El PSOE denuncia irregularidades en la mesa de contratación del gran bulevar

Bien, llegados a este punto, comenzaré diciendo que el gran proyecto del PP en este mandato, el conocido como gran bulevar, no es más que la muestra inequívoca de la absoluta opacidad del actual gobierno local.

El pasado 6 de marzo, con la presidencia del alcalde, tuvo lugar una mesa de contratación para analizar la documentación administrativa del procedimiento para la concesión demanial del uso privativo de una serie de inmuebles de equipamiento comunitario. A esa mesa, según consta en el acta, acudieron todos los tenientes alcalde del ayuntamiento pero, de manera sorprendente, tres de ellos no estampan su firma en el acta. En concreto: Manuel Aguilar, María Dolores Espinosa e Ignacio Mena.

Posiblemente ese sea el resultado de su negativa a validar un procedimiento que la propia secretaria de la mesa de contratación, Marta Outón, pone en tela de juicio tal y como evidencia, de su propio puño y letra, de la siguiente manera:

“Diligencia: para hacer constar que las dos ofertas presentan la documentación técnica abierta (sin incluirla en sobre alguno)”.

Esto supone una auténtica barbaridad y debería ser, por sí mismo, un motivo de anulación de todo el procedimiento. Sin embargo nada dicen ustedes de esto.

Por si no fuese suficiente en ese mismo acta se hace constar que, y leo textualmente, “se invita a pasar a los representantes de las empresas licitadoras y entra D. Andrés Martín que se identifica como mandatario verbal de Mazabi Gran Bulevar. Al que se le comunica verbalmente la documentación que deberá subsanar la empresa en un plazo de 7 días naturales computados a partir del siguiente acto”.

Por si alguien no lo sabe aún diré que Andrés Martín, y no voy a entrar en otro tipo de consideraciones, es la pareja sentimental de la secretaria General del PP y concejala de Playas de nuestro ayuntamiento, Susana Aragón.

Pregunto, ¿por qué no se le pide al señor Martín un poder notarial que acredite que legalmente es el representante de esta empresa?, ¿conocían ya ustedes, de antemano, esa información?.

Como iba diciendo en esa misma mesa de contratación se le insta, en calidad de supuesto representante de la única mercantil supuestamente interesada en la licitación del bulevar, a presentar en siete días la documentación que debe subsanar.

Al día siguiente, la señora Outón remite un correo electrónico al señor Martín, en el que le indica que, entre otras cuestiones, debe subsanar la deficiencia referida a la garantía provisional. En concreto dice, y vuelvo a leer textualmente, que deberá acreditarse la constitución de la misma en forma y cuantía prevista en el artículo 8 del pliego de condiciones.

Pues bien, ¿qué dice el artículo 8 del pliego de condiciones?. Leo:

“Según el artículo 60 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, la garantía provisional será del dos por ciento del valor del dominio público objeto de ocupación y explotación por el concesionario. De acuerdo con la valoración de dicho dominio público contenida en el informe de los servicios técnicos municipales de 26 de noviembre de 2012, la garantía provisional asciende a la suma de 343.455,62 euros”.

Pues el día 12 de marzo la empresa dice, y es textual, que “en relación a la constitución de la garantía provisional a la que hace referencia el apartado tres del requerimiento se indica que el aval es parte de la financiación solicitada a las entidades bancarias actualmente en estudio por éstas”.

Es decir, la empresa reconoce que no dispone ni tan siquiera del importe mínimo exigido para depositar el aval provisional y todo ello pese a que usted, señor García, aseguró el pasado mes de enero que “la empresa seleccionada deberá demostrar su solvencia financiera y técnica, ya que nos encontramos ante el proyecto estrella de este gobierno y queremos contar los mejores profesionales para esta obra de envergadura”.

Señor García, si la empresa no es capaz siquiera de depositar ese aval provisional, ¿cómo pretende usted garantizar una versión que, según usted mismo, asciende a 30 millones de euros?.

¿Está usted dispuesto a iniciar unas obras que supondrían la demolición de un colegio público con más de 300 alumnos matriculados para que una empresa de este tipo inicie unas obras de futuro totalmente incierto?.

¿A qué conclusión llega cualquier persona medianamente inteligente al observar todo este cúmulo de circunstancias?, ¿ha existido trato de favor o información privilegiada?, ¿hasta dónde está dispuesto a usted a llegar con este asunto?.

