La Junta destina a Estepona más de 30.000 euros en Ayudas Económicas Familiares

Se trata de subvenciones contempladas en el Decreto de Exclusión Social para garantizar la atención de las necesidades básicas de los menores 

Cristina Capablanca, secretaria de Política Social. 

La Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la orden por la que se establece la distribución de las cantidades a percibir por las Entidades Locales para la financiación de las Ayudas Económicas Familiares.

Se trata de unas ayudas, contempladas en el Decreto de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía, que vienen a completar el conjunto de acciones dirigidas a la prevención de situaciones de exclusión social o a la atención de las necesidades alimentarias más urgentes en la sociedad andaluza, según la secretaria de Política Social e Igualdad del PSOE de Estepona, Cristina Capablanca.

Concretamente, en la provincia de Málaga, estas ayudas cuentan con una dotación de 750.000 euros más sobre los 294.000 euros ya contemplados en los presupuestos de 2013.

“Gracias a esta preocupación de la Junta por las personas que peor lo están pasando el municipio de Estepona va a recibir un total de 30.560,12 euros” con los que “se prevé proporcionar en el municipio la adecuada atención a las necesidades básicas de alimentación de muchos hogares y menores más de los previstos con la cantidad presupuestada para este año en este concepto”, según Capablanca.

La dirigente socialista aseguró que las administraciones públicas deben dotarse de “prestaciones con el objetivo de prevenir, reducir o suprimir los factores que generan situaciones de dificultad social”.

Las ayudas son temporales, dinerarias o en especie, de carácter preventivo, que se conceden a familias para la atención de las necesidades básicas de menores a su cargo cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello. 

La Inspección de Trabajo pone freno al intento del alcalde de “acabar” con el Equipo de Tratamiento Familiar

Este departamento se dirige a unas cien familias con menores a su cargo en situación de riesgo social 

El grupo municipal socialista de Estepona ha mostrado su satisfacción por las conclusiones de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social que ha advertido al ayuntamiento de Estepona por vulnerar la normativa laboral de los integrantes del Equipo de Tratamiento Familiar.

Según ha hecho público el sindicato CC.OO de Estepona fue el Comité de Empresa el que denunció al ayuntamiento de Estepona “por introducir una cláusula en los contratos de trabajo de las empleadas” de este departamento municipal donde se indicaba “que las trabajadoras percibirán una retribución total mensual según importe de la subvención concedida por la Junta de Andalucía. Lo que produjo un menoscabo en sus derechos económicos de un 30% en sus nóminas mensuales”.

El portavoz del grupo municipal socialista de Estepona, David Valadez, recuerda que la existencia del Equipo de Tratamiento Familiar es el resultado de un convenio de colaboración firmado hace años entre el Consistorio y la Junta de Andalucía por la que ambas instituciones se comprometían a abonar, un 30% y un 70% respectivamente, parte de las retribuciones de las cuatro personas que se dedican a esta finalidad.

“El alcalde de Estepona de manear unilateral decidió que el Ayuntamiento no aportaría nada y que sería la Junta la que se encargase de sufragar la totalidad de los gastos derivados por la magnífica labor de estas profesionales. Sin embargo el Ayuntamiento exigía que la jornada laboral de estas empleadas continuase siendo la misma pero percibiendo un 30% menos de salario”, aseguró Valadez.

Ahora ha sido la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social la que ha asegurado que “tras comprobar la realidad de los hechos denunciados se ha requerido al Ayuntamiento para que abone a las referidas trabajadoras las retribuciones previstas en el convenio colectivo de aplicación, así como para que proceda a la regularización de las diferencias salariales generadas desde el mes de octubre de 2011 y se practique liquidación complementaria a la Seguridad Social por dichas diferencias”.

Para Valadez “es más que evidente que para el alcalde y su equipo de gobierno del PP la política social, como no genera beneficios y no puede ser privatizada, supone un lastre. Mientras los tenientes alcalde cobran 65 mil euros al año y sus 17 cargos de confianza llegan a cobrar hasta 50 mil euros anuales el Ayuntamiento se está cargando un servicio que va dirigido a familias en las que los Servicios Sociales Comunitarios o el Servicio de Protección de Menores hayan detectado la presencia de menores en situación de dificultad o riesgo social”.

El portavoz socialista, por ello, lamenta la “gestión del PP ya que en pocos meses está consiguiendo acabar con los magnífico servicios sociales con los que ha contado el municipio tras años de dura gestión”.

Con el Equipo de Tratamiento Familiar “se pretende preservar la integridad de las familias evitando la separación de los menores mediante una intervención integradora que permita la adquisición y generalización de pautas que compensen la situación de dificultad que pueda afectar  la situación de los menores”.

“La finalidad es la atención a familias con menores a su cargo en situación de riesgo social, en concreto, a familias monoparentales con hijos menores de 18 años que estén en una situación socialmente difícil; a familias en cuyo seno se han detectado situaciones de violencia que afectan directa o indirectamente a los menores a su cargo, y familias con menores con los que se ha adoptado una medida protectora.