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viernes, 21 de diciembre de 2012

El PSOE pide una comisión de seguimiento que controle las contrataciones de las empresas a las que el PP les ha dado la gestión de servicios municipales

El grupo municipal socialista del ayuntamiento de Estepona ha propuesto al equipo de gobierno del PP que se proceda a la creación de una Comisión de Seguimiento, que estaría compuesta por todas las fuerzas políticas y sindicales con representación en el consistorio, que se encargaría de garantizar que las contrataciones de personal que se realicen en las empresas privadas a las que el ayuntamiento le ha adjudicado algún servicio se ajuste a las necesidades objetivas existentes en el municipio
Esta propuesta de la edil socialista, Cristina Rodríguez, surge tras haber respondido el pasado 21 de noviembre la concejala de Personal del ayuntamiento, Pilar Fernández,  a una comparecencia realizada el pasado 18 de septiembre por el grupo municipal ante el secretario General de la corporación.
El grupo municipal socialista solicitó información acerca del “número de contrataciones, con nombre y apellido, retribuciones y características de las contrataciones que se hayan podido realizar en las empresas a las que el ayuntamiento ha adjudicado la gestión de servicios municipales desde que el PP ostenta la alcaldía de Estepona”. Además se pedía información acerca de los “criterios por los que estas contrataciones se han llevado a cabo. Si existían acuerdos previos o compromisos en algunos de los empleados incluidos en el ERE de su posterior contratación en alguna de estas empresas o si existe algún tipo de parentesco entre estas posibles contrataciones y algún integrante de la corporación municipal”.
Ante esta comparecencia la concejala popular, Pilar Fernández, asegura que “le ruego que se dirija a las empresas concesionarias en demanda de dicha información puesto que la contratación laboral, una vez externalizado el servicio, entra dentro del derecho constitucional de libertad de empresa y sometido al principio de riesgo y ventura del contratista, ejerciéndose por esta Administración Local los poderes de inspección y control que le otorga la vigente legislación”.
Ante esta respuesta, la edil socialista, Cristina Rodríguez, asegura que “el PP no responde en modo alguno a las preguntas planteadas por el PSOE de Estepona y, por ello, no podemos descartar que se estén realizando contrataciones bajo el pretexto de que no es responsabilidad del ayuntamiento”.
“Lo lógico es que si estas empresas cobran del ayuntamiento por llevar a cabo un trabajo determinado se constituya una comisión que garantice que la transparencia es máxima y que existe un control que evita injusticias. Más que nunca en estos momentos se tiene que ser sensible con el drama que viven muchas familias que están en riesgo de exclusión social”, asegura la edil.
Por último, Rodríguez, concluye asegurando que “cuando en Estepona hay unos diez mil parados, y mes a mes la cifra ha venido subiendo desde la llegada de García Urbano a la alcaldía, el ayuntamiento debe ejercer sus competencias y, si realmente no tienen nada que ocultar, debe aceptar la propuesta que le hacemos para que haya luz y taquígrafos en las contrataciones que puedan estar llevando a cabo estas empresas que cobran de los impuestos de todos los esteponeros”.

