de empleo y sueldo un día después de que este acudiese a declarar a la sala de lo social del TSJA en contra del ERE llevado a cabo al considerarlo claramente ilegal”.

Duarte aseguró en su momento que la decisión del alcalde era una venganza y ya por entonces adelantó que, en su calidad de habilitado nacional de carrera, su cese debía ser decretado por el Estado y no por el alcalde. Precisamente este argumento es el que mantiene el juzgado de Málaga que condena al Ayuntamiento a pagarle al funcionario el salario de los seis meses que estuvo suspendido.

Según la sentencia "nos encontramos ante una persona, un funcionario con habilitación nacional, que ejerce un cargo público en cuyo ejercicio ha sido suspendido cautelarmente por decisión de un órgano incompetente" por lo que se estima el recurso interpuesto y se declara "la nulidad de los meritados decretos por infracción del derecho fundamental del recurrente a no ser removido provisionalmente de su puesto sin un procedimiento legalmente establecido".

Ahora, el Ayuntamiento, además de pagar las nóminas del periodo en cuestión también tendrá que afrontar las costas judiciales.

Decreto

Tras la resolución judicial el alcalde, José María García Urbano, firma un decreto por el que quita todas las competencias al secretario Adjunto "descargándolo de asuntos de contenido económico, en concreto, sobre autorización y disposición de gastos, así como reconocimiento de obligaciones y pagos".

El alcalde revoca "al secretario Adjunto todo lo relativo a los asuntos del área económica: decretos de modificaciones de crédito, de transferencias y generales de crédito y aprobación de cuentas justificativas de gastos y reposición de fondos de habilitados".

Por ello el alcalde decide encomendar al secretario adjunto "las funciones que legalmente pudieran corresponderle en los asuntos relativos a las materias de mujer, parejas de hecho, salud, sanidad, animales potencialmente peligrosos, deportes, mayores, banda de música, protocolo y uso de escudo y banderas".

Para Valadez "es más que evidente que al alcalde el secretario Adjunto le resulta un testigo incómodo y sigue, pese a las sentencias judiciales, arrinconándolo quitándole todas las competencias".

Archivada otra de las denuncias, y ya van once, interpuestas por el PP contra David Valadez

La justicia vuelve a poner freno a la campaña de acoso y derribo sufrida por el actual secretario General de los socialistas esteponeros

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga ha ordenado archivar el recuso presentado por el Partido Popular de Estepona y por el ayuntamiento, por decisión del alcalde José María García Urbano (PP), sobre la decisión adoptada hace meses por el juzgado de instrucción número cinco que ordenaba el sobreseimiento de la denuncia interpuesta contra el ex alcalde, David Valadez, por el uso de los fondos provenientes del Patrimonio Municipal del Suelo “al garantizarse en todo momento su reposición”.

La secretaria de Organización del PSOE esteponero, Leticia Teboul, recuerda que en todo momento “sostuvimos que estas decisiones venían amparadas en la más estricta legalidad, al contar con los preceptivos informes técnicos y jurídicos tal y como la justicia ha vuelto a evidenciar una vez más”. La dirigente socialista, además, indica que “a diferencia de lo que García Urbano pretende hacer ahora, que es gastarse sin más miramientos lo que han gestionado corporaciones anteriores, en el anterior mandato se garantizaba en todo momento la reposición de los fondos vía Patronato Provincial de Recaudación. Decisión esta que también ah sido anulada por el alcalde, José María García Urbano (PP)”.

 Este archivo se suma al decretado hace ya algunos meses por el juzgado de primera instancia e instrucción número cinco de Estepona que acordó el archivo y sobreseimiento de las diligencias abiertas contra David Valadez por los presuntos delitos societarios y de falsedad documental.

Esta denuncia fue interpuesta por el ex tesorero municipal tras su jubilación como tesorero del ayuntamiento y, por consiguiente, su cese como liquidador de las sociedades municipales.

La jueza responsable de este juzgado se sumaba así a la petición formulada por el Ministerio fiscal que, en escrito firmado el pasado 30 de octubre, aseguraba que “una vez concluida la fase de instrucción el Ministerio Fiscal entiende que no queda debidamente acreditada la perpetración del hecho delictivo, considerando como suficientes las diligencias practicadas por la señora instructora, emitiendo como conclusión que el alcalde en su condición de Presidente, y teniendo en cuenta las facultades que se le confieren, está legitimado en su condición de Presidente de las correspondientes sociedades municipales a llevar a cabo la decisión adoptada”.

Cabe recordar, por otro lado, que a este penúltimo archivo se suman otros nueve producidos en estos últimos meses. Así, aseguró que “la última denuncia que se me archivó se refería a los presuntos delitos de prevaricación y malversación por la firma de un convenio de colaboración entre el ayuntamiento de Estepona y la Unión Estepona Club de Fútbol.

Además, también se archivó otra denuncia relativa a las transferencias realizadas en dos meses del ayuntamiento a las empresas municipales para el pago de la nómina de los empleados.

Hay que sumar otras seis más. Entre ellas “en la que se le imputaba el delito de prevaricación urbanística y omisión del deber de perseguir delito en relación a la construcción de una vivienda construida en el año 2004 cuando ni era alcalde ni concejal de Urbanismo”.

Además se archivó la denuncia interpuesta por el pago de las obras de las calles Caridad y Málaga con dinero del Patrimonio Municipal del Suelo y la denuncia presentada por el PP por un presunto delito penal por “retrasar” –según los populares-, “conscientemente la aplicación del acuerdo de pleno que acordó la eliminación de las tasas de basura, alcantarillado y licencia de apertura de establecimiento con el fin de que no se llevara a cabo”.

En este último caso, la justicia ha archivado la denuncia hasta en dos ocasiones.

También se archivó la denuncia presentada contra el ayuntamiento por los delitos de prevaricación por omisión debido a la emisión de ruidos contaminantes, realizados por algunos establecimientos de hostelería ubicados en el Puerto de Estepona, al entender que el ayuntamiento no realizaba intervenciones para paliar la situación.