Señor García, ¿sabe usted que la sociedad Mazabi Gran Bulevar, SL, según el Boletín Oficial del Estado, se inscribió en el registro mercantil de Vizcaya el 1 de febrero de este mismo año?, ¿sabe usted que el objeto social de la misma es el de la compra, suscripción, tenencia permuta y venta de participaciones sociales y valores mobiliarios?, ¿conoce usted que el capital social de esta empresa es de tan sólo 3.006 euros?.

A todo ello, y por si no fuese suficiente, hay que recordar que ustedes han desestimado todas y cada una de las alegaciones presentadas por el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga que entendían que la licitación conjunta del proyecto de ejecución y de la ejecución de obras solo puede efectuarse cuando concurren circunstancias de carácter excepcional, que no ha sido acreditadas ni justificadas por el ayuntamiento.

También entendían que se había quebrantado el ordenamiento jurídico en relación al plazo estipulado para la presentación de proposiciones al considerar que es insuficiente, atendiendo a la complejidad y magnitud de la licitación y, por último, que se estaba vulnerando el principio de libre competencia.

Por todo ello, y teniendo en cuenta todo lo expuesto, es por lo que desde el Grupo Municipal Socialista le exigimos la anulación de este procedimiento que está, desde un principio, totalmente viciado.

Para más inri, hay que recordar que ustedes están empecinados en adjudicarle a la empresa supuestamente representada por la pareja de su secretaria General, esta concesión por, nada más y nada menos, que 75 años.

Una concesión que, según los informes técnicos obrantes en el expediente, se asienta en unas parcelas de titularidad municipal valoradas en 17.172.781,17 euros, casi tres mil millones de las antiguas pesetas.

Una concesión a la que ustedes están dispuestos a permitir, así se refleja en el expediente, “que se superen los límites máximos de edificabilidad y volumen en razón, aseguran, a una mejor implantación del equipamiento”.

Y por si las consideraciones de esta adjudicación no fuesen suficientemente generosas para la empresa supuestamente interesada ustedes contemplan una subvención al concesionario por un importe de 3 millones de euros.

Por todo ello, señor alcalde, es por lo que desde el PSOE consideramos que este es uno de los mayores escándalos que se han producido en los últimos años en este ayuntamiento. Además, y como en ustedes es habitual, actúan con total descaro merced a su innata prepotencia y soberbia.

Nosotros queremos que se desarrollo lo previsto, no en su programa electoral, sino en el PGOU vigente, del año 94, pero haciendo prevalecer el interés general.

Este, señor García, fue definido por usted como el proyecto estrella del PP. Lo cierto es que, guste o no, simboliza a la perfección su gestión: opacidad (le recordaré que los miembros de la oposición hemos tenido acceso a todo el expediente porque hemos forzado la convocatoria de esta sesión plenaria), intento de manipular a la opinión pública (llevando a cabo ficticios movimientos de tierra, trasladando las dependencias municipales que se encuentran en la avenida San Lorenzo y tratando de implicar a los grupos de la oposición), despreciando el interés general (menos mal que la Junta garantizó que no se iba a demoler el colegio Valeriano López hasta que, como mínimo, no finalizaran las obras de Los Altos de Estepona) y con muchísimas sombras, sospechas y cuestiones poco claras.

En resumen, todo hace indicar que esta obra, si se llegase a adjudicar, recaerá en la mercantil representada, de manera verbal, por la pareja de la secretaria General del PP de Estepona, en un proceso en el que las plicas estaban abiertas, habiendo transcurrido tres meses sin que se haya depositado el aval mínimo necesario y desestimando todas las alegaciones presentadas por el colegio de Arquitectos de Málaga.

García Urbano prometió legalizar 3.000 campitos en Estepona. La realidad es que solo hay diez expedientes en la oficina de regularización

El técnico responsable del departamento lamenta “la falta de medios” para llevar a cabo su trabajo

Los "campitos" han sufrido las mentiras de García Urbano. 

La Oficina municipal de la Regularización de los conocidos como `campitos`, tan sólo tiene inscritos a fecha 3 de junio de 2013, diez expedientes “debidamente situados sobre planimetría y catastro municipal”.

En el informe remitido por el responsable de la oficina para la regularización de edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable se asegura que “se está esperando a que por parte de los servicios técnicos municipales se redacten las ordenanzas municipales donde se definan las condiciones mínimas de habitabilidad”.