jueves, 2 de agosto de 2012

Cerradas las instalaciones locales deportivas en el mes de agosto


Resulta imposible alquilar una pista deportiva “porque no existen conserjes” según han denunciado empleados municipales y jóvenes de la localidad
El concejal socialista de Estepona, Carlos Rodríguez, ha denunciado públicamente mediante nota de prensa lo que califica “como una inoperancia e incapacidad de gestión absoluta” que está provocando que “el ayuntamiento tenga cerradas las instalaciones deportivas del municipio porque no existen conserjes suficientes para garantizar su apertura”.
Así, han sido decenas las denuncias recibidas en el día de ayer en la sede del PSOE esteponero por trabajadores municipales y muchos jóvenes que “no entienden cómo el alcalde, José María García Urbano, cierra las instalaciones deportivas en verano cuando ésta es una de las pocas ofertas que ofrece el municipio a los miles de esteponeros que disfrutan de su ciudad en este periodo de descanso”.
“Los socialistas ya lo denunciamos, hace meses. La chapuza del ERE promovido por García Urbano no sólo ha supuesto un daño económico y psicológico tremendo a los 176 trabajadores afectados sino que está perjudicando de manera muy peligrosa a la prestación de servicios básicos que, como todo lo que no es rentable económicamente para el alcalde, no merecen la más mínima consideración por parte del PP local”, asegura Rodríguez.
“La falta de planificación del alcalde,  también en materia deportiva, ha sido absoluta. Es imposible hacerlo peor. Está claro que no han tenido tiempo, entre privatización y privatización, para preocuparse por el deporte público. Bien que se desviven por el privado y por subir escandalosamente el alquiler de las pistas deportivas y la inscripción en las escuelas deportivas municipales”, concluye el edil socialista.
Santo Tomás de Aquino
Por otro lado, el edil también se ha referido al inminente desalojo de la concesionaria del bar del polideportivo Santo Tomás de Aquino y al papel que en todo este asunto está desempeñando el ex concejal gilista, y hombre de confianza del alcalde, José López.
Además, desde el PSOE se lamenta “que el alcalde no dedique ni un solo segundo de su tiempo, ni tampoco ningún responsable político del gobierno local, a escuchar a los profesionales que han venido llevando a cabo de manera extraordinaria su labor. Esa es la actitud del alcalde: ordeno y mando”.

martes, 19 de junio de 2012

El ayuntamiento aplica un ERE encubierto en los servicios privatizados


Seis trabajadores de jardines y playas han sido considerados no aptos por la empresa 

Un total de seis trabajadores adscritos a la empresa que se encarga de la gestión de los jardines y de las playas del municipio han sido considerados “no aptos” para la realización de las funciones que le son propias.

Esto supone que el ayuntamiento, por la vía de los hechos consumados, está aplicando un ERE encubierto en los servicios que han pasado a ser gestionados por empresas privadas incumpliendo el compromiso del alcalde de que “las concesionarias asumirán a los empleados, a quienes garantizará las condiciones laborales que tiene el personal laboral del consistorio”.

“Se da el caso de que entre estos trabajadores se encuentran personas con distintas discapacidades que nunca han tenido ningún tipo de problema para desempeñar las funciones que le eran encomendadas en el consistorio. Ahora resulta que el propio ayuntamiento, lejos de intentar cumplir el cupo de personas con discapacidad a las que está obligado por ley, las persigue para despedirlas”, asegura la concejala socialista Cristina Rodríguez.

Ante esta situación, y con independencia de las decisiones judiciales que adopten los trabajadores afectados y las propias centrales sindicales, desde el grupo municipal socialista solicitan al alcalde, José María García Urbano, que “impida que esta decisión siga adelante y en el peor de los casos concedan en el ayuntamiento una segunda actividad a estos empleados”.

Rodríguez recuerda que estas decisiones ya fueron anunciadas por el PSOE hace meses. “Estas empresas vienen a Estepona a ganar dinero y van a suprimir puestos de trabajo y a empeorar las condiciones laborales de los empleados”, asegura la edil.

Rodríguez, del mismo modo, recuerda que el presupuesto base de licitación de la adjudicación de los jardines y de las playas tenía un importe anual de 6.959.928 euros de los que 790.108,93 euros corresponde al IVA cuando el coste salarial de los trabajadores adscritos a estos servicios es de 4.071.360,04 euros.

Por último, desde el PSOE indican que el ayuntamiento “lejos de perseguir a las personas con discapacidad haciéndole la vida más imposible tiene la obligación moral, y también legal, debe  apoyar a un colectivo que sufre doblemente la crisis. Esto supone una oportunidad para la propia empresa que puede beneficiarse de bonificaciones por un lado y de la capacidad de superación que estas personas demuestran cada día, por otro".

"Todos estamos implicados en la generación de puestos de trabajo como única forma de salir de esta crisis, por eso las instituciones, además de fomentar la contratación debemos desarrollar un escenario propicio para que los empresarios puedan  generar empleo", manifestó Rodríguez. 

miércoles, 6 de junio de 2012

Más impuestos, más paro y muchos engaños


Balance de García Urbano en su primer año de gestión al frente del ayuntamiento de Estepona

El 11 de junio de 2011 José María García Urbano, con una mayoría holgada en el pleno de la Corporación, se convertía en alcalde de Estepona. Ha pasado ya un año y desde el PSOE “estamos convencidos de que el balance que cabe realizar se resume en una subida de los impuestos, un aumento del desempleo en el municipio y un cúmulo de engaños e incumplimientos electorales”.

