La privatización de los cementerios municipales del ayuntamiento de
Estepona está suponiendo un incremento del 1700% en la prestación de algunos
servicios. Así, el portavoz del grupo municipal socialista, David Valadez,
lamentó que el arrendamiento de los columbarios por 50 años ha pasado de valer
299,10 euros a un total de 5.000.
En el estudio técnico económico de
la concesión del servicio de cementerio al que ha tenido acceso el grupo
municipal socialista el técnico municipal asegura que, durante el presente año,
el incremento medio de las tarifas será del 23,03%.
Otro ejemplo más que acredita “la
bestial subida”, que está aplicando el gobierno local del PP desde el pasado
mes de abril, lo supone el hecho de que la incineración de cadáveres pasa de
valer 581,20 euros a un total de 1084,50 euros.
El uso de la tanatosala por día o
fracción pasa de 257,30 euros a 367, la inhumación de restos o cenizas en
columbarios pasa de 18,70 euros a 100, la salida de restos a otro cementerio
pasa de 49,90 euros a un total de 100, la terminación del servicio de 66,30
euros a 150.
Otro ejemplo lo supone el hecho de
que la renovación del alquiler de los nichos antes suponía 289,40€/año y ahora
150€ multiplicado por cinco años, más la expedición del título y el
mantenimiento.
Para el portavoz socialista “esta
es la confirmación de lo que ya denunció el PSOE desde un principio. Esta
empresa privada, Funespaña, al igual que el resto a las que se les está
adjudicando todos los servicios municipales viene a Estepona a ganar dinero. Un
dinero que saldrá del bolsillo de todos los esteponeros y no de los propios
presupuestos municipales”.
“Cuando las compañías aseguradoras
empiecen a actualizar las pólizas de seguros, en las próximas semanas, los vecinos
comprobaran la bestial subida que experimenta este servicio”, aseguró Valadez.
“El alcalde está incrementado de
una manera vergonzosa la presión fiscal sobre toda la ciudadanía para quitarse
de su responsabilidad la gestión de los recursos propios y permitir el negocio
de unos pocos que además vienen de fuera de la ciudad”, lamentó Valadez.
Así, desde el grupo municipal
socialista se recuerda que en tan sólo un año García Urbano ha incrementado
hasta en más de un 240% el precio por el alquiler de las instalaciones
deportivas o la inscripción en las escuelas deportivas municipales, ha subido en
más de un 83 por ciento la tarifa de enganche al servicio
de alcantarillado, pasando de los 61 euros actuales a 110 euros, también ha
subido la cuota fija trimestral de alcantarillado, pasando de 2,10 a
2,21, así como la tasa variable según consumo que pasa de 0,17 a 0,1.
Además, el alcalde de la ciudad
también ha incrementado las tasas por el servicio de abastecimiento
domicilio de agua potable en el municipio en un 6,69 %.
Funespaña
Valadez ha solicitado al gobierno
local que entregue al grupo municipal socialista un certificado que acredite
que la empresa Funespaña ha dado cumplimiento al pliego de condiciones y ha
ingresado en las arcas municipales las cantidades reflejadas así como el
depósito exigido en la firma del contrato.
El pleno de la corporación aprobó,
con los únicos votos del PP, “el acuerdo alcanzado entre el ayuntamiento y
Funespaña, y con ello la liquidación del citado contrato por un importe de dos
millones seiscientos treinta y ocho mil seiscientos setenta y cuatro euros con
cincuenta y un céntimos”.
Además declaró “la
culminación del trámite de negociaciones tendentes a la resolución del
expediente de liquidación del contrato que fue adjudicado en su día a la
entidad Funespaña y cuya resolución fue acordada por el pleno de la corporación
el 11 de marzo de 2003”.
Para Valadez es “inexplicable que
el ayuntamiento tenga que realizar un desembolso de este tipo a una empresa a
la que el propio PP le quitó el servicio por incumplimiento del pliego de
condiciones sin que, además, se garantice la renuncia de la empresa a los
pleitos planteados con el ayuntamiento”.
Así, la propia propuesta del
alcalde especifica que Funespaña continuará con los pleitos “relativos al
secuestro de la concesión (recurso 309/2005 que se sigue ante el Juzgado de lo
contencioso 3 de Málaga, y el recurso 365%2005 del Juzgado 4)”.
“Se trata de un pésimo acuerdo
entre el ayuntamiento y la empresa Funespaña ya que no sólo supone una gestión
incoherente con respecto a la postura mantenida desde el consistorio hasta ahora
por distintos gobiernos locales sino que el ayuntamiento va a tener que pagar
por poner en manos privadas unos servicios que son públicos”.
El portavoz del grupo municipal
socialista, David Valadez, ha recordado que hasta ahora era el propio ayuntamiento
el que venía gestionando estas instalaciones desde que en marzo de 2003 el
consistorio, gobernado por el PP, secuestrara este servicio por diferencias con
la empresa.
El consistorio secuestró el
servicio de cementerios a Funespaña en marzo de 2003 cuando el PP gobernaba en
la localidad. Algunos de los motivos esgrimidos para rescatar la prestación de
este servicio por parte del equipo de gobierno fueron el incumplimiento de la
normativa sanitaria en las construcciones, la indisposición de un número de nichos
mínimo y la incorrecta aplicación de las tarifas.
El Consejo Consultivo de la Junta
se pronunció a favor del ayuntamiento en este asunto, al igual que el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía que en 2002 dio razonamientos jurídicos para
rescatar los servicios funerarios que estaban en manos de Funespaña desde 1996.
Según el Tribunal, la concesionaria del servicio tenía tan sólo interés
económico, algo que perjudicaba no sólo al ayuntamiento sino a los vecinos de
Estepona.