Además en el informe se asegura que “a la vista de la falta de medios de que dispone esta oficina y de la escasa colaboración de los ciudadanos en la identificación de sus viviendas, se ha procedido a revisar la base de datos de disciplina urbanística”.

Como solución a este problema, y en contra de lo sostenido por el alcalde, José María García Urbano (PP), se apunta a que “se debería retomar el avance de planeamiento como instrumento para el inicio de la regularización de viviendas en suelo no urbanizable… entendiendo que dicha información será válida en un futuro en los trabajos de continuación de la revisión del PGOU del municipio”.

Para el portavoz del grupo municipal socialista, David Valadez, “es más que evidente que también en este asunto el PP de Estepona, con el alcalde a la cabeza, ha mentido de manera descarada con el único fin de confundir a los ciudadanos y de obtener votos en las pasadas elecciones municipales”.

Así, el dirigente socialista recuerda cómo en la pasada campaña electoral García Urbano aseguró que “estas construcciones pueden legalizarse a través de modificaciones puntuales de elementos en el planeamiento para convertir estas áreas en urbanas”.

Explicó que “se trata de sectorizar y coger pequeñas zonas para convertirlas en pequeñas urbanizaciones, respetuosas con el medio ambiente e integradas en el mismo”. Aseguró, del mismo modo, que esta sería una de sus prioridades de gobierno si ganara las elecciones municipales.

En Estepona, según García Urbano, se beneficiarían de esta medida unas 3.000 viviendas que están “en el limbo jurídico”.

Valadez, del mismo modo, recuerda cómo la concejala responsable del área de Urbanismo, Susana Arahuetes, aseguró en julio del 2011 que el ayuntamiento abriría un registro para “legalizar los campitos con nefastos resultados”.

Desde el PSOE se recuerda, además, que el plazo para las resoluciones del reconocimiento de asimilado al régimen de fuera de ordenación finalizó el pasado 1 de marzo del presente año, “debiendo procederse al impulso de la redacción de los avances, así como las ordenanzas municipales sobre normas mínimas de habitabilidad”, según el responsable de esta oficina municipal.

Por último,desde el PSOE se indica que el pasado 5 de febrero el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Málaga, Javier Carnero, remitió una carta al alcalde en la que le recordaba que a partir del 1 de marzo de este mismo año no se podrá conceder nuevas autorizaciones para la contratación provisional de los servicios básicos con compañía suministradora” y, sin embargo, desde el ayuntamiento “nada se ha hecho para anticiparse a esta nueva realidad”.

El PSOE solicita el rescate del servicio de limpieza

“Si el pueblo no se hubiese movilizado García Urbano hubiese pegado el cerrojazo al comedor social”, asegura Valadez

El portavoz del grupo municipal socialista de Estepona, David Valadez, ha vuelto a solicitar al equipo de Gobierno del PP que “inicie de manera inmediata el procedimiento para proceder al rescate del servicio de limpieza de edificios públicos, que en la actualidad gestiona una empresa privada, por el constante incumplimiento del pliego de condiciones”.

De esta manera el edil se refiere a los “constantes retrasos en el pago de los sueldos de las limpiadoras que están sufriendo en sus propias carnes el incumplimiento por parte de la empresa del pliego por el que el ayuntamiento le adjudicó la gestión de la limpieza de todos edificios municipales”.

Cabe recordar que el contrato entró en vigor el 1 de marzo del pasado año y se firmó por cuatro ejercicios, aunque existe la posibilidad de prorrogarlo dos más. El servicio se adjudicó por 3,9 millones de euros al año. “Desde el PSOE no entendemos cómo el ayuntamiento, que abona todos los meses la cantidad que le corresponde a la empresa, se consiente que sistemáticamente se incumpla el pliego de condiciones de esta empresa privada que, como se lógico, obtiene unos importantes beneficios económicos por la prestación de este servicio”, asegura el edil.

Valadez, además, aseguró que “si la empresa gana dinero y no paga a las trabajadores, y éstas mes a mes ven cómo se empeoran sus condiciones laborales, ya ha llegado el momento de replantearse la idoneidad de las privatizaciones llevadas a cabo desde el gobierno local del PP”.

Así, desde el PSOE se apuesta porque este servicio “vuelva a ser prestado directamente desde el ayuntamiento. Se ahorrará dinero, ya que desaparecerá el beneficio legítimo que obtiene la empresa, y las trabajadoras mejorarán sus condiciones laborales”.

