El secretario de Estepona denuncia a la Junta una batería de irregularidades

EL PAÍS

El habilitado nacional acusa al gobierno del PP de impedirle realizar su labor

José Manuel Duarte, el secretario adjunto de Estepona (Málaga) ya no puede más. Este habilitado nacional de carrera ha comunicado a la Junta de Andalucía toda una batería de irregularidades supuestamente cometidas por el gobierno de José María García Urbano (PP), que le impiden desempeñar sus funciones en este consistorio.

José María García Urbano en un acto electoral.

 / JULIÁN ROJAS

En un escrito de cuatro folios, Duarte habla de los problemas que ha tenido para que se incluyan sus objeciones en el acta de una Junta de Gobierno Local en la que se aprobó la privatización de servicios municipales el pasado 4 de enero. También asegura que el alcalde ha delegado las tareas de contratación, propias de un habilitado nacional, en una abogada; que se le niega sistemáticamente el acceso “toda información municipal”; y que nadie firma “acuses de recibo” de sus escritos, entre otros asuntos.

El funcionario ha informado a la Junta porque la administración andaluza tiene competencias disciplinarias sobre el trabajo de los habilitados nacionales, además de la función de supervisar las actas de plenos y juntas de gobierno de los ayuntamientos. “Estaría cubriéndose las espaldas por si actúan contra él”, consideran fuentes jurídicas.

El secretario adjunto expuso su situación al departamento jurídico de la Junta y le solicitaron un informe. El documento se registró en la delegación del Gobierno de la Junta de Málaga el 27 de enero. “El siguiente paso sería reclamar información al Ayuntamiento”, explican fuentes del Gobierno andaluz. Una portavoz del Consistorio esteponero aseguró ayer que no tienen constancia de la existencia de este escrito, por lo que rehusó valorar su contenido.

El funcionario dice que le niegan información pública y que nadie firma los "acuses de recibo" de sus escritos

El primer episodio que relata Duarte es su participación en una Junta de Gobierno Local el 4 de enero, cuando el Secretario General, José Gustavo Rubio, estaba de vacaciones. “Fui convocado a una Junta de Gobierno Local, extraordinaria y urgente, que debía de celebrarse media hora después, sin que me comunicaran el orden del día”, detalla. El secretario asegura que, cuando llegó, comprobó que faltaban “tres de los siete” miembros de la junta, y que, según la documentación del expediente, no habían sido convocados. “Expuse mis dudas acerca de la convocatoria y de la validez de lo que allí se aprobara”, comenta. Sin embargo, siempre según su relato, el alcalde le “ordenó” seguir la sesión y así lo hizo.

Aquel día se iba a aprobar la privatización de dos servicios públicos, el alcantarillado y la limpieza de edificios, por lo que el funcionario les adelantó que haría constar en el acta que no había tenido tiempo de examinar los expedientes y que “declinaba cualquier responsabilidad de sobre los mismos”.

A partir de ese momento comenzó un tira y afloja por ver quién redactaba el certificado de esa reunión. Según el secretario, dos empleadas municipales trataron sin éxito que firmara un acta en la que no figuraban sus objeciones. Él tampoco logró que el alcalde rubricara el acta que, como secretario, había elaborado. “Ignoro si el acta ha sido remitido a los órganos supramunicipales, como es preceptivo”, comenta Duarte. El habilitado nacional mantiene que contó lo ocurrido al Secretario General cuando regresó de su descanso, pero que Gustavo Rubio “se negó a recibir los documentos alegando que ya conocía la situación”.

La justicia archiva la octava denuncia contra David Valadez

La denuncia fue interpuesta por el Partido Popular tras haber pagado el ayuntamiento las nóminas a los empleados públicos con dinero del Patrimonio Municipal del Suelo

David Valadez López. 

El juzgado de primera instancia e instrucción número cinco de Estepona ha acordado el sobreseimiento de las diligencias abiertas contra David Valadez tras la denuncia efectuada el 16 de septiembre de 2010 por los concejales del PP y por la central sindical CSI-CSIF.

En los razonamientos jurídicos empleados por el juzgado se asegura que “de las diligencias practicadas resulta que no se extrae ningún indicio de criminalidad, por lo que no aparece suficientemente justificada la perpetración del presunto delito de prevaricación”.

Tras citar distinta jurisprudencia prosigue que “se entiende pues a la vista de lo anteriormente expuesto, así como en virtud del principio de intervención mínima que rige en el ámbito del derecho penal, que los hechos denunciados no resultan encuadrables en la órbita penal, ya que el convencimiento es el de que los hechos resultan indiciariamente irrelevantes en cuanto a las consecuencias que pueden extraerse de los mismos, ya que no aparecen como reprehensibles en vía penal”.

