Intervención del portavoz del grupo municipal socialista, David Valadez, en el Pleno municipal del ayuntamiento de Estepona celebrado el 30 de marzo de 2012, sobre el polémico punto del Plan de Ajuste que el alcalde popular quiere llevar a cabo. Los principales afectados de dicho plan serán los empleados municipales y la economía local.
viernes, 30 de marzo de 2012
jueves, 29 de marzo de 2012
El PSOE respalda las alegaciones presentadas por particulares a una modificación urbanística
El “afán intervencionista” del PP puede
acarrear serios problemas al proyecto del centro comercial
Las
sociedades Costasol de Hipermercados y Gestora Comercial, Hipersol, han
presentado varias alegaciones al expediente de modificación puntual de
elementos del PGOU de Estepona, sobre usos globales y pormenorizados que aprobó
en solitario el gobierno local del PP en el municipio hace semanas y que el
próximo pleno aprobará de manera provisional.
La
concejala socialista Cristina Rodríguez, asegura que su grupo político respalda
“en su absoluta totalidad el tenor de las alegaciones presentadas” en las que
se afirma que “una vez analizado el texto del artículo que se incorpora a la
normativa vigente entendemos que dicha regulación resulta extraordinariamente
restrictiva, imponiendo condiciones para la implantación de una gran superficie
comercial que no está prevista en la legislación vigente reguladora de la
implantación de dichos establecimientos”.
Además,
en las alegaciones presentada se especifica “que la implantación del
establecimiento deberá seguir el procedimiento legalmente previsto, asumiendo
el ayuntamiento las competencias que le corresponden sobre su implantación a
través de los instrumentos de planeamiento, que correspondan, pero resultan
innecesarias medidas adicionales, por falta de justificación”.
En
las mismas alegaciones se especifica que “no entendemos justificado que
necesariamente deba tramitarse un Plan Especial para la implantación de una
gran superficie comercial, en este sentido, para la implantación de grandes
superficies comerciales en los ámbitos de suelo urbanizable sectorizado y
urbano no consolidado sin ordenación pormenorizada establecida, su implantación
deberá ser habilitada expresamente por el planeamiento de desarrollo que
corresponda, en el supuesto de no estar contemplada su implantación de forma
directa por el planeamiento general”.
“La
implantación de la gran superficie comercial deberá contar con los informes y
autorizaciones que procedan de conformidad con la Ley de Ordenación del
Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la legislación de protección
ambiental y la Ley de Comercio Interior de Andalucía”, recogen las alegaciones.
Por
otro lado, Rodríguez asegura que, entre otras alegaciones presentadas, algunos
particulares aseguran, criterio que comparte el grupo municipal socialista, que
“el uso pormenorizado de comercial es muy rígido y no cubre todas las
posibilidades de comerciales que se pueden dar, incluso las que la propia
modificación enumera. Por ejemplo, con esta ordenanza no se puede encajar el
uso de oficinas, ni el uso de centros de ocio, ni de centros relacionados con el
automóvil, etc. Es decir, si el propósito de esta modificación era resolver los
problemas de indefinición de usos y resolver los conflictos que se han ido
planteando a lo largo de la vigencia del PGOU, esta modificación no sólo no los
resuelve sino que crea nuevos conflictos o nuevas lagunas”.
Además,
se asegura en otras alegaciones “pormenorizar el uso comercial en cinco
categorías (autoservicios, superservicios, supermercados, centro comercial y
gran superficie), que deben de ser elegidas a la hora de desarrollar un área de
planeamiento, encorseta el planeamiento, ya que hay que decantarse por una de
ellas e imposibilita una flexibilidad que demanda el mercado”.
En
definitiva, la concejala socialista, Cristina Rodríguez asegura que “el afán
reglamentista de esta modificación urbanística no sólo no contribuye a resolver
problemas sino que, tal y como han evidenciado distintos ciudadanos con la
presentación de sus alegaciones, va a empeorar el escenario del comercio en el
municipio”.