Sin embargo, la denuncia también fue archivada debido a que la Fiscalía entendía que no podía decirse que el ayuntamiento haya estado inactivo tras el examen de la abundante documentación remitida por el consistorio.

Por último, la justicia archivó una denuncia interpuesta contra el ex alcalde socialista por el vertido de aguas fecales junto al club de tenis de Estepona.

El PSOE se ve obligado a exigir responsabilidades en los tribunales al equipo de gobierno

Conejo: “El alcalde ya ha tomado su propia decisión sin consultar a los esteponeros”

Francisco Conejo y David Valadez. 

El secretario de Política Municipal del PSOE de Andalucía, Francisco Conejo, ha asegurado esta mañana en rueda de prensa en Estepona que su partido se “ha visto obligado a acudir a los tribunales para poner en su conocimiento la existencia de posibles irregularidades en el expediente del gran bulevar”.

“Durante mucho tiempo venimos pidiendo explicaciones y la respuesta que hemos obtenido es la del silencio. No podemos permanecer impasibles ante esta situación ya que nos tememos que no se están defendiendo los intereses generales de la ciudad”, aseguró Conejo.

El dirigente socialista aseguró que “el alcalde ya ha tomado su propia decisión por todos los esteponeros sin preguntarle a la ciudad si quiere que tenga un uso público o privado. Ni tan siquiera ha preguntado a los padres y madres de los alumnos escolarizados en el colegio Valeriano López”.

Por ello, aseguró que “el alcalde debe explicar si está defendiendo los interés particulares de unos pocos o los generales de todo el pueblo de Estepona”.

“La opacidad en este expediente es absoluta. El alcalde debería resolver todas los indicios de irregularidades que hemos detectado y aclarar el futuro de un proyecto que gira en torno a la puesta a disposición de una empresa privada de terrenos por importe de 18 millones de euros”, lamentó Conejo quién concluyó afirmando que “el ayuntamiento sigue sin aclarar qué es lo que hay detrás de este proyecto estrella del PP. Estamos convencidos de que todo es humo y que no hay nada”. “Como también es humo todos los puestos de trabajo en dicho proyecto que había prometido García Urbano hasta hace unos pocos días”

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista de Estepona, David Valadez, aseguró que “el gran proyecto del PP en este mandato, el conocido como gran bulevar, no es más que la muestra inequívoca de la absoluta opacidad del actual gobierno local”.

Valadez recordó que el pasado 6 de marzo, con la presidencia del alcalde, tuvo lugar una mesa de contratación para analizar la documentación administrativa del procedimiento para la concesión demanial del uso privativo de una serie de inmuebles de equipamiento comunitario. A esa mesa, según consta en el acta, acudieron todos los tenientes alcalde del ayuntamiento pero, “de manera sorprendente”, tres de ellos no estampan su firma en el acta. En concreto: Manuel Aguilar, María Dolores Espinosa e Ignacio Mena.

“Posiblemente ese sea el resultado de su negativa a validar un procedimiento que la propia secretaria de la mesa de contratación, Marta Outón, pone en tela de juicio tal y como evidencia, de su propio puño y letra, de la siguiente manera:

“Diligencia: para hacer constar que las dos ofertas presentan la documentación técnica abierta (sin incluirla en sobre alguno)”.

“Por si no fuese suficiente en ese mismo acta se hace constar que se invita a pasar a los representantes de las empresas licitadoras y entra D. Andrés Martín que se identifica como mandatario verbal de Mazabi Gran Bulevar. Al que se le comunica verbalmente la documentación que deberá subsanar la empresa en un plazo de 7 días naturales computados a partir del siguiente acto”, afirmó Valadez.

Además aseguró que “por si alguien no lo sabe aún diré que Andrés Martín, y no voy a entrar en otro tipo de consideraciones, es la pareja sentimental de la secretaria General del PP y concejala de Playas de nuestro ayuntamiento, Susana Aragón”.

En esa misma mesa de contratación “se le insta, en calidad de supuesto representante de la única mercantil supuestamente interesada en la licitación del bulevar, a presentar en siete días la documentación que debe subsanar”.

Al día siguiente, la señora Outón remite un correo electrónico al señor Martín, en el que le indica que, entre otras cuestiones, debe subsanar la deficiencia referida a la garantía provisional. “En concreto dice, y vuelvo a leer textualmente, que deberá acreditarse la constitución de la misma en forma y cuantía prevista en el artículo 8 del pliego de condiciones”, afirmó.

Además recordó que “según el artículo 60 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, la garantía provisional será del dos por ciento del valor del dominio público objeto de ocupación y explotación por el concesionario. De acuerdo con la valoración de dicho dominio público contenida en el informe de los servicios técnicos municipales de 26 de noviembre de 2012, la garantía provisional asciende a la suma de 343.455,62 euros”.

Pues el día 12 de marzo la empresa dice, y es textual, que “en relación a la constitución de la garantía provisional a la que hace referencia el apartado tres del requerimiento se indica que el aval es parte de la financiación solicitada a las entidades bancarias actualmente en estudio por éstas”.

Valadez además informó que la sociedad Mazabi Gran Bulevar, SL, según el Boletín Oficial del Estado, se inscribió en el registro mercantil de Vizcaya el 1 de febrero de este mismo año, con un objeto social que es la compra, suscripción, tenencia permuta y venta de participaciones sociales y valores mobiliarios y cuenta con un capital social de tan sólo 3.006 euros.

Archivada la décima denuncia contra David Valadez

La justicia vuelve a poner freno a la campaña de acoso y derribo sufrida por el actual secretario General de los socialistas esteponeros

El juzgado de primera instancia e instrucción número cinco de Estepona ha acordado el archivo y sobreseimiento de las diligencias abiertas contra David Valadez por los presuntos delitos societarios y de falsedad documental.

Esta denuncia fue interpuesta por el ex tesorero municipal tras su jubilación como tesorero del ayuntamiento y, por consiguiente, su cese como liquidador de las sociedades municipales.