Por encima de todo el portavoz del grupo municipal socialista de Estepona, David Valadez, reprochó al alcalde que durante el anterior mandato, cuando el PP se encontraba en la oposición, “no tuvo ningún tipo de pudor en utilizar el drama del desempleo en beneficio propio. Juró y perjuró que con él en la alcaldía el paro iba a descender en Estepona gracias a sus contactos y a su capacidad de atraer inversiones y a las medidas que iba a adoptar al frente del ayuntamiento”.

“Se hartó de escribir artículos de opinión y conceder entrevistas, u ofrecer mítines, garantizando que para él sería un fracaso acabar su mandato sin haber reducido la tasa de desempleados. Por ello, y siguiendo su misma argumentación, podemos concluir que García Urbano ha fracasado estrepitosamente. Cuando él llegó a la alcaldía el número de personas demandantes de empleo, a mayo de 2011, era de 8.812 y a mayo del 2012, tras un año de su nefasta gestión, asciende a 9.420”.

“Si para él antes la culpa del paro era del ayuntamiento ahora debe seguir siendo igual”, concluyó Valadez.

“Lo que es evidente es que García Urbano durante este año de mandato sól ha creado empleo entre los suyos. Así, estos 17 cargos de confianza han costado al ayuntamiento, junto a los sueldos de los miembros del gobierno local, un millón y medio de euros. En concreto, el equipo de gobierno del PP le supone a las arcas municipales 665.200 euros brutos anuales, sin contar a los ediles que tienen responsabilidades supramunicipales. El gasto en cargos de confianza asciende a 705.050 euros brutos anuales.

García Urbano, del mismo modo, durante todo este año “ha practicado una política de confrontación partidista, totalmente innecesaria, contra la Junta de Andalucía por el simple hecho de ser de otro color político distinto al suyo. Llegando incluso al ridículo de pedir el voto en las pasadas elecciones autonómicas, no para su formación política, sino para cualquiera que no fuese el PSOE”.

Capítulo aparte merece el trato vejatorio que dispensa a la oposición municipal lo que ha llegado incluso a provocar la interposición de un contencioso administrativo por vulneración de derechos fundamentales de los concejales del grupo municipal socialista.

1.      Personal
Asistimos a una de las principales mentiras, que no únicas de García Urbano, al frente del ayuntamiento de Estepona. Si durante toda la campaña electoral se le secó la boca afirmando que él venía a “crear empleo y no a destruirlo” y que garantizaba que con el PP en la alcaldía “no se iban a producir despidos” hoy comprobamos cómo todo era una gran patraña.

No sólo mantenía esta afirmación en toda la campaña electoral sino que adquirió ese compromiso en su discurso de investidura, el pasado 11 de junio, y también en su balance de sus cien primeros días de gobierno, tras casi cuatro meses de gobierno del PP.

No sólo ha mentido descaradamente sino que ha jugado con el futuro de cientos de esteponeros.

En materia de personal debemos hacer mención, del mismo modo, a las privatizaciones llevadas a cabo durante todo un año. García Urbano ha privatizado las playas, los jardines, la limpieza de edificios públicos, los cementerios, el saneamiento, la gestión de la plaza de toros, la organización de las Ferias Mayores y está privatizando las brigadas de Infraestructuras, el parque municipal de Los Pedregales y el campo de fútbol de césped natural de Arroyo Enmedio.

Todas estas privatizaciones están suponiendo desmantelar el sistema público de prestación de servicios y un encarecimiento claro de los mismos. Así, durante el pasado mes de abril, el alcalde de Estepona, José María García Urbano, firmó dos decretos con cargo al vigente Presupuesto de la Corporación por los que se ordenaba el pago de 455.643,94 euros a la UTE a la que se le adjudicó la gestión de los jardines y playas municipales y de 325.714,81 euros a la empresa Grupo Raga por la limpieza de los edificios municipales.

El presupuesto base de licitación para la adjudicación de los jardines y de las playas tenía un importe anual de 6.959.928 euros de los que 790.108,93 euros corresponde al IVA cuando el coste salarial de los trabajadores adscritos a estos servicios es de 4.071.360, 04 euros.



