miércoles, 28 de noviembre de 2012

García Urbano entrega un local y una parcela de 1.400 metros a una comunidad de propietarios‏


El alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), ha firmado un decreto por el que cede a la comunidad de propietarios Alcazaba Beach una parcela que dispone de una superficie de mil cuatrocientos ochenta y siete metros cuadrados y de un local que se encuentra en la entrada de la misma urbanización y que es de titularidad municipal.

La cesión de este patrimonio se hace de manera totalmente gratuita y tan sólo se exige a la comunidad de propietarios que se encarguen del mantenimiento de las mismas lo que para el concejal socialista de Estepona, Fernando Centeno, «es un auténtico disparate».

Este decreto, firmado el pasado 25 de septiembre, establece que se cede en precario «por el plazo máximo de un año desde la firma del presente, extinguiéndose por tanto el día 1 de septiembre de 2013, no pudiéndose prorrogar de modo alguno».

En el mismo decreto, del mismo modo, se asegura que «es intención del ayuntamiento enajenar el local y la parcela mencionados».

Para Centeno «es absolutamente incomprensible que el ayuntamiento ponga a disposición de una comunidad de propietarios, de carácter privado, unas magníficas instalaciones, de titularidad municipal, a cambio de nada».

Además añade que «cómo se explica que a unos se les regale el uso de los inmuebles públicos cuando hay tantos colectivos y entidades sociales que están demandado desde hace meses que el ayuntamiento les ceda algún espacio en el que desarrollar su actividad en beneficio de la comunidad».

«La crisis económica está justificando todas las decisiones políticas del señor Urbano. La realidad es otra muy distinta. García Urbano está, en tiempo récord, poniendo a la venta todos los bienes públicos que han venido atesorándose desde hace muchos años», manifiesta Centeno que, una vez más, insiste en que «en estos momentos poner a la venta alguna propiedad municipal supone malvender el patrimonio de todos para que algunos adinerados se hagan por tres duros con lo que es de todos».

Por último, el edil socialista solicitó al alcalde la revocación de ese decreto y su entrega a algún colectivo social del municipio que realmente necesite un espacio para llevar a cabo su actividad o bien obtenga algún beneficio económico, a modo de alquiler, que permita destinar esa cuantía económica a sufragar algunos de las muchas necesidades que en estos momentos presenta, por ejemplo, el comedor social de la localidad.

En otro sentido el edil socialista también reclamó al gobierno local que se preocupe, en esa misma urbanización, de acondicionar el acceso público a la playa que "se encuentra desde hace meses en un pésimo estado".