Este auto se suma a la petición que realizó el pasado 3 de agosto de 2011  el Ministerio Fiscal. En su escrito, dirigido al juzgado de instrucción número cinco, y que el ex alcalde David Valadez no hizo público en estos meses hasta el día de hoy, se asegura que de acuerdo con criterios de interpretación de las normas jurídicas y al amparo de principios fundamentales, tanto constitucionales como penales, que rigen la actividad de la Administración en general y, particularmente, en el ámbito penal, hay que afirmar que “con la cautela de evitar que, por el carácter político de la autoridad o funcionario público implicados, no se caiga en el error de dar una respuesta penal a lo que no sea más que un caso meramente político, en cuyo ámbito debe solventarse la cuestión, pues a toda costa ha de huirse de lo que se ha dado en llamar la judicialización de la vida política de efectos distorsionadores en el esquema de la separación de los poderes constitucionales”.

Valadez ha recordado en su comparecencia pública que de esta manera la justicia “vuelve, por octava vez, a poner freno a la campaña de descrédito y linchamiento de la que he sido objetivo en estos tres años por aquellos que tenían como único objetivo el de desacreditar mi imagen ante la opinión pública”.

“Quiero recordar que a mí se me denunció ante la justicia por pagar la nómina de los empleados municipales, contando con los informes favorables de la secretaría y de la tesorería municipal, tras garantizar en todo momento la reposición de los fondos que estaban siendo utilizados para este fin”, aseguró Valadez.

Así recordó que “hasta el mismo mes que yo dejé la alcaldía el ayuntamiento ha estado reponiendo, mes a mes, el dinero utilizado para el pago de las nóminas bajo el principio de caja única. Desde que José María García Urbano es alcalde de Estepona no se ha repuesto un solo céntimo y ahora él tendrá que dar las explicaciones oportunas”.

El hoy portavoz socialista de Estepona recuerda que el Ministerio Fiscal concluye en su petición de sobreseimiento que “la conducta que ha dado lugar a la formación de la causa no sea constitutiva de delito” ya que, entre otras cuestiones, “el principio de caja única es defendido por la doctrina y admitido por la Jurisprudencia de la Sala III del Tribunal Supremo, debido a las aportaciones positivas que comporta, ya que una gestión múltiple y autónoma de los órganos de la Administración operando cada uno de ellos por cuenta propia con cajas propias, dificultaría, cuando no impediría, una claridad suficiente en la administración de los fondos públicos”.

El ex alcalde indicó también, respecto a las declaraciones del concejal popular Ignacio Mena, que el PP no puede recurrir el archivo. “Es imposible que el PP pueda recurrir este archivo al no estar personado –al igual que el sindicato CSI-CSIF-“, pero si así lo estuviera, “tampoco podría hacerlo dado que el plazo para hacerlo ya expiró”.

Valadez ha recordado, por otro lado, que a este octavo archivo se suman otros siete producidos en estos últimos meses. Así, aseguró que “la última denuncia que se me archivó procedió del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos y se debía a las transferencias realizadas en dos meses del ayuntamiento a las empresas municipales para el pago de la nómina de los empleados”.

Además hay que sumar otras seis más. Entre ellas “en la que se me imputaba el delito de prevaricación urbanística y omisión del deber de perseguir delito en relación a la construcción de una vivienda construida en el año 2004 cuando ni era alcalde ni concejal de Urbanismo”.

Además se archivó la denuncia interpuesta por el pago de las obras de las calles Caridad y Málaga con dinero del Patrimonio Municipal del Suelo y la denuncia presentada por el PP por un presunto delito penal por “retrasar” –según los populares-, “conscientemente la aplicación del acuerdo de pleno que acordó la eliminación de las tasas de basura, alcantarillado y licencia de apertura de establecimiento con el fin de que no se llevara a cabo”.

En este último caso, la justicia ha archivado la denuncia hasta en dos ocasiones.

También se archivó la denuncia presentada contra el ayuntamiento por los delitos de prevaricación por omisión debido a la emisión de ruidos contaminantes, realizados por algunos establecimientos de hostelería ubicados en el Puerto de Estepona, al entender que el ayuntamiento no realizaba intervenciones para paliar la situación.

Sin embargo, la denuncia también fue archivada debido a que la Fiscalía entendía que no podía decirse que el ayuntamiento haya estado inactivo tras el examen de la abundante documentación remitida por el consistorio.

Por último, la justicia archivó una denuncia interpuesta contra el ex alcalde socialista por el vertido de aguas fecales junto al club de tenis de Estepona.