2.      Subida de impuestos
El Partido Popular prometió en campaña electoral que no aumentaría la presión fiscal. Sin embargo, en tan sólo un año, el aumento por el alquiler de las instalaciones deportivas municipales llega a ser superior al 175% en algunos casos. Lo mismo ocurre con la inscripción en las escuelas deportivas municipales donde el incremento llega a ser superior al 240%.

En lo que a la tasa de alcantarillado se refiere el PP ha impuesto una subida superior, en un consumo medio, al 10 por ciento y, muy superior, más del 80 por ciento, en aquellos inmuebles que se conecten por primera vez al alcantarillado municipal.

En el último pleno, del mismo modo, el PP aprobó con sus únicos votos una subida en el recibo del agua del 6%.

3.      Infraestructuras y transportes
En este apartado queremos referirnos al hecho de que, por una decisión exclusivamente política y partidista, el alcalde hace meses decidió interrumpir el suministro eléctrico en la A-7 a su paso por Estepona. García Urbano, junto a otros alcaldes de la Costa, responsabilizaban de esta decisión, en campaña electoral nacional, al Ministerio de Fomento del gobierno de España dirigido, en aquel entonces, por el PSOE. Ahora, con el PP en el gobierno algunos ayuntamientos como Mijas o Marbella han restablecido el servicio pero en Estepona seguimos a oscuras. García Urbano es incapaz de dotar de iluminación a la A-7. No lo consigues ni con sus propios medios ni con supuestas reuniones con los responsables políticos, de su mismo partido, del Ministerio de Fomento.

Estepona es el municipio de toda Andalucía de más de 50 mil habitantes que no tiene transporte urbano. Llevamos un año ya sin transporte urbano por una decisión exclusivamente política del señor alcalde con los perjuicios que esto supone para cientos de ciudadanos, especialmente mayores, que se ven imposibilitadas para poder realizar el más mínimo desplazamiento.

4.      Urbanismo
El alcalde “ha firmado la sentencia de muerte” del último sistema dunar costero de Málaga con la vegetación bien conservada, que se encuentra en Saladillo-Matas Verdes.
Esta afirmación se desprende tras haber publicado el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Málaga el decreto firmado por el alcalde, José María García Urbano (PP), por el que aprueba inicialmente el Plan Parcial de Ordenación del sector denominado SUP-E8 “Playa Baños”.

De esta manera García Urbano, a diferencia del criterio mantenido por todos los gobiernos locales que han estado al frente del ayuntamiento, sucumbe a las presiones urbanísticas y permite la destrucción” del tramo litoral comprendido entre los ríos Guadalmansa y Guadalmina en el límite oriental del término municipal de Estepona.

El gobierno local del PP ha aprobado con sus únicos votos una modificación puntual de elementos para cambiar el uso hotelero de la única parcela que con esta calificación se encuentra en el casco histórico a uso residencial incumpliendo el convenio firmado en diciembre del 2005 que preveía esta modificación a cuenta de la revisión del PGOU.

Este expediente supone la anulación, por la vía de los hechos consumados, de un convenio firmado por el ayuntamiento en el año 2005. El alcalde debería haber firmado otro nuevo convenio para dejar sin vigor al anterior.

La voluntad del gobierno local del PP pasa por alterar la calificación urbanística de una parcela con uso hotelero para convertirla, sin esperar a la revisión del PGOU actual, en residencial.

Mientras que el anterior gobierno local llevaba a pleno expedientes urbanísticos que habían sido firmados con anterioridad a cuenta de la revisión del PGOU para aumentar las zonas verdes y disminuir la edificabilidad, caso de La Cala, el PP altera las condiciones urbanísticas y exime a los promotores de las obligaciones que le son propias si su convenio se incluye en la revisión del PGOU y no se recurre a una modificación puntual: zonas verdes, espacios dotacionales, etc.

5.      Educación y Juventud
El ayuntamiento no está impartiendo ningún curso formativo con la ayuda de la Junta de Andalucía este ejercicio porque entre las actividades formativas propuestas por el ayuntamiento no se incluyó ningún curso con certificado de profesionalidad, ni se presentaron convenios de prácticas o certificaciones de calidad.