martes, 27 de noviembre de 2012

El PSOE presenta una moción contra la Ley de tasas judiciales del PP

Los socialistas dicen que este ‘tasazo judicial’ “es una medida muy grave que atenta contra el derecho fundamental de todo ciudadano a acceder a la justicia” 
Juzgado de Estepona
El PSOE de Estepona va a presentar una moción en el ayuntamiento de Estepona contra la Ley de Tasas Judiciales del PP, que consideran que es “inconstitucional” y suponen “un menoscabo en los derechos fundamentales de los ciudadanos para acudir a la justicia”. 
El portavoz del grupo municipal socialista de Estepona, David Valadez, ha manifestado que esta Ley “es un ataque más a los ciudadanos” y su aplicación supondrá que “sólo tendrá tutela judicial quien tenga recursos económicos, es decir, estaremos hablando en nuestro país de justicia para ricos y justicia para pobres”.
Valadez ha indicado que este “tasazo judicial vulnera los derechos fundamentales y el principio de igualdad de los ciudadanos ante la Ley, excluyendo de la administración a los ciudadanos sin recursos para poder pagarla”. En este sentido, el dirigente socialista ha advertido de que “cientos de esteponeros se verán perjudicados”.
Por ello, en la iniciativa, los socialistas instan al PP a que “adopte urgentemente las medidas necesarias para excluir a los ciudadanos del pago de las tasas judiciales y garantice que nadie vea limitado su derecho de acceso a la justicia por no poder hacer frente al pago de las mismas”.
Valadez ha recordado que esta “aberración” del PP ya ha provocado que la Ley “no sólo haya sufrido un rechazo político, sino social y profesional, ya que las asociaciones de consumidores, sindicatos y todas las profesiones que actúan en procesos judiciales se han opuesto a este nuevo atropello del Gobierno”.
El portavoz socialista ha aseverado que esta Ley “no tiene nada que ver con la crisis económica ni con el ahorro económico, sino que es pura ideología de una derecha obcecada con desmantelar los servicios públicos esenciales”.
El socialista  ha puesto como ejemplos prácticos de la aplicación de esta Ley el caso de un empresario agrícola que reclame el impago de una factura de 600.000 euros, “quien tendrá que pagar 11.300 euros y por adelantado, en el caso de que llegue hasta el Tribunal Supremo". Asimismo, el ocupante de un vehículo que quedara tetrapléjico en un accidente y reclamara a la compañía aseguradora 1,3 millones de euros “tendría que abonar 6.050 euros para interponer la demanda, otros 6.550 si tiene que recurrir en apelación, y otros 6.950 euros si llega al Supremo".
Valadez ha añadido que el perfil "disuasorio" de la nueva Ley es "evidente" en el caso de las multas de tráfico, ya que "para recurrir una multa de 100 euros habrá que pagar una tasa judicial de 200, y ese dinero nunca se recupera".
El socialista ha advertido, por último, de que la subida de las tasas judiciales viene a sumarse a la reforma de los partidos judiciales que está "cocinando" el PP y que sólo supondrá "alejar la justicia de los ciudadanos". En el municipio de Estepona supondrá la desaparición de los juzgados de la localidad y su integración en la vecina localidad de Marbella.
Por este motivo los socialistas han iniciado una campaña de recogida de firmas que en las próximas semanas será remitida al Ministerio de Justicia.

lunes, 26 de noviembre de 2012

El PSOE abandona el pleno tras ordenar el alcalde el desalojo de los ciudadanos que asistían como público a la sesión

Los seis concejales del grupo municipal socialista han abandonado esta mañana la sesión plenaria tras ordenar el alcalde a los agentes de la policía local el desalojo del público asistente

El público asistente, por el simple hecho de aplaudir una intervención de la oposición municipal, ha sido desalojado del salón de plenos y, posteriormente, de las propias dependencia del Palacio de Exposiciones y Congresos. Incluso el alcalde llegó a ordenar que no se sirvieran cafés y a bloquear la puerta de las dependencias municipales para impedir la entrada del público desalojado.

Entre el público asistente se encontraban trabajadores afectados por el Expediente de Regulación de Empleo que, indignados, pudieron comprobar cómo el gobierno local del PP “ha venido mintiendo sistemáticamente desde hace meses en relación a las privatizaciones de servicios públicos llevadas a cabo desde el inicio del actual mandato”.

Así, antes incluso de que se pudiese someter a votación los presupuestos generales del municipio para el 2013 los ediles socialista, ante la decisión adoptada por el alcalde, decidieron “por solidaridad y coherencia” abandonar el salón de plenos.

Minutos antes el portavoz del grupo municipal socialista, David Valadez, leyó un documento de la interventora accidental en el que se asegura textualmente: “Como consecuencia de las externalizaciones y el expediente de regulación de empleo llevados a cabo en 2012; el capítulo I (Gastos de personal) ha pasado de 50,62 millones de euros presupuestados en 2012 a 35,6 millones de euros presupuestados en 2013, es decir, una disminución de 15 millones de euros. Si bien como se ha indicado en anteriores informes de liquidación de los presupuestos emitidos por la Intervención Municipal, el gasto de personal que ha sido externalizado computa como coste de personal. El coste total del personal externalizado en 2013 se estima en 15,8 millones de euros, si bien sus créditos presupuestarios se encuentran en el capítulo II Gastos en Bienes corrientes y de servicios”.

