jueves, 31 de enero de 2013

García Urbano ni tan siquiera ha pedido a la Junta la construcción del Conservatorio de Música y Danza

Estepona ha dejado de ser sede de los cursos de verano de la Universidad de Málaga
La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Mar Moreno, ha informado al diputado autonómico del PP, José Eduardo Díaz, que “esta consejería no tiene constancia de que haya recibido petición alguna” para la creación de un Conservatorio de Música y Danza en Estepona.
La concejala socialista, Yolanda Aranda, lamenta que “el hoy alcalde no haya dado ni un solo paso para convertir en realidad el compromiso electoral que adquirió en las pasadas elecciones cuando aseguró textualmente que los jóvenes de Estepona reclaman una Escuela Municipal de Música y Danza, actividades ambas que gozan de un prestigio y tradición impresionante en nuestra ciudad, por lo que se trata tan sólo de organizar el capital humano que tenemos y dotarles de los medios materiales suficientes.
“Una vez que García Urbano ha llegado a la alcaldía ya parece haberse olvidado de este compromiso tal y como la propia Junta se ha encargado de poner de manifiesto por escrito. Ni tan siquiera se ha preocupado de dirigir la petición a la administración autonómica. No es un problema de dinero sino de cumplir la palabra dada”, lamentó Aranda.
La edil socialista, del mismo modo, lamentó que para el gobierno de García Urbano la política cultural y educativa no es precisamente una prioridad. Así, sólo basta recordar cómo Estepona ha dejado de ser sede de los cursos de verano de la Universidad de Málaga, a diferencia de lo que sí ocurrió el año 2011, “gracias al interés y empeño de David Valadez durante el anterior mandato”.
Aranda lamentó que por culpa de García Urbano  ninguno de los 29 seminarios de verano que se han impartido este año se hayan celebrado en la ciudad y sí, por el contrario, en los municipios de Ronda, Málaga, Vélez-Málaga, Archidona y Marbella.
Aranda recuerda que el 17 de enero del pasado año, David Valadez firmó dos convenios con la Rectora de la Universidad de Málaga por los que la institución académica pasaría a impartir cursos de verano y abriría un aula para mayores. Los cursos de verano estarían relacionados con actividades deportivas, materias cuyo grado se impartiría en el futuro campus universitario de Estepona.
Los convenios, que tenían un tiempo de vigencia de un año, prorrogables, tenían como objetivo determinar las obligaciones de ambas partes. Al consistorio le correspondía la puesta a disposición de la UMA y de la Fundación General de la Universidad de Málaga de las instalaciones necesarias para el desarrollo de las actividades académicas y culturales, lo que no suponía coste alguno para las arcas municipales.
La firma de estos convenios era la antesala del futuro campus de Estepona que se ubicaría en la zona de Guadalobón, donde la UMA tenía previsto impartir el Grado de Educación Física para el que ya tenía elaborado el plan de estudios, tal y como confirmó la rectora, Adelaida de la Calle, que aseguró que la parte académica estaba hecha y sólo faltaba la construcción del edificio para impartir las clases.
“Desgraciadamente, hasta en dos ocasiones, el PP impidió que este proyecto saliese adelante, con lo que ello hubiese supuesto de revulsivo económico para la ciudad y ahora vemos, con suma tristeza, cómo también acaban con los cursos de verano que sí se impartieron, en las dependencias del Padre Manuel, con gran éxito el pasado bajo la denominación de “El deporte como herramienta educativa”, y la dirección de la nadadora española, María Peláez. El número de plazas para este curso fue de 60. Estos cursos figuraban como oferta de libre configuración de la Universidad de Málaga.
Además, se concedieron dos becas por curso, que daban derecho a alojamiento en régimen de pensión completa, debiendo abonar el beneficiario solo el importe de matrícula del curso.

miércoles, 30 de enero de 2013

El PP pretende callar a los jóvenes con la reforma de Wert



Planas garantiza que las obras de la ampliación de la depuradora de Guadalmansa concluirán en mayo de 2015