De esta forma, más de 500 jóvenes de la localidad de Estepona no podrán recibir ningún tipo de formación, en referencia a las actividades formativas que se hubiesen podido impartir. Los cursos de 2011 fueron 'Inglés Atención al Público', 'Empleado de Oficina', 'Atención Especializada para enfermos de Alzheimer', 'Escaparatista', 'Monitor Socio-Cultural', y 'Diseñador Web y Multimedia'.

El año pasado la Junta destinó 209.000 euros.

Esta medida, que perjudica especialmente a la población juvenil, viene a sumarse al destierro al que el alcalde ha sometido al área municipal de Juventud que ha pasado de encontrarse en plena Plaza de las Flores, en las antiguas dependencias de la Casa de la Cultura remodeladas íntegramente en el anterior mandato, a una sala del estadio de fútbol Francisco Muñoz Pérez, en la zona de Caniquiqui.

Por otro lado, y también en materia educativa, el desprecio de García Urbano a la educación pública provoca que el acuerdo suscrito entre el ayuntamiento y la Universidad de Málaga (UMA) el pasado año "se vaya al garete".

En este año ninguno de los 29 seminarios que van a impartirse se celebren en la ciudad y sí, por el contrario, en los municipios de Ronda, Málaga, Vélez-Málaga, Archidona y Marbella.

Los convenios, que tenían un tiempo de vigencia de un año, prorrogables, tenían como objetivo determinar las obligaciones de ambas partes. Al consistorio le correspondía la puesta a disposición de la UMA y de la Fundación General de la Universidad de Málaga de las instalaciones necesarias para el desarrollo de las actividades académicas y culturales, lo que no suponía coste alguno para las arcas municipales.

Poco o nulo interés ha tenido el gobierno de García Urbano por la educación pública, lo que contrasta con su apego, también este ámbito, por lo privado. Así, hay que recordar en este balance cómo el ayuntamiento no ha puesto a disposición de la Junta de Andalucía ni una sola parcela para la construcción de equipamientos escolares públicos y sí, en cambio, ha cedido una parcela de 14.555 m² para la construcción de un colegio privado en la zona de El Marqués, junto a Benahavís.

6.      Cultura
La planificación cultural del municipio de Estepona no es que haya sido mala es que ha sido inexistente. No hay actividades culturales alentadas por el ayuntamiento sencillamente porque no es rentable económicamente.

A cualquier atisbo cultural, como a todo lo demás, el PP trata de obtener réditos económicos llegándose al absurdo de que en la pasada edición, la XII, de la Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol de Estepona, los asistentes y visitantes al evento tuvieron que rascarse el bolsillo: 20 euros por conseguir un autógrafo del actor Kevin Sorbo o 10 euros por poder fotografiarse junto a él. Además, para poder asistir a un almuerzo junto al actor, se tenía que pagar 80 euros más un 16 por ciento de IVA.

La absoluta falta de planificación del gobierno local del PP supuso que durante el pasado mes de diciembre se tuviesen que suspender los talleres culturales que se imparten en las dependencias de las Escuelas del Padre Manuel ya que durante todo este mes los monitores se vieron forzados a coger sus vacaciones con los trastornos que esto provocó al alumnado.

Resaltamos en este ámbito, del mismo modo, el hecho de que desde la propuesta de instalar un cine de verano en la playa de La Rada, tal y como se hizo hace dos años con el anterior gobierno, sigue cayendo en saco roto por parte del gobierno local del PP pese a las reiteradas solicitudes del grupo municipal socialista.

7.      Política social y Participación Ciudadana
Durante este primer año el PP se ha dedicado a acabar con los grandes logros alcanzados en el municipio en materia de política social. Así, durante un año no ha convocado ni una sola reunión de los consejos municipales constituidos en la localidad con la participación de los colectivos sociales implicados en sus ámbitos de actuación, centrales sindicales, colectivos empresariales y formaciones políticas.

Nada más llegar al gobierno local García Urbano dejó de destinar los 54.000 euros anuales que el ayuntamiento venía destinando a fortalecer, consolidar, y dinamizar la vida asociativa y la participación social en el municipio tal y como se establecía en las bases de la subvención anual.

Esto supone que muchas de estas entidades han visto seriamente afectada su viabilidad y no han podido llevar a cabo sus tradicionales actividades.