La jueza responsable de este juzgado se suma así a la petición formulada por el Ministerio fiscal que, en escrito firmado el pasado 30 de octubre, aseguraba que “una vez concluida la fase de instrucción el Ministerio Fiscal entiende que no queda debidamente acreditada la perpetración del hecho delictivo, considerando como suficientes las diligencias practicadas por la señora instructora, emitiendo como conclusión que el alcalde en su condición de Presidente, y teniendo en cuenta las facultades que se le confieren, está legitimado en su condición de Presidente de las correspondientes sociedades municipales a llevar a cabo la decisión adoptada”.

Cabe recordar, por otro lado, que a este décimo archivo se suman otros nueve producidos en estos últimos meses. Así, aseguró que “la última denuncia que se me archivó se refería a los presuntos delitos de prevaricación y malversación por la firma de un convenio de colaboración entre el ayuntamiento de Estepona y la Unión Estepona Club de Fútbol.

Previamente se había archivado otra relativa al pago de las nóminas de los empleados municipales, contando con los informes favorables de la secretaría y la tesorería municipal, tras garantizarse en todo momento la reposición de los fondos que estaban utilizados para este fin.

Además, también se archivó otra denuncia relativa a las transferencias realizadas en dos meses del ayuntamiento a las empresas municipales para el pago de la nómina de los empleados.

Hay que sumar otras seis más. Entre ellas “en la que se le imputaba el delito de prevaricación urbanística y omisión del deber de perseguir delito en relación a la construcción de una vivienda construida en el año 2004 cuando ni era alcalde ni concejal de Urbanismo”.

Además se archivó la denuncia interpuesta por el pago de las obras de las calles Caridad y Málaga con dinero del Patrimonio Municipal del Suelo y la denuncia presentada por el PP por un presunto delito penal por “retrasar” –según los populares-, “conscientemente la aplicación del acuerdo de pleno que acordó la eliminación de las tasas de basura, alcantarillado y licencia de apertura de establecimiento con el fin de que no se llevara a cabo”.

En este último caso, la justicia ha archivado la denuncia hasta en dos ocasiones.

También se archivó la denuncia presentada contra el ayuntamiento por los delitos de prevaricación por omisión debido a la emisión de ruidos contaminantes, realizados por algunos establecimientos de hostelería ubicados en el Puerto de Estepona, al entender que el ayuntamiento no realizaba intervenciones para paliar la situación.

Sin embargo, la denuncia también fue archivada debido a que la Fiscalía entendía que no podía decirse que el ayuntamiento haya estado inactivo tras el examen de la abundante documentación remitida por el consistorio.

Por último, la justicia archivó una denuncia interpuesta contra el ex alcalde socialista por el vertido de aguas fecales junto al club de tenis de Estepona.

El PSOE presenta una moción contra la Ley de tasas judiciales del PP

Los socialistas dicen que este ‘tasazo judicial’ “es una medida muy grave que atenta contra el derecho fundamental de todo ciudadano a acceder a la justicia” 

Juzgado de Estepona

El PSOE de Estepona va a presentar una moción en el ayuntamiento de Estepona contra la Ley de Tasas Judiciales del PP, que consideran que es “inconstitucional” y suponen “un menoscabo en los derechos fundamentales de los ciudadanos para acudir a la justicia”. 

El portavoz del grupo municipal socialista de Estepona, David Valadez, ha manifestado que esta Ley “es un ataque más a los ciudadanos” y su aplicación supondrá que “sólo tendrá tutela judicial quien tenga recursos económicos, es decir, estaremos hablando en nuestro país de justicia para ricos y justicia para pobres”.

Valadez ha indicado que este “tasazo judicial vulnera los derechos fundamentales y el principio de igualdad de los ciudadanos ante la Ley, excluyendo de la administración a los ciudadanos sin recursos para poder pagarla”. En este sentido, el dirigente socialista ha advertido de que “cientos de esteponeros se verán perjudicados”.

Por ello, en la iniciativa, los socialistas instan al PP a que “adopte urgentemente las medidas necesarias para excluir a los ciudadanos del pago de las tasas judiciales y garantice que nadie vea limitado su derecho de acceso a la justicia por no poder hacer frente al pago de las mismas”.

Valadez ha recordado que esta “aberración” del PP ya ha provocado que la Ley “no sólo haya sufrido un rechazo político, sino social y profesional, ya que las asociaciones de consumidores, sindicatos y todas las profesiones que actúan en procesos judiciales se han opuesto a este nuevo atropello del Gobierno”.

El portavoz socialista ha aseverado que esta Ley “no tiene nada que ver con la crisis económica ni con el ahorro económico, sino que es pura ideología de una derecha obcecada con desmantelar los servicios públicos esenciales”.

El socialista  ha puesto como ejemplos prácticos de la aplicación de esta Ley el caso de un empresario agrícola que reclame el impago de una factura de 600.000 euros, “quien tendrá que pagar 11.300 euros y por adelantado, en el caso de que llegue hasta el Tribunal Supremo". Asimismo, el ocupante de un vehículo que quedara tetrapléjico en un accidente y reclamara a la compañía aseguradora 1,3 millones de euros “tendría que abonar 6.050 euros para interponer la demanda, otros 6.550 si tiene que recurrir en apelación, y otros 6.950 euros si llega al Supremo".

Valadez ha añadido que el perfil "disuasorio" de la nueva Ley es "evidente" en el caso de las multas de tráfico, ya que "para recurrir una multa de 100 euros habrá que pagar una tasa judicial de 200, y ese dinero nunca se recupera".

El socialista ha advertido, por último, de que la subida de las tasas judiciales viene a sumarse a la reforma de los partidos judiciales que está "cocinando" el PP y que sólo supondrá "alejar la justicia de los ciudadanos". En el municipio de Estepona supondrá la desaparición de los juzgados de la localidad y su integración en la vecina localidad de Marbella.

Por este motivo los socialistas han iniciado una campaña de recogida de firmas que en las próximas semanas será remitida al Ministerio de Justicia.