Es decir, pese al ERE llevado a cabo por García Urbano y las privatizaciones de cementerio, alcantarillado, playas, jardines, limpieza de edificios públicos, brigadas operativas de Infraestructuras, parque de Los Pedregales, plaza de toros, el ayuntamiento gastará en 2013 más en personal que en el 2012. “Los únicos que han salido ganando con la gestión de García Urbano al frente del ayuntamiento han sido las empresas privadas que se están haciendo con la gestión del consistorio. Todas ellas, sin excepción, de fuera de Estepona”.

Además, Valadez aseguró en su intervención que “pese a que casi la totalidad de servicios públicos municipales se encuentran en manos privadas el ayuntamiento destina 665.201,04 euros a los sueldos del equipo de gobierno y 585.149,60 euros a los sueldos de sus cargos de confianza”.

Además, en el pleno de hoy el PP ha aprobado con sus únicos votos conceder 787,47 a cinco empleados públicos todos los meses en concepto de complementos de libre designación.

Valadez, por último, también ha sido muy crítico con las previsiones de ingresos de capital contemplados en el presupuesto municipal. Así, la interventora accidental, asegura que “en el capítulo VI, se presupuesta en 5,31 millones de euros, según estimación de ingresos facilitada por la concejala delegada de Presidencia, de fecha 13 de noviembre de 2012. Dicha previsión se fundamenta en la enajenación de bienes patrimoniales no afectos al Patrimonio Público del Suelo (locales comerciales, plazas de garaje, parcelas edificables, naves industriales y viviendas”.

Es decir, durante el 2012 el ayuntamiento va a “vender todo lo que posee hasta llegar a los casi mil millones de pesetas. De hecho, según reconoce el propio alcalde, en estos momentos se está preparando la enajenación de los locales municipales de Puertosol en los que en estos momentos se encuentran las dependencias del Patronato Provincial de Recaudación”.

viernes, 23 de noviembre de 2012

El Ayuntamiento de Estepona ingresará 612.000 euros en contribuciones especiales


Los vecinos de la Cala, Las Joyas, la Malagueña, Loma de Atanasio, Seghers y urbanización Golf-Atalaya pagarán el 90% del importe total
El equipo de gobierno del PP del ayuntamiento de Estepona contempla en los presupuestos del año 2013 el ingreso de un total de 612.000 euros en contribuciones especiales que suponen el 90% del total de los gastos que originen el adecentamiento de los caminos de La Cala, Urbanización Las Joyas, Camino Cala Alta, la Malagueña, Loma de Atanasio, Seghers y Urbanización Golf-Atalaya.
Así, el ayuntamiento sólo destinará al arreglo de estos caminos un 10% del importe total lo que supone “un auténtica temeridad en estos momentos ya que pocos vecinos pueden en estos durísimos momentos acometer una inversión de este tipo”, según el edil socialista de Estepona, Fernando Centeno.
Para el edil socialista “es más que evidente que el equipo de gobierno del PP está muy alejado de la realidad. Como ellos siguen cobrando 65.000 euros al año se creen que todos los esteponeros nadan en la abundancia”.
Por ello desde el PSOE se propone que “o estos caminos sean arreglados con recursos propios del ayuntamiento o se recurra a las contribuciones especiales, previa solicitud de los vecinos, y con un porcentaje económico inferior al previsto por el PP”.
“Aquí vemos, una vez más, la doble vara de medir del PP. Hay dinero para complementos y gratificaciones de simpatizantes del PP pero no hay ni un solo céntimo para arreglar caminos rurales. Además son incapaces, pese a contar con una oficina municipal de subvenciones, al frente de la cual está un agraciado con un complemento de libre designación, de conseguir implicar a otras instituciones supramunicipales en esta cuestión”, lamentó Centeno.
665.201,04 euros para concejales
Mientras estos se plantea desde el PP en los mismos presupuestos, en el capítulo I, se contempla que el ayuntamiento gastará en los 17 sueldos de los concejales del PP durante el 2013 un total de 665.201,04 euros y en sus 14 cargos de confianza 585.149,60 euros. “Es sencillamente inexplicable lo que está ocurriendo en este ayuntamiento. Todo para unos pocos y nada para el resto de la población”, concluyó Centeno.
“Es decir, sin contar los cinco empleados que van a percibir 800 euros mensuales en concepto de complementos de libre designación, el ayuntamiento se gasta 1.250.350,64 euros en los sueldos de los concejales y cargos de confianza del PP. Justo el doble de lo que va a cobrar el ayuntamiento a estos vecinos por arreglarles sus caminos rurales”, concluyó Centeno.