Moción del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Estepona contra la subida del IRPF y el IBI

AL PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

  

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA RELATIVA A LA SUBIDA DEL IMPUESTO DEL IRPF Y EL IBI DECRETADA POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA

David Valadez López, Concejal Portavoz,  al amparo de lo dispuesto en el art. 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta ante ese Pleno Corporativo la siguiente MOCIÓN relativa A LA SUBIDA DEL IMPUESTO DEL IRPF Y EL IBI DECRETADA POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Consejo de Ministros aprobó el 30 de diciembre de 2011 un Real Decreto Ley de medidas urgentes de orden económico y social, y de corrección del déficit público por el que se reduce el gasto en una cuantía aproximada de 8.900 millones de euros y se incrementan los ingresos en otros 6.275 millones de euros.

Este esfuerzo responde a un nuevo cálculo de previsión de déficit del conjunto de las Administraciones Públicas, que se sitúa alrededor del 8 por 100 según los últimos informes facilitados por la Intervención General del Estado.

El Gobierno ha defendido que estas medidas responden a la necesidad de afrontar el primer problema de España, que es el paro y que sólo se puede vencer si facilitamos financiación de la economía del país, algo que el déficit público impide.

Por un lado, el Gobierno ha establecido un incremento del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), a través de una nueva figura impositiva que, en términos absolutos, recae en las rentas más bajas, aunque el tipo es progresivo.

Por otro lado, el Gobierno justifica el aumento del IBI sosteniendo que persigue que las Entidades Locales no pongan en peligro el objetivo de estabilidad presupuestaria. Se establece la aplicación durante los ejercicios 2012 y 2013 para los inmuebles urbanos de un incremento del tipo impositivo del IBI. Se calcula que la reforma supondrá un incremento de la recaudación para las Entidades locales de 918 millones de euros.

Este incremento se ha establecido de una manera progresiva (10 por 100, 6 por 100, 4 por 100) atendiendo a la antigüedad de la revisión catastral y, por tanto, a su adecuación al valor del mercado: a mayor antigüedad del valor, mayor subida. El cálculo de cómo afecta a cada propietario es complejo, ya que va a depender por un lado del valor catastral (en relación con la media de cada municipio) y a cuándo se ha realizado la última revisión de ese valor (lo que supone un incremento que varía del 4% al 10%). La medida afecta a 7.585 de los 8.116 municipios que hay en España. En cualquier caso, en los ayuntamientos donde la revisión catastral se haya efectuado a partir de 2002, la revisión sólo afectará al 50% de las viviendas, aquellas que quedan por encima del valor catastral medio en cada municipio. En el resto, en torno a 18 millones de viviendas, la subida del IBI afectará a todos los inmuebles.

Tanto la aplicación de una nueva figura impositora en el IRPF y del aumento del IBI ha sido rechazada por la mayoría de los agentes sociales por desacertada e injusta, pero sobre todo porque es un auténtico freno a la reactivación del consumo y de la economía en general, afectando sobre todo a las familias y las clases medias de nuestro país. 

La mayoría de los ayuntamientos ha congelado el IBI o aplica a determinados grupos de  contribuyentes (familias numerosas, jubilados, empadronados, etc) bonificaciones para rebajar los recibos. Esta política se ha incrementado con la crisis económica para amortiguar sus efectos entre colectivos sociales desfavorecidos.

La medida representa un aumento de los ingresos municipales, pero no puede traducirse en una descentralización o transferencia de recursos del Estado a los entes locales, es claramente un aumento de impuesto en unos duros momentos, el cual recae en las clases medias y contradice las manifestaciones públicas y propuestas electorales del Partido Popular, que durante los últimos años ha afirmado, por boca de sus máximos dirigentes, que cualquier subida de impuestos directos o indirectos significaba más paro y recesión.

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Estepona, propone los siguientes

ACUERDOS

Primero.- Rechazar la aplicación de una nueva figura impositiva en el IRPF y el IBI por injusta y desacertada al cargar sobre las clases medias el esfuerzo del plan de ajuste contra el déficit y ahondar en la recesión económica y la destrucción de empleo.

Segundo.- Instar a la Diputación Provincial a informar, en el plazo de un mes, a través del Patronato Provincial de Recaudación, de la subida del IBI mediante una comunicación oficial a todos y cada uno de los contribuyentes, incluyendo los criterios de aplicación y la cantidad de subida correspondiente, y señalando que la decisión ha correspondido al Gobierno central.

Tercero.- Dar traslado de este acuerdo al Patronato Provincial de Recaudación para su ejecución y al Gobierno de España.  

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El PSOE se suma a la reclamación ciudadana para que el Obispado reintegre a Estepona la herencia Nadal

El dinero, transferido a las cuentas de la diócesis, debe invertirse en el municipio, preferentemente en el proyecto universitario, según la voluntad de la testadora

PSOE Málaga

David Valadez y Francisco Conejo. 