Por último, el edil recuerda cómo el alcalde aseguró en el acto de firma del contrato que “las trabajadoras se subrogaban a la empresa privada para, entre otras cuestiones, tener garantizado el abono puntual de sus sueldos”.

Comedor social

Por otro lado, Valadez mostró su “satisfacción moderada por el acuerdo alcanzado entre el ayuntamiento y el colectivo social Emaús Obra de Amor para garantizar el mantenimiento del servicio de comedor social que presta servicio diariamente a unas 250 personas”.

“Lo que no podemos entender es el hecho de que este acuerdo no se haya alcanzado antes y durante meses el PP haya estado sistemáticamente votando en contra en los plenos de una solución satisfactoria como ésta. Se podría haber evitado muchísimo daño e incertidumbres”, asegura el edil.

Por último, el secretario General socialista asegura que “si García Urbano firma este acuerdo ha sido obligado por las circunstancias, por la presión de los colectivos sociales, del personal voluntario, de los usuarios y también de los grupos políticos de la oposición”.

“Si no se hubiese movilizado el pueblo García Urbano hubiese pegado un cerrojazo al comedor social sin importarle la dramática situación en la que se encuentran sus usuarios”, concluyó Valadez.

El próximo lunes tendrá lugar el pleno extraordinario convocado por la oposición municipal

Uno de los principales puntos abordados se refieren a la creación de un plan de empleo municipal 

Imagen de archivo de un pleno municipal.

El próximo lunes, a las once, tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos el pleno extraordinario convocado por el PSOE y CIE, con un total de diez puntos.

Entre otras cuestiones los concejales de la oposición municipal solicitan que se modifiquen las retribuciones de los concejales integrantes del gobierno local, que llegan a percibir hasta 65.000 euros anuales, y de los catorce cargos de confianza con los que en estos momentos cuenta el alcalde y con unas retribuciones que llegan hasta los 50.000 euros al año.

Los ediles de la oposición proponen que, con una bajada o eliminación de estas elevadísimas retribuciones, se garantice la viabilidad del comedor social que lleva dos años sin recibir ni un solo céntimo del consistorio pese a la existencia de un convenio de colaboración con el colectivo encargado de su gestión, Emaús Obra de Amor.

En otro de los puntos del orden del día la oposición municipal vuelve a solicitar que se les proporcione los “documentos acreditativos, de la intervención y tesorería municipal, referentes a las cantidades abonadas desde el 11 de junio de 2011 hasta el día de presentación de este pleno, con referencia a los pagos realizados a la Tesorería General de la Seguridad Social”.

Además solicitan la creación de una comisión, formada por centrales sindicales y partidos políticos, para “evaluar las contrataciones que el ayuntamiento habrá de realizar para la aplicación del programa de ayuda a la contratación, establecido en el Decreto Ley de medidas extraordinarias para la lucha contra la exclusión social en Andalucía de la Junta de Andalucía”.

También solicitan la modificación de la ordenanza de la tasa por consumo de agua doméstica, en cuanto a la medición del control de consumo trimestralmente, pasando el mismo a mensualmente.

Piden también la eliminación del canon de desalación del uso de las aguas de los pozos propios municipales, no aplicándose dicha cantidad por desalación a esas aguas.

También piden destinar las viviendas municipales a aquellos ciudadanos que la necesiten por verse afectados por una problemática social.

Los concejales socialistas y del CIE, además, piden la creación de un plan de empleo que permita la contratación de personas desempleadas en el ayuntamiento, por un tiempo reducido, para la realización de trabajos de mantenimiento y otros.

Piden, del mismo modo, la puesta en marcha de un plan de emprendedores, dotándolo de una partida presupuestaria de 500.000 euros, que permita ofrecer micro créditos a aquellos ciudadanos que pretendan montar un negocio y lo mantengan abierto por un periodo de tres años.

Piden, además, que durante un periodo transitorio de tres años, por la situación de grave crisis en la que nos encontramos en la actualidad, aquellos negocios o nuevas aperturas que tengan más de un empleado, vean reducidos sus tributos en un 100% el primer año, un 75% el segundo y un 50% el tercero.

Entre las propuestas incluidas en la sesión plenaria por la oposición municipal se solicita también la elaboración de todos los documentos obligatorios, en el plazo máximo de dos meses, tal como establece la Ley del Catastro, para la confección de los nuevos valores catastrales y su posterior aprobación plenaria y remisión al Catastro.