jueves, 22 de noviembre de 2012

El ayuntamiento pretende recaudar 820.000 euros en multas por infracciones de tráfico durante el 2013

Para el socialista Carlos Rodríguez el alcalde utiliza la policía local con fines recaudatorios

Imagen de archivo de un pleno municipal. 
El expediente de presupuesto de la corporación municipal para el ejercicio 2013 contempla unos ingresos de 820 mil euros en concepto de multas de infracciones de tráfico lo que supone para el concejal socialista de Estepona, Carlos Rodríguez, “un auténtico disparate”.
“El equipo de gobierno local del PP se supera a sí mismo ya que en el presupuesto del 2012 contemplaba unos ingresos de 500.000 euros. Si durante todo este año los vecinos han padecido la presencia permanente del servicio de grúa ya debemos ir preparándonos para lo que nos espera a partir del mes de enero”, advirtió el edil.
“El alcalde necesita hacer caja a costa de los famélicos bolsillos de los esteponeros. El PP necesita dinero para pagar los complementos de libre designación de sus cinco nuevos cargos de confianza, de los catorce contratados que llegan a cobrar hasta 50.000 euros por ser amigos del alcalde o de los tenientes de alcalde que cobran 65.000 euros, más que los ministros del gobierno de España o el presidente de la Junta de Andalucía”, aseguró Rodríguez.
El concejal socialista lamentó que el alcalde y su gobierno local se estén dedicando exclusivamente a “seguir asfixiando las maltrechas economías de los esteponeros y no en resolver los problemas de los ciudadanos”.
Un ejemplo de ello, en opinión del edil, lo supone el hecho de que García Urbano “se ha convertido en el mayor destructor de aparcamientos públicos de la historia de Estepona. No sólo ha sido incapaz de crear aparcamientos públicos nuevos sino que los poco que existen en el casco histórico están desapareciendo por una decisión personal suya”.
“¿Quién se está beneficiando de estas decisiones políticas?. Evidentemente las empresas concesionarias de los aparcamientos existentes en el municipio”, concluyó el edil.
El edil quiso recordar que entre las funciones que la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establece para la policía local se encuentra la de ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación.
“El alcalde ha pervertido el sentido de este fin”, aseguró Rodríguez quién, por último, quiso resaltar la profesionalidad de los agentes locales que “por desgracia, están dirigidos por unos irresponsables políticos que hasta en la seguridad ciudadana tratan de hacer caja”.

miércoles, 21 de noviembre de 2012

Revista digital nº 1. ANDALUCÍA MARCA EL CAMINO vía @PSOEdeEstepona @PSOEMalaga

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El PSOE llevará a pleno una moción para que se retiren los fondos de las entidades que lleven a cabo desahucios


El portavoz del grupo municipal socialista, David Valadez, presentará al próximo pleno de la corporación una moción para solicitar al equipo de gobierno la creación de una oficina en el ayuntamiento que se encargue de orientar y asesorar legalmente a los ciudadanos del municipio que tengan problemas para hacer frente al pago de los compromisos adquiridos para la compra de sus viviendas habituales y no hubieran alcanzado un acuerdo previo con la entidad bancaria correspondiente
El portavoz del grupo municipal socialista. 