La Junta desmiente las afirmaciones del alcalde sobre supuestas deudas con las empresas constructoras
El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, ha asegurado que las obras de ampliación de la depuradora de Guadalmansa “se encuentran en ejecución y, de acuerdo con la planificación vigente, se prevé que las obras se terminen en mayo de 2015, incluido el periodo de puesta en marcha”.
Esta es la respuesta que desde el gobierno autonómico se ha realizado al diputado popular, José Eduardo Díaz, en la que, además, se asegura que “le informo que la única certificación que aún no ha sido abonada a la empresa es la correspondiente al mes de octubre de 2012, por un importe total de 70.513,69 euros”.
Por todo ello el concejal socialista de Estepona, Fernando Centeno, asegura que “vuelve a demostrarse una vez más que el alcalde, José María García Urbano, no tienen ningún tipo de reparo en mentir para buscar la confrontación permanente con la Junta de Andalucía”.
“Hace sólo unos días aseguró que las obras estaban totalmente paralizadas como consecuencia de la deuda que la Junta tenía con la empresa encargada de su construcción. Como no le ha interesado la respuesta dada a su grupo por el propio consejero lo que hace ahora es agachar la cabeza y dar la callada por respuesta”, asegura el edil.
Centeno, por otro lado, recordó que este “importantísimo proyecto fue impulsado por David Valadez y su construcción está suponiendo la creación de unos 200 puestos de trabajo y la inversión de unos 30 millones de euros”.
Las obras convertirán a Guadalmansa en la depuradora de mayor capacidad de la Costa del Sol. De hecho, permitirá casi triplicar la capacidad de las instalaciones pasando de los 35.000 metros cúbicos diarios a 100.000, todos ellos con tratamiento terciario, "lo que permitirá facilitar el regadío en jardines y campos de golf".
Centeno ha subrayado que el agua sobrante, de total calidad, volverá al río Guadalmansa para mantener el caudal ecológico y ayudar al mantenimiento de su ecosistema.
Los trabajos aumentarán la superficie de la estación depuradora de los 65.000 metros cuadrados actuales a los 107.000. La depuradora dará servicio a los municipios de Estepona, Marbella, Benahavís e Istán y estará diseñada para asumir la carga contaminante total de más de 400.000 personas, frente a los 140.000 actuales. Además, estará equipada con modernos sistemas para combatir los malos olores generados en el proceso depuración.
Centeno, además, ha resaltado el cumplimiento de los plazos previstos en las obras de Guadalmansa, y ha añadido que el sistema terciario mejorará sustancialmente, "con lo que se garantiza el suministro de agua, no sólo a los jardines, sino también a los más de 40 campos de golf de toda la zona de influencia, puesto que, aunque la depuradora esté ubicada físicamente en el término municipal de Estepona, prestará un servicio mucho más amplio y de carácter comarcal".

martes, 29 de enero de 2013

Piden que el pleno apoye los recursos de constitucionalidad de la política del PP hacia los mayores


El PSOE de Estepona presentará una moción para que el ayuntamiento de Estepona apoye los recursos ante el Tribunal Constitucional que defienden los derechos adquiridos por los pensionistas, que se han visto gravemente mermados por la decisión del gobierno del PP de no revalorizar las pensiones.

El portavoz del Grupo Municipal socialista de Estepona, David Valadez, solicita que el pleno de la corporación rechace “enérgicamente todos los recortes que en materia social viene aplicando el Gobierno de España que suponen un paso atrás intolerable en los derechos y libertades que configuran el Estado del Bienestar”.
 “Queremos que el pleno acuerde instar al Gobierno de España para que derogue todas las decisiones adoptadas para recortar derechos a las personas mayores, tales como no revalorizar las pensiones conforme al IPC, el copago sanitario, retirar la teleasistencia, paralizar y recortar la aplicación de la dependencia”, aseguró.
Para el secretario General de los socialistas de Estepona, la gestión que el gobierno de Mariano Rajoy está haciendo de la crisis económica tiene, como consecuencia más terrible y directa, la pérdida de derechos y libertades por parte de la sociedad española y andaluza.
La reforma laboral; la conversión del sistema público de salud en un sistema de aseguramiento; la puesta en marcha de las tasas judiciales; el incremento de las tasas universitarias; la subida indiscriminada e injusta de impuestos (IVA, IBI, IRPF), así como de suministros como luz, agua, gas,…;  son medidas que ha ido implementando el PP y que van en detrimento de la calidad de vida de la ciudadanía y son un paso más hacia el desmantelamiento del Estado del Bienestar.
“Las reformas del PP perjudican a toda la sociedad pero son los ciudadanos y ciudadanas más débiles, los que más ayuda necesitan por parte de las instituciones y del Estado, los que con más dureza están acusando el golpe de las políticas de la derecha”, aseguró.
 En este sentido, desde el Grupo Socialista “queremos hacer hincapié en la situación de las personas mayores como principales perjudicadas por las decisiones del gobierno del PP, y destacar y reconocer el trabajo que, desde el Gobierno andaluz, se está haciendo para mantener la  calidad de vida y los servicios destinados a las personas mayores en Andalucía”, concluyó Valadez.