El Grupo Socialista en la Diputación de Málaga instará en el próximo pleno a que de manera inmediata el Obispado de Málaga reintegre a la parroquia de Los Remedios, de Estepona, el dinero de la herencia Nadal, para que se pueda invertir en la localidad, preferentemente en el proyecto universitario, cumpliendo la voluntad de la testadora. Así lo ha anunciado hoy en rueda de prensa el portavoz socialista en la institución, Francisco Conejo, y el portavoz en el Ayuntamiento de Estepona, David Valadez. “Es importante para Estepona que la herencia se invierta allí, es sinónimo de creación de puestos de trabajo”, ha recalcado el portavoz. "Planteamos que el Obispado tiene que interpretar el testamento como hacen los ciudadanos de Estepona. El beneficiario es el pueblo de Estepona", ha explicado Conejo. 

En la moción, los socialistas piden que la Diputación emprenda todas las actuaciones posibles para preservar el legado y la herencia que le corresponde al pueblo de Estepona. En este sentido, “apoyamos la propuesta de creación de una Fundación, o cualquier otra entidad, como piden los miembros del Consejo Pastoral de la Parroquia Los Remedios, que desde Estepona, tome las decisiones acerca del legado de la Herencia Nadal que le corresponde a la parroquia”. 

El portavoz ha recordado que la moción responde a que diversos colectivos del municipio de Estepona reclaman al Obispado de Málaga que devuelva a la cuenta de la parroquia el dinero transferido al Fondo Diocesano de Ayuda, respetando la voluntad de María Catalina Nadal. “La plataforma de vecinos y el propio Consejo Parroquial han solicitado información sobre el dinero al Obispado, al cual consideran albacea de la herencia y no el titular de ésta”, ha explicado Conejo. Los vecinos reclaman que sea el municipio de Estepona el beneficiario final de las inversiones o proyectos financiados con la parte correspondiente de la herencia Nadal, que después de casi cuarenta años se calcula en casi 20 millones de euros. 

Valadez ha destacado que "el pasado mes de agosto presentamos en el Ayuntamiento de Estepona una moción similar a la presentada en la Diputación. El obispo decidió transferir una importante cantidad económica de la herencia al Fondo Diocesano de Ayuda, de la Diócesis. Se produce un incumplimiento de la voluntad de la testadora", ha explicado. "Exigimos que se devuelvan al fondo de la iglesia de Los Remedios de donde nunca debieron ser movidos . No se trata de confrontación política. Es la reivindicación del Consejo Parroquial. Trasladamos la necesidad de que se sea plenamente consciente de que se está produciendo un incumplimiento del testamento", ha dicho Valadez. "Proponemos que parte del dinero se destine a un centro especializado universitario en educación física, para lo cual ya existe la autorización del Gobierno andaluz, tal y como expuse al obispo de Málaga", ha remarcado Valadez, quien ha resaltado que tres décadas después, "no se ha invertido ni un sólo céntimo en el municipio".  

Antecedentes

El 5 de septiembre de 1973, María Catalina Nadal, propietaria de tres millones de metros cuadrados de tierras en Estepona y diversos bienes en Onteniente (Valencia) hace su testamento. En su última voluntad, distribuye los terrenos de Estepona en dos partes, a las que hay que sumar otra tercera, que nace de la sustitución a que somete su tía Antonia Guerrero Díaz varias parcelas. De este modo, los tres millones de metros cuadrados en Estepona quedan repartidos entre tres partes: 

• La Fundación Antonia Guerrero con 503.764 m2. 
• La Fundación Nadal, con 566.351 m2. 
• La otra 3ª parte para 6 legatarios, entre los que se encuentra la Parroquia de Santa María de los Remedios de Estepona con un 30% (los otros 5 son el Seminario de Onteniente, Caritas, la iglesia Santa María de Onteniente…). 

Esto se traduce en que de los 1.332.704 m2 que son de esta 3ª parte, a la parroquia de Los Remedios de Estepona le corresponden 402.612 m2. 

Los beneficiarios de estas tres particiones son: 

• Los de la Fundación Antonia Guerrero, según su propio testamento: “(…) para lo cual establece una Fundación en Estepona para costear los estudios de las mujeres pobres de dicho pueblo, dando preferencia a las carreras de Leyes y Filosofía y Letras.” 
• Los de la Fundación Nadal según la cláusula 3ª del testamento de Mª Catalina Nadal son: “TERCERA: ordena la testadora que el importe de todos los bienes que le corresponden de la herencia de su hermano (…) se empleen en una fundación Religiosa-Benéfico y Docente (…) que se denominará FUNDACION JOSÉ NADAL (…) que los beneficios de la mencionada fundación se apliquen fundamentalmente a obras de tipo cultural, social y religioso de la Parroquia de Los Remedios de Estepona, y si se trata de ayudar a personas físicas, que tengan derecho preferente a los beneficios aquellas personas que residan en Estepona”.
• Los beneficiarios de la parte de los 6 legatarios, cada uno a quien corresponda y concretamente el 30% de ésta (402.612 m2), se destinan a lo que textualmente dice la cláusula 4ª del testamento de Mª Catalina: “Para obras de Nuestra Sra. de los Remedios de Estepona (apostólicas, culturales, materiales, etc.) un treinta por cien”. 