Archivada la novena denuncia contra David Valadez

La justicia vuelve a poner freno, una vez más, a la campaña de acoso y derribo sufrida por el ex alcalde socialista de Estepona

El juzgado de primera instancia e instrucción número cuatro de Estepona ha acordado el archivo y sobreseimiento de las diligencias abiertas contra David Valadez por los presuntos delitos de prevaricación y malversación por la firma de un convenio de colaboración entre el ayuntamiento de Estepona y la Unión Estepona Club de Fútbol

En los razonamientos jurídicos empleados por el juzgado se asegura que ““una vez practicadas todas las diligencias que por esta instructora se han considerado imprescindibles al objeto de investigar los hechos denunciados, concretamente las declaraciones de denunciante, imputado y varios técnicos del ayuntamiento de Estepona, no ha quedado suficientemente acreditada la concurrencia de indicios racionales de la comisión por el señor Valadez de delito alguno”.

En el auto judicial se asegura, del mismo modo, que la firma del convenio de colaboración entre ambas entidades para la cesión del uso y explotación del estadio municipal se hizo “apoyado en las recomendaciones de un técnico jurídico del ayuntamiento , y con base a lo que la jurisprudencia había permitido hacer en otros municipios”.

Además, se afirma que “tampoco existen indicios de que el imputado actuase con fines lucrativos, ni haya recibido contraprestación alguna a título privado por la firma del convenio así como tampoco que haya actuado en perjuicio del interés público, pues como resulta de las declaraciones realizadas, se firmó el convenio en cuestión por ser la única manera de contribuir por el ayuntamiento al fomento del deporte en el municipio y ser la Unión Estepona el único club que reúne las características necesarias para ser beneficiario del uso y explotación del estadio”.

“Es más que evidente que a mí se me ha denunciado hasta por respirar. Lo único que hicimos nosotros fue, de manera pública y tras los respectivos informes jurídicos, firmar un convenio con la Unión Estepona Club de Fútbol para promover el fomento del deporte base en el municipio. De esta manera la justicia vuelve, por novena vez, a poner freno a la campaña de descrédito y linchamiento de la que he sido objetivo en estos tres años por aquellos que tenían como único objetivo el de desacreditar mi imagen ante la opinión pública”, aseguró Valadez.

Valadez ha recordado, por otro lado, que a este noveno archivo se suman otros ocho producidos en estos últimos meses. Así, aseguró que “la última denuncia que se me archivó se refería al pago de las nóminas de los empleados municipales, contando con los informes favorables de la secretaría y la tesorería municipal, tras garantizar en todo momento la reposición de los fondos que estaban utilizados para este fin.

Además, también se archivó otra denuncia relativa a las transferencias realizadas en dos meses del ayuntamiento a las empresas municipales para el pago de la nómina de los empleados.

Hay que sumar otras seis más. Entre ellas “en la que se me imputaba el delito de prevaricación urbanística y omisión del deber de perseguir delito en relación a la construcción de una vivienda construida en el año 2004 cuando ni era alcalde ni concejal de Urbanismo”.

Además se archivó la denuncia interpuesta por el pago de las obras de las calles Caridad y Málaga con dinero del Patrimonio Municipal del Suelo y la denuncia presentada por el PP por un presunto delito penal por “retrasar” –según los populares-, “conscientemente la aplicación del acuerdo de pleno que acordó la eliminación de las tasas de basura, alcantarillado y licencia de apertura de establecimiento con el fin de que no se llevara a cabo”.

En este último caso, la justicia ha archivado la denuncia hasta en dos ocasiones.

También se archivó la denuncia presentada contra el ayuntamiento por los delitos de prevaricación por omisión debido a la emisión de ruidos contaminantes, realizados por algunos establecimientos de hostelería ubicados en el Puerto de Estepona, al entender que el ayuntamiento no realizaba intervenciones para paliar la situación.

Sin embargo, la denuncia también fue archivada debido a que la Fiscalía entendía que no podía decirse que el ayuntamiento haya estado inactivo tras el examen de la abundante documentación remitida por el consistorio.

Por último, la justicia archivó una denuncia interpuesta contra el ex alcalde socialista por el vertido de aguas fecales junto al club de tenis de Estepona.

Recogida de firmas en Estepona, Manilva y Casares para evitar el traslado de los juzgados a Marbella

Pese a que el pleno aprobó por unanimidad una moción del PSOE “no se ha hecho absolutamente nada por parte del gobierno local del PP para impedir esta decisión”

Las agrupaciones socialistas de Estepona, Manilva y Casares han unido sus fuerzas para tratar de evitar el traslado de los juzgados de Estepona a Marbella mediante la recogida de firmas de los vecinos de las tres localidades.

Así, hoy se ha iniciado en el mercadillo de Estepona la recogida de firmas que persigue revocar la decisión adoptada por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial que ha modificado sustancialmente su propuesta sobre los futuros partidos judiciales de la provincia y que supondría que Marbella absorbería a Estepona.

El documento, que se aprobó el pasado día 19, supone que el diseño definitivo de estos partidos judiciales estará totalmente ultimado en el periodo de tres meses tras las aportaciones que realice el Ministerio de Justicia, que lo tramitará como anteproyecto de Ley de Demarcación y Planta.

Ante esta decisión el PSOE de Estepona presentó una moción al pleno de la corporación, que fue aprobada por unanimidad, pero que “ha quedado en nada ya que no se ha dado ni un solo paso por parte del gobierno local del PP”, apuntó el secretario General de los socialistas esteponeros, David Valadez.  

“No sólo supondrá un perjuicio tremendo a los profesionales del derecho que diariamente trabajan en el ámbito judicial y a la población en su conjunto sino que la economía local se verá, una vez más, seriamente afectada por una decisión a la que ya se están oponiendo el resto de municipios que también se están viendo perjudicados por esta medida, como Antequera o Coín”, aseguró Valadez.