lunes, 28 de enero de 2013

La Junta destina 25.000 euros al mantenimiento del Centro de la Mujer


Todas las promesas electorales referidas a la mujer también han sido incumplidas por García Urbano
El Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía ha concedido al ayuntamiento de Estepona un total de  25.349,13 euros para el mantenimiento del Centro Municipal de Información a la Mujer, según ha publicado el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
 Esta subvención, según informa la concejala socialista, Nekane Garín, fue concedida durante el cuarto trimestre del pasado año y viene a evidenciar las mentiras del gobierno de García Urbano cuando aseguró, en marzo del pasado año, que la administración autonómica estaba denegando las ayudas habituales a este servicio municipal.
“Es más que evidente que para García Urbano cualquier pretexto es válido para arremeter contra el gobierno autonómico por el simple hecho de que no lo dirige su propio partido, el Partido Popular. En vez de buscar permanentemente la confrontación, incluso en un tema tan sensible como éste, lo que debería hacer es buscar puntos de entendimiento y dejar el electoralismo a un lado”, aseguró la edil.
Garín, además, recordó que el Centro de Información a la Mujer promueve acciones contra la discriminación de género y atiende a mujeres que se encuentran en situaciones complicadas y que necesitan el apoyo institucional para buscar solución a su problemática. Además, ofrece formación para la reinserción laboral.
La edil socialista, además, recuerda cómo el hoy alcalde no tuvo en campaña electoral “ningún tipo de reparo en utilizar demagógicamente este asunto” al llegar a asegurar que “priorizará la creación de un grupo de atención a las víctimas especiales, el cual incluirá la potenciación de la actual unidad contra la violencia de género y otros colectivos con dificultades específicas como menores y tercera edad”
Además, añadió que “este dispositivo contará con medios propios y el apoyo de trabajadores sociales y otros técnicos expertos en estas materias las 24 horas del día. Este  grupo especializado se complementará con un servicio de atención jurídica a las mujeres maltratadas, que estará operativo las 24 horas del día y todos los días de la semana, para que, una vez presentada la denuncia ante la policía, la mujer no se sienta desprotegida en las horas inmediatas a la agresión que suele ocurrir, según se desprende de las estadísticas, por la noche o en los fines de semana”.
Por último, añadió que “el servicio incluirá la asistencia de una letrada para la redacción de la denuncia, el acompañamiento a un centro sanitario, la gestión de un centro de acogida si fuera necesario, la petición de medidas judiciales urgentes en casos donde peligra la integridad de la víctima y su derivación a los Servicios Sociales”.
“No sólo no ha hecho nada de lo prometido sino que, por el contrario, durante estos dos años de su gobierno se ha limitado a destruir la política social existente en el municipio a base de injustas e incomprensibles decisiones”, concluyó.

viernes, 25 de enero de 2013

García Urbano pone a la venta plazas de aparcamientos públicos

El PSOE propone que se pongan a disposición de los vecinos que acudan a comprar al casco urbano y de los afectados por la política destructiva de aparcamientos públicos de García Urbano