Según el edil socialista de esta manera la oficina se encargaría, además, de la recogida de información, reclamaciones y demandas de los ciudadanos afectados a través de la OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor).

Desarrollaría, además, labores de intermediación y gestión con las entidades financieras y pondría en marcha programas de mediación deuda hipotecaria con el fin de facilitar la reestructuración, quita, control de intereses, dación en pago con alquiler social y denuncias sobre el incumplimiento del Código de Buenas Prácticas

Valadez entiende que desde esta oficina municipal se deben dar pasos que ayuden a la búsqueda de viviendas en alquiler y a establecer un Plan Personalizado de Impuestos, así como a un Plan especial de ayudas sociales: alimentación, ayudas alquiler, becas de comedor, libros y material escolar, entre otras ayudas de urgencia.

Otro de los objetivos fundamentales que persigue el grupo municipal socialista con esta propuesta pasa por apoyar a la formación y búsqueda de empleo. Así, se debe exigir a las entidades financieras, a todas ellas, la paralización de los desahucios de vivienda habitual por insolvencia sobrevenida hasta que entre en vigor un nuevo marco legal. Las entidades bancarias deben propiciar que las promociones de viviendas vacías de su propiedad puedan formar parte de la oferta municipal de viviendas de alquiler social.

Además, se debe favorecer la creación de parques públicos de alquiler social con viviendas de titularidad pública que no hayan sido adjudicadas También se debe apoyar la creación de grupos de trabajo en el ayuntamiento con las presencia de los grupos políticos municipales y agentes sociales del municipio para buscar alternativas a las familias afectadas por desahucios y estudiar iniciativas que puedan, dentro del marco competencial municipal, aliviar el sufrimiento de los afectados por desahucios.

Desde el PSOE, además, se insta a la creación y apoyo de protocolos de actuación de servicios sociales en casos de desahucio, y colaboración con el objeto de solicitar al juez la suspensión del desahucio cuando éste sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda única y habitual.

Se debe, del mismo modo, poner en marcha iniciativas frente a las entidades financieras que mantengan los desahucios, entre ellas la retirada de sus depósitos.

También se debe negar desde el gobierno local la petición de colaboración de la policía local en los procesos de desahucios de las familias del municipio y elaborar un registro de familias desahuciadas y de aquellas que están en riesgo de padecerlo.

Por último, se solicita desde el grupo municipal socialista, la publicación en la web municipal de todos los datos de las entidades bancarias socialmente comprometidas que hayan paralizado los desahucios de viviendas radicadas en el término municipal y su número, así como los nombres de las que hayan cooperado a la hora de facilitar alquileres sociales sustitutivos.

martes, 20 de noviembre de 2012

Los concejales de Estepona Ignacio Mena y Juan Jesús Bernal rechazan en la Diputación un Plan de Empleo


Ignacio Mena y Juan Jesús Bernal rechazan en la Diputación un Plan de Empleo

El portavoz del Grupo Municipal Socialista de Estepona, David Valadez, ha lamentado el rechazo del equipo de Gobierno de la Diputación de Málaga al Plan de Empleo propuesto por el PSOE y que tenía como finalidad paliar las “sangrantes cifras de paro”; al tiempo que ha exigido al alcalde, José María Garcìa Urbano, que tome medidas en este sentido y que reprenda a  los ediles Ignacio Mena y Juan Jesús Bernal, que como parte de ese equipo de Gobierno “no han apoyado una medida que podría suponer la salida de su gravísima situación a muchas familias de Estepona".