El Consejo General ha aplicado un criterio poblacional en la nueva organización. De esta manera las circunscripciones resultantes del informe tienen una población superior a 100.000 habitantes y el desplazamiento desde los núcleos de población hasta la cabecera de partido no excede de una hora.

“No podemos entender que sea este el criterio aplicado cuando Marbella, por sí sola supera esa población. Se ha demostrado que con la presión política, y gracias a acuerdos adoptados en los plenos de Ronda, Antequera y Archidona se ha modificado la propuesta inicial. En Estepona no podemos permanecer, también ante esto, de brazos cruzados”, aseguró el dirigente socialista.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista de Manilva, Manuel Gil, incidió en la necesidad de que los gobiernos locales de los ayuntamientos de Casares, Manilva y Estepona "actúen con rotundidad ante la constante pérdida de derechos que se está produciendo por parte de los gobiernos del PP".

El secretario General de Casares, Antonio Muñoz `Matías`, lamentó "el daño que esta medida va a causar a la economía familiar de cientos de ciudadanos que, por distintos motivos, se ven obligados a acudir a los juzgados".

En el inicio de la campaña de recogida de firmas han participado los secretarios generales de las agrupaciones socialistas de Estepona, Manilva y Casares, David Valadez, Salvador Zotano y Antonio Muñoz, respectivamente, así como el portavoz del grupo municipal socialista de Manilva, Manuel Gil.

El PSOE recogerá firmas para evitar que se trasladen los cinco juzgados de Estepona

Piden que los ayuntamientos colaboren con Aprona

Los socialistas de los municipios de Estepona, Manilva y Casares solicitan a sus ayuntamientos que “impidan la desaparición de los juzgados de Estepona tras la propuesta realizada por el Consejo General del Poder Judicial y que supondrá que se pasarían de 11 a 6 demarcaciones judiciales en la provincia de Málaga, y agruparía los cinco juzgados esteponeros en el partido de la vecina Marbella”.

Los socialistas de Estepona ya llevaron a pleno una moción, en la que se instaba al Ministro de Justicia del Gobierno de España, Alberto Ruiz Gallardón, y al CGPJ a que revocasen esta decisión. La petición socialista lograba elevarse a moción institucional por el acuerdo de todos los partidos que componen la Corporación: PP, PSOE y CIE y, “sin embargo, no se ha hecho absolutamente nada”, según el portavoz del grupo municipal socialista de Estepona, David Valadez.

Por su parte, el portavoz el grupo socialista en Manilva, Manuel Gil, ha incidido en que “el perjuicio que se va a causar a los vecinos de Casares, Manilva y Estepona es enorme ya que supondrán molestias innecesarias y una saturación  mayor en los ya de por sí muy lentos juzgados locales. La economía local también se verá seriamente afectada”, aseguró.

Valadez, por otro lado, solicitó a los ayuntamientos de Estepona, Manilva y Casares que “contribuyan a facilitar la labor que el colectivo Aprona, que trabaja a favor de las personas con discapacidades psíquicas de la comarca, lleva a cabo desde hace muchos años”. Así, se refirió a que en el ERE promovido por el alcalde, José María García Urbano, se han incluido a un conserje  y a un conductor “lo que está ocasionando un trastorno más que considerable”.

“Para rematar la faena el ayuntamiento ha dejado de hacerse cargo de la lavandería del centro residencial y son los propios padres, los que de manera totalmente voluntaria y desinteresada, se están haciendo cargo de este servicio ante la absoluta pasividad del gobierno local”, aseguró el edil que también recordó que “los socialistas costasoleños nos hemos desplazado hasta el Parlamento de Andalucía para resolver los retrasos que se están produciendo en el pago de los compromisos adquiridos por la Junta. Nosotros tratamos de resolver los problemas mientras otros aprovechan estas situaciones para hacer política barata”, afirmó Valadez.

Por último, el secretario General de los socialistas casareños, Antonio Muñoz, ha anunciado que llevarán “a los plenos de estos tres ayuntamientos una moción para que los ayuntamientos insten al gobierno de España a transferir a la Junta el dinero necesario para mantener los dos Alpes que vienen prestando su servicio desde hace años en esta zona de la provincia de Málaga”.

Estas declaraciones han sido realizadas por los portavoces de los grupos municipales de Estepona, Manilva y Casares, David Valadez, Manuel Gil y Antonio Muñoz, en una comparecencia pública en la sede de los socialistas esteponeros.

El PSOE recogerá firmas para evitar que se trasladen los cinco juzgados de Estepona

Piden que los ayuntamientos colaboren con Aprona

Los socialistas de los municipios de Estepona, Manilva y Casares solicitan a sus ayuntamientos que “impidan la desaparición de los juzgados de Estepona tras la propuesta realizada por el Consejo General del Poder Judicial y que supondrá que se pasarían de 11 a 6 demarcaciones judiciales en la provincia de Málaga, y agruparía los cinco juzgados esteponeros en el partido de la vecina Marbella”.

Los socialistas de Estepona ya llevaron a pleno una moción, en la que se instaba al Ministro de Justicia del Gobierno de España, Alberto Ruiz Gallardón, y al CGPJ a que revocasen esta decisión. La petición socialista lograba elevarse a moción institucional por el acuerdo de todos los partidos que componen la Corporación: PP, PSOE y CIE y, “sin embargo, no se ha hecho absolutamente nada”, según el portavoz del grupo municipal socialista de Estepona, David Valadez.

Por su parte, el portavoz el grupo socialista en Manilva, Manuel Gil, ha incidido en que “el perjuicio que se va a causar a los vecinos de Casares, Manilva y Estepona es enorme ya que supondrán molestias innecesarias y una saturación  mayor en los ya de por sí muy lentos juzgados locales. La economía local también se verá seriamente afectada”, aseguró.

Valadez, por otro lado, solicitó a los ayuntamientos de Estepona, Manilva y Casares que “contribuyan a facilitar la labor que el colectivo Aprona, que trabaja a favor de las personas con discapacidades psíquicas de la comarca, lleva a cabo desde hace muchos años”. Así, se refirió a que en el ERE promovido por el alcalde, José María García Urbano, se han incluido a un conserje  y a un conductor “lo que está ocasionando un trastorno más que considerable”.