Por otro lado, ha tenido que ser la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social la que se ha visto obligada a denunciar al ayuntamiento de Estepona por vulnerar la normativa laboral de los integrantes del Equipo de Tratamiento Familiar.

La existencia del Equipo de Tratamiento Familiar es el resultado de un convenio de colaboración firmado hace años entre el Consistorio y la Junta de Andalucía. El alcalde de Estepona de manera unilateral decidió que el Ayuntamiento no aportaría nada y que sería la Junta la que se encargase de sufragar la totalidad de los gastos derivados por la magnífica labor de estas profesionales. Sin embargo el Ayuntamiento exigía que la jornada laboral de estas empleadas continuase siendo la misma pero percibiendo un 30% menos de salario

8.       Irrelevancia institucional
En este primer año, fruto de la irrelevancia institucional del gobierno local del PP, el Consejo General del Poder Judicial ha propuesto una nueva organización de la planta judicial de la provincia. Así, prevé reducir de once a seis los partidos judiciales de Málaga. Si los criterios finalmente fuesen aprobados y llevados a la práctica, supondría el desplazamiento de los órganos jurisdiccionales de Estepona a Marbella.

El documento, que se aprobó el pasado día 19, supone que el diseño definitivo de estos partidos judiciales estará totalmente ultimado en el periodo de tres meses tras las aportaciones que realice el Ministerio de Justicia, que lo tramitará como anteproyecto de Ley de Demarcación y Planta.

Además, quiero referirme al hecho de que el PP, en el pleno de Estepona y también en la Diputación Provincial de Málaga, haya votado en contra de exigir al Obispado de Málaga que devuelva unos 16 millones de euros que deberían estar ingresados en la cuenta de la parroquia de Los Remedios para uso benéfico en el templo y en los residentes en Estepona.

Los fondos forman parte de los ingresos que recibió la Iglesia por la venta en 2005 de su parte de la Herencia Nadal al grupo turístico Globalia, de Juan José Hidalgo. En virtud de las disposiciones del testamento de Catalina Nadal, la parroquia recibió su dinero, unos 18 millones, en 2008. De esta cantidad, el Obispado ingresó un 10% en concepto de canon parroquial.

Sin embargo, aquellos no fueron los únicos fondos que se llevó la diócesis. El Obispado de forma unilateral, ha ido haciendo traspasos hacia el llamado Fondo Diocesano de Ayuda, de modo que en las cuentas de la parroquia esteponera solo quedan 1,8 millones de euros, el 10% de la cantidad total inicial que le correspondía.

9.      Promesas electorales incumplidas
El portavoz del grupo municipal socialista, David Valadez, ha recordado que entre otros compromisos electorales incumplidos por el alcalde, José María García Urbano, se encuentran la conexión del extrarradio Este y el Oeste con el casco urbano del municipio mediante una línea de bus y el impulso tanto a nivel de seguridad como de infraestructuras básicas.

García Urbano también se comprometió en campaña electoral a potenciar y rentabilizar el ecoturismo, dotando a Sierra Bermeja de un Parador y al parque de Los Pedregales de un albergue juvenil y un centro de interpretación ambiental.

Del mismo modo, nada ha hecho en la creación de un “grupo de atención a las víctimas especiales, que incluiría la potenciación de la actual unidad contra la violencia de género y otros colectivos con dificultades específicas como menores y tercera edad”.

También prometió la creación de un portal de internet que serviría para conocer, comprar y reservar cualquier servicio turístico de la ciudad. También en materia de equipamientos, García Urbano propuso que Estepona tuviese una Escuela de Hostelería y la implantación del Grado Universitario de Turismo.

“Ni en ésta ni en otras muchas cuestiones García Urbano ha hecho absolutamente nada. No ha movido ni un solo dedo porque, además de que se trataban de un señuelo para capturar votos, no resultan rentables desde el punto de vista económico porque sino ya estarían privatizados”.