Valadez ha lamentado que el apoyo del PP con los parados se limite exclusivamente a manifestar este en los medios de comunicación, ya que a la hora de tomar medidas en este sentido “las rechazan”. Al mismo tiempo exigió a los populares que mediten su voto, ya que esta misma moción será presentada en el Ayuntamiento de Estepona “y ahí podremos comprobar hasta que punto están comprometidos con los desempleados”.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista recordó que “no es la primera vez que el PP de Estepona, junto con el alcalde, vota en contra de exigir la puesta en marcha de un plan de empleo en nuestro municipio”, todo ello pese a que “ya estamos en una situación alarmante con una cifra que asciende ya a 9.125 demandantes de empleo en todo el término municipal”.
Al mismo tiempo señaló que el Partido Popular ha votado a favor de este plan en otras provincias y otros municipios. Así, declaró que “los populares votan en contra de los intereses de Estepona y en contra de inversiones para nuestra ciudad, poniendo los impuestos que pagamos aquí al servicio de las políticas del PP en otros municipios”.
La moción del PSOE reflejaba que los datos del paro registrado en Andalucía en octubre de 2012 han recogido la cifra de 1.087.248 personas paradas. La EPA para el tercer trimestre de 2012 registra una población activa de 4.021.300, una población ocupada de 2.597.000, y una población parada de 1.424.200, un 15,5% más que el mismo trimestre del año anterior.
 La gravedad de estas cifras refleja una situación que el propio Gobierno de España no prevé vaya a mejorar y que, además, admite con unos escenarios macroeconómicos para 2013 negativos,  pueda empeorar.  Esta grave realidad, reflejada en el drama que muchas familias andaluzas viven, se ve agravada por un contexto de crisis económica que dura ya más de cuatro años, y que hace imperiosamente necesario que todas las administraciones públicas tomen medidas que repercutan directamente en la generación de empleo, señala la propuesta del PSOE-
“Unas medidas que, a pesar de la austeridad programada y pregonada por el Gobierno de España, cuenten con una dotación financiera especial para el desarrollo de Planes Integrales de Empleo, que contribuyan a afrontar y responder a la excepcional situación actual, y que faciliten a los Servicios Públicos de Empleo atender adecuadamente a las personas desempleadas, dando respuesta a sus necesidades, reforzando su atención y teniendo en cuenta la prolongación de los periodos de desempleo que están sufriendo nuestras familias”, reza la moción.
Al mismo tiempo, también se denuncia la drástica reducción de recursos que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social destina a las Políticas Activas de Empleo que gestionan las comunidades autónomas, decreciendo los recursos destinados a estas políticas cuando incrementa el paro parece incomprensible.
En particular, reducir los recursos financieros destinados a las Políticas Activas de Empleo en casi un 57%, lo que representa 1.742 millones de euros menos para gestión de unas políticas que competen a todas las Comunidades Autónomas, pone de manifiesto “la falta de compromiso con los desempleados y el intento de trasladar el problema del paro y de trasmitirlo como un problema ajeno a ese Gobierno”, asegura Valadez.
Valadez señala que la Junta debe contar con recursos adicionales para articular un Plan Especial de Empleo que refuerce las políticas activas de empleo, para poder contar con profesionales cualificados que favorezcan y garanticen los procesos de orientación profesional; que se refuerce la atención a personas demandantes de empleo, y que se impulsen acciones que contribuyan a generar y fomentar el empleo a nivel local.

lunes, 19 de noviembre de 2012

El PSOE de Málaga se moviliza contra las prospecciones en la Costa del Sol



El secretario general del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia; la senadora Pilar Serrano y los parlamentarios andaluces Remedios Martel y José Bernal, junto con portavoces, diputados provinciales y secretarios generales, entre ellos David Valadez, se han mostrado hoy “radicalmente en contra” de las prospecciones de gas en la Costa del Sol, y han presentado en Marbella una campaña que recorrerá todos los municipios del litoral malagueño y que tiene como finalidad que el Gobierno del Partido Popular “dé marcha atrás” en las licencias que ha concedido hasta ahora.