“Para rematar la faena el ayuntamiento ha dejado de hacerse cargo de la lavandería del centro residencial y son los propios padres, los que de manera totalmente voluntaria y desinteresada, se están haciendo cargo de este servicio ante la absoluta pasividad del gobierno local”, aseguró el edil que también recordó que “los socialistas costasoleños nos hemos desplazado hasta el Parlamento de Andalucía para resolver los retrasos que se están produciendo en el pago de los compromisos adquiridos por la Junta. Nosotros tratamos de resolver los problemas mientras otros aprovechan estas situaciones para hacer política barata”, afirmó Valadez.

Por último, el secretario General de los socialistas casareños, Antonio Muñoz, ha anunciado que llevarán “a los plenos de estos tres ayuntamientos una moción para que los ayuntamientos insten al gobierno de España a transferir a la Junta el dinero necesario para mantener los dos Alpes que vienen prestando su servicio desde hace años en esta zona de la provincia de Málaga”.

Estas declaraciones han sido realizadas por los portavoces de los grupos municipales de Estepona, Manilva y Casares, David Valadez, Manuel Gil y Antonio Muñoz, en una comparecencia pública en la sede de los socialistas esteponeros.

El PSOE recogerá firmas para evitar que se trasladen los cinco juzgados de Estepona

Piden que los ayuntamientos colaboren con Aprona

Los socialistas de los municipios de Estepona, Manilva y Casares solicitan a sus ayuntamientos que “impidan la desaparición de los juzgados de Estepona tras la propuesta realizada por el Consejo General del Poder Judicial y que supondrá que se pasarían de 11 a 6 demarcaciones judiciales en la provincia de Málaga, y agruparía los cinco juzgados esteponeros en el partido de la vecina Marbella”.

Los socialistas de Estepona ya llevaron a pleno una moción, en la que se instaba al Ministro de Justicia del Gobierno de España, Alberto Ruiz Gallardón, y al CGPJ a que revocasen esta decisión. La petición socialista lograba elevarse a moción institucional por el acuerdo de todos los partidos que componen la Corporación: PP, PSOE y CIE y, “sin embargo, no se ha hecho absolutamente nada”, según el portavoz del grupo municipal socialista de Estepona, David Valadez.

Por su parte, el portavoz el grupo socialista en Manilva, Manuel Gil, ha incidido en que “el perjuicio que se va a causar a los vecinos de Casares, Manilva y Estepona es enorme ya que supondrán molestias innecesarias y una saturación  mayor en los ya de por sí muy lentos juzgados locales. La economía local también se verá seriamente afectada”, aseguró.

Valadez, por otro lado, solicitó a los ayuntamientos de Estepona, Manilva y Casares que “contribuyan a facilitar la labor que el colectivo Aprona, que trabaja a favor de las personas con discapacidades psíquicas de la comarca, lleva a cabo desde hace muchos años”. Así, se refirió a que en el ERE promovido por el alcalde, José María García Urbano, se han incluido a un conserje  y a un conductor “lo que está ocasionando un trastorno más que considerable”.

“Para rematar la faena el ayuntamiento ha dejado de hacerse cargo de la lavandería del centro residencial y son los propios padres, los que de manera totalmente voluntaria y desinteresada, se están haciendo cargo de este servicio ante la absoluta pasividad del gobierno local”, aseguró el edil que también recordó que “los socialistas costasoleños nos hemos desplazado hasta el Parlamento de Andalucía para resolver los retrasos que se están produciendo en el pago de los compromisos adquiridos por la Junta. Nosotros tratamos de resolver los problemas mientras otros aprovechan estas situaciones para hacer política barata”, afirmó Valadez.

Por último, el secretario General de los socialistas casareños, Antonio Muñoz, ha anunciado que llevarán “a los plenos de estos tres ayuntamientos una moción para que los ayuntamientos insten al gobierno de España a transferir a la Junta el dinero necesario para mantener los dos Alpes que vienen prestando su servicio desde hace años en esta zona de la provincia de Málaga”.

Estas declaraciones han sido realizadas por los portavoces de los grupos municipales de Estepona, Manilva y Casares, David Valadez, Manuel Gil y Antonio Muñoz, en una comparecencia pública en la sede de los socialistas esteponeros.

El TSJA avala la decisión política de Valadez al frente del gobierno local cuando despidió a todos y cada uno de los cargos de confianza y gerentes de las sociedades municipales

En relación a la nota de prensa remitida por el ayuntamiento de prensa a los medios de comunicación el PSOE de Estepona quiere hacer contar lo siguiente:

Los cargos de confianza del anterior gobierno local, así como los gerentes de las sociedades municipales, pertenecientes a las cuatro formaciones políticas que configuraban el anterior organigrama local, fueron despedidos por el ex alcalde, David Valadez, antes de abandonar sus responsabilidades al frente del ayuntamiento. “No se produjo ninguna excepción y todos y cada uno de ellos fueron despedidos porque fueron contratados como cargos de confianza, con funciones políticas”, aseguran.

“Es obvio que las sociedades municipales tenían que contar con la figura del gerente algo que en la actualidad no es necesario ya que las sociedades se encuentran en periodo de liquidación. Los gerentes han existido, por su propia dinámica, desde su constitución y bajo los gobiernos del GIL, PP; PSOE, IU y PA”.

Por tanto, desde el PSOE “mostramos nuestra satisfacción por las resoluciones judiciales que vienen a avalar la decisión política que adoptó Valadez al frente del ayuntamiento de Estepona”.

El actual gobierno local del PP ha  incrementando el número de cargos de confianza, en relación al anterior gobierno local, hasta en un total de 17, ocho más que en el equipo de gobierno anterior. 