También se solicita la aportación de toda la documentación completa, con informes técnicos, jurídicos y del titular de la secretaria General de la corporación y de la Intervención municipal, sobre la construcción del denominado boulevard, así como enajenación, desafectación e incremento de edificabilidad de los bienes públicos.

Piden, además, la remisión del expediente completo a la Junta de Andalucía y, en otro orden de cosas, insisten en la necesidad de acometer los trabajos preparatorios para la aprobación de un nuevo PGOU en la localidad.

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El PSOE califica de “despropósito” la instalación de una caseta como estación de autobuses

“Antes de su desaparición se debió haber construido una nueva y mejor. Vamos para atrás”, lamenta el dirigente socialista, Julian López

El responsable de Acción Electoral del PSOE de Estepona, Julian López, ha solicitado a la Inspección de Trabajo “su inmediata intervención ante el absoluto despropósito que supone destinar una simple caseta de información en estación de autobuses”.

“A nadie del equipo de gobierno parece importarle las condiciones laborales de los empleados de la empresa concesionaria ni la pésima imagen que se está causando al principal sector económico del municipio, el turismo, y los perjuicios a los usuarios de este transporte interurbano”, asegura López.

Además, asegura que “el daño que se está causando a la imagen turística es de vergüenza.  El colapso en la avenida Juan Carlos es permanente por la presencia de los autobuses con los consiguientes perjuicios para los vecinos del entorno”.

“Lo lógico hubiese sido que antes de desmontar la antigua estación de autobuses se hubiese construido una mejor. En Estepona, con el PP del señor García Urbano, la lógica no tiene sentido”, lamenta el dirigente socialista.

López, por otro lado, ha asegurado no entender cómo “en dos años de gobierno nadie se ha preocupado por reactivar el acuerdo que se adquirió entre David Valadez y la Junta de Andalucía para la construcción de una nueva estación de autobuses y transportes públicos en las inmediaciones de Caniquiqui. En su entorno deben existir  zonas comerciales y de ocio que puedan ser un fundamento importante para impulsar el uso del transporte público y reactivar la economía de la zona”.

“En esta propuesta se tenía en cuenta las previsiones futuras de crecimiento y el desarrollo urbanístico y de infraestructuras del municipio. Ahora, sin embargo, todo se hace a las bravas, de prisa y corriendo, sin importar las consecuencias. Aquí vamos para atrás”, lamenta el dirigente socialista.

El PSOE pide al Ayuntamiento que destine 304.000 euros al decreto de exclusión

Capablanca pide al equipo de gobierno local que atienda la petición de la oposición de constituir una mesa de seguimiento de las contrataciones laborales

El PSOE en el Ayuntamiento de Estepona instará al equipo de gobierno del PP a que "colabore de manera activa y leal" con la Junta de Andalucía en la aplicación del decreto ley de lucha contra la exclusión social.

Más aún, le propondrá que complemente los 304.000 euros que corresponden al municipio con la misma cantidad, que podrían obtenerse de la revisión de partidas como las retribuciones de los concejales y de los cargos confianza.

En una moción que presentará en la próxima sesión plenaria, el PSOE incide en la idea de obtener esos fondos revisando y redefiniendo las partidas presupuestarias oportunas, especialmente "los salarios de 65.000 euros que llegan a percibir los concejales o los 50.000 que perciben algunos de los 14 cargos de confianza", así como reduciendo el número de éstos. La intención del PSOE es que ese dinero se destine a complementar la contratación laboral y a ampliar las subvenciones económicas familiares y a reforzar el servicio de ayuda a domicilio y, en general, aquellas medidas tendentes a atender a niños, mayores y personas en situación de dependencia.

Así lo ha anunciado la secretaria de Igualdad del PSOE esteponero, Cristina Capablanca, quien ha destacado la importancia de contar con ese fondo propio, que "permitirá complementar la cantidad aportada por el Gobierno regional en virtud del decreto ley".

En este sentido, ha demandado al equipo de gobierno que "emplee de forma eficaz las cantidades extraordinarias que recibirá el municipio", teniendo en cuenta que el ayuntamiento de Estepona es ahora cuando está informando a los vecinos sobre este decreto y aún no ha abierto el periodo para la presentación de solicitudes.