El
grupo municipal socialista ya “aseguró en la aprobación inicial de este
expediente que no estaba de acuerdo con estos criterios y ahora estamos viendo
las consecuencias. Un proyecto estrella como el del centro comercial puede
verse afectado, y ralentizado aún más, por la mala gestión del gobierno local
del PP en materia urbanística y comercial”.
miércoles, 28 de marzo de 2012
El ayuntamiento adjudica a Funespaña la gestión de los cementerios y aprobará una liquidación a su favor de 2.638.674,51 euros
La empresa, además, continúa con dos de sus
pleitos contra el ayuntamiento
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| Cementerio de Estepona |
El
pleno de la corporación someterá a aprobación el próximo viernes una propuesta
del alcalde, José María García Urbano, por la que pretende “aprobar el acuerdo
alcanzado entre el ayuntamiento y Funespaña, y con ello aprobar la liquidación
del citado contrato por un importe de dos millones seiscientos treinta y ocho
mil seiscientos setenta y cuatro euros con cincuenta y un céntimos”.
Además
pretende “declarar la culminación del trámite de negociaciones tendentes a la
resolución del expediente de liquidación del contrato que fue adjudicado en su
día a la entidad Funespaña y cuya resolución fue acordada por el pleno de la
corporación el 11 de marzo de 2003”.
Para
Valadez es “inexplicable que el ayuntamiento tenga que realizar un desembolso
de este tipo a una empresa a la que el propio PP le quitó el servicio por
incumplimiento del pliego de condiciones sin que, además, se garantice la
renuncia de la empresa a los pleitos planteados con el ayuntamiento”.
Así,
la propia propuesta del alcalde especifica que Funespaña continuará con los
pleitos “relativos al secuestro de la concesión (recurso 309/2005 que se sigue
ante el Juzgado de lo contencioso 3 de Málaga, y el recurso 365%2005 del
Juzgado 4)”.
“Se
trata de un pésimo acuerdo entre el ayuntamiento y la empresa Funespaña ya que
no sólo supone una gestión incoherente con respecto a la postura mantenida
desde el consistorio hasta ahora por distintos gobiernos locales sino que el
ayuntamiento va a tener que pagar por poner en manos privadas unos servicios
que son públicos”.
El
portavoz del grupo municipal socialista, David Valadez, ha recordado que hasta
ahora era el propio ayuntamiento el que venía gestionando estas instalaciones
desde que en marzo de 2003 el consistorio, gobernado por el PP, secuestrara
este servicio por diferencias con la empresa.
El
consistorio secuestró el servicio de cementerios a Funespaña en marzo de 2003
cuando el PP gobernaba en la localidad. Algunos de los motivos esgrimidos para
rescatar la prestación de este servicio por parte del equipo de gobierno fueron
el incumplimiento de la normativa sanitaria en las construcciones, la
indisposición de un número de nichos mínimo y la incorrecta aplicación de las
tarifas.
El
Consejo Consultivo de la Junta se pronunció a favor del ayuntamiento en este
asunto, al igual que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que en 2002
dio razonamientos jurídicos para rescatar los servicios funerarios que estaban
en manos de Funespaña desde 1996. Según el Tribunal, la concesionaria del
servicio tenía tan sólo interés económico, algo que perjudicaba no sólo al
ayuntamiento sino a los vecinos de Estepona.
Para
Valadez es más que evidente que el PP quiere desmantelar lo que tantísimo
tiempo ha venido siendo público en un clarísimo empeño por poner en manos de
intereses privados lo que es de todos los esteponeros. A nadie se le escapa que
si una empresa viene a gestionar algo que es de todos es porque va a obtener
beneficios. Unos beneficios que pagaremos todos con unas mayores tasas o a
través de los presupuestos municipales.
Valadez
concluyó que “no es de recibo que el mismo PP que en el 2003 rescató la
concesión por el mal servicio que se venía ofreciendo le entregue ahora a la
misma empresa este servicio para que obtengan beneficios que pagaremos todos”.
Por
último preguntó acerca “de los intereses que algunos destacados miembros del PP
tienen en este asunto y cuáles son las contrapartidas que vamos a pagar todos”.
Reforma Laboral
Por
otro lado, Valadez ha asegurado que su grupo político presentará al próximo
pleno, en el capítulo de asuntos urgentes, una moción para que el ayuntamiento
“se comprometa a establecer cauces de diálogo y participación con los
representantes de los trabajadores y, al mismo tiempo, se comprometa a no
aplicar el Real Decreto de Reforma Laboral al personal municipal, así como al
personal de las empresas vinculadas al consistorio”.