Como es obvio por voluntad expuesta en el testamento de María Catalina Nadal, está claro que los beneficiarios del legado de la Parroquia Los Remedios y de la Fundación Nadal, son los feligreses de esta Parroquia o en su caso los residentes en Estepona. Ni el Obispado de Málaga ni ninguna otra localidad, porque sería ir contra la voluntad de la testadora.

Tras el fallecimiento del Padre Manuel en 1988, quien preservó todos los bienes, pasó a manos del obispo de Mallorca, Teodoro Úbeda Gramaje, como preveía el testamento. El 16 julio de 1990, el obispo crea la Fundación José Nadal, incluyendo en ella como patrono a la Universidad Pontificia de Salamanca. A su vez, firma un convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Estepona y la Pontificia el 29 de mayo de 1992, para promover los terrenos y con el aprovechamiento urbanístico crear la primera universidad privada del sur de España. 

El problema fue que, por mediación del secretario de finanzas de la Conferencia Episcopal Española, en ese año se deja la promoción urbanística en manos de una sociedad denominada Corporación de Promotores Europeos S.A.

Esta empresa consigue, con el aval de los terrenos, 1.500 millones de las antiguas pesetas en 1990, y salvo unos 300 que sirvieron para indemnizar colonos, 1.200 millones se perdieron en una quiebra que el 29 de septiembre de 1995 en el informe de calificación emitido por los síndicos de la Quiebra de Corporación de Promotores Europeos S.A., fue calificada de fraudulenta.

Sin embargo, antes de fallecer fue capaz de reunir a los bancos acreedores y salvar la mitad de los terrenos de la herencia (1.500.000 m2). Tras su muerte el 18 de mayo de 2003, el obispo de Málaga de entonces, Antonio Dorado Soto, se hace cargo de la herencia y vende entre 2004 y 2005 a Unicaja y Globalia, toda la herencia (1,5 millones de m2) que el obispo de Mallorca había salvado “in extremis”. 

El obispo de Málaga, cumpliendo la voluntad del testamento, reparte a cada heredero o legatario su parte, según los plazos acordados. Estos pagos finalizan hace unos tres años. De este modo, la Fundación Nadal y la Parroquia de Los Remedios poseen a su nombre las cantidades provenientes de esa venta.

Se ingresaron todos los pagos en una cuenta específica a nombre de la Parroquia de Los Remedios. Del total del importe ingresado, el Obispado ha cobrado el canon parroquial (10%). Del 90% restante, unos 16,8 millones de euros, los miembros del Consejo Parroquial informan de que el Obispado, de forma unilateral, ha ido haciendo traspasos hacia el llamado Fondo Diocesano de Ayuda, quedando actualmente un importe en torno al 10% del total inicial en la cuenta de la Parroquia de Los Remedios.

#Audio de la rueda de prensa de Francisco Conejo y David Valadez sobre la presentación de una moción referente a la Herencia Nadal en Estepona para el próximo pleno de la Diputación de Málaga.

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El PSOE pide a García Urbano que explique los motivos por los que se abstuvo en un asunto urbanístico

El grupo municipal socialista de Estepona le pide al alcalde, José María García Urbano, que dé la cara y explique públicamente los motivos por los que el pasado 15 de diciembre se abstuvo en un asunto urbanístico relativo a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Estepona sin que “nadie, ni siquiera su propios compañeros de partido, se enteraran”

¿Qué tiene que ocultar el señor García Urbano?

“Es increíble que el alcalde rompa la disciplina de su propio gobierno local, de su propio partido, sin dar explicaciones, sin dar la cara, ¿acaso es que tiene algo que ocultar? Si no llega a ser porque en el acta de ese pleno que se aprobó la pasada semana nos dimos cuenta de esta cuestión no nos hubiésemos llegado a enterar”, aseguran los socialistas mediante nota de prensa.

“Queremos que de una vez dé la cara, que explique qué motivos le impiden votar a favor de este asunto. Que diga qué intereses económicos o inmobiliarios pueden existir sobre el urbanismo de la ciudad, los motivos por los que se calló el sentido de su voto y si ha hecho esto mismo en otras ocasiones”, concluyen desde el PSOE.