Recortes

"Es el momento de aumentar los recursos municipales destinados a la lucha contra el desempleo y la exclusión social, en consonancia con las medidas anunciadas por la Junta de Andalucía para crear empleo y minimizar los efectos de la crisis y los recortes del Gobierno de la Nación en materia de atención a la dependencia", ha manifestado Capablanca.

Y es que, como ha resaltado la dirigente socialista, "la crisis económica está haciendo mella en la calidad de vida de todos los sectores sociales, pero en algunos con especial ferocidad".

Por último, volvió solicitar al equipo de gobierno que atienda la petición planteada por el grupo municipal socialista, y que tendrá que ser abordada en la sesión plenaria extraordinaria convocada por los dos grupos de la oposición, y el ayuntamiento constituya una comisión, compuesta por partidos políticos y sindicatos, para supervisar las contrataciones que tendrán que llevarse a cabo en las próximas semanas.

El equipo de gobierno del PP obligado a realizar una modificación presupuestaria para concluir el soterramiento de las torretas de alta tensión

Esta medida muestra "la falta de absoluto interés y desprecio a los vecinos y al proyecto que inició David Valadez", según el concejal socialista Fernando Centeno

Imagen del Decreto de modificación. 

El alcalde de Estepona José María García Urbano se ha visto obligado a realizar una modificación presupuestaria para incluir en el presupuesto del ejercicio 2013 la cuantía económica necesaria para concluir las obras de soterramiento de las líneas de alta tensión. El concejal socialista Fernando Centeno ha denunciado que el primer edil ha incumplido incluso la ley ya que ha incluido, para contar con partida económica, "los remanentes de tesorería del presupuesto anterior a pesar de que no se ha liquidado aún".

El edil socialista ha resaltado que a pesar de que se aseguró desde el gobierno local el pasado 4 de abril que las obras habían finalizado, un día después el alcalde reconoce mediante decreto que "no figurando en el presupuesto municipal partidas para atender estas obras (...) se aprueba "el expediente de incorporación de remanentes en el vigente presupuesto general de gastos de la Corporación", incumpliendo, ha insistido la legislación vigente que impide la incorporación de remanentes de ejercicios presupuestarios sin que éstos hayan sido debidamente liquidados.

Centeno ha acusado al alcalde de "mentir" y de mostrar su "falta de interés y desprecio a los vecinos y al proyecto" que se inició durante el mandato del anterior alcalde David Valadez y ha criticado que el mismo lleve casi dos años "metido en un cajón", a pesar de que las obras son sufragadas íntegramente por el Plan E, que puso en marcha el gobierno de Rodríguez Zapatero.

El concejal socialista ha asegurado que el proyecto fue "planificado, presupuestado, licitado e iniciado por el gobierno de Valadez gracias a que él sí pagaba a la Seguridad Social lo que mensualmente le correspondía al Ayuntamiento".

"De no haber sido, Estepona no se hubiese podido beneficiar ni de un solo céntimo de euro del Plan E". Esta obra no le cuesta al Ayuntamiento de Estepona ni un euro y, sin embargo, García Urbano ha sido incapaz de terminar lo que otros iniciaron con mucho esfuerzo y sacrificio, según Centeno.

Aún permanecen en pie, pese a lo dicho desde el equipo de gobierno, las cuatro torretas de alta tensión comprendidas entre la zona de avenida Martín Méndez y la carretera Genalguacil.

El proyecto ha supuesto una inversión cercana al millón de euros y las obras han consistido en la eliminación del cableado aéreo, sustituyéndolo por otro equivalente subterráneo. Para ello, previamente ha sdio necesaria la ejecución de una canalización específica que discurrirá por la zona norte del municipio, ocupando un ámbito que irá de forma simultánea, en un primer tramo, desde la zona próxima a la carretera de Genalguacil hasta el CEIP Santo Tomás, y, en un segundo tramo, desde el centro escolar hasta las proximidades de la Avda. José Martín Méndez que da acceso al Polígono Industrial.

Vecinos llevan dos años soportando los olores de una fosa séptica sin limpiar

Tras la privatización del servicio de alcantarillado el ayuntamiento exige a los vecinos pagar la limpieza pese a que ya pagan la tasa de alcantarillado

Los vecinos que viven en la calle del Río, Boladilla Alta, (en las inmediaciones de las Joyas), llevan dos años padeciendo los olores que se desprenden de la existencia de una fosa séptica que lleva dos años sin limpiar.