Además,
el PSOE quiere que el ayuntamiento “muestre y defienda la necesidad de
fortalecer los servicios públicos como garantes de derechos y cohesión social
en unos momentos en que casi el 30% de la población parada ya no recibe ningún
tipo de prestación ni subsidio por desempleo”.
lunes, 26 de marzo de 2012
viernes, 23 de marzo de 2012
El pleno ordinario de Estepona no incluye en el orden del día el Plan de Ajuste que debe aprobarse antes del 31 de marzo
El pleno ordinario que
correspondía al mes de marzo, debió haberse celebrado el pasado día 15, pero el
alcalde firmó un decreto posponiéndolo hasta el próximo día 30 para, según
aseguró en rueda de prensa el portavoz del grupo municipal socialista, David
Valadez. El fin es “tener tiempo suficiente para aprobar el plan de ajuste que
exige el gobierno de España que garantice la devolución del crédito de
63.507.242,08 euros para pagar facturas
pendientes a proveedores”
Pese a ello, en la comisión informativa prevista para el
próximo lunes no incluye este plan de ajuste y sí, en cambio, se da cuenta de
que la interventora accidental ha expedido un certificado que no se ha
facilitado a la oposición municipal.
Aunque el portavoz socialista ha solicitado una información
detallada de la relación de empresas que se beneficiarán de la aplicación de
esta medida y del procedimiento y criterio llevado a cabo en el expediente no
consta ninguna información y, por tanto, se “oculta a la oposición la gestión
llevada a cabo en este asunto”.
No obstante, para Valadez “lo más preocupante de todo es el
hecho de que el plazo para aprobar en pleno el plan de ajuste finaliza el
próximo día 31 de este mes, sábado, y el ayuntamiento no tiene intención de
incluirlo en el pleno ordinario previsto para el próximo día 30. Es más que
evidente que el gobierno local de García Urbano no quiere que se sepa nada de
este asunto antes de las elecciones autonómicas y, casi con toda seguridad,
convocará un pleno extraordinario y urgente la semana que viene una vez que ya
han pasado las elecciones autonómicas”.
El portavoz socialista recuerda, del mismo modo, que el real
decreto por el que el Ejecutivo estatal ofrecía estos préstamos obliga a los
gobiernos locales a elevar al pleno, antes de que finalice este mes, un
programa que contemple las medidas que llevará a cabo para abonar las cuotas.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas propone la subida de
impuestos o la reducción del coste en personal.
El documento deberá justificar que los ingresos del
ayuntamiento de Estepona son "suficientes" para amortizar la
operación en los próximos diez años y recoger el coste y el método de
financiación de los servicios públicos, así como las "reformas
estructurales" que se decidan para sanear las cuentas públicas. El
Gobierno central propone una veintena de medidas para incrementar la entrada de
dinero y para reducir los gastos. Entre el primer tipo de actuaciones, destaca
la subida de impuestos y la supresión de exenciones y bonificaciones, y el
refuerzo de la inspección tributaria y la recaudación.
De las decisiones relacionadas con los desembolsos de la administración local, el Ministerio de Hacienda sugiere la reducción de costes de personal a través de, añade, "reducción de sueldos o efectivos" o la no ejecución de inversiones previstas.
Para Valadez el alcalde, José María García Urbano, pretende
ocultar hasta las elecciones autonómicas su “brutal plan de ajuste” que “va a
poner en riesgo el futuro laboral de muchas personas y la prestación de
servicios básicos para la ciudadanía”.
El portavoz socialista, del mismo modo, recuerda que “el PP
pudo haber apoyado en el anterior mandato el pago a los proveedores locales en
unas condiciones mucho más beneficiosas para la ciudad pero sus intereses
electorales le impidieron, como está haciendo ahora, cumplir con su deber
político”.
“Una vez más el PP antepone sus intereses de partido a los de
la ciudad”, concluyó Valadez.
Arco seguridad
Por otro lado, el también portavoz socialista ha denunciado
públicamente que “el alcalde, José María García Urbano, no tiene dinero para
pagar a los colectivos sociales y asociaciones vecinales o entidades deportivas
de la ciudad pero sí para instalar un detector manual de metales y un arco
detector en la entrada del ayuntamiento con un coste de 9.362,71 euros.
De esta manera cualquier
ciudadano que quiera entrar en el ayuntamiento para tramitar cualquier asunto
“no sólo deberá aportar su DNI sino que también deberá pasar por un arco de
seguridad como si fuesen a entrar en un aeropuerto”.