“No nos sorprende en modo alguno esta absoluta opacidad de García Urbano ya que ha votado en varias ocasiones en pleno en contra de que los miembros de la corporación hagan público su patrimonio y sus ingresos. ¿Qué tiene que ocultar el señor García Urbano?”, nos preguntamos los socialistas locales.

El PSOE califica de “indecentes” las declaraciones del PP sobre la política social municipal

El portavoz socialista de Estepona, David Valadez ha calificado de “indecente” la nota de prensa remitida por el Ayuntamiento ya que asegura “manda narices que sea García Urbano el que trate de darnos lecciones de política social, cuando lo que ha hecho desde que ha llegado es cargarse todo el trabajo que durante años hemos realizado en esta materia los socialistas”

La política social siempre ha sido una prioridad para
los gobiernos socialistas. 

Así, asegura que mientras que ha eliminado todas las ayudas a los colectivos sociales, asociaciones vecinales y entidades deportivas de la delegación de Participación Ciudadana -que todos los gobiernos anteriores habían mantenido-, al igual que el transporte gratuito de personas con discapacidad a Aspandem en Marbella.

Además recuerda que las referencias a la Residencia de Ancianos Virgen del Carmen son “totalmente indignas”, porque la gestión recae sobre un Patronato del forman parte todos los grupos políticos de la corporación incluido el PP.  Por primera vez en el ayuntamiento, y gracias a un gobierno socialista, el ayuntamiento ha estado abonando la luz de la residencia de ancianos Virgen del Carmen gracias al acuerdo y petición de ese mismo Patronato.

Valadez lamenta que el PP “no tenga ningún problema en mentir incluso en política social ya que, en contra de lo que ellos manifiestan, el ayuntamiento no concede subvenciones de manera graciable a la residencia de ancianos Virgen del Carmen o a la asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer sino que vienen contempladas, su cuantía, en los propios presupuestos municipales”.

“Mientras que García Urbano recorta en política social no tiene problemas en contratar mes a mes, cargos de confianza con unos sueldos cercanos a los 50.000 euros y en pagar productividades a algunos empleados municipales”, lamenta Valadez.

Valadez recuerda que “gracias a la gestión de gobiernos socialistas el ayuntamiento creó, en política social, departamentos específicos de atención a personas con discapacidad, a inmigrantes, el taller de unidad de memoria para personas mayores, el consejo municipal del voluntariado, de personas mayores, de personas con discapacidad, se creó una brigada encargada de suprimir barreras arquitectónicas, la plataforma del voluntariado, etc.” todo lo que “ahora García Urbano se está cargando por su desprecio más absoluto a todo aquello que no reporte dinero”. 

Un total de 20.000 esteponeros afectados por la subida del IRPF

11.700 esteponeros se verán afectados por la congelación del Salario Mínimo Interprofesional y 190 ciudadanos se quedan excluidos de la Ley de Dependencia

David Valadez junto a Susana Radío en una imagen de archivo. 

“Siguiendo los cálculos hechos por los técnicos del Ministerio de Hacienda, la subida del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) recaerá principalmente sobre el 85% de los contribuyentes por rentas de trabajo. Es decir, unos 20.000 vecinos de Estepona”, ha asegurado el secretario general de los socialistas esteponeros, David Valadez, en una comparecencia conjunta con la secretaria de Bienestar Social del PSOE de Andalucía, Susana Radío y la secretaria del área en la ejecutiva local, Cristina Capablanca. 

Para Valadez “esta subida va a suponer un incremento medio de 286 euros al año. Resulta evidente que cerca de 300 euros de subida supone un varapalo para los contribuyentes esteponeros pero, sobre todo, constituye un acto de irresponsabilidad por parte del PP en la actual situación económica en la que nos encontramos”.

Radío, por su parte, aseguró que “a todo ello hay que sumar la paralización de la Ley de Dependencia. El PP recorta también uno de los mayores logros sociales de nuestra democracia y dejará a las puertas del sistema a 190 personas en Estepona”.

Para la dirigente socialista “estos 190 esteponeros dependientes no recibirán ayudas económicas, ni prestaciones, ni servicios que garanticen su derecho a la promoción de la autonomía personal. Poco le importa al PP, que no ha dudado en incluir en sus primeras actuaciones políticas la decisión de congelar una normativa que aporta dignidad, igualdad y promueve la falta de discriminación a las personas que tienen más dificultades a la hora de valerse por sí mismos”.

Respecto a la congelación del Salario Mínimo Interprofesional el número de trabajadores afectados directamente en Estepona se sitúa en torno a los 11.700. El salario mínimo “había subido todos los años con los gobiernos socialistas y ahora el PP lo congela, una medida que, teniendo en cuenta la subida de inflación, provocará también el empobrecimiento de la población”.