Heredia ha señalado que desde el PSOE “estamos en contra por dos motivos fundamentales: porque estas prospecciones irían en contra de nuestra principal fuente de riqueza que es el turismo, y porque creemos que hay alternativas en las energías renovables y esta tiene que ser la apuesta”.

El secretario general y diputado nacional ha señalado que si se instalan plataformas en las playas “no vendría nadie a nuestra costa”, y añadió que esto afectaría “de manera irreversible” al único sector que crea empleo en nuestra provincia que es el turismo. En este sentido, señaló que en Marbella hay ahora mismo 16.000 parados, y que en el último mes 735 personas perdieron su empleo, lo que implica una media de 25 personas al día. “Si tenemos en cuenta que el único sector que genera puestos de trabajo es el turismo, no podemos poner más trabas en el camino”, señaló.

Así, puso de manifiesto que el Gobierno de Rajoy “está recortando en el sector, por ejemplo, con menos fondos para el Plan Qualifica o inversiones para playas”, y señaló que “ahora quiere ponerle la puntilla dando licencia para realizar prospecciones de gas en nuestras playas”.

Al mismo tiempo, declaró que existen alternativas, y en este sentido recordó que el Gobierno del Partido Popular ha eliminado de sus inversiones un proyecto de energías limpias en la provincia de Málaga, concretamente a una inversión de 350 millones de euros que irían destinados a 17 proyectos de energías renovables en 13 municipios de nuestra provincia y que generarían en torno a 1.000 puestos de trabajo. “La alternativa tiene que ser esta”, manifestó.

Heredia pidió a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y la Partido Popular de Málaga “que se una al planteamiento de dar marcha atrás a las prospecciones, porque estamos hablando del futuro de la Costa del Sol, y son muchos los puestos de trabajo que están en riesgo”.

Por su parte, la senadora Pilar Serrano recordó que el pasado martes preguntó al ministro Soria sobre estas prospecciones y este confirmó que no darían marcha atrás. De ahí que “iniciemos ahora esta mañana, porque no vamos a permitir que instalen una plataforma en la playa de 200 metros cuadrados para ver o no si hay gas en nuestra costa”.

Serrano denunció además las “constantes contradicciones del Partido Popular en este asunto”, ya que en 2004 el Gobierno de José María Aznar autorizó las prospecciones, y posteriormente en la oposición se mostraron en contra. “Sin embargo, una vez que han vuelto al poder no tienen previsto dar marcha atrás a las mismas pese a que se comprometieron a hacerlo”, manifestó la senadora socialista.

Declaró que en el mes de agosto se generaron 3.300 empleos en el sector turístico y esto “es lo que quiere cargarse ahora el Partido Popular, y no podemos permitir que un lugar de referencia para el turismo en toda Europa se vea afectado por una decisión injusta”.

Por su lado, el parlamentario y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Marbella, José Bernal, manifestó que esta campaña se pone en marcha ya que a su juicio, esto supondría “la ruina total para la Costa del Sol”, y para Marbella.

Añadió que el próximo miércoles se debatirá en el Parlamento andaluz una proposición no de ley para “pedirle al Gobierno de Rajoy desde Andalucía que no queremos plataformas en nuestras playas”. Así, avanzó que esta campaña se inicia ahora pese a que “ya hemos mantenido contactos con colectivos de distinta índole, entre ellos, del sector del turismo, la pesca, o la investigación a través de la Universidad de Málaga”. Las reuniones continuarán en los próximos días.

viernes, 16 de noviembre de 2012

El Gobierno del PP obliga a ocho de cada diez esteponeros a pagar por servicios como los de silla de ruedas o prótesis


El pasado 4 de noviembre entró en vigor el copago en la cartera de servicios sanitarios suplementarios
El secretario general del PSOE de Estepona, David Valadez, ha denunciado que las últimas medidas aprobadas por el Gobierno del Partido Popular obligan a ocho de cada diez esteponeros a pagar por servicios como los de silla de ruedas, prótesis o ambulancia.

