Bien, llegados a este punto, comenzaré diciendo que el gran proyecto del PP en este mandato, el conocido como gran bulevar, no es más que la muestra inequívoca de la absoluta opacidad del actual gobierno local.
El pasado 6 de marzo, con la presidencia del alcalde, tuvo lugar una mesa de contratación para analizar la documentación administrativa del procedimiento para la concesión demanial del uso privativo de una serie de inmuebles de equipamiento comunitario. A esa mesa, según consta en el acta, acudieron todos los tenientes alcalde del ayuntamiento pero, de manera sorprendente, tres de ellos no estampan su firma en el acta. En concreto: Manuel Aguilar, María Dolores Espinosa e Ignacio Mena.
Posiblemente ese sea el resultado de su negativa a validar un procedimiento que la propia secretaria de la mesa de contratación, Marta Outón, pone en tela de juicio tal y como evidencia, de su propio puño y letra, de la siguiente manera:
“Diligencia: para hacer constar que las dos ofertas presentan la documentación técnica abierta (sin incluirla en sobre alguno)”.
Esto supone una auténtica barbaridad y debería ser, por sí mismo, un motivo de anulación de todo el procedimiento. Sin embargo nada dicen ustedes de esto.
Por si no fuese suficiente en ese mismo acta se hace constar que, y leo textualmente, “se invita a pasar a los representantes de las empresas licitadoras y entra D. Andrés Martín que se identifica como mandatario verbal de Mazabi Gran Bulevar. Al que se le comunica verbalmente la documentación que deberá subsanar la empresa en un plazo de 7 días naturales computados a partir del siguiente acto”.
Por si alguien no lo sabe aún diré que Andrés Martín, y no voy a entrar en otro tipo de consideraciones, es la pareja sentimental de la secretaria General del PP y concejala de Playas de nuestro ayuntamiento, Susana Aragón.
Pregunto, ¿por qué no se le pide al señor Martín un poder notarial que acredite que legalmente es el representante de esta empresa?, ¿conocían ya ustedes, de antemano, esa información?.
Como iba diciendo en esa misma mesa de contratación se le insta, en calidad de supuesto representante de la única mercantil supuestamente interesada en la licitación del bulevar, a presentar en siete días la documentación que debe subsanar.
Al día siguiente, la señora Outón remite un correo electrónico al señor Martín, en el que le indica que, entre otras cuestiones, debe subsanar la deficiencia referida a la garantía provisional. En concreto dice, y vuelvo a leer textualmente, que deberá acreditarse la constitución de la misma en forma y cuantía prevista en el artículo 8 del pliego de condiciones.
Pues bien, ¿qué dice el artículo 8 del pliego de condiciones?. Leo:
“Según el artículo 60 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, la garantía provisional será del dos por ciento del valor del dominio público objeto de ocupación y explotación por el concesionario. De acuerdo con la valoración de dicho dominio público contenida en el informe de los servicios técnicos municipales de 26 de noviembre de 2012, la garantía provisional asciende a la suma de 343.455,62 euros”.
Pues el día 12 de marzo la empresa dice, y es textual, que “en relación a la constitución de la garantía provisional a la que hace referencia el apartado tres del requerimiento se indica que el aval es parte de la financiación solicitada a las entidades bancarias actualmente en estudio por éstas”.
Es decir, la empresa reconoce que no dispone ni tan siquiera del importe mínimo exigido para depositar el aval provisional y todo ello pese a que usted, señor García, aseguró el pasado mes de enero que “la empresa seleccionada deberá demostrar su solvencia financiera y técnica, ya que nos encontramos ante el proyecto estrella de este gobierno y queremos contar los mejores profesionales para esta obra de envergadura”.
Señor García, si la empresa no es capaz siquiera de depositar ese aval provisional, ¿cómo pretende usted garantizar una versión que, según usted mismo, asciende a 30 millones de euros?.
¿Está usted dispuesto a iniciar unas obras que supondrían la demolición de un colegio público con más de 300 alumnos matriculados para que una empresa de este tipo inicie unas obras de futuro totalmente incierto?.