Por todo ello Valadez concluyó asegurando que “tenemos que dar a conocer y denunciar lo que van a suponer para Estepona las medidas puestas en práctica por el PP. Medidas como la congelación del salario mínimo, la subida del IRPF o la paralización de la Ley de Dependencia. Unas medidas que, no solamente son injustas, sino que además son ineficientes porque la subida de impuestos y la reducción de prestaciones sociales implica menos renta disponible, una caída del consumo y, por extensión, una mayor recisión económica”.

El PP vota en contra de que los miembros de la corporación hagan público sus bienes

El grupo municipal socialista, en el capítulo de asuntos urgentes, de la sesión plenaria celebrada esta misma mañana, ha planteado tres cuestiones que han sido rechazadas por “el rodillo del PP en el pleno sin que haya mediado explicación alguna a esta postura”

Imagen del pleno con el "rodillo del PP" en acción. 

Así, el portavoz socialista en el pleno, David Valadez, solicitó que el ayuntamiento aprobase la “obligación de todos los miembros de la corporación de publicar en la página web del ayuntamiento su declaración de bienes, ingresos económicos y patrimonio para que todo el mundo sepa lo que tenemos cuando llegamos y lo que nos llevamos cuando terminemos el actual mandato”.

Valadez, del mismo modo, recordó que este acuerdo “de transparencia en el desempeño de la función pública” ha sido alcanzado por el congreso de los Diputados, el Parlamento de Andalucía y la Diputación Provincial de Málaga “dándose el caso de que los malagueños sí pueden conocer la declaración de bienes de los dos diputados que tiene la actual corporación, Ignacio Mena y Juan Jesús Bernal, pero a los esteponeros se les niega esta posibilidad”.

Por otro lado, el PSOE también ha solicitado que el alcalde “restablezca la luz en la A-7 a su paso por la ciudad tal y como ya ha anunciado hará la alcaldesa de Marbella”. Valadez lamentó que el PP evidencia en la Costa del Sol que anteponen los “intereses de partido sobre la seguridad vial de miles de conductores mermando la seguridad vial de los ciudadanos y poniendo en riesgo la viabilidad empresarial de cientos de establecimientos hosteleros que se encuentran a pie de esta vía”.

Por último, Valadez volvió a presentar la moción que el PP presentó cuando se encontraba en la oposición y que consistía en la supresión de las tasas de basura y alcantarillado, la supresión de todos los cargos de confianza y que los concejales del gobierno cobrasen un 30% más que los miembros de la oposición. “A diferencia de lo que mantuvieron hace meses, en la oposición, el PP, ahora en el gobierno, ha votado en contra de su misma propuesta. No es de recibo esta actitud y este comportamiento”. Valadez, añadió en su propuesta, que el PSOE “antes, ahora y después va a mantener la misma postura y el sentido de nuestro voto, siempre será el mismo”.

Valadez, en el capítulo de ruegos y preguntas, solicitó información sobre la Herencia Nadal y las gestiones que el alcalde haya podido realizar ante el Obispo de Málaga, en su condición de Presidente de esta Fundación, sobre la documentación remitida al Tribunal de Cuentas en relación a la liquidación del presupuesto municipal del año 2009, sobre el procedimiento administrativo seguido para la realización de obras en un vial de la barriada de Isdabe, sobre la supresión del transporte gratuito a los alumnos esteponeros beneficiarios de Aspandem y sobre la adjudicación del servicio de limpieza de edificios públicos.

Además, solicitó que “los concejales del gobierno respondan a las preguntas que se le plantean desde la oposición y no sean otros ediles los que salgan a dar la cara. Aquí todos los concejales cobráis por tener delegadas responsabilidades al frente del gobierno municipal”, inquirió el edil socialista.

Por otro lado, el portavoz socialista solicitó información sobre el sentido del voto que el alcalde mantuvo en el punto sexto del pleno de la corporación celebrado el pasado 15 de diciembre. “En este asunto, relativo a materia urbanística, el alcalde se abstuvo, rompiendo la disciplina de voto de su propio gobierno, sin que nadie se haya percatado de este extremo”. Por este motivo “solicitamos una copia íntegra del pleno celebrado porque esta postura municipal en ningún momento se hizo patente”, aseguró Valadez.

En cuanto a la constitución de la Junta General de la sociedad municipal encargada de la promoción de viviendas públicas en el municipio Valadez volvió a lamentar que desde el gobierno local se "desprecia una vez más a la oposición al pretender que se aprueben determinadas cuestiones sin que se nos haya entregado un sólo documento. Únicamente nos han dado ustedes el orden del día", espetó Valadez. Por ello el PSOE se abstuvo en este asunto.