A este “despropósito” hay que sumar el hecho de que  los concejales del gobierno cobran más que los de la corporación precedente. De esta forma, un concejal raso del equipo de gobierno actual percibe 43.900 euros brutos anuales, lo que supone 2.180 euros brutos anuales más al año que un edil con responsabilidad de gobierno en la anterior corporación.

La diferencia se incrementa en 21.080 euros si se compara el salario anterior con el que perciben los concejales que dirigen cada una de las cinco áreas principales en las que se ha estructurado el ayuntamiento bajo la dirección del PP. Estos concejales cobran 62.800 euros brutos anuales más las indemnizaciones correspondientes a las comisiones informativas y a las Juntas de Gobierno local.

En total, el equipo de gobierno actual, compuesto por 17 concejales, supone a las arcas municipales 665.200 euros brutos anuales, sin contar a los ediles que tienen responsabilidades supramunicipales, frente a los 383.000 euros brutos anuales del gobierno anterior, integrado por nueve ediles.

Además  el equipo de gobierno pasa a contar con 17 cargos de confianza, frente a los nueve del anterior; de los que siete se destinan al área uno y tendrán en nómina 47.700 euros brutos anuales. Por tanto, cobrarán 3.800 euros brutos anuales más que un concejal del equipo que no dirija alguna de las cuatro concejalías principales.

Por su parte el cargo de confianza designado para el área dos cobrará 42.500 euros brutos anuales, mientras que el del área tres cobrará 39.850 euros brutos anuales. Donde más cargos de confianza habrá será en el área cuatro, en la que se han designado ocho cargos que cobrarán 36.100 euros brutos anuales.

En total, los cargos de confianza del nuevo gobierno supondrán a las arcas municipales 705.050 euros brutos anuales; mientras que en la anterior corporación había nueve cargos de confianza, que suponían un total de 288.918 euros brutos anuales.

El PSOE de Estepona se opone a la desaparición de los juzgados del municipio

Valadez anuncia una moción para el próximo pleno ordinario

David Valadez

El grupo municipal socialista de Estepona, David Valadez, ha mostrado su “absoluta disconformidad y férrea oposición” a la decisión adoptada por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial que ha modificado sustancialmente su propuesta sobre los futuros partidos judiciales de la provincia y que supondría que Marbella absorbería a Estepona.

El documento, que se aprobó el pasado día 19, supone que el diseño definitivo de estos partidos judiciales estará totalmente ultimado en el periodo de tres meses tras las aportaciones que realice el Ministerio de Justicia, que lo tramitará como anteproyecto de Ley de Demarcación y Planta.

Ante esta decisión el PSOE presentará en la próxima sesión plenaria del próximo lunes una moción para que sea el pleno de la corporación el que “se oponga formalmente a esta medida que supondría una pérdida más del status quo de la ciudad”.

“No sólo supondrá un perjuicio tremendo a los profesionales del derecho que diariamente trabajan en el ámbito judicial y a la población en su conjunto sino que la economía local se verá, una vez más, seriamente afectada por una decisión a la que ya se están oponiendo el resto de municipios que también se están viendo perjudicados por esta medida, como Antequera o Coín”, aseguró el portavoz del grupo municipal socialista, David Valadez.

“Esperamos que en esta ocasión el gobierno local del PP apruebe esta iniciativa y, además, se encarguen de hablar con sus compañeros de partido del gobierno central para que impidan esta propuesta tan dañina para los intereses locales”, aseguró Valadez.

El Consejo General ha aplicado un criterio poblacional en la nueva organización. De esta manera las circunscripciones resultantes del informe tienen una población superior a 100.000 habitantes y el desplazamiento desde los núcleos de población hasta la cabecera de partido no excede de una hora.

“No podemos entender que sea este el criterio aplicado cuando Marbella, por sí sola supera esa población. Se ha demostrado que con la presión política, y gracias a acuerdos adoptados en los plenos de Ronda, Antequera y Archidona se ha modificado la propuesta inicial. En Estepona no podemos permanecer, también ante esto, de brazos cruzados”, aseguró el dirigente socialista que anunció que “en caso de que el PP rechace también esta propuesta en el próximo pleno, que tendrá lugar el próximo lunes, seremos los socialistas los que haremos valer nuestra opinión. No vamos a permanecer indiferentes”.

El ayuntamiento adjudica a Funespaña la gestión de los cementerios y aprobará una liquidación a su favor de 2.638.674,51 euros

La empresa, además, continúa con dos de sus pleitos contra el ayuntamiento

Cementerio de Estepona

El pleno de la corporación someterá a aprobación el próximo viernes una propuesta del alcalde, José María García Urbano, por la que pretende “aprobar el acuerdo alcanzado entre el ayuntamiento y Funespaña, y con ello aprobar la liquidación del citado contrato por un importe de dos millones seiscientos treinta y ocho mil seiscientos setenta y cuatro euros con cincuenta y un céntimos”.

Además pretende “declarar la culminación del trámite de negociaciones tendentes a la resolución del expediente de liquidación del contrato que fue adjudicado en su día a la entidad Funespaña y cuya resolución fue acordada por el pleno de la corporación el 11 de marzo de 2003”.

Para Valadez es “inexplicable que el ayuntamiento tenga que realizar un desembolso de este tipo a una empresa a la que el propio PP le quitó el servicio por incumplimiento del pliego de condiciones sin que, además, se garantice la renuncia de la empresa a los pleitos planteados con el ayuntamiento”.

Así, la propia propuesta del alcalde especifica que Funespaña continuará con los pleitos “relativos al secuestro de la concesión (recurso 309/2005 que se sigue ante el Juzgado de lo contencioso 3 de Málaga, y el recurso 365%2005 del Juzgado 4)”.

“Se trata de un pésimo acuerdo entre el ayuntamiento y la empresa Funespaña ya que no sólo supone una gestión incoherente con respecto a la postura mantenida desde el consistorio hasta ahora por distintos gobiernos locales sino que el ayuntamiento va a tener que pagar por poner en manos privadas unos servicios que son públicos”.