¿A qué conclusión llega cualquier persona medianamente inteligente al observar todo este cúmulo de circunstancias?, ¿ha existido trato de favor o información privilegiada?, ¿hasta dónde está dispuesto a usted a llegar con este asunto?.
Señor García, ¿sabe usted que la sociedad Mazabi Gran Bulevar, SL, según el Boletín Oficial del Estado, se inscribió en el registro mercantil de Vizcaya el 1 de febrero de este mismo año?, ¿sabe usted que el objeto social de la misma es el de la compra, suscripción, tenencia permuta y venta de participaciones sociales y valores mobiliarios?, ¿conoce usted que el capital social de esta empresa es de tan sólo 3.006 euros?.
A todo ello, y por si no fuese suficiente, hay que recordar que ustedes han desestimado todas y cada una de las alegaciones presentadas por el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga que entendían que la licitación conjunta del proyecto de ejecución y de la ejecución de obras solo puede efectuarse cuando concurren circunstancias de carácter excepcional, que no ha sido acreditadas ni justificadas por el ayuntamiento.
También entendían que se había quebrantado el ordenamiento jurídico en relación al plazo estipulado para la presentación de proposiciones al considerar que es insuficiente, atendiendo a la complejidad y magnitud de la licitación y, por último, que se estaba vulnerando el principio de libre competencia.
Por todo ello, y teniendo en cuenta todo lo expuesto, es por lo que desde el Grupo Municipal Socialista le exigimos la anulación de este procedimiento que está, desde un principio, totalmente viciado.
Para más inri, hay que recordar que ustedes están empecinados en adjudicarle a la empresa supuestamente representada por la pareja de su secretaria General, esta concesión por, nada más y nada menos, que 75 años.
Una concesión que, según los informes técnicos obrantes en el expediente, se asienta en unas parcelas de titularidad municipal valoradas en 17.172.781,17 euros, casi tres mil millones de las antiguas pesetas.
Una concesión a la que ustedes están dispuestos a permitir, así se refleja en el expediente, “que se superen los límites máximos de edificabilidad y volumen en razón, aseguran, a una mejor implantación del equipamiento”.
Y por si las consideraciones de esta adjudicación no fuesen suficientemente generosas para la empresa supuestamente interesada ustedes contemplan una subvención al concesionario por un importe de 3 millones de euros.
Por todo ello, señor alcalde, es por lo que desde el PSOE consideramos que este es uno de los mayores escándalos que se han producido en los últimos años en este ayuntamiento. Además, y como en ustedes es habitual, actúan con total descaro merced a su innata prepotencia y soberbia.
Nosotros queremos que se desarrollo lo previsto, no en su programa electoral, sino en el PGOU vigente, del año 94, pero haciendo prevalecer el interés general.
Este, señor García, fue definido por usted como el proyecto estrella del PP. Lo cierto es que, guste o no, simboliza a la perfección su gestión: opacidad (le recordaré que los miembros de la oposición hemos tenido acceso a todo el expediente porque hemos forzado la convocatoria de esta sesión plenaria), intento de manipular a la opinión pública (llevando a cabo ficticios movimientos de tierra, trasladando las dependencias municipales que se encuentran en la avenida San Lorenzo y tratando de implicar a los grupos de la oposición), despreciando el interés general (menos mal que la Junta garantizó que no se iba a demoler el colegio Valeriano López hasta que, como mínimo, no finalizaran las obras de Los Altos de Estepona) y con muchísimas sombras, sospechas y cuestiones poco claras.
En resumen, todo hace indicar que esta obra, si se llegase a adjudicar, recaerá en la mercantil representada, de manera verbal, por la pareja de la secretaria General del PP de Estepona, en un proceso en el que las plicas estaban abiertas, habiendo transcurrido tres meses sin que se haya depositado el aval mínimo necesario y desestimando todas las alegaciones presentadas por el colegio de Arquitectos de Málaga.
