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martes, 5 de febrero de 2013

Los socialistas de Estepona, Manilva y Casares presentarán una moción sobre el Plan de Concertación de los Servicios Sociales Comunitarios

Los grupos municipales del PSOE de Estepona, Manilva y Casares, presentarán en los plenos de sus respectivos ayuntamientos una moción para que la corporación “muestre su rechazo a los recortes realizados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para sufragar la red de Servicios Sociales Comunitarios en el Presupuesto de 2012 y de Presupuesto de 2013” 

David Valadez y Manuel Gil. 
Los portavoces del PSOE de Estepona y Manilva, David Valadez y Manuel Gil, han explicado que los ayuntamientos deben instar al Gobierno de España a mantener y sostener un sistema público de servicios sociales de nivel primario que permita atender a toda la ciudadanía y dar respuesta a la exigencia de la Constitución Española de garantizar una serie de derechos sociales y, por tanto, el ejercicio de la igualdad de oportunidades. 

Por ello se debe exigir al Gobierno de España que reponga los fondos del Plan Concertado y del programa de Teleasistencia, como mínimo a los niveles de 2011, además de un compromiso financiero estable para  garantizar la viabilidad de los servicios sociales básicos. 

Según Valadez, “el riesgo de exclusión social es cada día mayor. El aumento del desempleo ha provocado un aumento del número de hogares sin ningún tipo de ingresos. A este proceso hay que añadir la consolidación de la reducción y el agotamiento de las ayudas de protección social, como la prestación por desempleo o las rentas mínimas de inserción”.

Por su parte, Gil indicó que “sin duda, la crisis y los recortes están afectando gravemente a la cohesión social. La pobreza se extiende alcanzando también a clases medias súbitamente empobrecidas; se intensifica porque hay más pobres, y éstos tienen menos que antes. Y lo peor es que al no producirse ningún atisbo de mejora esta situación se está haciendo crónica”.

A pesar de esta dramática situación, el PP no sólo no ha sido capaz de articular una respuesta sino todo lo contrario, desde el mismo momento en que tomaron posesión, el PP ha puesto en marcha una política descontrolada de recortes y ajustes que está provocando el desmantelamiento de los servicios públicos básicos, agravando aún más la situación de muchos ciudadanos, indicaron los dirigentes socialistas.
El Plan Concertado es un instrumento estatal fundamental para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales. Con el fin de mantener y desarrollar una Red de Servicios Sociales de atención primaria, gestionada por las corporaciones locales, así como apoyarlas tanto en el desarrollo de las competencias que le son atribuidas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local como en las respectivas leyes autonómicas de servicios sociales, el Estado cofinancia proyectos que tienen los siguientes objetivos:

            Proporcionar a la ciudadanía servicios sociales adecuados que permitan la cobertura de sus necesidades básicas.

                      Dotar de apoyo económico y asistencia técnica a las corporaciones locales para el desarrollo de sus competencias.

        Consolidar y ampliar la red básica de servicios sociales municipales, para desarrollar las prestaciones de servicios sociales de atención primaria, entre las que se encuentran la ayuda a domicilio y la teleasistencia, previstas en el catálogo de servicios de la “Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia”.