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado el decreto firmado por el alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), firmado el pasado 14 de enero, por el que se aprueba un pliego relativo a la enajenación del derecho de uso y disfrute de seis plazas de aparcamiento en subsuelo del paseo marítimo, entre los arroyos Monterroso y Calancha.
El ayuntamiento, de esta manera, pone a la venta un total de seis plazas de aparcamientos al precio de 12.459 euros la unidad, pudiéndose presentar las ofertas en el plazo de 15 días naturales contados a partir de la publicación del decreto en el BOP.
Para el concejal socialista de Estepona, Fernando Centeno, lo que debería hacer el ayuntamiento, “en vez de vender el patrimonio municipal es poner estas plazas a disposición de los ciudadanos asiduos a los comercios de la zona y a los vecinos afectados por su política constante de supresión de aparcamientos públicos en las zonas de Huerta Nueva, casco histórico o el Cid”.
De esta manera, según el edil, “se contribuiría a facilitar el aparcamiento gratuito a los vecinos que acuden al centro urbano para realizar sus compras, dinamizando así la economía local”.
Centeno lamenta, una vez más, que  García Urbano continúe suprimiendo aparcamientos públicos en zonas en las que, además, la densidad de población es muy alta y “lo que el ayuntamiento debe hacer es justamente lo contrario: crear nuevas plazas de aparcamientos para facilitar que los vecinos, sin necesidad de realizar desembolso económico, puedan estacionar sus vehículos”.
“García Urbano se ha convertido en el mayor destructor de aparcamientos públicos de Estepona olvidando que no todo el mundo dispone de los 65.000 euros que cobran sus concejales para aparcar sus coches en los parkings privados que hay en la zona”, asegura Centeno.
Del mismo modo el PSOE recuerda que esta misma situación se está produciendo en la barriada de Huerta Nueva donde “García Urbano está haciendo desaparecer los pocos aparcamientos públicos que existen en algunas barriadas”. “Precisamente por eso pedimos hace días al equipo de gobierno del PP que se replantease la iniciativa que están ejecutando en la barriada de Huerta Nueva con la intención de que esta labor se siga desarrollando pero en aquellas zonas en las que no se ocasione perjuicio alguno”, asegura el concejal socialista.
“En las barriadas de Estepona existen muchos problemas para poder aparcar y el afán de García Urbano por destruir los aparcamientos públicos del casco urbano está suponiendo que los vecinos tengan que desplazarse a las barriadas limítrofes para poder aparcar. Si además se suprimen aparcamientos, y no se crean otros nuevos, en estas zonas el caos es total”, concluye Centeno.

jueves, 24 de enero de 2013

García Urbano permitirá la construcción de una gasolinera al lado de una residencia de ancianos y de un pabellón deportivo


El PP vuelve a impedir que se haga público el patrimonio de los miembros de la corporación
El equipo de gobierno del PP de Estepona ha dado vía libre esta mañana, con los votos en contra de toda la oposición, a la construcción de una gasolinera en la parcela anexa a la Residencia de Ancianos Virgen del Carmen y justo enfrente del pabellón deportivo de El Carmen.
Lugar donde se planea construir una gasolinera.
De esta manera el PP ha anulado el convenio alcanzado el 4 de marzo del 2005 entre el ayuntamiento y la mercantil por el que se cambiaba el uso de la parcela que contaba con uso industrial a uso residencial (500 metros) y mantiene el uso comercial de otra parcela de 2000 metros cuadrados.
En el acuerdo se estipulaba que “las numerosas personas que allí han fijado su residencia, justifica la necesidad de ubicar un centro comercial y, por el contrario,  fundamentan la improcedencia de establecer una estación de servicios que, además de comprometer la armonía urbanística  conseguida, crea una sensación de inseguridad, cuando no un peligro potencial, que minora la calidad de vida de los ciudadanos de la zona”.
Sin embargo, el pasado 21 de febrero la empresa presentó un escrito por registro de entrada por el que solicitaba una indemnización cercana a los seis millones de euros.
Informe Jurídico
Ante esta solicitud, y con fecha de 17 de abril, el técnico de administración especial y asesor jurídico de urbanismo, asegura que “la reclamante atribuye al ayuntamiento el incumplimiento consistente en la falta de aprobación definitiva de la revisión del PGOU, alegando la inexistencia actual del expediente alguno para promoverla en un plazo de tiempo relativamente cercano.
Tampoco puede compartirse que el ayuntamiento tenga intención de paralizar la revisión del PGOU, muestra de ello es el acuerdo del pleno municipal de fecha 21 de noviembre de 2008, donde, tras disponer la formulación y tramitación de la adaptación del PGOU a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía determinó que dicha adaptación fuera simultánea con los trabajos de revisión del PGOU que se vienen realizando.
No obstante, tras la firma del convenio, se produjeron dos acontecimientos ajenos a este ayuntamiento, a saber: la aprobación del Plan de Ordenación Territorial de la Costa del Sol Occidental y la aprobación del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía.
Por otro lado, el convenio no establece un plazo concreto para la aprobación de la revisión y tampoco podría hacerlo, por cuanto que la aprobación definitiva no corresponde al municipio, por lo que puede no haberse cumplido aún la obligación de tramitación de la revisión en los términos acordados, pero ello no es lo mismo que incumplir, por lo que no cabría estimar la resolución interesada”.
En relación a la indemnización solicitada por la mercantil al ayuntamiento el técnico municipal asegura que “si bien en la solicitud la mercantil cuantifica la indemnización que habría de corresponderle –en la nada despreciable cantidad de 5.617.375,03 euros-, la solicitante se limita acompañar una relación de gastos que se remontan al año 1998 y de ingresos estimados –incluidos un lucro cesante- sin adjuntar documento alguno que acredite tales extremos ni se proponga medio de prueba alguno para la necesaria acreditación.
En consecuencia, procedería la desestimación de la solicitud relativa a la resolución del convenio y la declaración de vigencia de la licencia, así como la inadmisión de la reclamación relativa a la indemnización”.
Informe medioambiental
Por otro lado, y obrando también en el mismo expediente, una técnica municipal, licenciada en Ciencias Ambientales, asegura que “no se ha tenido en cuenta para los cálculos acústicos ni para las medidas correctoras a los receptores de los residentes en el edifico de viviendas colindante, que queda a escasos metros de la ubicación pretendida para el tren de lavado y en el interior de cuyas viviendas no se pueden recibir niveles de emisión que superen los objetivos de calidad acústicas definidos. Una vez finalizada la obra, el tren de lavado se situaría entre la estructura metálica actualmente existente y el edificio más cercano; quedaría a escasos metros de las ventanas del mismo”.
Además, indica que “se detecta la carencia de Plan de Gestión de Residuos”.
Valadez
Como al PP no le interesaba el informe jurídico suscrito por el funcionario que hace las funciones de secretario accidental, firmado el 17 de abril de 2012, encargó a otro técnico otro informe, con fecha 10 de enero de 2013, para conseguir respaldar las pretensiones de la mercantil”, lamentó el portavoz del grupo municipal socialista, David Valadez, que volvió a insistir en que “el equipo de gobierno parece más actuar como representantes de la empresa que como defensores del interés general de los vecinos”.
Patrimonio
Por último, y en el capítulo de asuntos urgentes, Valadez volvió a solicitar que “toda la corporación publique en la página web del ayuntamiento el patrimonio que poseen los cargos electos, así como una declaración de sus ingresos. De esta manera, y con la que está cayendo a nivel nacional, dotamos de transparencia la gestión municipal, y todo el mundo sabrá qué poseemos cuando entramos al ayuntamiento y que tenemos cuando dejamos de ser miembros de la corporación”.
Una vez más, y ya van diez, el PP volvió  a impedir que prosperarse  la urgencia de este asunto y que, por tanto, ni tan siquiera pueda ser debatida por los grupos políticos de la corporación.

