Este departamento se dirige a unas cien familias con menores a su cargo en
situación de riesgo social
El grupo municipal socialista
de Estepona ha mostrado su satisfacción por las conclusiones de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social que ha advertido al ayuntamiento de
Estepona por vulnerar la normativa laboral de los integrantes del Equipo de
Tratamiento Familiar.
Según ha hecho público el
sindicato CC.OO de Estepona fue el Comité de Empresa el que denunció al
ayuntamiento de Estepona “por introducir una cláusula en los contratos de
trabajo de las empleadas” de este departamento municipal donde se indicaba “que
las trabajadoras percibirán una retribución total mensual según importe de la
subvención concedida por la Junta de Andalucía. Lo que produjo un menoscabo en
sus derechos económicos de un 30% en sus nóminas mensuales”.
El portavoz del grupo
municipal socialista de Estepona, David Valadez, recuerda que la existencia del
Equipo de Tratamiento Familiar es el resultado de un convenio de colaboración
firmado hace años entre el Consistorio y la Junta de Andalucía por la que ambas
instituciones se comprometían a abonar, un 30% y un 70% respectivamente, parte
de las retribuciones de las cuatro personas que se dedican a esta finalidad.
“El alcalde de Estepona de
manear unilateral decidió que el Ayuntamiento no aportaría nada y que sería la
Junta la que se encargase de sufragar la totalidad de los gastos derivados por
la magnífica labor de estas profesionales. Sin embargo el Ayuntamiento exigía
que la jornada laboral de estas empleadas continuase siendo la misma pero
percibiendo un 30% menos de salario”, aseguró Valadez.
Ahora ha sido la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social la que ha asegurado que “tras
comprobar la realidad de los hechos denunciados se ha requerido al Ayuntamiento
para que abone a las referidas trabajadoras las retribuciones previstas en el
convenio colectivo de aplicación, así como para que proceda a la regularización
de las diferencias salariales generadas desde el mes de octubre de 2011 y se
practique liquidación complementaria a la Seguridad Social por dichas
diferencias”.
Para Valadez “es más que
evidente que para el alcalde y su equipo de gobierno del PP la política social,
como no genera beneficios y no puede ser privatizada, supone un lastre.
Mientras los tenientes alcalde cobran 65 mil euros al año y sus 17 cargos de
confianza llegan a cobrar hasta 50 mil euros anuales el Ayuntamiento se está
cargando un servicio que va dirigido a familias en las que los Servicios
Sociales Comunitarios o el Servicio de Protección de Menores hayan detectado la
presencia de menores en situación de dificultad o riesgo social”.
El portavoz socialista, por
ello, lamenta la “gestión del PP ya que en pocos meses está consiguiendo acabar
con los magnífico servicios sociales con los que ha contado el municipio tras
años de dura gestión”.
Con el Equipo de Tratamiento
Familiar “se pretende preservar la integridad de las familias evitando la
separación de los menores mediante una intervención integradora que permita la
adquisición y generalización de pautas que compensen la situación de dificultad
que pueda afectar la situación de los menores”.
“La finalidad es la atención a
familias con menores a su cargo en situación de riesgo social, en concreto, a
familias monoparentales con hijos menores de 18 años que estén en una situación
socialmente difícil; a familias en cuyo seno se han detectado situaciones de
violencia que afectan directa o indirectamente a los menores a su cargo, y
familias con menores con los que se ha adoptado una medida protectora.