Según ha explicado Valadez, el pasado 4 de noviembre entró en vigores el copago en la cartera de servicios sanitarios suplementarios que incluye los tratamientos dietoterápicos y el material ortoprotésico. Los primeros se aplican a pacientes que padezcan trastornos como la intolerancia a la lactosa. El segundo se refiere a las prótesis externas donde se contemplan, entre otras, los audífonos, las prótesis de mano, prótesis de mama o prótesis del paladar para malformaciones congénitas, traumatismos y procesos oncológicos; un grupo de sillas de ruedas (manuales, recambios y eléctricas); y de ortesis, ortoprótesis especiales y renovación de los componentes externos de implantes quirúrgicos, entre otros.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha fijado que la aportación que tendrá que pagar el usuario para acceder a esta cartera suplementaria será de entre el 10 y el 60 por ciento del precio establecido, dependiendo de su condición de asegurado por su nivel de renta y del producto, tal y como se ha establecido con el copago farmacéutico.

La norma, aprobada mediante un Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece que tendrán que pagar hasta un 60 por del precio de oferta del producto los usuarios y sus beneficiarios con rentas declaradas que superen los 100.000 euros y en este caso no se aplicará el límite máximo de aportación; hasta el 50 por ciento en caso de que sea igual o superior a 18.000 euros e inferior a 100.000 euros; un 40 por ciento en ingresos inferiores a los anteriores; y un 10 por ciento del precio los pensionistas, con ingresos inferiores a 100.000 euros. “Es decir, ocho de cada diez esteponeros pagarán al menos el 40 por ciento por estos servicios”, ha apuntado Valadez.

Quedarán exentos de aportación los afectados de síndrome tóxico; los perceptores de rentas de integración social y de pensiones no contributivas; los parados de larga duración y los discapacitados contemplados en el sistema especial de prestaciones sociales y económicas.

Valadez ha recordado que de los servicios de la cartera suplementaria queda por aprobarse el transporte sanitario no urgente. “Gracias a la presión del Gobierno andaluz el copago del transporte sanitario no urgente no afectará a aquellos pacientes que por prescripción facultativa deban ser trasladados a un centro sanitario para recibir un tratamiento periódico e ilimitado en el tiempo, caso de los enfermos renales que están sometidos a diálisis”, ha explicado Valadez.

Según el dirigente socialista, el Gobierno andaluz “siempre se ha opuesto a la aplicación de copago a dietoterápicos, ortoprótesis y transporte sanitario no urgente”. En este sentido, ha denunciado que se penalice reiteradamente a los mismos colectivos. Así, ha denunciado que una persona que requiera de hemodiálisis para su supervivencia y a la que se le exija copago pagaría entre 1.300 euros y 7.800 euros al año en función de si es pensionista o activo, a lo que tendría que sumar el pago de la medicación –alrededor de diez medicamentos en el caso de la insuficiencia renal-. “Actualmente, en Andalucía hay más de 4.000 personas en diálisis crónica”, ha apuntado.

Asimismo, en el caso de que una persona haya sufrido un accidente vascular cerebral, por ejemplo, y necesite rehabilitación (unos 4.000 pacientes al año en Andalucía y unos 850 en Málaga) y medidas adicionales como silla de ruedas, andador o bastones ortopédicos, podría tener que pagar entre 1.500 y 9.300 euros por un tratamiento de seis meses, incluido el transporte sanitario no urgente.

“La puesta en marcha del copago en estos aspectos no sólo es inequitativa sino que no supone ahorro alguno dado que genera un coste burocrático adicional que no justifica su aplicación, sin tener en cuenta el coste sanitario que supone para las personas no tener acceso a tratamientos fundamentales para su salud”, ha dicho. “El PP está machacando a la población en general y particularmente a los mayores. Uno de cada cuatro enfermos crónicos no pueden seguir medicándose por falta de recursos”, ha advertido.