miércoles, 23 de enero de 2013

Un total de 153 esteponeros aparecen como deudores por el alcantarillado en el BOP

El alcalde firma dos edictos ordenando los listados porque dice que no se les ha podido notificar por dos veces
El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado el nombre, DNI y deudas de 153 ciudadanos y empresas de Estepona porque según alega el alcalde en el edicto firmado el pasado 10 de diciembre “no ha sido posible realizar la notificación de la tasa del alcantarillado del 2009 al interesado o a su representante legal por causas no imputables al ayuntamiento y una vez intentado por dos veces en el domicilio fiscal del obligado, con resultado infructuoso".
"Llama poderosamente la atención que en el extenso y vergonzoso listado que el alcalde ha ordenado publicar aparezcan empresas muy arraigadas de Estepona que todos sabemos que permanecen abiertas a diario", asegura la concejala socialista, Cristina Rodríguez. La edil, asimismo, se pregunta "cómo se han realizado las notificaciones durante estas pasadas semanas pese al esfuerzo de los cinco únicos notificadores municipales que han llevado a cabo este trabajo. Es evidente que muchísimas personas que poseen su segunda residencia en Estepona aparecen en el listado que hoy ha publicado el BOP y que, por tanto, en diez días pasarán a ser deudoras del ayuntamiento".
Ahora los interesados o representantes deberán comparecer para ser notificados en el Departamento de Gestión Tributaria y Recaudación del ayuntamiento. Contra los actos que motivan las liquidaciones referenciadas, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el alcalde, en el plazo de un mes.