“Jamás en la historia de este
ayuntamiento ha ocurrido algo parecido. ¿De qué tiene miedo el alcalde?”, concluyó
Valadez.
jueves, 22 de marzo de 2012
Chaves cierra la campaña del PSOE en Estepona pidiendo que no se confíe en "El cambio" de Arenas
"Un partido que lucha puede perder, pero también puede ganar"
miércoles, 21 de marzo de 2012
El BOJA publicita la licitación del CEIP Valeriano López
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado hoy,
miércoles 21 de marzo, la licitación de las obras de construcción del CEIP Valeriano López
Así, hoy se ha publicado la
resolución de 14 de marzo de 2012 de la Dirección General del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, para la contratación de
obras, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de
adjudicación.
Tal y como ya anunció la pasada
semana la concejala socialista, Yolanda Aranda, las obras de este nuevo centro
educativo será de Infantil y Primaria tipo C2 y cuenta con un plazo de
ejecución de 18 meses.
La forma de adjudicación, según
se contempla en el BOJA, consistirá en la oferta económica más ventajosa y el
importe total del presupuesto base de licitación asciende a cuatro millones
novecientos un mil setecientos veinticuatro euros con cuarenta y cinco céntimos
(4.901.724,45 euros).
Este expediente, tal y como y
apuntó la pasada semana la edil socialista, cuenta con financiación de los
Fondos Europeos (FEDER), Programa operativo de Andalucía 2007-2013.
Las empresas interesadas en esta
licitación deberán depositar una garantía definitiva del 5% del presupuesto de
adjudicación.
La fecha límite de presentación
de las ofertas será de 26 días naturales a contar desde hoy miércoles 21 de
marzo.
Aranda asegura que "frente a
la crispación que practica el alcalde contra la Junta de Andalucía en un
ejercicio de deslealtad institucional sin precedente, sólo justificado en la
perversa estrategia electoral en la que se encuentra siempre inmerso, desde el
grupo municipal socialista seguimos apostando por el diálogo con la
administración autonómica".
Además se demuestra claramente
que "mientras que los únicos pasos que ha dado el PP en materia educativa
en Estepona han consistido en crispar el ambiente y propiciar la privatización
del sistema educativo los socialistas seguimos apostando por un sistema
público, gratuito y de calidad, además de universal".
martes, 20 de marzo de 2012
Cientos de esteponeros aparecen hoy en el BOP porque según el alcalde no se les ha podido notificar el recibo del alcantarillado
El BOP publica el nombre, dirección y DNI
de cientos de ciudadanos de Estepona (https://www.bopmalaga.es/edicto.php?id=181540&marcar=undefined)
porque según indica el alcalde en el
edicto firmado el pasado 30 de enero “no
habiendo sido posible realizar la notificación” de la tasa del alcantarillado
“al interesado o a su representante legal por causas no imputables” al
ayuntamiento “y una vez intentado por dos veces en el domicilio fiscal del
obligado, con resultado infructuoso”.
“Llama
poderosamente la atención que en el extenso y vergonzoso listado que el alcalde
ha ordenado publicar aparezca empresas muy arraigadas de Estepona que todos
sabemos que permanecen abiertas a diario”, asegura la concejala socialista,
Cristina Rodríguez.
La
edil se pregunta “cómo se ha realizado las notificaciones durante estas pasadas
semanas y por qué personas muy conocidos de nuestro país, que también aparecen
en ese listado, no han sido notificadas. Es evidente que muchísimas personas
que poseen su segunda residencia en Estepona aparecen en el listado que hoy ha
publicado el BOP y que, por tanto, en diez días pasarán a ser deudoras del
ayuntamiento”.
Así,
“los interesados o representantes deberán comparecer para ser notificados en el
Departamento de Gestión Tributaria y Recaudación del ayuntamiento, en el plazo de
diez días, contados” desde hoy.
“No
se han podido hacer peor las cosas”, asegura Rodríguez quién asegura que “el
tema del alcantarillado es un ejemplo clarísimo de la manera en la que el PP de
Estepona funciona”, lamenta la concejala socialista.
Rodríguez
recuerda que sólo hace unos meses que García Urbano e Ignacio Mena, entre otros
representantes del PP, “iban por las calles de Estepona portando pancartas y
vociferando lemas como `La basura y el
alcantarillado ya están pagados’. Esa es la coherencia del PP de Estepona”,
concluyó Rodríguez.
Por último, la
edil aseguró que cualquier persona que tenga dudas acerca de si aparece en el
listado que hoy ha publicado el BOP sólo tiene que pasarse por la sede del PSOE
o consultar su página facebook o twitter.
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