El portavoz del grupo municipal socialista, David Valadez, ha recordado que hasta ahora era el propio ayuntamiento el que venía gestionando estas instalaciones desde que en marzo de 2003 el consistorio, gobernado por el PP, secuestrara este servicio por diferencias con la empresa.

El consistorio secuestró el servicio de cementerios a Funespaña en marzo de 2003 cuando el PP gobernaba en la localidad. Algunos de los motivos esgrimidos para rescatar la prestación de este servicio por parte del equipo de gobierno fueron el incumplimiento de la normativa sanitaria en las construcciones, la indisposición de un número de nichos mínimo y la incorrecta aplicación de las tarifas.

El Consejo Consultivo de la Junta se pronunció a favor del ayuntamiento en este asunto, al igual que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que en 2002 dio razonamientos jurídicos para rescatar los servicios funerarios que estaban en manos de Funespaña desde 1996. Según el Tribunal, la concesionaria del servicio tenía tan sólo interés económico, algo que perjudicaba no sólo al ayuntamiento sino a los vecinos de Estepona.

Para Valadez es más que evidente que el PP quiere desmantelar lo que tantísimo tiempo ha venido siendo público en un clarísimo empeño por poner en manos de intereses privados lo que es de todos los esteponeros. A nadie se le escapa que si una empresa viene a gestionar algo que es de todos es porque va a obtener beneficios. Unos beneficios que pagaremos todos con unas mayores tasas o a través de los presupuestos municipales.

Valadez concluyó que “no es de recibo que el mismo PP que en el 2003 rescató la concesión por el mal servicio que se venía ofreciendo le entregue ahora a la misma empresa este servicio para que obtengan beneficios que pagaremos todos”.

Por último preguntó acerca “de los intereses que algunos destacados miembros del PP tienen en este asunto y cuáles son las contrapartidas que vamos a pagar todos”.

Reforma Laboral

Por otro lado, Valadez ha asegurado que su grupo político presentará al próximo pleno, en el capítulo de asuntos urgentes, una moción para que el ayuntamiento “se comprometa a establecer cauces de diálogo y participación con los representantes de los trabajadores y, al mismo tiempo, se comprometa a no aplicar el Real Decreto de Reforma Laboral al personal municipal, así como al personal de las empresas vinculadas al consistorio”.

Además, el PSOE quiere que el ayuntamiento “muestre y defienda la necesidad de fortalecer los servicios públicos como garantes de derechos y cohesión social en unos momentos en que casi el 30% de la población parada ya no recibe ningún tipo de prestación ni subsidio por desempleo”.

El secretario de Estepona denuncia a la Junta una batería de irregularidades

EL PAÍS

El habilitado nacional acusa al gobierno del PP de impedirle realizar su labor

José Manuel Duarte, el secretario adjunto de Estepona (Málaga) ya no puede más. Este habilitado nacional de carrera ha comunicado a la Junta de Andalucía toda una batería de irregularidades supuestamente cometidas por el gobierno de José María García Urbano (PP), que le impiden desempeñar sus funciones en este consistorio.

José María García Urbano en un acto electoral.

 / JULIÁN ROJAS

En un escrito de cuatro folios, Duarte habla de los problemas que ha tenido para que se incluyan sus objeciones en el acta de una Junta de Gobierno Local en la que se aprobó la privatización de servicios municipales el pasado 4 de enero. También asegura que el alcalde ha delegado las tareas de contratación, propias de un habilitado nacional, en una abogada; que se le niega sistemáticamente el acceso “toda información municipal”; y que nadie firma “acuses de recibo” de sus escritos, entre otros asuntos.

El funcionario ha informado a la Junta porque la administración andaluza tiene competencias disciplinarias sobre el trabajo de los habilitados nacionales, además de la función de supervisar las actas de plenos y juntas de gobierno de los ayuntamientos. “Estaría cubriéndose las espaldas por si actúan contra él”, consideran fuentes jurídicas.

El secretario adjunto expuso su situación al departamento jurídico de la Junta y le solicitaron un informe. El documento se registró en la delegación del Gobierno de la Junta de Málaga el 27 de enero. “El siguiente paso sería reclamar información al Ayuntamiento”, explican fuentes del Gobierno andaluz. Una portavoz del Consistorio esteponero aseguró ayer que no tienen constancia de la existencia de este escrito, por lo que rehusó valorar su contenido.

El funcionario dice que le niegan información pública y que nadie firma los "acuses de recibo" de sus escritos

El primer episodio que relata Duarte es su participación en una Junta de Gobierno Local el 4 de enero, cuando el Secretario General, José Gustavo Rubio, estaba de vacaciones. “Fui convocado a una Junta de Gobierno Local, extraordinaria y urgente, que debía de celebrarse media hora después, sin que me comunicaran el orden del día”, detalla. El secretario asegura que, cuando llegó, comprobó que faltaban “tres de los siete” miembros de la junta, y que, según la documentación del expediente, no habían sido convocados. “Expuse mis dudas acerca de la convocatoria y de la validez de lo que allí se aprobara”, comenta. Sin embargo, siempre según su relato, el alcalde le “ordenó” seguir la sesión y así lo hizo.

Aquel día se iba a aprobar la privatización de dos servicios públicos, el alcantarillado y la limpieza de edificios, por lo que el funcionario les adelantó que haría constar en el acta que no había tenido tiempo de examinar los expedientes y que “declinaba cualquier responsabilidad de sobre los mismos”.

A partir de ese momento comenzó un tira y afloja por ver quién redactaba el certificado de esa reunión. Según el secretario, dos empleadas municipales trataron sin éxito que firmara un acta en la que no figuraban sus objeciones. Él tampoco logró que el alcalde rubricara el acta que, como secretario, había elaborado. “Ignoro si el acta ha sido remitido a los órganos supramunicipales, como es preceptivo”, comenta Duarte. El habilitado nacional mantiene que contó lo ocurrido al Secretario General cuando regresó de su descanso, pero que Gustavo Rubio “se negó a recibir los documentos alegando que ya conocía la situación”.