"No se han podido hacer peor las cosas", asegura Rodríguez quién asegura que "el tema del alcantarillado es un ejemplo clarísimo de la manera en la que el PP de Estepona funciona", lamenta la concejala socialista. Rodríguez recuerda que sólo hace unos meses que García Urbano e Ignacio Mena, entre otros representantes del PP, "iban por las calles de Estepona portando pancartas y vociferando lemas como `La basura y el alcantarillado ya están pagados'. Esa es la coherencia del PP de Estepona", concluyó Rodríguez.
“La misma coherencia que ha demostrado aumentando la presión fiscal, los impuestos, a los ciudadanos de Estepona. Han subido los precios públicos por el alquiler de las pistas deportivas, por la inscripción de las escuelas deportivas municipales, el alcantarillado, el agua o todo lo relativo a los cementerios municipales”, según la edil socialista.
Por último, la edil indica que cualquier persona que tenga dudas acerca de si aparece en el listado que ha publicado el BOP "sólo tiene que pasarse por la sede del PSOE o consultar su página facebook o twitter".

martes, 22 de enero de 2013

García Urbano permitirá la construcción de una gasolinera en contra de los informes técnicos


“El alcalde se convierte en representante de la empresa y no en defensor de los intereses generales”, aseguran desde el PSOE
El equipo de gobierno del PP aprobará en el pleno del próximo jueves estimar la solicitud de la empresa Patrimonial Adonara S.L, para permitir la construcción de una gasolinera en la parcela que posee justo al lado del antiguo parque de bomberos.
De esta manera anula el convenio alcanzado el 4 de marzo del 2005 entre el ayuntamiento y la mercantil por el que se cambiaba el uso de la parcela que contaba con uso industrial a uso residencial (500 metros) y mantiene el uso comercial de otra parcela de 2000 metros cuadrados.
En el acuerdo se estipulaba que “las numerosas personas que allí han fijado su residencia, justifica la necesidad de ubicar un centro comercial y, por el contrario,  fundamentan la improcedencia de establecer una estación de servicios que, además de comprometer la armonía urbanística  conseguida, crea una sensación de inseguridad, cuando no un peligro potencial, que minora la calidad de vida de los ciudadanos de la zona”.
Esta modificación, de uso industrial a residencial, que ahora el gobierno del PP pretende modificar, “además de ser viable y beneficiar la interés general, genera un aumento de valor de aquellos terrenos por lo que se habrá de conseguir la adecuada participación de la comunidad en las plusvalías que se generen por la ordenación urbanística”.
Sin embargo, el pasado 21 de febrero la empresa presentó un escrito por registro de entrada por el que solicitaba la suma de 3.775.557,64 euros correspondientes a “los gastos, daños y perjuicios sufridos con anterioridad y que sirvieron de base para el convenio por el que renunciábamos a la gasolinera a cambio de la edificabilidad, a lo que hay que añadir 792.827,39 euros como actualización de los mismos desde esa fecha”.
Además, “habría que sumar las partidas correspondientes al lucro cesante por los perjuicios causados en la no explotación de la gasolinera a razón de 150 mil euros año, por lo que resultaría la cantidad de 1.050.000 euros”.
Informe Jurídico
Ante esta solicitud, y con fecha de 7 de abril, el técnico de administración especial y asesor jurídico de urbanismo, asegura que “la reclamante atribuye al ayuntamiento el incumplimiento consistente en la falta de aprobación definitiva de la revisión del PGOU, alegando la inexistencia actual del expediente alguno para promoverla en un plazo de tiempo relativamente cercano.
No puede entenderse que el ayuntamiento no haya efectuado actuación alguna de cara ad otra los terrenos de la ordenación reflejada en el convenio que nos ocupa.
Tampoco puede compartirse que el ayuntamiento tenga intención de paralizar la revisión del PGOU, muestra de ello es el acuerdo del pleno municipal de fecha 21 de noviembre de 2008, donde, tras disponer la formulación y tramitación de la adaptación del PGOU a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía determinó que dicha adaptación fuera simultánea con los trabajos de revisión del PGOU que se vienen realizando.
No obstante, tras la firma del convenio, se produjeron dos acontecimientos ajenos a este ayuntamiento, a saber: la aprobación del Plan de Ordenación Territorial de la Costa del Sol Occidental y la aprobación del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía.
Por otro lado, el convenio no establece un plazo concreto para la aprobación de la revisión y tampoco podrí a hacerlo, por cuanto que la aprobación definitiva no corresponde al municipio, por lo que puede no haberse cumplido aún la obligación de tramitación de la revisión en los términos acordados, pero ello no es lo mismo que incumplir, por lo que no cabría estimar la resolución interesada”.
En relación a la indemnización solicitada por la mercantil al ayuntamiento el técnico municipal asegura que “si bien en la solicitud la mercantil cuantifica la indemnización que habría de corresponderle –en la nada despreciable cantidad de 5.617.375,03 euros-, la solicitante se limita acompañar una relación de gastos que se remontan al año 1998 y de ingresos estimados –incluidos un lucro cesante- sin adjuntar documento alguno que acredite tales extremos ni se proponga medio de prueba alguno para la necesaria acreditación.
En consecuencia, procedería la desestimación de la solicitud relativa a la resolución del convenio y la declaración de vigencia de la licencia, así como la inadmisión de la reclamación relativa a la indemnización”.
Informe medioambiental
Por otro lado, y obrando también en el mismo expediente, una técnica municipal, licenciada en Ciencias Ambientales, asegura que “no se ha tenido en cuenta para los cálculos acústicos ni para las medidas correctoras a los receptores de los residentes en el edifico de viviendas colindante, que queda a escasos metros de la ubicación pretendida para el tren de lavado y en el interior de cuyas viviendas no se pueden recibir niveles de emisión que superen los objetivos de calidad acústicas definidos. Una vez finalizada la obra, el tren de lavado se situaría entre la estructura metálica actualmente existente y el edificio más cercano; quedaría a escasos metros de las ventanas del mismo”.
Además, indica que “se detecta la carencia de Plan de Gestión de Residuos”.
Valadez
En definitiva, según el portavoz del grupo municipal socialista de Estepona, David Valadez, el alcalde, José María García Urbano (PP), está dispuesto a llevar a pleno un expediente “extraordinariamente perjudicial para los vecinos y muy beneficioso para la mercantil pese a contar con informes técnicos y jurídicos contrarios”.
“García Urbano parece haberse convertido en el representante de la mercantil en Estepona y no en el principal defensor de los intereses generales de la ciudad”, asegura Valadez.
Por último, anunció que el PSOE solicitará que este asunto se quede sobre la mesa en la próxima sesión plenaria y, en caso de que no sea estimada su solicitud, votará en contra. Además anunció una ronda de reuniones con los vecinos y la adopción de todas aquellas medidas que suponga velar por la calidad de vida de los vecinos que residen en las inmediaciones de la futura gasolinera.