jueves, 13 de septiembre de 2012

El PP sigue atacando la política social de la delegación Bienestar Social


Disminuirá en breve las aportaciones económicas a los servicios sociales comunitarios
El PSOE de Estepona presentará en el próximo pleno de la corporación una moción en contra del anuncio del gobierno central de reducir a la mitad su aportación a los programas de la red de servicios sociales municipales, lo que supondrá que unos mil ciudadanos esteponeros perderán sus prestaciones.
La reducción de la participación del Estado en el denominado Plan Concertado afectará de manera directa a los servicios sociales comunitarios de la delegación municipal de Bienestar Social, y que van destinados, principalmente, a los sectores más desfavorecidos como personas sin hogar, programas de exclusión social,… Para colmo, en un momento en que el paro es el principal problemas de Estepona, el PP ignora que, sólo en Estepona, pueden perder su trabajo una veintena de personas.
Para el portavoz del grupo municipal socialista, David Valadez, “este nuevo varapalo a la Ley de Dependencia,  “cuarto” pilar del Estado del Bienestar, se suma a la desastrosa gestión que también en política social está llevando a cabo el gobierno local”.
Así, Valadez recuerda que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por José María García Urbano en el ayuntamiento de Estepona ha supuesto “la destrucción de la política social del ayuntamiento”.
El dirigente socialista recuerda que, en contra de los compromisos electorales adquiridos por el PP, en la campaña electoral, en el ERE ha supuesto la desaparición del departamento de atención a las personas con discapacidad ya que las dos personas que lo integran, discapacitadas ambas, están integradas en el expediente”.
En campaña electoral, en cambio, aseguraba el PP que “se prestará especial atención a los colectivos de discapacitados y personas dependiente”.
También recogía en su programa electoral, el PP, que “se realizará una política activa de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud para mejorar la asistencia sanitaria, ayudando el ayuntamiento a vehiculizar las demandas y quejas de los usuarios”.
“No sólo no lo han hecho sino que en el ERE han incluido a la persona que se dedicaba, desde el consultorio médico de Cancelada, a prestar un servicio de calidad a los muchos residentes con los que cuenta esa zona del municipio”, asegura Valadez.
En el ERE también han incluido al conserje y al conductor que el ayuntamiento tiene cedidos a APRONA. Además ha incluido a siete trabajadores sociales, lo que supone el 50% de los técnicos, de la delegación municipal de Bienestar Social.
Estos empleados municipales son los profesionales básicos de los servicios sociales. Estepona, con una población cercana a los 70.000 habitantes, tiene una plantilla de catorce trabajadores sociales, cuatro de ellos acogidos a distintos programas y subvenciones. Hay cinco unidades básicas de trabajo social y un departamento de geriatría donde se gestionan las prestaciones básicas para los mayores de 60 años, un departamento de atención a las personas con discapacidad y la gestión directa del Programa de Ayuda a Domicilio, coordinado por una trabajadora social.
“La delegación de Bienestar Social ha quedado sólo con tres trabajadores sociales en plantilla ya que las cuatro restantes están pendiente de la continuidad de subvenciones supramunicipales y asumen tareas que nada tiene que ver con las que vienen desempeñando el personal afectado por el ERE”.
Para Valadez “el PP nunca ha creído en la política social, y sí en al beneficencia, y aprovecha la crisis para su desmantelamiento, sin pensar en el aumento de calidad de vida de las personas dependientes, de su entorno, de sus familias, así como la generación de riqueza y empleo para profesionales y empresas, que ha supuesto su puesta en marcha”.
El portavoz socialista también lamentó que “entre las medidas anunciadas por el Gobierno de Rajoy se incluye la reducción en un 15% obligatorio (las comunidades pueden reducirla aún más) de la paga que reciben los dependientes para que les cuide un familiar en casa”.
Asimismo, las cuidadoras familiares, en su mayoría mujeres, pierden las cotizaciones a la Seguridad Social que pagaba por ellas el Gobierno, y que les servía para completar periodos cotizados y acceder a una pensión de jubilación.
Por otro lado, el PP tampoco tiene la sensibilidad de entender que, en estos tiempos de crisis, eran muchas las familias que subsistían gracias a estas ayudas. En definitiva, unas medidas que castigan, una vez más, a los colectivos más desfavorecidos que son los que realmente están pagando la crisis.
Además, se incrementa el copago sobre los ciudadanos y ciudadanas en la prestación de servicios, en ocasiones, hasta cinco veces más. También, se reduce la intensidad de algunas prestaciones, como la ayuda a domicilio, la cual pasa de las 90 horas máximas mensuales a 70 horas. Esto repercutirá de manera directa en los empleos creados por este servicio.