La concejala socialista de Estepona, Cristina Rodríguez, ha denunciado que el equipo de gobierno del PP aprobará en la sesión plenaria que tendrá lugar el próximo miércoles una ordenanza reguladora de la ocupación de la vía pública que “establece la obligatoriedad de que todos los propietarios de establecimientos hosteleros del casco histórico tengan que homogeneizar su estética con el consiguiente desembolso económico que les va a ocasionar”
A partir de la entrada en vigor de esta ordenanza todas las mesas y sillas del casco histórico deberán ser blancas y las sombrillas o parasoles azules y, además, sin ningún tipo de publicidad.
Así, en el artículo 37 de esta ordenanza, se establecen “condiciones especiales para las terrazas de la plaza de Las Flores, Dr. Arce y Sánchez Dragó, calles Carmen Sevilla, Gloria Fuertes, Luís Rosales, Damas, Raphael, Carlos Herrera, Adolfo Suárez de Figueroa, Correo y Viejo y Caridad”.
“Tanto los parasoles (sombrillas) como los toldos habrán de ser de color azul. Los parasoles no podrán contener publicidad alguna. Queda prohibida la impresión o utilización de muestras, publicidad o anuncios en estas zonas ya sea en vallas, escaparates, mesas, barriles/toneles, sillas o cualquier otro elemento que forma parte de la instalación”, recoge la ordenanza.
“Ni las mesas ni las sillas de las terrazas podrán incluir publicidad de ningún tipo. Las mesas y sillas habrán de estar de acuerdo con el entorno, en color blanco”.
Además se añade que “queda prohibida expresamente la publicidad o exhibición del nombre comercial de cualquier establecimiento en banderolas que vuelen sobre la vía pública en todo el ámbito del casco antiguo y calle Real”.
El incumplimiento de estos aspectos se consideran como faltas graves y esto supone “multas de setecientos cincuenta y un euros (751 euros) a mil quinientos euros (1.500 euros)”.
Además de esta sanción económica el “tener mesas, sillas o sombrillas de otros colores a lo establecido por el gobierno local del PP”, según Rodríguez, supondrá “la suspensión temporal de las licencias por un periodo de hasta dos años, la suspensión temporal de las actividades y clausura temporal de los establecimientos por hasta dos años y la imposibilidad de realizar la misma actividad en que se cometió la infracción hasta por un año”.
En definitiva la concejala socialista, Cristina Rodríguez, asegura que “es imposible tener tan poca sensibilidad como la demostrada por el gobierno del alcalde, José María García Urbano, que en un periodo de crisis como el actual impone a los comerciantes del casco histórico un gasto económico tremendo y, además, la suspensión de la actividad hasta por dos años”.
“La imposición, la falta de diálogo, de acuerdo y entendimiento con los empresarios hosteleros de Estepona es impropia de un gobierno que debe estar preocupado por generar puestos de trabajo y fomentar la actividad empresarial y no por maniatarlos y empobrecerlos”, concluyó Cristina Rodríguez.