lunes, 21 de enero de 2013

Centeno pide al alcalde que se replantee la supresión de aparcamientos en el Cid

El concejal del grupo municipal socialista de Estepona, Fernando Centeno, ha pedido al alcalde de la ciudad, José María García Urbano (PP), que se replantee la supresión de unos 50 aparcamientos públicos en la barriada de el Cid ya que “son muchos los vecinos que se han puesto en contacto con el grupo municipal socialista para denunciar la actuación municipal que se está llevando a cabo en estos días”

El concejal socialista Fernando Centeno.
Centeno lamenta que García Urbano continúe suprimiendo aparcamientos públicos en zonas en las que, además, la densidad de población es muy alta y “lo que el ayuntamiento debe hacer es justamente lo contrario: crear nuevas plazas de aparcamientos para facilitar que los vecinos, sin necesidad de realizar desembolso económico, puedan estacionar sus vehículos”.

“García Urbano se ha convertido en el mayor destructor de aparcamientos públicos de Estepona olvidando que no todo el mundo dispone de los 65.000 euros que cobran sus concejales para aparcar sus coches en los parkings privados que hay en la zona”, asegura Centeno.

Del mismo modo el PSOE recuerda que esta misma situación se está produciendo en la barriada de Huerta Nueva donde “García Urbano está haciendo desaparecer los pocos aparcamientos públicos que existen en algunas barriadas”. “Precisamente por eso pedimos hace días al equipo de gobierno del PP que se replantease la iniciativa que están ejecutando  en la barriada de Huerta Nueva con la intención de que esta labor se siga desarrollando pero en aquellas zonas en las que no se ocasione perjuicio alguno”, asegura el concejal socialista.

“En las barriadas de Estepona existen muchos problemas para poder aparcar y el afán de García Urbano por destruir los aparcamientos públicos del casco urbano está suponiendo que los vecinos tengan que desplazarse a las barriadas limítrofes para poder aparcar. Si además se suprimen aparcamientos, y no se crean otros nuevos, en estas zonas el caos es total”, concluye Centeno.