10. Vivir de las rentas
Pese a no haber hecho absolutamente nada García Urbano lleva todo un año rentabilizando la gestión que en materia de Infraestructuras y equipamientos públicos llevó a cabo el anterior gobierno local. Así, este equipo de gobierno ha tenido la gran oportunidad de inaugurar la ampliación de la lonja pesquera, el instituto de El Carmen, la guardería municipal de Cancelada, la nueva terraza en la zona del Puerto Pesquero, la nueva residencia de ancianos María Espinosa de los Monteros, en la barriada de Isdabe, el campo de fútbol de césped natural de Arroyo En medio o ampliar las canalizaciones en la zona del puerto Deportivo para evitar futuras inundaciones.

Proyectos éstos que, junto a la construcción de una nueva guardería en el parque central y la supresión de las torretas de alta tensión que discurren por céntrica calle Terraza y Calanchilla fueron iniciados, proyectados, licitados y presupuestados por el anterior gobierno local.

En definitiva, hablamos de una inversión superior a los 30 millones de euros que no han visto continuidad en el actual mandato ya que, a día de hoy, no se ha iniciado ningún proyecto público por el actual gobierno local que sea propio en su totalidad.

viernes, 11 de mayo de 2012

El TSJA avala la decisión política de Valadez al frente del gobierno local cuando despidió a todos y cada uno de los cargos de confianza y gerentes de las sociedades municipales


En relación a la nota de prensa remitida por el ayuntamiento de prensa a los medios de comunicación el PSOE de Estepona quiere hacer contar lo siguiente:

Los cargos de confianza del anterior gobierno local, así como los gerentes de las sociedades municipales, pertenecientes a las cuatro formaciones políticas que configuraban el anterior organigrama local, fueron despedidos por el ex alcalde, David Valadez, antes de abandonar sus responsabilidades al frente del ayuntamiento. “No se produjo ninguna excepción y todos y cada uno de ellos fueron despedidos porque fueron contratados como cargos de confianza, con funciones políticas”, aseguran.

“Es obvio que las sociedades municipales tenían que contar con la figura del gerente algo que en la actualidad no es necesario ya que las sociedades se encuentran en periodo de liquidación. Los gerentes han existido, por su propia dinámica, desde su constitución y bajo los gobiernos del GIL, PP; PSOE, IU y PA”.

Por tanto, desde el PSOE “mostramos nuestra satisfacción por las resoluciones judiciales que vienen a avalar la decisión política que adoptó Valadez al frente del ayuntamiento de Estepona”.

El actual gobierno local del PP ha  incrementando el número de cargos de confianza, en relación al anterior gobierno local, hasta en un total de 17, ocho más que en el equipo de gobierno anterior. 

A este “despropósito” hay que sumar el hecho de que  los concejales del gobierno cobran más que los de la corporación precedente. De esta forma, un concejal raso del equipo de gobierno actual percibe 43.900 euros brutos anuales, lo que supone 2.180 euros brutos anuales más al año que un edil con responsabilidad de gobierno en la anterior corporación.

La diferencia se incrementa en 21.080 euros si se compara el salario anterior con el que perciben los concejales que dirigen cada una de las cinco áreas principales en las que se ha estructurado el ayuntamiento bajo la dirección del PP. Estos concejales cobran 62.800 euros brutos anuales más las indemnizaciones correspondientes a las comisiones informativas y a las Juntas de Gobierno local.

En total, el equipo de gobierno actual, compuesto por 17 concejales, supone a las arcas municipales 665.200 euros brutos anuales, sin contar a los ediles que tienen responsabilidades supramunicipales, frente a los 383.000 euros brutos anuales del gobierno anterior, integrado por nueve ediles.

Además  el equipo de gobierno pasa a contar con 17 cargos de confianza, frente a los nueve del anterior; de los que siete se destinan al área uno y tendrán en nómina 47.700 euros brutos anuales. Por tanto, cobrarán 3.800 euros brutos anuales más que un concejal del equipo que no dirija alguna de las cuatro concejalías principales.

Por su parte el cargo de confianza designado para el área dos cobrará 42.500 euros brutos anuales, mientras que el del área tres cobrará 39.850 euros brutos anuales. Donde más cargos de confianza habrá será en el área cuatro, en la que se han designado ocho cargos que cobrarán 36.100 euros brutos anuales.

En total, los cargos de confianza del nuevo gobierno supondrán a las arcas municipales 705.050 euros brutos anuales; mientras que en la anterior corporación había nueve cargos de confianza, que suponían un total de 288.918 euros brutos anuales.