Los socialistas temen que tres parcelas de uso educativo sirvan para otro proyecto distinto y de carácter privado

La concejala socialista de Estepona, Yolanda Aranda, manifiesta las dudas de su grupo municipal ante el expediente tramitado por el gobierno local del PP para compatibilizar el uso docente de tres parcelas docentes situadas en la zona de El Marqués “con un carácter más general”, tal y como recoge la propuesta que será sometida a votación el próximo jueves, en sesión plenaria

Imagen de una parcela. 

Para Aranda “no puede entenderse que el actual gobierno local llevase a pleno el pasado 20 de octubre la reasignación de uso de la parcela de equipamiento social en ‘El Marqués’, con una superficie de 2.256 m2, con el fin de unificar esta parcela a los otros dos equipamientos docentes, de 10.000 y 2.000 metros respectivamente, y ahora traigan otra propuesta más”.

“Con esta reasignación, aprobada en octubre, el ayuntamiento obtuvo tres parcelas docentes con una superficie total de 14.556 m2, para otorgar una concesión administrativa, con el motivo de construir un centro de infantil y primaria, y un centro de secundaria”, recuerda la edil socialista.

Para Aranda resulta “llamativo” que sin embargo, ahora, el mismo gobierno local lleve a pleno una propuesta “dado lo restrictivo del uso docente”, según lo que recoge el textos de la edil María Dolores Espinosa.

Los socialistas, por otro lado, no comparten “de ninguna de las maneras” que la concejala delegada de Infancia y Educación manifieste “la innecesariedad de utilizar dicha parcela por estar dicha zona cubierta las necesidades de este uso”.

En definitiva, Aranda asegura que “bajo el pretexto de obtener una parcela para uso educativo el ayuntamiento reagrupó tres parcelas, que luego quiso poner en manos privadas mediante una concesión administrativa y ahora, asegurando que en esa zona no hacen falta colegios ni institutos, pretenden plantear otro proyecto”.

“No entendemos los motivos por los que el PP no habla claro. Nos tememos que una parcela de uso educativo va a servir para desarrollar otro proyecto, de carácter privado, que no tendrá nada que ver con la docencia. Al tiempo”, concluye Aranda.

El PP desestima todas las alegaciones presentadas por los colectivos en el presupuesto

El equipo de gobierno local del PP aprobará el próximo jueves, en sesión plenaria, la desestimación de todas y cada una de las alegaciones presentadas, entre otros, por las centrales sindicales, la Plataforma Vecinal de Estepona y distintas formaciones políticas, lo que para el PSOE supone “una muestra más de cómo el PP está aplicando el rodillo de su mayoría absoluta para aplastar cualquier voz discrepante” 

Imagen de archivo de un pleno municipal. 

De esta manera, la concejala socialista, Cristina Rodríguez, lamenta que “ni una sola de las alegaciones presentadas por estos colectivos ha sido estimada por parte del PP para su inclusión en los presupuestos generales de la corporación”. 

Así, el PP “ni tan siquiera entrar a profundizar algunos de los motivos esgrimidos por estos agentes sociales para mejorar el presupuesto. No se atienden las peticiones, por ejemplo, para ampliar la partida del comedor social, de los gastos propios del funcionamiento de la incineradora del cementerio o para acometer un estudio técnico que permita la bajada de la ponencia de valores, entre otros”. 

El PP tampoco ha atendido la petición de que “se amplié el plazo legal de 15 días de exposición al público” o “se incluya una vacante de psicólogo en el Centro Comarcal de Drogodependencias y Adicciones”, dependiente de la delegación municipal de Bienestar Social, tal y como ha venido ocurriendo hasta ahora. 

Por otro lado, Rodríguez ha vuelto a expresar su disconformidad con el hecho de que el gobierno local del PP “imponga a los hosteleros del casco urbano, y mucho menos en un periodo de crisis tan profundo como el actual, el cambio de todo su mobiliario”.  

“No nos vale de nada que el gobierno local del PP haya atendido parcialmente la petición de la Asociación de Empresarios de Estepona y atrase la implantación de esta medida hasta el 31 de marzo de 2013. Nos parece un auténtico disparate y nos oponemos radicalmente a esta medida”, manifestó la edil socialista. 

Por último, Rodríguez asegura que los socialistas locales no comparten tampoco el hecho de que “tanto las sombrillas, como toldos, mesas y sillas habrán de combinar, indistintamente, el color blanco y azul”. En la ordenanza se contempla que “esta administración municipal aceptará cualquiera de las combinaciones posibles, siempre en cada juego de sombrilla-toldo-mesa y silla aparezcan el color blanco y azul”. 

En definitiva, “se demuestra en todos estos aspectos que la mayoría absoluta con la que cuenta el PP en el pleno de la corporación está siendo utilizada para ir en contra de las minorías e incluso de los propios intereses de los colectivos afectados, caso del sector empresarial local”.