El portavoz del grupo municipal socialista de Estepona, David Valadez, ha visitado in situ la zona, acompañado de vecinos, para comprobar cómo la privatización del servicio de alcantarillado llevada a cabo por el gobierno local del PP ha supuesto “el total y absoluto abandono de estos vecinos”.

Los vecinos relataron al dirigente socialista cómo durante el anterior mandato el ayuntamiento se encargaba de la limpieza, al menos dos veces al mes, de esta fosa séptica sin que tuviesen que desembolsar ninguna cuantía económica.

Tras la llegada a la alcaldía de García Urbano, y el PP, los mismos vecinos están pagando, a través del recibo del agua, la tasa de alcantarillado por un servicio que no reciben ya que tras la privatización llevada a cabo el ayuntamiento les exige que paguen por la posible limpieza.

“Este estado de abandono al que el ayuntamiento del PP está sometiendo a los vecinos no solo resulta totalmente incomprensible sino que se agravará en las próximas semanas ya que llegará el momento en el que sea absolutamente imposible vivir en las inmediaciones que, por otro lado, están totalmente plagadas de viviendas unifamiliares y bloques”, asegura la concejala socialista de Estepona, Yolanda Aranda.

La edil socialista insta al equipo de gobierno a que atienda “de manera inmediata estos requerimientos ya que de no ser así van a originarse problemas sanitarios derivados de la proliferación de insectos y roedores”.

Por último, instó al área de Sanidad del consistorio a que gire vista y proceda a la adopción de las correspondientes medidas que permitan garantizar la salubridad de los vecinos afectados.

Capablanca pide al ayuntamiento que informe a las asociaciones de mujeres de las ayudas que otorga la Junta de Andalucía

El PSOE lamenta que el ayuntamiento, en contraposición a la Junta, no colabore con estos colectivos

Cristina Capablanca, secretaria de Igualdad del PSOE de Estepona. 

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado una orden de 24 de abril de 2013, por la que se convoca la concesión de subvenciones a Asociaciones y Federaciones de mujeres para la realización de proyectos que fomenten la participación social de las mujeres y la promoción de la igualdad de género.

Por este motivo la secretaria de Igualdad del PSOE local, Cristina Capablanca, ha solicitado al equipo de gobierno local del PP que “ya que no conceden ningún tipo de ayuda a estos colectivos al menos se dignen a informar de las ayudas que sí pone a su disposición la Junta de Andalucía”.

La dirigente socialista, así, asegura que “se priorizarán aquellos programas que estén dentro de las líneas de actuación establecidas y que complementen los servicios que presta el Instituto Andaluz de la Mujer”.

Por este motivo se incide en esta línea de ayudas en la  prevención integral de la violencia de género y en la promoción de proyectos innovadores para el empoderamiento, capacitación y liderazgo de las mujeres en el ámbito económico, social, político, cultural y deportivo.

Capablanca segura que la cuantía total máxima destinada a la presente convocatoria es de 1.280.000 euros.

El plazo de ejecución de las actividades objeto de subvención será el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013 y el plazo para justificar el empleo de la misma finalizará el día 31 de marzo de 2014.

Vecinos denuncian el cierre de los baños públicos del cementerio municipal de la avenida Andalucía

Exigen una solución inmediata ante esta decisión municipal


Cementerio San Miguel de Estepona 




La concejala socialista de Estepona, Nekane Garín, ha solicitado al equipo de gobierno que "de manera inmediata proceda a abrir los baños públicos del antiguo cementerio municipal, que llevan más de una semana cerrados, para atender las peticiones de muchos vecinos que no entienden esta decisión".





Han sido varios los vecinos que, ante la absoluta pasividad del ayuntamiento y de la empresa privada que se encarga de la gestión de los cementerios municipales, se han dirigido al grupo municipal socialista para solicitar su intervención en esta cuestión.





Así, Garín asegura que "sobre todo hablamos de personas mayores que necesitan contar con estas instalaciones pese a que no resulte económicamente rentable su mantenimiento a ninguna de las dos empresas privadas que deben preocuparse de esta cuestión".





La responsable socialista, del mismo modo, muestra su convencimiento de que "esta es una de las muchas secuelas que está reportando al municipio la privatización de los servicios públicos".





"La realidad es que el cementerio desde que el PP se lo dio a Funespaña es muchísimo más caro que antes que lo gestionaba directamente el ayuntamiento y encima, para rizar el rizo, es mucho más ineficiente", concluye Garín